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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdo en virtud del principio de buena fe contractual

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Fecha
2024-08-13
Radicado
85001233300020220002501
Número interno
70896
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MAQUINARIA INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS MIKO S.A.S
Demandado
MUNICIPIO DE TAURAMENA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdo en virtud del principio de buena fe contractual

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Regla de decisión

El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdo en virtud del principio de buena fe contractual.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdos en virtud del principio de buena fe contractual, ya que este principio impone a las partes el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y corrección recíproca durante toda la ejecución del contrato, y prohíbe ir contra los propios actos, lo que significa que las partes deben mantener un comportamiento coherente con sus propias acciones anteriores. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia de la interpretación objetiva de la buena fe en la contratación estatal, lo que implica que el juez debe valorar lo pactado por las partes y determinar las responsabilidades que recaen sobre cada una en función de la ejecución de las obligaciones contractuales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdo en virtud del principio de buena fe contractual?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 410 de 1971, art. 871
  • Ley 80 de 1993, arts. 14, 28 y 5 núm. 2
  • Ley 84 de 1873, art. 1603

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

Uno de los principios que rige la contratación estatal es la buena fe que de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, es uno de los criterios de interpretación de las reglas contractuales y bajo el cual deberá celebrarse y ejecutarse, no solamente lo pactado expresamente en el contrato, sino “todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos”, de conformidad con los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO BUENA FE BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL ACTO PROPIO PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CAUSALES DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL PLAZO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL HONORARIOS DEL ABOGADO PAGO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO RECONOCIMIENTO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES FACTURA DOCUMENTO SUSTITUTIVO DE LA FACTURA PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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En los términos del artículo 244 del Código General del Proceso el documento se presume auténtico
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La demanda de reconvención debe satisfacer todos los requisitos exigibles a este acto procesal, entre los cuales se encuentra la formulación dentro del término de caducidad de la acción.
Titulación de la relatoría 13.445 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS Problema jurídico: ¿El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdo en virtud del principio de buena fe contractual? Respuesta al problema jurídico: Si Uno de los principios que rige la contratación estatal es la buena fe que de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, es uno de los criterios de interpretación de las reglas contractuales y bajo el cual deberá celebrarse y ejecutarse, no solamente lo pactado expresamente en el contrato, sino “todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos”, de conformidad con los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. De lo anterior se desprende que, durante todo el iter contractual las partes tienen el deber de actuar bajo los postulados de la buena fe, deber que no solo está a cargo del contratista, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, sino también de la Administración Pública a quien se le ha otorgado una posición de potentior personae bajo el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 , que se manifiesta en la facultad de modificar, interpretar y terminar el contrato de forma unilateral, así como de imponer las sanciones de control y dirección previstas en dicha norma, cuyo objeto es el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. Así, en el ámbito de la contratación estatal, y según la Sala Plena de esta Corporación18, la buena fe se ha entendido como objetiva, es decir que, más allá de la “creencia” del actuar ajustado a la ley, las partes deben respetar lo pactado, cumplir con las obligaciones y perseverar por la ejecución del contrato. Aunado a ello, la jurisprudencia de esta Sección19, ha dicho que en los contratos estatales la buena fe se traduce en la obligación de actuar con rectitud, honradez, lealtad y corrección recíproca en todos los actos, tratos o conversaciones del vínculo jurídico contractual ya establecido, de modo que sirve de cauce para la labor interpretativa del contrato. En concreto, en materia de contratación pública, la buena fe es considerada como un deber de conducta, que antecede al contrato y permanece durante la ejecución y después de su cumplimiento. Por ende, impone en las partes contractuales un comportamiento de mutua confianza, diligencia y colaboración para la satisfacción del interés público que se persigue con la contratación estatal. Frente a esto, resulta importante mencionar la expresión “venire contra factum proprium non valet”, a la que se ha referido la jurisprudencia de esta Corporación20, como expresión del principio general de la buena fe, que obliga a los sujetos jurídicos a mantener un comportamiento coherente con los propios actos y reprocha la conducta de una persona que se contrapone con su comportamiento anterior. En consecuencia, siendo la buena fe uno de los principios que rige el comportamiento de las partes durante todo el trámite contractual, así como su interpretación, se impone al juez el deber de valorar lo pactado por estas e indagar el alcance de las modificaciones acordadas, para determinar las responsabilidades que recaen sobre cada parte, de acuerdo con la ejecución de las obligaciones. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la buena fe contractual, consultar sentencia de 27 de julio de 2023, Exp. 39121. C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 3 de diciembre de 2007, Exp. 31447, C. P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 10 de marzo de 2011, Exp. 15935, C. P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA Problema jurídico: ¿La suspensión del contrato opera de forma temporal? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisprudencia de esta Corporación, ha manifestado que la suspensión es una medida excepcional que pueden adoptar de forma bilateral las partes contractuales ante situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o, en general, ante circunstancias imprevistas que impidan la ejecución de las obligaciones de dicho contrato de forma temporal, razón por la cual se ha exigido que estas queden sujetas a un plazo o condición, permitiendo determinar cuándo se reiniciaría, ya que de lo contrario, sin la concreción de las situaciones jurídicas, la ejecución del contrato quedaría en un limbo contrariando el interés público perseguido con la contratación estatal. Cabe señalar que, si bien la suspensión es una parálisis transitoria del plazo de ejecución del contrato que, como es natural, afecta el plazo convenido por las partes (...) Ahora bien, teniendo en cuenta que la suspensión del contrato estatal no está expresamente regulada, esta figura se rige bajo el principio de la autonomía de la voluntad, en virtud del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que reconoce la libertad negocial de las partes para regular la forma de convenir sus contratos y adoptar las estipulaciones que consideren, siempre bajo el marco y finalidades de la contratación estatal. Por ello, al igual que el contrato, la suspensión es regida por el principio “lex contractus, pacta sunt servanda”, que refiere que los contratos válidamente celebrados son ley para las partes y solo pueden ser invalidados por el consentimiento mutuo o por causas legales, de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la procedencia de la suspensión del contrato, consultar sentencia del 18 de marzo del 2022, Exp. 55864 C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40 CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La declaratoria de caducidad del contrato procede únicamente durante el término de ejecución? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, en caso de que se presente algún hecho constitutivo de incumplimiento por parte del contratista que afecte de forma grave y directa la ejecución del contrato, de forma tal, que evidencie que puede conducir a su paralización, las entidades estatales tienen la facultad de declarar la caducidad del contrato. Si bien la precitada norma no estipula de forma expresa cuál es la oportunidad dentro de la cual se puede declarar, por su naturaleza y fines la jurisprudencia de la Sala ha explicado de forma pacífica y reiterativa que “la caducidad del contrato sólo puede declararse durante el plazo de ejecución y mientras se encuentre éste vigente, y no durante la etapa de la liquidación”. En otras palabras, durante el término que el contratista se encuentra contractual y legalmente habilitado para cumplir con las obligaciones contraídas, que incluye tanto el plazo original como los adicionales, so pena que el acto quede afectado con un vicio de nulidad, por falta de competencia ratione temporis, en caso de declararse fuera de este término. En adición, la Sala ha considerado que la declaratoria de caducidad procede cuando el contrato se encuentra suspendido por acuerdo de las partes, en tanto, no se desdibuja la existencia de los supuestos normativos establecidos por el Legislador para la procedencia de la aplicación de esa cláusula excepcional. Lo anterior, atendiendo que el fin perseguido con la institución de la caducidad es evitar que se paralice la prestación de los servicios y funciones a cargo de las entidades contratantes, y asegurar su continuidad, por lo que la oportunidad para declararla impone que éste no haya culminado, ni procede en la etapa de liquidación del contrato, dado que, en caso de declarar la caducidad del contrato con posterioridad al fenecimiento del plazo de ejecución o en el plazo de liquidación, ello sería desconocer el fin perseguido por la norma y otorgarle un carácter meramente sancionatorio e indemnizatorio a la estipulación de la caducidad. NOTA DE RELATORÍA: Referente al marco temporal de la declaratoria de caducidad del contrato, consultar sentencia de 12 de julio de 2012, Exp. 15024. C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 10 de octubre de 2022, Exp. 45969 y 32907, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 20 de noviembre de 2008, Exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18 HONORARIOS DEL ABOGADO / PAGO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO / RECONOCIMIENTO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO / HONORARIOS DE LOS PROFESIONALES / FACTURA / DOCUMENTO SUSTITUTIVO DE LA FACTURA Problema jurídico: ¿La factura o su equivalente es la prueba idónea del pago de honorarios de quienes ejercen profesiones liberales? Respuesta al problema jurídico: Si Al respecto, la Sala Plena de la Sección Tercera, mediante sentencia de 18 de julio de 2019, señaló que, tratándose de honorarios profesionales prestados por abogados, la factura o su documento equivalente es la prueba idónea para demostrar el pago. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la prueba idónea para demostrar el pago de los honorarios de los abogados, consultar sentencia de 18 de julio de 2019, Exp. 44572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La entidad contratante carecía de competencia temporal para declarar la caducidad del contrato porque ya había finalizado el plazo de ejecución? Respuesta al problema jurídico: Si En síntesis, no puede considerar el Municipio de Tauramena una suspensión indefinida (más de dos años), desatendiendo no solo lo pactado en el acta de suspensión, si no sus propios actos, y aún más desnaturalizando la figura de la suspensión del contrato que es temporal. Así, dado que el plazo del que dependía la reanudación del contrato se cumplió el 24 de septiembre de 2018, se concluye que la estipulación de dicho plazo goza de suficiencia, sin que resulte indispensable, como lo adujo el municipio, la existencia de un acta de reinicio. Con soporte en la documental que yace en el plenario, se constata que el contrato No. 145 del 07 de julio de 2016, fue prorrogado en cinco ocasiones y suspendido en cuatro oportunidades, por lo que el plazo se adicionó en catorce (14) meses, de forma que, si bien inicialmente el contrato finalizaba el 17 de abril de 2018, sumados los 163 días de suspensión, el contrato venció efectivamente el 27 de septiembre de 2018 (...) En este orden de ideas, no cabe duda que a partir del 28 de septiembre de 2018, el Municipio de Tauramena perdió la facultad para declarar la caducidad del contrato, y esta se produjo, mediante la Resolución No. 0558 del 7 de julio de 2021, en consecuencia, se advierte que los actos administrativos enjuiciados se encuentran incursos en la causal de nulidad aducida, razón suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia en este punto. Dado que se observa que el estudio sobre la falta de competencia temporal resulta suficiente para confirmar la sentencia apelada, la Sala se abstendrá de adelantar el análisis de los demás problemas jurídicos referentes a la declaratoria de caducidad durante la suspensión del contrato, y si esta cumplía los requisitos de validez estipulados en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿No hay lugar a condenar en costas en segunda instancia porque ambas partes fueron vencidas en sus pretensiones de alzada? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente asunto las partes interpusieron recursos de apelación y ninguno prosperó, dado que la sentencia en primera instancia fue confirmada. Así las cosas, se debe concluir que no hay lugar a condenar en costas en esta instancia, ya que ambas partes fueron vencidas en sus pretensiones de alzada.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000202200025011100103