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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: debe conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo de una controversia relacionada con un contrato

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Fecha
2025-09-19
Radicado
25000232600020120093602
Número interno
69029
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
ASEGURADORA SEGUREXPO S.A.
Demandado
GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, , SOCIEDAD H&A ARQUITECTURA S.A, CONSTRUCTORA INCA SAS, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: debe conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo de una controversia relacionada con un contrato

Regla de decisión

La competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se determina por un criterio orgánico basado en la participación de una entidad pública en el litigio.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El juez contencioso administrativo aplica un criterio eminentemente orgánico para determinar su competencia en los litigios donde intervienen entidades públicas, con independencia de que dichas entidades no figuren formalmente como parte en el respectivo contrato de seguro. En los términos del artículo 82 del Decreto-ley 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, la jurisdicción está instituida para juzgar controversias originadas en la actividad de las entidades estatales, de modo que la naturaleza de los sujetos en el litigio define la asignación del asunto, aun cuando la entidad estatal asuma la condición de asegurada o beneficiaria de la póliza única de cumplimiento sin ser parte directa del contrato de seguro celebrado entre el tomador y el asegurador.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo de una controversia relacionada con un contrato de seguro si el demandado es una entidad estatal y aun cuando esta no sea parte del contrato?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, arts. 129 y 82
  • Decreto 410 de 1971, art. 1037
  • Ley 1107 de 2006

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

En los términos del artículo 82 del Decreto-ley 01 de 1984, norma vigente para la época de presentación de la demanda, la jurisdicción de lo contencioso administrativo estaba instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de los particulares que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. La referida disposición, a partir de la reforma introducida por la Ley 1107 de 2006 adoptó un criterio eminentemente orgánico para la determinación de los asuntos sometidos al control de esta jurisdicción, de modo que, es la naturaleza de los concernidos en el litigio la que determina su asignación a la jurisdicción especializada para juzgar los litigios en los que hacen parte las entidades públicas.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO ORGÁNICO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO DE COMPETENCIA DOBLE INSTANCIA CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL NULIDAD DEL CONTRATO PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA NULIDAD ABSOLUTA ORDEN PÚBLICO DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA EXCEPCIÓN ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO RIESGO ASEGURABLE CAMBIOS DEL RIESGO ASEGURABLE ACTIVIDAD ASEGURADORA OBLIGACIONES DEL ASEGURADOR RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CADUCIDAD DEL CONTRATO PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE COASEGURO CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA MULTA AL CONTRATISTA NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO VALOR ASEGURADO OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO RESTITUCIÓN DE DINERO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Garantía única y efectividad de la póliza

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Titulación de la relatoría 22.976 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO ORGÁNICO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO DE COMPETENCIA / DOBLE INSTANCIA Problema jurídico: ¿Debe conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo de una controversia relacionada con un contrato de seguro si el demandado es una entidad estatal y aun cuando esta no sea parte del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos del artículo 82 del Decreto-ley 01 de 1984, norma vigente para la época de presentación de la demanda, la jurisdicción de lo contencioso administrativo estaba instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de los particulares que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. La referida disposición, a partir de la reforma introducida por la Ley 1107 de 2006 adoptó un criterio eminentemente orgánico para la determinación de los asuntos sometidos al control de esta jurisdicción, de modo que, es la naturaleza de los concernidos en el litigio la que determina su asignación a la jurisdicción especializada para juzgar los litigios en los que hacen parte las entidades públicas. En ese contexto, aunque en los términos del artículo 1037 del Código de Comercio la entidad estatal asegurada o beneficiaria de la póliza única de cumplimiento de contratos estatales no es parte del contrato de seguro correspondiente, pues solo fungen como extremos de la relación contractual (i) el asegurador, quien asume los riesgos y (ii) el tomador quien por cuenta propia o ajena los traslada al primero, posición esta última que, tratándose de las garantías de cumplimento que amparan los contratos estatales es asumida por el contratista, ello no es óbice para que el asunto esté asignado a esta jurisdicción por la sencilla pero suficiente razón de ser el demandado el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, establecimiento público del orden distrital. En consecuencia, con independencia de las pretensiones que se ventilan, que para el caso concreto corresponden a la nulidad de un contrato de seguro, la nulidad de unos actos administrativos contractuales y el consecuencial restablecimiento del derecho, la participación como extremo pasivo de la controversia del Instituto de Desarrollo Urbano IDU constituye criterio irrefutable de asignación del caso a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. De otro lado, la sentencia apelada fue proferida por un tribunal administrativo, competente funcional para conocer el caso por razón de la cuantía, por lo cual esta Corporación es la llamada a conocer del recurso de alzada en aplicación del artículo 129 del CCA. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1037, LEY 1107 DE 2006 CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / NULIDAD DEL CONTRATO / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / NULIDAD ABSOLUTA / ORDEN PÚBLICO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA EXCEPCIÓN Problema jurídico: ¿Opera la caducidad de la acción contencioso administrativa para cuestionar la validez de un contrato de seguro de cumplimiento, cuando la demanda se presenta transcurridos más de dos años desde su perfeccionamiento? Respuesta al problema jurídico: Si [El artículo 136 del CCA] es aplicable al presente caso porque el contrato de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales contenido en la póliza número 00013747 se perfeccionó con la expedición de la póliza correspondiente, lo cual tuvo lugar el 30 de diciembre de 2008 y su vigencia fue inferior a dos (2) años, hasta el 9 de enero de 2009 Por consiguiente, la acción de nulidad absoluta y/o relativa tendiente a cuestionar la validez del negocio jurídico correspondiente caducó el 31 de diciembre de 2010, una vez transcurridos dos (2) años desde el perfeccionamiento del contrato; por lo tanto, como la demanda se presentó el 6 de junio de 2012 no fue oportuna. Se precisa que para la contabilización del término no es relevante la vigencia de los amparos otorgados. (…) Esta Corporación ha reiterado la diferencia entre el fenómeno jurídico procesal de la caducidad del medio de control judicial que se activa como término máximo de orden público previsto para judicializar un conflicto, incluidos los derivados de contratos de seguro (artículos 136 del CCA aplicable a este caso) y la prescripción extintiva de los derechos sustanciales derivados del contrato (artículo 1081 del Código de Comercio) ; particularmente, como se sostuvo en precedencia, “el régimen de caducidad de la acción contenciosa administrativa no suplanta al de la prescripción extintiva, pues se trata, como la Corporación lo ha dicho en diversas oportunidades, y como lo apuntala la doctrina, de fenómenos jurídicos diferentes”. (…) [E]l análisis temporal de la caducidad se aplica para efectos de analizar el ejercicio oportuno de la acción para lo cual es presupuesto que la demanda se haya promovido dentro del plazo perentorio y de orden público previsto para efecto, lo cual habilita al juzgador para decidir de fondo y, en caso contrario, para declarar de oficio la excepción correspondiente. De otro lado, la prescripción está relacionada con el derecho sustancial en debate, en tanto se refiere a la posible extinción del derecho en litigio por el paso del término legal dispuesto para el efecto, con independencia de la presentación oportuna de la demanda y debe ser alegado por quien pretende beneficiarse de esta. En consecuencia, la consagración legal de un término de prescripción especial para las acciones derivadas del contrato de seguro no hace inaplicable el término de caducidad en los procesos en que se discuten derechos relacionados con este tipo de negocios, sino que se trata de dos instituciones jurídicas que regulan aspectos distintos. Precisado lo anterior se tiene que la validez del contrato solo es susceptible de ser cuestionada por vía judicial dentro de los dos (2) años posteriores al perfeccionamiento del negocio, sin perjuicio de que los derechos sustanciales derivados del contrato estén sometidos a un plazo extintivo que se contabiliza de manera diferente. Por tal razón, en este particular caso operó la caducidad de la acción en relación con las súplicas encaminadas a obtener la nulidad absoluta y relativa del contrato de seguro; la ocurrencia de este fenómeno procesal, de orden público, debe declararse aun oficiosamente y así lo hará la Sala, lo cual la releva de analizar los cargos de nulidad esgrimidos en contra del contrato de seguro. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la diferencia entre caducidad y prescripción, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 6 de diciembre de 2017, rad. 54635, C. P. Marta Nubia Velásquez; sentencia del 19 de febrero de 2009, rad. 24609, C. P. Mauricio Fajardo Gómez, rad. 69993, C. P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 27 de agosto de 2021, rad. 50761, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Es procedente la acción de nulidad contra actos administrativos contractuales proferidos durante la ejecución de un contrato estatal, cuando la demanda se presenta dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para su liquidación? Respuesta al problema jurídico: Si [L]os actos administrativos contractuales proferidos en la ejecución del contrato de obra número 71 de 2008 suscrito entre el IDU y la Unión Temporal GTM podían ser cuestionados de conformidad con la regla prevista en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, esto es, desde el vencimiento del plazo para liquidar el contrato por tratarse de un negocio de ejecución sucesiva; en tal sentido, a partir de la firmeza de la Resolución número 4401 de 28 de octubre de 2011 por la cual se declaró la caducidad del contrato, se contabilizaron los términos para liquidarlo y, vencidos estos, las partes contaban con dos (2) años para cuestionar judicialmente los actos proferidos durante su ejecución; en tal virtud, la demanda presentada el 6 de junio de 2012 por la Segurexpo de Colombia SA, legitimada para hacerlo en su condición de asegurador del contrato afectado con dichas decisiones, fue oportuna en lo relativo a la pretensión de nulidad de actos contractuales, por lo cual se resuelve la alzada en la parte correspondiente. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / RIESGO ASEGURABLE / CAMBIOS DEL RIESGO ASEGURABLE / ACTIVIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIONES DEL ASEGURADOR / RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA / CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Puede excluirse la responsabilidad del asegurador en un contrato de seguro de cumplimiento por la existencia de dolo, culpa grave o actos potestativos del contratista o del tomador? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el contrato de seguro de cumplimiento en favor del IDU contenido en la referida póliza de seguro número 00013747 se amparó el cumplimiento del contratista del contrato estatal de obra número 71 de 2008, el buen manejo del anticipo, las prestaciones sociales, la estabilidad de la obra, la calidad de los trabajos y del servicio, amparos que no incluyen la asunción de un riesgo no asegurable. Por ende, no existen razones para concluir que el contrato de seguro objeto de la controversia es parcial o totalmente ineficaz; en consecuencia, no prospera el cargo de nulidad de los actos contractuales demandados formulado sobre la base de la supuesta inoperancia o inaplicabilidad del contrato de seguro. Ahora bien, resulta especialmente relevante insistir en que el contrato de seguro objeto de la presente litis corresponde a uno de cumplimiento, en el cual la aseguradora amparó específicos riesgos relacionados con la conducta del contratista de obra y no se excluyó de cobertura la eventual comisión de conductas punibles por parte del tomador o de los trabajadores de la entidad pública asegurada. Ahora bien, la reticencia del tomador (artículo 1058 del Código de Comercio) como causal de nulidad relativa del negocio no fue alegada dentro del término legal, según se estableció en precedencia, razón por la cual no hay lugar a analizar los argumentos de la parte demandante que están sustentados en dicha disposición normativa. (…) [L]a inasegurabilidad del dolo, de la culpa grave o de los actos meramente potestativos del tomador (artículo 1055 ibidem ) corresponde a un límite de la responsabilidad del asegurador que no es aplicable al seguro de cumplimiento en el cual, a través del pago de una prima, se traslada el riesgo de incumplimiento del contratista a un tercero asegurador, por lo cual, entender que el incumplimiento que se ampara es solamente el que no depende de la voluntad del contratista ni de su actuación dolosa o gravemente culposa, correspondería a una interpretación contraria a la finalidad del negocio jurídico, por el hecho de quedar entonces desprovista la entidad contratante de un marco real de cobertura, en otras palabras, no existiría en realidad un riesgo a cargo por el asegurador si le resulta posible excepcionar la conducta del contratista como un riesgo no asegurado. En esa línea de comprensión, lo asegurado a través de las garantías de cumplimiento es, precisamente, el hecho objetivo del cumplimiento del contratista, de modo que la exigibilidad de los amparos otorgados por el asegurador no puede depender de que la conducta de quien da lugar a la materialización del riesgo (incumplimiento) no sea dolosa, gravemente culposa o derivada de un acto potestativo del tomador, sin soslayar la propia esencia y finalidad de este tipo de seguros. Un entendimiento contrario implicaría entender que en aquellos eventos que involucran actos dolosos del tomador, el asegurado queda desprotegido y por ende, vaciado de contenido el contrato de seguro. (…) [L]os alegados actos de corrupción en los que se pretende sustentar la supuesta falta de agravación del estado del riesgo corresponden a hechos acaecidos desde la misma génesis del contrato estatal afianzado y, por ende, no constituyen agravación del riesgo no informada al asegurador. En ese contexto, los argumentos de la parte apelante que se sustentan en la alegación de que no fue informado de la agravación del riesgo derivada de la posible existencia de actos de corrupción y de que el dolo del contratista y de los servidores del IDU estaba excluido del seguro de cumplimiento, no son atendibles y, por consiguiente, no prosperan. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el riesgo asegurable derivado de la conducta del asegurado, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 1 de septiembre de 2021, rad. 51168, rad. CUI11001-60-00000-2012-00299-01, M. P. Patricia Salazar Cuéllar. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1055, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1058 IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Se acreditó la desviación de poder o falsa motivación en la expedición de los actos administrativo? Respuesta al problema jurídico: No [N]o hay ninguna evidencia que acredite que los actos administrativos demandados fueron expedidos en contravía de la finalidad que le corresponde al IDU como entidad contratante y encargada de velar por la correcta ejecución del negocio; no existen elementos de juicio que permitan indicar que las decisiones demandadas estuvieron motivadas por finalidades diferentes a las del buen servicio o falsas. La sola existencia de decisiones judiciales de condena en contra de los involucrados en la contratación no vicia los actos contractuales proferidos en el curso de un contrato de obra cuya legalidad no se discute en este asunto al cual no fueron vinculados todos los extremos de dicha relación negocial. Puntualmente, no se aportó ninguna prueba de que los actos administrativos demandados fueron utilizados en forma indebida para encubrir un acuerdo ilícito entre el asegurado y el beneficiario; contrario sensu, dichas decisiones administrativas se sustentan en precisos y específicos incumplimientos del negocio jurídico que se atribuyen al contratista, las cuales no fueron discutidas por Segurexpo de Colombia SA y tampoco desvirtuadas. INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO Problema jurídico: ¿La cláusula penal debe reducirse de manera proporcional ante un cumplimiento parcial del contrato? Respuesta al problema jurídico: No [L]a cláusula penal pactada tuvo por objeto tasar, anticipadamente, el valor de los perjuicios causados al IDU en caso de declaración de (i) caducidad del contrato, (ii) incumplimiento total o (iii) incumplimiento parcial, en el equivalente al 30% del valor total del contrato. Mediante la Resolución número 3455 de 28 de julio de 2011, el IDU declaró la caducidad del contrato e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria por el 30% del valor total del contrato equivalente a $28.016.023.941 y afectó el amparo de cumplimiento de la garantía contractual; la sociedad H&H Arquitectura SA repuso con el fin de que, entre otros aspectos, se aplicara la reducción proporcional prevista en el artículo 1596 del Código Civil, argumento que no fue resuelto en la Resolución 4401 de 28 de octubre de 2011 por el cual se decidió el recurso. La Sala verifica que, en efecto, el artículo 1596 del Código de Comercio prevé la reducción de la pena por cumplimiento parcial de las obligaciones. (…) [A]unque el objeto del contrato correspondió a la ejecución de obras y actividades en la malla vial de un específico sector de Bogotá DC, a precios unitarios, objeto que era materialmente divisible en tanto implicaba la ejecución de determinados ítems a unos valores individuales previamente fijados; la pena es aplicable ante el incumplimiento total o parcial. En ese contexto, en este preciso caso, en atención a la forma en que se estipuló la cláusula penal pecuniaria en un determinado porcentaje del valor del contrato y su aplicabilidad aún en casos de incumplimiento parcial, la ejecución parcial del contrato no otorga derecho a la reducción pretendida, debido a que las partes, en ejercicio de su autonomía, regularon los eventos de procedencia y cuantía. Por ende, aplicar una pena inferior a la pactada cuando se configuró el supuesto de hecho previsto por las partes (incumplimiento parcial) devendría en el desconocimiento del negocio jurídico que en forma autónoma acordaron celebrar. Por consiguiente, se confirma la sentencia de primera instancia en tanto denegó las súplicas tendientes a obtener la reducción proporcional de la cláusula penal por cumplimiento parcial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación de la cláusula penal contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de enero de 2023, rad. 67430, C. P. Fredy Ibarra Martínez y sentencia del 26 de enero de 2023, rad. 68254, C. P. Fredy Ibarra Martínez. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1596 CONTRATO DE COASEGURO / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / MULTA AL CONTRATISTA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Procede la nulidad parcial de las resoluciones que determinaron la cuantía de la cláusula penal y la que impuso la multa e hizo efectiva la totalidad de la garantía contra la entidad aseguradora Segurexpo SA? Respuesta al problema jurídico: Si [L]as dos compañías aseguradoras mencionadas distribuyeron entre ellas la asunción de dicho riesgo en determinadas proporciones según lo autoriza el artículo 1095 del Código de Comercio. (…) [E]n el presente asunto no se trató, entonces, de un acuerdo o negocio privado entre las compañías en virtud del cual se hubiera reasegurado el riesgo o de la concurrencia de seguros, sino de un verdadero coaseguro; ahora bien, como este quedó estipulado desde la expedición de póliza no es admisible el argumento de defensa del IDU correspondiente a la alegada inoponibilidad de este, pues, siempre lo conoció. Por lo tanto, Segurexpo de Colombia SA solo es responsable frente al IDU por el 85% del riesgo, lo cual impone declarar parcialmente nulo el artículo sexto de la Resolución número 3455 de 28 de julio de 2011 en relación con la cuantía del valor de la cláusula penal que se hizo efectiva en contra del Segurexpo SA y la Resolución 4401 de 28 de octubre de 2011 que confirmó tal decisión, para efecto de determinar que dicha compañía solo responderá por el 85% de la indemnización que corresponda. De igual manera, el cargo también prospera en relación con la pretendida nulidad de artículo tercero de la Resolución 3211 de 19 de octubre de 2010 y su confirmatoria 1383 de 25 de marzo de 2011, por las cuales el IDU le impuso una multa al contratista y ordenó hacer efectiva la garantía por el valor total correspondiente, lo mismo que el artículo tercero de la Resolución número 3323 de 15 de julio de 2011 y de la Resolución 13747 que la confirmó, por las cuales se declaró el siniestro de indebido manejo del anticipo y se ordenó hacerlo efectivo en el 100% a cargo de Segurexpo de Colombia SA, en el entendido que solo asumió el 85% del riesgo. En efecto, como los referidos actos impusieron la obligación a la demandante de asumir el 100% del riesgo, se anulan parcialmente frente a ese específico aspecto y, en su lugar, se declara que solo le corresponde asumir el 85% de los siniestros correspondientes. NOTA DE RELATORÍA: Respecto al alcance del contrato de coaseguro, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de noviembre de 2020, rad. 49612, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1095 VALOR ASEGURADO / OBLIGACIONES DEL ASEGURADOR / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / RESTITUCIÓN DE DINERO Problema jurídico: ¿Procede la condena a una entidad estatal al pago de sumas restitutorias e intereses de mora a favor de una aseguradora cuando no se acredita el perjuicio ni el exceso en los pagos realizados? Respuesta al problema jurídico: No Segurexpo de Colombia SA pretende que se condene al IDU a restituir lo pagado con ocasión de las referidas resoluciones y al pago de intereses de mora; estas pretensiones no prosperan porque para acreditar lo pagado al IDU se aportó un dictamen pericial en el cual, previo análisis de los comprobantes de pago allegados, el experto determinó que Segurexpo de Colombia SA realizó dos pagos a la entidad por valor de $5.061.459.956 y $12.144.946.378; como es evidente que la sumatoria de estos pagos es inferior a aquello que la aseguradora resulta a deber aún después de las nulidades que se decretan en este caso, no hay lugar a ordenar devolver suma alguna ni tampoco a reconocer los pretendidos intereses de mora liquidados por el perito porque no se causaron, máxime porque la nulidad de los actos demandados solo se configura a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, razón por la cual no podría predicarse mora a cargo del IDU. Finalmente, Segurexpo de Colombia SA depreca una indemnización con ocasión de “los perjuicios que se le hayan ocasionado con la expedición irregular de las resoluciones mencionadas”; sin embargo, no se acreditaron, por lo cual se niega la mencionada pretensión.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201200936021100103