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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

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Fecha
2025-07-14
Radicado
13001233300020170095501
Número interno
69935
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
Actor
GABRIEL ARTURO DIAZ TAPIAZ, BLANCA ROSA GARCIA TAPIA, GERMAN RAMON GARCIA TAPIA, YARISNELA GARCIA TAPIA, MARITZA DE JESUS TAPIA AYALA, HERNAN DARIO GARICA TAPIA, DONALDO DARIO GARCIA TAPIA, YOVANIS ANDRES GARCÍA TAPIA, LUDIA MARIA GARCIA TAPIA, ROGER MIGUEL GARCÍA TAPIA, JHON JAIDER GARCIA TAPIA, JHONY WILLIAM GARCIA TAPIA
Demandado
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MUNICIPIO DE NOROSI

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la caducidad es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica

Lo que dijo la Sala

Vigencia de la acción. Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe presentar oportunamente la acción de reparación directa dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contados desde la ocurrencia del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la acción se ejerció dentro del plazo legal, ya que el daño se produjo el 15 de marzo de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 29 de julio de 2016 y la demanda se radicó el 15 de diciembre de 2016, cumpliendo así con el requisito temporal para ejercer el medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción y asegurar la estabilidad y certeza del derecho.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 164

También resuelve

  • ¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas…
  • ¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es…
  • ¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Estado por los daños causados por la acción de grupos armados insurgentes…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA MINA ANTIPERSONA VÍCTIMA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA DAÑO A LA VÍCTIMA INTERÉS JURÍDICO DEL APELANTE PADRE FAMILIA REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO VALIDEZ PROBATORIA DEL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL MUNICIPIO MINAS ANTIPERSONALES PROHIBICIÓN DEL USO DE MINAS ANTIPERSONAL DENTRO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO ORDEN PÚBLICO PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO DESTRUCCIÓN DE MINA ANTIPERSONA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE CARÁCTER OBJETIVO ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO OBJETO DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FALLA DEL SERVICIO FALLA DEL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL DAÑO ANTIJURÍDICO ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO CAUSALES DE IMPUTACIÓN OBJETIVA DOCTRINA JURISPRUDENCIA TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL DAÑO ESPECIAL INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS GRUPO AL MARGEN DE LA LEY DELITO COMETIDO POR GRUPO AL MARGEN DE LA LEY PRESENCIA DE GRUPO AL MARGEN DE LA LEY IMPUTACIÓN FÁCTICA IMPUTACIÓN JURÍDICA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO ACREDITACIÓN DEL DAÑO DAÑO REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN HECHO DEL TERCERO BIEN JURÍDICO FUERZA PÚBLICA ACTO TERRORISTA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACTO TERRORISTA ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR DAÑO ESPECIAL TEORÍA DEL DAÑO ESPECIAL CARGAS PÚBLICAS DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PÚBLICAS DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS CARGAS PÚBLICAS RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO JUSTICIA DISTRIBUTIVA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD CRITERIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONA DELITO CON MINAS ANTIPERSONALES PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES CONVENCIÓN DE OTTAWA DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS FINALIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ALCANCE DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARMONIZACIÓN CONCRETA DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PRINCIPIO DE ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES ACUERDO DE PAZ CELEBRACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ FARC COMUNIDAD REQUISITOS DEL HECHO DEL TERCERO CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD HECHO IMPREVISIBLE HECHO IRRESISTIBLE RECURSO DE APELACIÓN ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN PARCIAL LESIONES LESIONES PERSONALES AL MENOR FALTA DE PRUEBA INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHO DE TERCERO INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO DEBERES DEL ESTADO EXPLOSIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO AUSENCIA DE FALLA DEL SERVICIO INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO DE POLICÍA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO ARTEFACTO EXPLOSIVO DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARTEFACTO EXPLOSIVO DAÑO A MENOR DE EDAD CONFIRMACIÓN DEL FALLO CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DAÑO CAUSADO POR HECHO DEL TERCERO CONFLICTO ARMADO CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA CONFLICTO ARMADO INTERNO RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHO DE TERCERO ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO BENEFICIOS DE LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DAÑO CAUSADO A CIVIL DURANTE CONFLICTO ARMADO DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO DELITO EN CONFLICTO ARMADO INDEMNIDAD DE LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA A VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO SITUACIÓN DE LA FAMILIA EN EL CONFLICTO ARMADO LESIONES DE CIVIL POR MINAS ANTIPERSONALES SENTENCIA REMISIÓN DE COPIA DE LA SENTENCIA INVESTIGACIÓN PENAL APERTURA DE INVESTIGACIÓN PENAL FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CONDENA EN COSTAS APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES LEY DE COSTAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS GASTOS DEL PROCESO INEXISTENCIA DE LA EXPENSA NECESARIA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 45.628 caracteres

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CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si Vigencia de la acción. Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento del medio de control de reparación directa, teniendo en cuenta: i) que el 15 de marzo de 2015,[el actor] sufrió unas lesiones físicas por la activación de una mina antipersonal (...); ii) que el 29 de julio de 2016 los accionantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 65 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bolívar, la cual se declaró fallida el 27 de septiembre siguiente; y iii) que la demanda se presentó el 15 de diciembre de 2016. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad que tiene el juez para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2020, exp. 51252, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. En cuanto a la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general, ver: Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Respecto a que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, ver: Corte Constitucional, exp. C-574 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En relación con el concepto de caducidad, cita: Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002. Respecto de la oportunidad para ejercer el medio de control, ver: Corte Constitucional, Sala Plena, 8 de agosto de 2001, C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Acerca de las oportunidades legales pretende la caducidad, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, consultar: Consejo de Estado, providencia de 23 de febrero de 2006, exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / MINA ANTIPERSONA / VÍCTIMA / ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA / DAÑO A LA VÍCTIMA / INTERÉS JURÍDICO DEL APELANTE / PADRE / FAMILIA / REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / VALIDEZ PROBATORIA DEL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / POLICÍA NACIONAL / MUNICIPIO / MINAS ANTIPERSONALES / PROHIBICIÓN DEL USO DE MINAS ANTIPERSONAL DENTRO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO / ORDEN PÚBLICO / PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO / DESTRUCCIÓN DE MINA ANTIPERSONA Problema jurídico: ¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas, cuando existen elementos probatorios que acreditan tanto el vínculo familiar como la participación o deber legal de dichas autoridades en la prevención del riesgo que originó el daño, lesiones por la activación de una mina antipersona? Respuesta al problema jurídico: Si Legitimación en la causa. Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis. (...) [La] víctima, (...) padre, (...) madre y, (...) hermanos, son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, pues está acreditado que el primero fue quien resultó lesionado por la activación de una mina antipersonal (...) y los demás conforman su núcleo familiar, según dan cuenta copias de sus correspondientes registros civiles de nacimiento. (...). La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, pues, además de los fines previstos en el artículo 213 de la Constitución Política, integra la Comisión Intersectorial Nacional para Acción contra las Minas Antipersonal y por ello, le corresponde, entre otras, promover las acciones para la destrucción de estos artefactos y realizar campañas de concientización sobre los mismos (artículos 5 y 6 de la Ley 759 de 2002). Además, por ser una de las autoridades a quien se le atribuye la causación del daño antijurídico alegado en la demanda. (...). El municipio de Norosí está legitimado en la causa por pasiva porque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 de la Constitución Política, el alcalde es la primera autoridad de policía y, además, es quien le corresponde conservar el orden público del municipio. Además, por ser otra de las autoridades a quien se le atesta la causación del menoscabo alegado, en tanto, a juicio de los accionantes, las lesiones sufridas por el menor se produjeron porque el ente territorial no adoptó medidas de precaución y prevención para alertar a la población civil sobre la presencia de minas antipersonales en el área donde ocurrió el siniestro. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción y no de la pretensión y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2021, exp. 48436, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 25 de julio de 2019, exp. 54527, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Sección Segunda, auto del 8 de octubre de 2020, exp. 1760-18; y auto del 10 de septiembre de 2020, exp. 0736-18, C.P. César Palomino Cortés. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 213, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 315, LEY 759 DE 2002 - ARTÍCULO 5, LEY 759 DE 2002 - ARTÍCULO 6 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE CARÁCTER OBJETIVO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / OBJETO DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN / CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRINCIPIOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALLA DEL SERVICIO / FALLA DEL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CAUSALES DE IMPUTACIÓN OBJETIVA / DOCTRINA / JURISPRUDENCIA / TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / DAÑO ESPECIAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es imputable a una entidad pública, ya sea por acción u omisión en el ejercicio o con ocasión de la función administrativa? Respuesta al problema jurídico: Si Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado. El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros . Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE CARÁCTER OBJETIVO / GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / DELITO COMETIDO POR GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / PRESENCIA DE GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / FALLA DEL SERVICIO / TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL / IMPUTACIÓN FÁCTICA / IMPUTACIÓN JURÍDICA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / DAÑO / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN / HECHO DEL TERCERO / BIEN JURÍDICO / FUERZA PÚBLICA / ACTO TERRORISTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACTO TERRORISTA / ORDEN PÚBLICO / ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO / REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL / DAÑO ESPECIAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR DAÑO ESPECIAL / TEORÍA DEL DAÑO ESPECIAL / CARGAS PÚBLICAS / DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PÚBLICAS / DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS CARGAS PÚBLICAS / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / JUSTICIA DISTRIBUTIVA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD / CRITERIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD Problema jurídico: ¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Estado por los daños causados por la acción de grupos armados insurgentes, cuando se acredite la existencia de un daño antijurídico y se verifique, según las circunstancias del caso, la configuración de una falla en el servicio, un riesgo excepcional o un daño especial que justifique la obligación de reparar? Respuesta al problema jurídico: Si Responsabilidad del Estado por daños causados por la acción de grupos armados insurgentes. La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la responsabilidad del Estado con ocasión de actos de grupos armados puede examinarse a partir de tres criterios de imputación, a saber: falla del servicio, riesgo excepcional y daño especial, según la determinación fáctica de cada caso y la atribución jurídica que proceda. Así las cosas, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de vista de la falla del servicio, tratándose de daños causados por grupos armados insurgentes, cuando se tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia de mandatos de abstención –deberes negativos- como de acción –deberes positivos- a cargo del Estado. Sin embargo, para que se genere responsabilidad con fundamento en ello es menester acreditar, entre otros i) el incumplimiento o deficiente cumplimiento de deberes normativos y/o ii) la omisión o inactividad de la administración pública. Como en los daños causados por la acción de grupos insurgentes se está en presencia de un hecho de un tercero, desde un plano causal, deberá demostrarse la cognoscibilidad real del peligro que corre el bien jurídico que debe ser protegido, al igual que la posibilidad material de actuar en defensa de este, o bien por el negligente o inadecuado despliegue de las acciones de defensa ejecutadas por la fuerza pública. Al respecto, el precedente jurisprudencial de esta Corporación ha precisado que para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular, por acción o por omisión, frente al hecho dañoso perpetrado por el tercero, debe analizarse si para la Administración y para las autoridades era previsible que se desencadenara el acto terrorista. Este aspecto constituye uno de los puntos más importantes a analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de la generalidad de los hechos (estado de anormalidad del orden público) sino de aquellas situaciones que no dejan margen para la duda, es decir, las que sobrepasan la situación de violencia ordinaria vivida. Por otro lado, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de vista del riesgo excepcional, cuando el daño ocurre como consecuencia de la materialización de un riesgo producto de la actividad legítima de la administración. En efecto, en el desarrollo de las actividades cotidianas del mundo moderno la sociedad se enfrenta a situaciones de riesgo que le son ineludibles y, dentro de tal contexto, la administración pública puede crear estas situaciones excepcionales de peligro a las que nadie puede sustraerse y en las que ninguna protección existe para el particular, lo cual impone al Estado la obligación de reparar los daños que cause. Sobre este tema en ciertas ocasiones la Corporación ha aplicado este criterio de imputación, guiado por un argumento causal, como es que el ataque del grupo armado se haya dirigido en contra de un establecimiento del Estado. Finalmente, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de vista del daño especial, cuando se evidencia un desequilibrio de las cargas públicas, la equidad y la solidaridad como materialización del reequilibrio ante una ruptura de la igualdad, fruto del perjuicio especial y anormal que se le impone administrado. Así, en cada caso, lo que debe examinarse es si por las condiciones que reviste el daño antijurídico este se puede considerar como un acentuado y singular desequilibrio anormal de las cargas públicas que deben ser asumidas por los administrados, entendiéndose como normal aquella carga que es ordinaria a la vida en sociedad. En este último caso vale la pena destacar que por lo menos por razones de equidad y de justicia distributiva, quien ha sufrido el perjuicio causado por la Administración debe ser indemnizado. NOTA DE RELATORÍA: En los casos que, por razones de equidad y de justicia distributiva, quien ha sufrido el perjuicio causado por la Administración debe ser indemnizado, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 1973, rad. 978, C.P. Alfonso Castilla Saiz. CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONA / MINAS ANTIPERSONALES / MINA ANTIPERSONA / DELITO CON MINAS ANTIPERSONALES / PROHIBICIÓN DEL USO DE MINAS ANTIPERSONAL DENTRO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO / PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES / CONVENCIÓN DE OTTAWA / DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DESTRUCCIÓN DE MINA ANTIPERSONA / DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS / FINALIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / ALCANCE DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO / CONSTITUCIÓN POLÍTICA / ARMONIZACIÓN CONCRETA DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES / PRINCIPIO DE ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES / ACUERDO DE PAZ / CELEBRACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ / FARC / COMUNIDAD Problema jurídico: ¿Tiene el Estado colombiano la obligación de eliminar las minas antipersonales de conformidad con la Convención de Ottawa? Respuesta al problema jurídico: Si Responsabilidad del Estado por daños causados por la activación de minas antipersonales. El 18 de septiembre de 1997, un conjunto de Estados (core group), conformado por Austria, Bélgica, Canadá, Irlanda, Filipinas, México, Países Bajos, Noruega, Sudáfrica, Suiza, Colombia, Alemania, Brasil, Francia, Malasia, Nueva Zelanda, Portugal, Eslovenia, Reino Unido y Zimbabwe, motivados por la activa campaña de sensibilización liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Campaña Internacional contra las Minas, promovió la firma de la Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, también conocida como Convención de Prohibición de Minas Antipersonal, Convención de Ottawa o Tratado de Prohibición de Minas. Dicha convención dio pie a la configuración de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) como concepto y estándar técnico y operativo para reducir el riesgo de las minas a niveles que permitieran vivir en condiciones de seguridad, disfrutar y posibilitar el desarrollo económico, social y sanitario exento de las limitaciones que impone la presencia de estos artefactos, así como satisfacer las necesidades de las víctimas. Colombia suscribió el Convenio de Ottawa el 3 de diciembre de 1997 y mediante el artículo 1º de la Ley 554 de 2000 decretó aprobar la "Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”. (...) La Corte Constitucional, en sentencia C-991 de 2000 efectuó el examen de constitucionalidad de la Ley 554 de 2000 y en sus consideraciones resaltó que la prohibición de las minas antipersonales es una cuestión humanitaria inspirada en propósitos internacionales de protección de los derechos humanos y en la necesidad de humanizar los medios de guerra frente a la letalidad y las consecuencias que significan estos artefactos. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Constitucional concluyó que el tratado puesto bajo su revisión: (...) ix) obliga tanto al Estado como a los grupos armados irregulares a abandonar en la práctica y la utilización de las minas quiebrapatas; x) armoniza los mandatos de la Constitución Política colombiana, con los principios del Derecho Internacional Humanitario y algunas de las normas imperativas del ius cogens (...) Así, el 6 de septiembre del año 2000 Colombia se adhirió a la Convención y se convirtió en Estado Parte a partir de su entrada en vigor, el 1 de marzo del año siguiente, con el compromiso de lograr que el territorio nacional quedase libre de minas antipersonal para el año 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la misma. Con todo, la Convención de Ottawa establece la obligación general de los Estados Parte de erradicar y prohibir absolutamente el empleo de minas antipersonales y destruir y asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal del territorio nacional. Este compromiso es perentorio y constituye el propósito específico del convenio, pues de ello depende que las demás actividades relacionadas con el uso de las minas antipersonal se eliminen. (...). En este sentido, se conciben la prohibición total de las minas antipersonal y su destrucción total, como verdaderos límites al empleo de las armas de guerra y a las consecuencias que generan sobre la población, de modo que, tanto el Estado como los grupos armados al margen de la ley quedan comprometidos a abandonar la práctica y la utilización de estos artefactos, se itera, en defensa de los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano, en procura de la humanización del conflicto interno, en protección al medio ambiente sano, en la búsqueda, consecución y mantenimiento de la paz y de un desarrollo económico y social justo y equitativo. (...). No obstante, pese la responsabilidad del Estado y la necesidad de adoptar acciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este instrumento, se debe prever el corto plazo que se otorga en la Convención para honrar esos propósitos y la alta capacidad técnica y financiera que se requiere para cumplir con estas metas. Durante la primera década de implementación de la Convención (2001-2011), el Estado colombiano avanzó en la estructuración del marco institucional y normativo para el despliegue de la acción contra minas antipersonal en el territorio nacional. Mediante la Ley 759 de 2002, “se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción y se fijan disposiciones con el fin de erradicar en Colombia el uso de las minas antipersonal”. (...) Sin embargo, el 5 de agosto de 2010, ante la complejidad de la problemática colombiana, cuya contaminación por minas antipersonal deriva del accionar de grupos armados al margen de la ley que plantan en las diversas regiones del territorio nacional, de manera continua e indiscriminada, artefactos explosivos improvisados que funcionan como minas antipersonal, el Estado colombiano se vio en la necesidad de solicitar una extensión al plazo previsto en el artículo 5º de la Convención, para identificar y eliminar las áreas minadas por los grupos armados al margen de la ley. Fue así como la reunión de los Estados Parte de la Convención acordó acceder a la solicitud de ampliación del plazo para completar la destrucción de minas antipersonal presentada por Colombia hasta el 1 de marzo de 2021, considerando comprensible que el Estado colombiano hubiera pedido el tiempo máximo disponible dada la magnitud del problema de contaminación conocido o sospechado. Al respecto se observó que el Estado colombiano no contaba con la información completa sobre la ubicación de las áreas afectadas con minas antipersonal, lo cual era necesario para definir con precisión el nivel y la naturaleza de la contaminación por minas y el plan de limpieza. Ahora bien, pese a que durante el periodo 2010 – 2020 se presentaron algunos avances en materia de desminado, lo cierto es que Colombia continúa enfrentando una grave situación de contaminación derivada del uso de minas antipersonales de naturaleza improvisada por parte de grupos armados organizados al margen de la ley. Por ello, atendiendo a lo dispuesto en el Plan Estratégico 2020 – 2025 y en consideración a que el plazo previsto en el año 2010 para la destrucción de minas fenecía en 2021, el Estado se vio en la necesidad de solicitar una nueva extensión del término al tenor de lo establecido en el artículo 5º de la Convención, para efectos de adelantar la destrucción de estos artefactos en áreas minadas y así satisfacer el objetivo de lograr un mundo libre de minas, mediante la ejecución total del plan operativo de desminado humanitario. En su solicitud de extensión, Colombia propuso un plazo de 4 años y 10 meses adicionales, contados desde el 1º de marzo de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2025, y estableció las metas de limpieza para el periodo de acuerdo con la capacidad nacional existente y en sintonía con el Plan Operativo de Desminado Humanitario 2020-2025. La solicitud de extensión fue aprobada por los Estados Parte en el marco de la 18 Reunión llevada a cabo en noviembre de 2020. Adicionalmente, se tiene que la Acción Integral contra Minas Antipersonales (AICMA), fue incorporada dentro del capítulo XI del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, el cual pretende la ejecución de labores de desminado humanitario en virtud de los términos aprobados por los Estados Parte en el artículo 5º de la Convención de Ottawa. Siendo esto así, es dable concluir que el Estado se encuentra en ejecución de la destrucción de minas antipersonal en áreas minadas, impuesta por el artículo 5º dentro del término dispuesto para su cumplimiento, conclusión que deviene acorde con lo previsto mediante sentencia de unificación en materia de minas antipersonales, proferida el 7 de marzo de 2018 por la Sección Tercera de esta Corporación (...) Ahora bien, como medida de construcción de paz, el 26 de septiembre de 2016 se celebró entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, el cual incluyó la Acción Integral contra Minas Antipersonal con perspectiva de estabilización y como medida de atención a las comunidades vulnerables. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la responsabilidad del Estado frente a las víctimas de accidentes con minas antipersonales, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018, exp. 34359, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre el Convenio de Otawa ver: Corte Constitucional, sentencia C-991 de 2000, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. FUENTE FORMAL: CONVENIO OTTAWA DE 1997, LEY 554 DE 2000 - ARTÍCULO 1, LEY 759 DE 2002 HECHO DEL TERCERO / REQUISITOS DEL HECHO DEL TERCERO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / HECHO IMPREVISIBLE / HECHO IRRESISTIBLE / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Problema jurídico: ¿El hecho exclusivo y determinante del tercero se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este servicio éste último no se encuentra vinculado en manera alguna con aquél? Respuesta al problema jurídico: Si Hecho exclusivo y determinante de un tercero. El hecho de un tercero supone la actuación exclusiva y determinante de una persona ajena al juicio de responsabilidad en la realización del injusto. Esta Sección ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del tercero se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que éste último no se encuentra vinculado en manera alguna con aquél. Asimismo, esta Corporación ha determinado que para la prosperidad de esta causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que el hecho del tercero sea la causa exclusiva y adecuada del daño, motivo por el cual la entidad tiene que probar que no hay ningún vínculo causal entre la conducta del demandado y el daño producido; ii) que el hecho del tercero sea ajeno al servicio, es decir, que el tercero no esté vinculado a la persona de derecho público demandada ni realice actividades vinculadas al servicio público; y iii) que el hecho del tercero sea imprevisible e irresistible para la entidad. Adicionalmente, sobre la revisión del actuar del tercero en la producción del daño, esta Sección ha precisado que no se requiere que el tercero haya actuado con culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Empero, para que excluya la responsabilidad de las entidades demandadas, debe haber constituido la causa determinante. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el hecho exclusivo y determinante de un tercero exonera de responsabilidad al Estado cuando se prueba que la circunstancia es totalmente ajena al servicio y sin vínculo alguno con este, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020, exp. 49574, C.P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 17179, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre la prosperidad del hecho exclusivo de un tercero como causal exonerativa, se requiere que sea la causa exclusiva del daño, ajena al servicio y que resulte imprevisible e irresistible para la entidad, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2019, exp. 46858, C.P. María Adriana Marín; Subsección C, sentencia del 11 de marzo de 2019, exp. 43512 C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Subsección B, sentencia del 21 de noviembre de 2018, exp. 40350, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Subsección C, sentencia del 28 de enero de 2015, exp. 32912A, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Subsección A, sentencia de 13 de febrero de 2013, exp. 18148, C.P. Hernán Andrade Rincón. RECURSO DE APELACIÓN / ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN PARCIAL / LESIONES / LESIONES PERSONALES AL MENOR / MINA ANTIPERSONA / MINAS ANTIPERSONALES / FALTA DE PRUEBA / POLICÍA NACIONAL / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHO DE TERCERO / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / DEBERES DEL ESTADO / EXPLOSIÓN DE ARTEFACTO EXPLOSIVO / HECHO IMPREVISIBLE / HECHO IRRESISTIBLE / AUSENCIA DE FALLA DEL SERVICIO / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO DE POLICÍA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / ARTEFACTO EXPLOSIVO / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARTEFACTO EXPLOSIVO / DAÑO A MENOR DE EDAD / GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / HECHO DEL TERCERO / DAÑO CAUSADO POR HECHO DEL TERCERO / CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA / CONFLICTO ARMADO INTERNO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR HECHO DE TERCERO Problema jurídico: ¿Puede atribuirse a la Policía Nacional el daño consistente en las lesiones físicas sufridas por un menor de edad, ocasionadas por la activación de una mina antipersonal instalada por un grupo armado ilegal, es decir, por la conducta exclusiva de un tercero? Respuesta al problema jurídico: No [C]omoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de apelación contra el fallo proferido el 13 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, exclusivamente habrá lugar a resolverse los cargos formulados contra la decisión recurrida. (...) ]N]o se estudiará la eventual responsabilidad que pudo asistirle al municipio de Norosí por las lesiones físicas sufridas por [el menor] pues ello no fue objeto de reproche en el recurso de apelación presentado por la parte demandante. En vista de lo expuesto, a continuación, se analizará exclusivamente si las lesiones sufridas por [el menor] producto de la activación de una mina antipersonal son imputables o no a la Policía Nacional. Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si resultan fundados o no los cargos elevados en el recurso de apelación. (...) Pues bien, una vez valorados íntegramente los elementos probatorios decretados y practicados en el proceso, se advierte que no hay prueba en el expediente que permita acreditar que miembros de la Policía Nacional fueron quienes instalaron el artefacto que lesionó al menor, así como tampoco que conocieran de minas antipersonales en el municipio de Norosí (Bolívar) ni que omitieron adoptar medidas de precaución y prevención para prevenir a la población civil de su existencia. Debe señalarse, pues, que ninguno de los medios de convicción acreditó que la institución policial conocía o podría inferir o sospechar de la existencia del artefacto explosivo que hirió [al menor], ni que la zona donde ocurrió el lamentable insuceso se encontraba como objeto de priorización en materia de desminado, que tornara evidente la caracterización de una situación de riesgo y, por tanto, una labor de precaución, prevención y desminado priorizado, conforme lo establece la sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación (...) Con todo, debe advertirse que, pese a que el personero de Norosí (Bolívar) certificó que las lesiones sufridas por el menor se ocasionaron en el marco del conflicto armado interno (...), lo cual lleva a inferir que en ese municipio había presencia de grupos armados ilegales, lo cierto es que ello por sí sólo no permite acreditar que las autoridades conocían sobre la presencia de artefactos explosivos como los que causaron las lesiones a Gabriel Arturo García Tapia, ni que tuvieran un deber especifico de prevención, precaución, instrucción o información respecto a la población civil de ese municipio para alertarla sobre la presencia de minas antipersonales en esa zona. Según lo expuesto, se evidencia que en el presente asunto no se acreditó la falla del servicio atribuida a la Policía Nacional pues, lo probado en el proceso, no permitió establecer que dicha institución hubiese conocido de la presencia de minas antipersonales en el municipio de Norosí (Bolívar) con antelación a la ocurrencia de los hechos que aquí se debaten y que, pese a ello hubiere omitido adoptar medidas de precaución y prevención para alertar a la población civil del peligro que este tipo de artefactos representaban. Ahora bien, una vez descartada la falla del servicio endilgada a la Policía Nacional, se examinará sí, conforme lo expuesto en el recurso de apelación, el daño sufrido por los demandantes es imputable al Estado bajo la óptica del título objetivo de riesgo excepcional. (...) En este contexto, es importante señalar que, aunque en el recurso de apelación la parte demandante manifestó que las lesiones físicas sufridas por [el menor] eran imputables a la Policía Nacional porque el artefacto explosivo “fue dirigido contra miembros de la fuerza pública”, lo cierto es que ningún medio de convicción permitió constatar que ello fue así y la sola referencia de ese supuesto por el extremo activo no resulta suficiente para tenerlo por probado, en tanto no puede la propia parte que alega un hecho probarlo con su propio dicho . Es más, ninguna de las pruebas demostró que en lugar donde ocurrieron los hechos tuviera la connotación de “zona de presencia histórica de minas antipersonales”, así como que en esa área miembros de la institución policial estuvieran llevando a cabo alguna operación, ni tampoco, como lo afirman los recurrentes, que el ataque hubiere estado dirigido contra uniformados de la Policía Nacional. Con todo, debe reiterarse que la sola presencia de la fuerza pública no puede constituirse de facto en una fuente creadora de riesgo para la sociedad, porque es presupuesto material de lo dispuesto en la Carta Política, en tanto el artículo 2° señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes; y, por lo tanto, ello es razón suficiente para concluir que los daños causados a terceros por actos terroristas perpetrados por grupos armados ilegales contra “miembros de la fuerza pública” no les pueden ser atribuibles bajo la óptica del título objetivo de riesgo excepcional. Dicho de otra manera, la presencia legítima y constitucional de la fuerza pública para la consecución de los fines del Estado Social de Derecho no puede concebirse como una fuente creadora de riesgos, pues, precisamente, esta prerrogativa es un presupuesto material de la Constitución Política y un rasgo esencial del poder público. Por lo demás, en el sub-lite quedó probado que el artefacto que ocasionó las lesiones al menor fue instalado por terceros (...), que en estos hechos no intervino la Administración por acción u omisión y que la activación de la mina antipersonal fue imprevisible e irresistible a la Policía Nacional dado el elemento sorpresa por medio del cual se realizó el acto criminal y dada la ausencia de conocimiento de las autoridades acerca de la existencia previa, cierta, concreta y vigente que aconsejara la adopción de medidas especiales para proteger a la población de Norosí (Bolívar). En efecto, la detonación del artefacto explosivo fue i) exterior y/o externa respecto de la demandada, por cuanto la causa adecuada provino de una conducta exclusiva de un tercero; ii) (...) imprevisible, porque no era posible contemplar el hecho con anterioridad a su ocurrencia; y iii) irresistible para la Policía Nacional por la imposibilidad objetiva de evitarlo, toda vez que la activación de la mina antipersonal que causó las lesiones físicas al menor provino de una actuación deliberada de un grupo armado ilegal. Por ello, se evidencia que el daño no es imputable a la entidad accionada sino al hecho exclusivo de un tercero, por lo cual en la parte resolutiva se confirmará la sentencia del 13 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad del Estado frente a las víctimas de accidentes con minas antipersonales, consultar: Consejo de Estado, sentencia de unificación de 7 de marzo de 2018, exp. 34359, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre la carga de la prueba, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de junio de 2024, rad. 68394, C. P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre actos terroristas cometidos por terceros, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de abril de 2023, exp. 65546, C.P. Nicolás Yepes Corrales. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2 CONFLICTO ARMADO / ASISTENCIA A LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / BENEFICIOS DE LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA / CONFLICTO ARMADO INTERNO / DAÑO CAUSADO A CIVIL DURANTE CONFLICTO ARMADO / DAÑO CAUSADO EN EL MARCO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO / DELITO EN CONFLICTO ARMADO / INDEMNIDAD DE LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA A VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO / SITUACIÓN DE LA FAMILIA EN EL CONFLICTO ARMADO / MINAS ANTIPERSONALES / DELITO CON MINAS ANTIPERSONALES / LESIONES DE CIVIL POR MINAS ANTIPERSONALES / PROGRAMA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONALES / DIRECCIÓN PARA LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL / SENTENCIA / REMISIÓN DE COPIA DE LA SENTENCIA / INVESTIGACIÓN PENAL / APERTURA DE INVESTIGACIÓN PENAL / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Problema jurídico: ¿Procede remitir copia de la sentencia a la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonales para que registre el evento en el IMSMA y sea registrado el menor lesionado, a fin de que pueda gozar de los servicios asistenciales e indemnizatorios dispuestos para el goce efectivo de sus derechos? Respuesta al problema jurídico: Si Como en el presente casó (sic) quedó acreditado que los hechos aquí debatidos corresponden a aquellos suscitados dentro del marco del conflicto armado y específicamente, a un evento de lesiones por la activación de minas antipersonales instaladas por grupos armados ilegales, en la parte resolutiva de la sentencia se remitirá copia de esta providencia a la Dirección de Acción Integral contra Minas Antipersonales – (DAICMA), para que registre el evento en el IMSMA y para que [el menor] sea registrado, si ello no ha ocurrido, en la ruta de atención y reparación coordinaría por la citada Dirección y ofrecida por el Gobierno Nacional, a fin de que pueda gozar de los servicios asistenciales e indemnizatorios dispuestos para el goce efectivo de sus derechos; y esta informe a la Fiscalía General de la Nación sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el evento, para facilitarle la correspondiente investigación penal. CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / LEY DE COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / GASTOS DEL PROCESO / INEXISTENCIA DE LA EXPENSA NECESARIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en segunda instancia cuando, revisado el expediente, no se evidencia la realización de actuaciones procesales ni la causación de expensas, gastos procesales o agencias en derecho por parte de las partes intervinientes? Respuesta al problema jurídico: No Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente”. Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, el artículo 365 de la norma procesal general establece que ésta procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. En virtud de lo anterior, revisado el expediente, la Sala advierte que, en el trámite del recurso de apelación presentado por el extremo activo, ninguna de las partes que integran la litis desplegó actuación procesal alguna y en esta instancia tampoco se causaron expensas o gastos procesales, razón la cual en esta ocasión no hay lugar a condenas en costas a la parte demandante. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 365

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=130012333000201700955011100103