Titulación de la relatoría 23.566 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Si los hechos que originan la reclamación son atribuidos a una conducta antijurídica de la parte contraria, por transgresión de lo pactado en el acuerdo de voluntades, el asunto debe tratarse bajo la óptica de la responsabilidad contractual, por incumplimiento, y no como el restablecimiento del equilibrio contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consorcio pretendió la aplicación del artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993, que establece el derecho del contratista al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cuando este haya sido afectado por el incumplimiento de la entidad contratante. Empero, el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato ameritan tratamiento diferente, tanto en atención a sus causas, como en consideración a sus efectos jurídicos, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sección. Si los hechos que originan la reclamación son, como en este caso, atribuidos a una conducta antijurídica de la parte contraria, por transgresión de lo pactado en el acuerdo de voluntades, el asunto debe tratarse bajo la óptica de la responsabilidad contractual, por incumplimiento, y no como el restablecimiento del equilibrio contractual.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la diferencia entre incumplimiento del contrato y el desequilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de febrero de 2014, rad. 76001233100019990052201(24169), C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 13 de agosto de 2020, rad. 76001-23-31-000-2008-00453-01(51833), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y sentencia de 21 de septiembre de 2020, rad. 05001-23-31-000-2001-00684-01(47106), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5.1
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Esta Corporación tiene competencia para conocer del recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal, en el marco del medio de control de controversias contractuales, en procesos que tienen doble instancia, por el factor de la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Sala es competente para conocer del asunto, en atención a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda, porque esta Corporación conoce de la segunda instancia de las apelaciones de las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales, en el marco del medio de control de controversias contractuales, en procesos que tienen doble instancia, por el factor de la cuantía, como el presente.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de la oportunidad prevista por la ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con la oportunidad de la demanda, tomará en consideración que la controversia bajo examen gravita sobre el cumplimiento de decisiones adoptadas en la fase de ejecución de un contrato regido por la Ley 80 de 1993, estatuto que dispone que los contratos de tracto sucesivo deben ser liquidados. (…) [C]onforme con el artículo 164.2, literal j), ordinales iii), iv) y v) del CPACA, para el conteo del término de vigencia de la acción se debe verificar si dicha labor fue efectivamente realizada, conjunta o unilateralmente, dentro de los plazos convencionales o legales (…). En el presente asunto, la SED liquidó unilateralmente el contrato (…) el veintiocho (28) de septiembre de dos mil diez (2010), decisión que fue confirmada en Resolución núm. 019 del veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011). Este último acto fue notificado personalmente al consorcio contratista el cinco (5) de mayo del mismo año, y cobró ejecutoria al día siguiente. Así, el plazo para la presentación oportuna de la demanda empezó a correr un día después de la fecha de la ejecutoria de la Resolución núm. 019, esto es, a partir del seis (6) de mayo de dos mil once (2011), y finalizaba el seis (6) de mayo de dos mil trece (2013), fecha en la que habría operado la caducidad. Sin embargo, esta colegiatura observa: Que el diecinueve (19) de abril de dos mil doce (2012), la parte demandante radicó solicitud de conciliación ante la Procuraduría (…) y la constancia de no conciliación se expidió el diez (10) de julio de dos mil doce (2012). Presentar, entonces, como lo fue la demanda el dieciocho (18) de julio de dos mil doce (2012), ha de entenderse cumplido este presupuesto de presentación oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 1 de agosto de 2019, rad. 05001-23-33-000-2018-00342-01(62009), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164.2 LITERAL J, LEY 80 DE 1993
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PARTES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las partes se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva, por ser las entidades que suscribieron el contrato objeto de la controversia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala encuentra que, en el presente asunto, las partes están legitimadas en la causa para actuar en el presente asunto, por activa y por pasiva, toda vez que ambas suscribieron el contrato sobre el cual versa la presente controversia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la legitimación en la causa, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 29 de noviembre de 2019, rad.50001-23-31-000-2009-00435-01 (46315), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La entidad contratante tenía competencia temporal para declarar la caducidad del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a jurisprudencia de la Sección ha establecido que la caducidad del contrato debe ser decidida dentro del plazo convenido para su ejecución en tanto el objeto de su imposición, al igual que el de las otras clausulas exorbitantes, es lograr el cumplimiento y la satisfacción plena de los propósitos perseguidos en el negocio jurídico -. Por esta razón, su declaración no procede durante la etapa de liquidación (…). Ahora bien, cuando esa decisión se adopta en fecha próxima al vencimiento del plazo de ejecución, puede ocurrir que los efectos de la caducidad, condicionados como están a la firmeza del acto que la declara, sucedan allende aquel, especialmente cuando la parte afectada ejerce su derecho a la defensa promoviendo los recursos de ley ante tal decisión. En tal circunstancia, la decisión habrá sido tomada dentro del plazo de ejecución del contrato, sin que el momento en que aquella adquiera firmeza incida en su validez. En el caso bajo estudio, la SED declaró la caducidad del contrato el quince (15) de septiembre de dos mil ocho (2008), nueve (9) días antes de que el término de ejecución finalizara, esto es, dentro del término de ejecución contractual que fenecía el veinticuatro (24) del mismo mes y año. Por tanto, que sus efectos se hayan producido después de esta fecha con ocasión del trámite administrativo adelantado para la resolución del recurso de reposición y de la práctica de la prueba pericial solicitada por el Consorcio en el término de ejecutoria, no afecta la legalidad de la competencia ratio temporis.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia temporal para declarar la caducidad del contrato, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 50422-23-31-000-1992-01369-01(17031), C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de unificación 12 de julio de 2012, rad.85001-23-31-000-1995-00174-01(15024), C. P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 29 de noviembre de 2019, rad. 68001-23-31-000-2001-00434-01(45068), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Se acreditó que la entidad contratante incumplió el acuerdo contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
La Resolución núm. 3620 del quince (15) de septiembre de dos mil ocho (2008), en la que la SED declaró la caducidad administrativa del contrato, estuvo motivada con las siguientes consideraciones: Los informes enviados por la interventoría el ocho (8) y el catorce (14) de agosto de dos mil ocho (2008) dieron cuenta de las diversas circunstancias que mostraban que el Consorcio no cumplió con el objeto contractual en las condiciones pactadas, pues, en términos generales, el nivel de avance de la obra, con corte a julio del mismo año, correspondió al treinta y ocho por ciento (38%), cuando debió ser del noventa y ocho por ciento (98%), conforme con la programación presentada por el contratista, y con las prórrogas, adiciones, suspensiones y facilidades que le fueron concedidas para recuperar los tiempos muertos por los trámites de obtención de la licencia de construcción, entre ellos, la prórroga del plazo por ciento veinte (120) días calendario para que terminara el proyecto, y ejecutara una obra adicional. (…) Teniendo en cuenta lo anterior, el incumplimiento de sus obligaciones por el contratista, su silencio ante los veinticuatro (24) apremios que le fueron formulados durante la ejecución del contrato, y que a cuarenta y cinco (45) días para la terminación del plazo adicionado, el Consorcio tenía pendiente por realizar el sesenta y dos por ciento (62%) de la obra, el interventor recomendó declarar la caducidad del contrato. (…) En el pliego de condiciones, tanto en el acápite de “justificación”, como en el de “condiciones técnicas”, se estableció que las licencias y los permisos serían entregados al proponente seleccionado al inicio de la construcción, y que ésta, en todo caso, estaba sujeta a la condición suspensiva de la expedición de la respectiva licencia, pues solo en ese momento, el contratista adquiriría el derecho de ejecución de la obra. (…) Además, permiten apreciar que, desde el inicio de la licitación, el Consorcio tuvo conocimiento de que la entidad estaba adelantando el trámite de obtención de la licencia, de forma paralela a la selección del contratista y, aun así, al momento de presentar su propuesta, manifestó expresamente que aceptaba que el inicio de la obra estaría sujeto al cumplimiento de la condición antedicha. (…) En ese sentido, al conocer y aceptar la condición suspensiva relativa a la licencia de construcción, el Consorcio tenía la carga de adoptar los mecanismos de contingencia que considerara necesarios y pertinentes para contrarrestar los efectos negativos que el paso del tiempo pudiera generar en su propuesta. Lo mismo sucede frente al reparo de la suscripción del contrato sin tener en cuenta que la vigencia del año dos mil seis (2006) estaba por expirar (…). [P]ara la Sala no es de recibo la aserción del Consorcio relativa al incumplimiento de la contratante por causa de las suspensiones y prórrogas a las que estuvo sujeta la ejecución del contrato. Por un lado, las suspensiones no alteraron el plazo (…) establecido en el contrato para que el Consorcio ejecutara la obra. Por otro, el término de ejecución fue prorrogado (…) para que (…) el contratista culminara las obras que presentaban demora; modificación que se hizo con fundamento en su retraso y en el compromiso que adquirió en aquella oportunidad, para ponerse al día y terminarlas dentro del nuevo plazo concedido. (…) La actitud que el contratista observó en sede administrativa contrasta, entonces, con la afirmación que ha traído en sede judicial, según la cual, el retraso en la obra y la imposibilidad para cumplir con la ejecución se debió a las falencias en los diseños y a los cambios que fue necesario efectuar ante dicha circunstancia, pues lo cierto es que cuando fue apremiado por incumplir la programación de la obra, no hizo referencia a la problemática descrita en este contencioso. Por el contrario, reconoció que se debía a inconvenientes con el personal, siendo esta una situación que guarda correspondencia con lo expuesto en la parte motiva del acto acusado y con lo referido por el interventor sobre la ausencia de personal en la obra. (…) En cuanto al reparo relativo al incumplimiento del contrato por parte de la SED, por haber liquidado la relación negocial en un tiempo distinto al acordado, la Subsección advierte que se trata de un argumento que no guarda relación con la decisión de caducidad. No obstante, tampoco es de recibo, puesto que el acuerdo de voluntades permitía su liquidación unilateral (…). [E]n el recurso de apelación, el Consorcio sustentó los anteriores reparos en algunas de las conclusiones del dictamen pericial en ingeniería civil, practicado en primera instancia. (…) [L]a Subsección concluye que el dictamen pericial en ingeniería civil, sobre el cual el Consorcio sustentó la vulneración al principio de planeación y la consecuente responsabilidad contractual por incumplimiento de la SED, no tiene la solidez, la calidad ni la fiabilidad científica necesaria para ello, ni para desvirtuar la legalidad del acto que declaró la caducidad del contrato, y del que confirmó tal decisión, por la aducida falsa motivación. Tampoco resulta eficaz para demostrar que el Consorcio haya honrado sus obligaciones contractuales, ni para refutar las situaciones que llevaron a la entidad contratante a declarar la caducidad del contrato. En ese orden, la respuesta al primer problema jurídico es negativa.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de buena fe contractual, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de septiembre de 2016, rad. 25000-23-26-000-2011-01090-01(50907), C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre las características y valor probatorio del dictamen pericial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 14 de diciembre de 2022, rad. 13001-23-33-000-2019-00352-01(68201), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
ACTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR / CORRECCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR / CORRECCIÓN DEL ERROR EN EL ACTO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / OPORTUNIDAD PARA INTERPONER EL RECURSO DE REPOSICIÓN / INFORME DEL INTERVENTOR / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa del Consorcio, con ocasión de las irregularidades en la actuación administrativa relacionadas con el Informe Técnico emitido por la SCI?
Respuesta al problema jurídico: No
Sea lo primero recordar que la expedición del acto administrativo en forma irregular en cuanto guarda relación con la garantía constitucional al debido proceso, es una de las causales de nulidad establecidas en los artículos 137 y 138 del CPACA que, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, se configura “[…] cuando, de una parte, la expedición irregular se relaciona con trámites substanciales o de fondo que inciden en la formación o en el sentido de la decisión y cuando, de otra parte, el desconocimiento de audiencia elude un paso necesario dirigido a garantizar el debido proceso”. Esto es así, en tanto las normas sobre procedimiento tienen un carácter instrumental, ya que se dirigen a la materialización de los derechos sustanciales reconocidos en abstracto. Así, el vicio de forma invalidante del acto administrativo tiene también un carácter instrumental, por lo que adquiere relevancia cuando altera el sentido de la decisión de fondo, lo que se presupone cuando ha sido omitido en su totalidad. (…) [L]a Sala advierte que, si bien en hubo en ella irregularidades relacionadas con el traslado del informe técnico de la SCI, lo cierto es que fueron corregidas por la SED en virtud del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo (“CCA”) y en cumplimiento de una orden judicial proveniente de un fallo de tutela. También nota que las irregularidades protestadas no tuvieron incidencia en la decisión, pues además de que el Consorcio tuvo la oportunidad de objetar el dictamen y de solicitar su aclaración, la entidad no fundamentó la resolución del recurso de reposición en lo expuesto en aquel dictamen, sino que soportó su decisión en los informes de la interventoría, a partir de los cuales concluyó que hubo un incumplimiento grave del contratista. En ese orden, la respuesta al primer cuestionamiento es negativa.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el debido proceso en la actuación administrativa, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 26 de septiembre de 2012, rad. 11001-03-25-000-2009-00075-00(1087-09), C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sección Tercera, sentencia de 23 de noviembre de 2003, rad. 73001-23-31-000-1995-4431-01(14431), C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 29 de noviembre de 2019, rad. 68001-23-31-000-2001-00434-01(45068), C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 69, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El acto de liquidación del contrato contiene falsa motivación, por indebida valoración del concepto técnico emitido por la SCI, que sirvió de fundamento de dicha decisión?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala observa que la Resolución núm. 141 del veintiocho (28) de septiembre de dos mil diez (2010), en la que la SED liquidó unilateralmente el contrato, se dio en virtud de lo dispuesto en este, según el cual, la SED podía liquidar de oficio y unilateralmente el acuerdo de voluntades, cuando el contratista se negara a suscribir el acta de liquidación dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recibo por parte del contratista, situación que, según dicho acto administrativo, ocurrió. Así mismo, la Subsección destaca que tal decisión estuvo fundamentada: (i) en los oficios de la interventoría para la revisión y suscripción del acta de liquidación del contrato por parte del contratista; (ii) en que el contratista no suscribió la liquidación del contrato por mutuo acuerdo, no allegó la totalidad de los documentos para la suscripción del acta bilateral definitiva, no actualizó las garantías, no legalizó el anticipo, ni cumplió con el contrato; (iii) en las inquietudes manifestadas por el Consorcio respecto del contenido del acta de liquidación, con sus respectivas respuestas; (iv) en los informes de la interventoría; (v) en los resúmenes históricos de legalización del anticipo; (vi) en el flujo de inversión de la obra; y (vii) en la facturación presentada por el contratista, entre otros. (…) [L]a Sala considera que el cargo bajo examen no logró demostrar la falsa motivación del acto de liquidación unilateral del contrato, y así, concluye que la respuesta al segundo problema jurídico también es negativa. Bajo las consideraciones expuestas, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala observa que el recurso de apelación fue presentado en vigencia del CGP (…), tratará la condena en costas bajo sus reglas. En ese orden, conforme con el artículo 365.8 ejusdem “[s]olo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. La referida norma también establece que la condena en costas procede contra “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto”. Respecto de su liquidación, el artículo 366 del CGP establece que las expensas y demás costas serán liquidadas de manera concentrada por el juez que conoció en primera instancia. Por su parte, las agencias en derecho serán fijadas en la sentencia de conformidad con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de dos mil tres (2003) del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que inició este proceso. Dicho acuerdo dispone que en segunda instancia se fijaran las agencias en derecho en hasta el 5% de las pretensiones reconocidas o negadas. Con fundamento en este marco normativo, la Sala no condenará en costas de segunda instancia, toda vez que no se observan causadas, dado que la parte demandada no actuó en esta instancia.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365.8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366