Titulación de la relatoría 26.340 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El laudo arbitral objeto de recurso le son atribuibles los vicios referidos en el artículo 41, numerales 2, 7, 8 y 9 de la Ley 1563 de 2012, es decir, si el laudo debe ser anulado por haberse proferido sin competencia de los árbitros; contener decisiones no proferidas en derecho sino en conciencia, y que ese vicio sea manifiesto en el laudo; adolecer de errores aritméticos y violar el principio de congruencia por no haber resuelto sobre cuestiones sujetas al arbitramento, en específico, excepciones y alegaciones de la entidad estatal convocada?
Respuesta al problema jurídico: Si
Entre el municipio de Santiago de Cali y la sociedad Vías de Cali S.A.S. se celebró el contrato de concesión N° 4151.1.14.26.005-10 Grupo 1, del 20 de mayo de 2010, para la financiación, construcción y otras actividades relacionadas con la malla vial de la Zona Sur de esa ciudad. En 2015, la sociedad Vías de Cali interpuso demanda arbitral contra el municipio contratante, para solicitar el reconocimiento y pago de varias sumas de dinero, causadas durante la vigencia de la concesión. No obstante, en auto del 24 de noviembre de 2016, el tribunal de arbitramento entonces convocado declaró la cesación de sus funciones y la extinción de los efectos del pacto arbitral, “para el caso”. El contrato mencionado terminó anticipadamente, toda vez que el 16 de febrero de 2017, la entidad estatal concedente declaró la caducidad del mismo, en acto administrativo confirmado y ejecutoriado. El 16 de agosto de 2019, la sociedad contratista interpuso demanda arbitral contra el hoy Distrito de Cali, solicitando la liquidación judicial del negocio jurídico y el reconocimiento de sumas de dinero, por los conceptos que se llegaran a establecer en el juicio como adeudados por la entidad a favor de la convocante. En laudo arbitral del 6 de octubre de 2022, el tribunal de arbitramento liquidó judicialmente el contrato y accedió parcialmente a las pretensiones económicas de la actora. La entidad estatal convocada interpuso contra el indicado laudo el recurso extraordinario de anulación que hoy se somete al análisis de la Sala. (...) resulta claro que en el laudo arbitral hoy censurado se hizo el reconocimiento de unos intereses moratorios, causados sobre dos conceptos, a saber: i) el que se denominó “valor histórico actualizado” de lo adeudado por el municipio en cuanto a inversiones y gastos de inversión del contratista, y ii) las “otras” obligaciones económicas tardíamente pagadas por la entidad territorial, y correspondientes a las fases de construcción y conservación, pactadas en las cláusulas. Para reconocer las sumas obtenidas con el cálculo de tales conceptos, el tribunal de arbitramento acudió al peritaje rendido por la firma Íntegra, que estimó que las inversiones y gastos hechos por la concesionaria era de $132.493’146.130. (...) Significa lo anterior que, como consecuencia indefectible de la liquidación judicial del contrato, lo calculado por el tribunal de arbitramento en la “primera parte” de la fórmula prevista en la cláusula 34 del negocio jurídico fue el valor histórico de la “remuneración principal” supuestamente adeudada por el municipio a la contratista. Aunado a lo anterior, se señaló también en el laudo que las experticias examinadas para liquidar el negocio jurídico indicaban que el municipio había dejado de pagar algunas obras para redes -que también fueron pactadas en el contrato bajo una remuneración distinta a la “principal”-, por lo que se comprobó la causación de $1.512’856.076 como valor del capital correspondiente a “obras de redes ejecutadas y no pagadas”, y $2.324’667.255 por concepto de intereses. Fue con base en tales estimaciones que se le reconocieron a Vías de Cali S.A.S. conceptos que ya habían sido insertos en las pretensiones de la demanda con la cual se convocó el primer arbitramento, pues en ella, el petitum incluyó la solicitud de que el municipio fuera condenado al “pago de las sumas de dinero que la demandante (…) liquidó y estimó como aún adeudadas a su favor, la una por concepto de remuneración principal y la otra por remuneración de obras ejecutadas para redes de servicios públicos (…)”. (...) Se evidencia en las pruebas de la presente causa que, en ese primer trámite de arbitramento, el tribunal allí constituido fijó el valor de los honorarios en auto de fecha 28 de octubre de 2016, y que el 24 de noviembre de ese mismo año, al advertir que ninguna de las partes sufragó lo que le correspondía, el panel adoptó la decisión prevista en el artículo 27, inciso cuarto, de la Ley 1563 de 2012, (...) Así entonces, es palmario que, sobre los reconocimientos económicos hechos en el laudo hoy censurado había operado la extinción de los efectos del pacto arbitral, declarada en auto del 24 de noviembre de 2016, pues la demanda de arbitramento sobre la cual recayó tal declaratoria se encaminó a que se reconociera la existencia de esa obligación a cargo del municipio y a que se concediera indemnización por esos mismos conceptos. En esa medida, el tribunal que profirió el laudo hoy recurrido carecía de competencia para reconocer a favor de la convocante los ítems mencionados, de suerte que, al haberlo hecho, la providencia así expedida incurrió en la causal segunda prevista en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, por lo que deberá anularse. Ciertamente, la Sala no desconoce que, en principio y por regla general, los árbitros son competentes para efectuar la liquidación judicial de los contratos estatales; ni soslaya que ese ejercicio de balance económico necesariamente debe incluir todos los saldos pendientes de pago a cargo de una u otra parte del negocio jurídico liquidado. Sin embargo, no puede perderse de vista que la liquidación judicial puede entrañar una controversia o contienda entre las partes - las más de las veces, incluyendo el presente caso, su demanda es indicativa de que los firmantes del contrato no lograron un arreglo directo en la fase prevista para liquidarlo en sede administrativa-; por lo que ese finiquito de cuentas debe necesariamente pasar por un juicio y una decisión sobre las prestaciones que se adeuden y el origen de las mismas, lo que precisamente fue resuelto en el laudo arbitral censurado pese a que el debate sobre los conceptos reclamados ya se había formulado en demanda anterior, respecto de la cual se declararon extintos, se reitera, los efectos del pacto arbitral. De tal suerte, en el presente caso el tribunal de arbitramento obró sin competencia, no porque la ley lo privara de facultades para liquidar judicialmente el contrato, sino porque en el caso puntual puesto a su consideración, las materias específicas sujetas a controversia habían dejado de ser arbitrables, merced a lo dispuesto por un tribunal de arbitramento anterior, en auto del 24 de noviembre de 2016. Ahora, si bien lo anterior puede resultar suficiente para declarar fundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el Distrito de Cali, la Sala estima pertinente examinar el segundo cargo propuesto por el censor en invocación de la misma causal de “falta de competencia”, a efectos de dar pleno alcance a la decisión que en el sub examine se adoptará frente al laudo impugnado. (...) el laudo arbitral reprochado deberá anularse, toda vez que las decisiones en él contenidas, a favor de la sociedad Vías de Cali S.A.S., fueron adoptadas sin competencia del tribunal de arbitramento. Ahora, en este punto no está de más precisar que si bien prospera el segundo cargo de anulación por falta de competencia, merced a lo que se acaba de exponer, no todos los argumentos en él esbozados resultan de recibo, pues el censor también reprochó que el tribunal hubiera concedido parcialmente las pretensiones de la demanda principal reformada, negándose “a estudiar las reclamaciones de la entidad estatal” y a reconocer los perjuicios reclamados por ésta; reproche que no comunica ningún vicio de competencia del juez de la causa arbitral y que, además, no refiere un error in procedendo de los que corresponde examinar en sede del recurso extraordinario de anulación, sino apreciaciones jurídicas de fondo, ordinariamente cuestionables sólo mediante el recurso de apelación, el cual no procede para impugnar el laudo respectivo. Finalmente, en observancia del principio de economía procesal, la Sala se abstendrá de examinar la configuración o no de las restantes causales de anulación invocadas por el Distrito de Cali, por no ser necesario, ya que lo expuesto hasta esta instancia es suficiente para disponer la anulación del laudo arbitral censurado. Así las cosas, se concluye que hay lugar a declarar fundado el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el Distrito de Cali contra el laudo arbitral dictado el 6 de octubre de 2022, puesto que dos de los reproches formulados por el recurrente sobre la causal segunda –referente a la falta de competencia- se enmarcan en ella y quedaron demostrados en el sub lite.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 8, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9
LAUDO ARBITRAL / EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL / EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / HONORARIOS DEL ÁRBITRO / PAGO DE HONORARIOS
Problema jurídico:
¿ Hay falta de competencia para examinar pretensiones formuladas en el arbitramento, en el que cesaron los efectos del pacto arbitral por no pago de honorarios?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a extinción de los efectos del pacto arbitral opera en específico sobre la controversia o conflicto que haya sido puesto a consideración del tribunal de arbitramento que tal decisión adopta. Es una medida que opera frente al hecho de desatender las partes la carga que les corresponde en materia de pago de honorarios; y esa consecuencia, tal como se desprende del tenor literal de la norma que la establece, consiste en que cesan los efectos del pacto, es decir, ya no puede materializarse la voluntad declarada por las partes, de llevar el pleito a sede arbitral, pues deshicieron tal habilitación al abstenerse de cubrir los correspondientes honorarios.
CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
Problema jurídico:
¿Hay falta de competencia del tribunal de arbitramento para resolver sobre materias ya decididas en acto administrativo de declaratoria de caducidad del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) reconoce -como lo venían haciendo normativas anteriores- la presunción de legalidad y el carácter ejecutorio de los actos administrativos; atributos que les imprimen a tales decisiones el efecto general de modificar determinadas situaciones jurídicas y otorgan a las entidades estatales el privilegio de la decisión previa, que a su vez implica, entre otras cosas, que la autoridad pública no está obligada a acudir previamente a un juez para obtener declaraciones que procedan mediante acto administrativo, y que si el administrado no está de acuerdo con lo resuelto en éste, debe demandar la legalidad de la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente. Todo lo anterior pone de presente una relevante consecuencia de la presunción de legalidad y la ejecutoriedad del acto administrativo: la declaración de voluntad de la Administración no puede ser desconocida, ni aun por los jueces ni los árbitros, salvo cuando medie, naturalmente, sentencia judicial ejecutoriada que haya declarado la nulidad de la respectiva decisión. En esa medida, los asuntos resueltos en acto administrativo en firme no son arbitrables ni pueden ser revisados o modificados por estamento alguno investido de facultad jurisdiccional, excepción hecha, naturalmente, de aquellos casos en que la controversia recaiga precisamente sobre la legalidad del acto mismo. Lo anterior obra con mayor acento frente a los actos expedidos en ejercicio de las potestades exorbitantes señaladas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 -entre estas, la declaratoria de caducidad del contrato estatal-, en los que, además, la Corte Constitucional ha dejado en claro la falta de competencia de los árbitros para enjuiciar su legalidad, so pena de obrar en contravía de lo dispuesto en los artículos 236, 237 y 238 de la Constitución Política. (...) Bajo esa línea, y como anteriormente quedó expuesto, en el marco de las causales de anulación de laudos que actualmente están previstas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, la falta de competencia del tribunal de arbitramento también se produce cuando éste resuelve sobre aspectos que por limitación constitucional o legal, o del propio pacto arbitral, no pueden ser sometidos a su conocimiento; de suerte que, al pronunciarse sobre materias ya resueltas en acto administrativo en firme, y especialmente en el de declaratoria de caducidad del contrato, incurre en el vicio procesal enlistado en el numeral 2 del artículo 41 del aludido estatuto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional, sentencia C-1436 de 2000.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia de la jurisdicción para resolver el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral?
Respuesta al problema jurídico: Si
La demanda arbitral que dio origen al proceso se presentó el 16 de agosto de 2019, esto es, en vigencia del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Por tanto, la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, norma que determina que esta Corporación conoce de los recursos de anulación de laudos arbitrales originados en asuntos en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas8. En el contrato de concesión N° 4151.1.14.26.005-10 del 20 de mayo de 2010, que originó la controversia, fungió como entidad contratante el municipio de Santiago de Cali, hoy erigido como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, de conformidad con la Ley 1933 de 2018. Por tanto, se trata de una entidad pública que intervino en el contrato sometido a juicio en el proceso arbitral, siguiendo así el presupuesto de competencia previsto en el artículo 46, inciso tercero, de la Ley 1563 de 2012, referido.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 46
TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO DE ANULACIÓN / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es el término para interponer el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral?
Respuesta al problema jurídico: Si
El recurso de anulación fue interpuesto dentro de la oportunidad establecida por el artículo 40 de la Ley 1563 de 20129, dado que este se presentó el 5 de diciembre de 2022 y la notificación del proveído en que se resolvió la solicitud de aclaración del laudo arbitral se produjo el 20 de octubre de esa misma anualidad10, según consta en el respectivo correo de notificación enviado por la secretaría del Tribunal de Arbitramento.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 40
NORMATIVA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿Cómo se determina el régimen legal aplicable al recurso de anulación del laudo arbitral?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Ley 1563 del 12 julio de 2012 es el marco legal aplicable para resolver el recurso extraordinario de anulación en estudio, puesto que el proceso arbitral inició después de la expedición del referido estatuto, razón por la cual, el recurso extraordinario será decidido con fundamento en lo establecido en ese estatuto.
NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es la naturaleza y características del recurso extraordinario de anulación del laudo arbitral?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha referido la naturaleza, las características y las particularidades que identifican al recurso de anulación de laudos arbitrales, advirtiendo que tal mecanismo es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, por lo cual no constituye ni puede entenderse como una instancia adicional en el proceso. Se ha señalado, asimismo, que la finalidad del mencionado mecanismo es controvertir la decisión contenida en el laudo arbitral por errores in procedendo, de modo que a través de él no puede atacarse el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, esto es, errores in iudicando. En ese sentido, no le es dable al juez del recurso examinar si el tribunal de arbitramento obró o no de acuerdo con el derecho sustancial, ni revivir el debate probatorio para entrar a considerar eventuales yerros en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente tribunal, dado que el juez de la anulación no ha sido instituido como superior jerárquico o funcional del tribunal arbitral. Al respecto, el artículo 42 - inciso tercero del Estatuto Arbitral prohíbe al juez de la anulación pronunciarse sobre el fondo de la controversia y calificar o modificar los criterios, interpretaciones y análisis plasmados en el laudo16. Sin perjuicio de lo anterior cabe anotar que, excepcionalmente, el juez de la anulación puede corregir o adicionar la providencia, pero solo en aquellos específicos eventos en que prospere la causal de anulación referente a la incongruencia, prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, o bien, cuando el laudo contenga “disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva”, supuesto que configura la causal octava de la misma norma17. Ahora bien, los poderes del juez del recurso de anulación están restringidos por el denominado “principio dispositivo”, en cuya observancia dicho operador judicial debe limitarse exclusivamente a resolver sobre lo solicitado por el recurrente en la formulación y sustentación de su respectivo recurso. A su vez, el objeto que con el recurso se persigue se debe encuadrar en los precisos y puntuales supuestos que la ley consagra18, por lo que, en principio, no le es permitido al juez de la anulación interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir causales no invocadas y, menos aún para pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del correspondiente recurso de anulación19. Por otro lado se tiene que, dado el carácter restrictivo que identifica el recurso extraordinario de anulación, su procedencia se encuentra condicionada a que se determinen y sustenten debidamente las causales que se invocan en forma expresa, las cuales deben tener correspondencia con aquellas que de manera taxativa consagra la ley para ese efecto; por ello el legislador establece que el juez de la anulación debe rechazar de plano el recurso cuando los vicios que se aduzcan o invoquen no correspondan a ninguno de los señalados expresamente en la ley – artículo 41 de la Ley 1563 de 2012–20.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41
CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Respecto de la causal segunda de anulación, que incluye el vicio relativo a la falta de competencia, se exige como requisito de procedibilidad la interposición del recurso de reposición contra el auto relativo a la competencia y que en dicha impugnación se busquen hacer valer, expresamente, los mismos motivos constitutivos de la respectiva causal que se aleguen posteriormente en el recurso extraordinario de anulación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Distrito de Cali invocó en su recurso, entre otras, la causal segunda de anulación, en lo relativo a la falta de competencia del tribunal de arbitramento21. En torno a ella, el censor esbozó los siguientes cargos, a saber: i) “falta de competencia del Tribunal originada en la cesación de los efectos del pacto arbitral por falta de pago oportuno de los honorarios” y ii) “falta de competencia del tribunal derivada de haber aceptado conocer pretensiones que no podían ser formuladas ante la justicia arbitral”. i) Respecto del primer cargo sostuvo que, si bien durante el curso del proceso se le otorgó a la convocante el amparo de pobreza, lo que la eximía de cubrir el 50% de los honorarios de los árbitros, lo cierto fue que el Distrito de Cali “ejerció su derecho” a no cubrir su cuota por ese concepto, bajo lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1563 de 201222; por lo cual, según su dicho, en audiencia del 19 de agosto de 2021 -en la que se fijó el valor de los honorarios-, se le indicó a la actora que le correspondía a ella cubrir lo no pagado por el Distrito de Cali, aún a pesar de que se le había concedido amparo de pobreza. Agregó que la convocante pagó ese porcentaje de los honorarios de manera tardía, razón por la cual el tribunal debió dar aplicación al inciso cuarto del artículo 27 del estatuto de arbitraje, expidiendo un auto en que declarara concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto (...) arbitral; pero en lugar de ello, aceptó el pago y prosiguió con el trámite hasta llegar al laudo que puso fin al juicio. ii) A su vez, el segundo cargo fue estructurado sobre dos planteamientos centrales, el primero de ellos consistente en “haberse pronunciado [el tribunal] sobre controversias que habían sido planteadas en proceso arbitral anterior que terminó por falta de pago de los honorarios”, y el segundo, haber examinado los árbitros, aspectos relativos al cumplimiento del contrato por ambas partes, pese a existir un acto administrativo en firme en que se declaró el incumplimiento de la firma concesionaria y la caducidad del negocio jurídico, sin que el tribunal delimitara su competencia en este punto ni se circunscribiera a hacer el balance de las cuentas pendientes de pago, prescindiendo de todo examen de legalidad del acto. (...) De modo que la norma no sólo exige la interposición del recurso de reposición contra el auto relativo a la competencia, sino que también impone que en dicha impugnación se hagan valer, expresamente, los mismos motivos constitutivos de la respectiva causal que se aleguen posteriormente en el recurso extraordinario de anulación.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas cuando se declara fundado el recurso extraordinario de anulación del laudo?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente caso no se impondrán costas a la parte convocante puesto que, de conformidad con la normativa aplicable, sólo procede dicha condena cuando el recurso extraordinario de anulación no prospera, en tanto la ley no prevé esa medida pecuniaria en el evento contrario. Así, el inciso final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 dispone que “[S]i el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público”; pero no establece consecuencia alguna en materia de costas para los casos en que se acoge la impugnación extraordinaria declarándose la anulación del laudo reprochado. -. En segundo término, tampoco se ordenará el reembolso de los honorarios pagados a los árbitros, ya que, si bien esa sanción está prevista en el artículo 48 de la misma Ley 1563 de 2012, lo cierto es que no cobija el supuesto de prosperidad del recurso por configuración de la causal segunda de anulación, que fue el evento ocurrido en el presente caso. -. De otro lado se tiene que, en el recurso, el censor refirió la existencia de un proceso incoado ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, atinente a la nulidad de las resoluciones de declaratoria de caducidad del contrato de concesión materia del pleito; y solicitó el envío del expediente a la mencionada Corporación para que resolviera en esa misma causa sobre la liquidación del negocio jurídico, sin suministrar, no obstante, los datos de radicación o identificación del proceso judicial. Con todo, ello no es óbice para que la Sala dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 del estatuto de arbitraje, a cuyo tenor, “Cuando se anule el laudo por las causales 1 o 2, el expediente se remitirá al juez que corresponda para que continúe el proceso a partir del decreto de pruebas (...)”. Por consiguiente, se ordenará la remisión del proceso al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por ser esa la autoridad judicial competente para conocer de la controversia suscitada entre las partes y resuelta sin competencia por el panel arbitral, todo ello en los términos de los artículos 152 numeral 4 y 156, numeral 4 de la Ley 1437 de 2011 -modificada por la Ley 2080 de 2021-.
FUENTE FORMAL:
LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 48, LEY 2080 DE 2012 - ARTÍCULO 156, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 152