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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de agosto están falsamente motivadas

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Fecha
2022-03-04
Radicado
68001233300020130014601
Número interno
48720
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
SEGUROS SURAMERICANA S.A
Demandado
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de agosto están falsamente motivadas

Lo que dijo la Sala

La Sala concluye que las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de agosto, ambas de 2011, no fueron expedidas mediante falsa motivación, con infracción del derecho al debido proceso de Suramericana ni en contravención de norma superior alguna. Así las cosas, se impone confirmar la sentencia de primera instancia a través de la cual se negaron las pretensiones formuladas por la demandante.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede alegar nulidad por falsa motivación ni vulneración del debido proceso por errores en la notificación del acto administrativo, ya que estos vicios no afectan la materialidad del acto sino su ejecutoriedad, y la falta de competencia de la entidad estatal no puede ser analizada de oficio si no fue planteada en la demanda inicial. La Sala reitera que la nulidad por falsa motivación requiere que el error de hecho o derecho sea suficiente para llevar al administrado a cuestionar la decisión, y que la notificación es un acto independiente del acto administrativo que no invalida este último. Esto implica que el contratista no puede interponer recursos basados en estos vicios y que la entidad estatal debe tener competencia para expedir el acto administrativo en el momento de su expedición.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de agosto, ambas de 2011, están falsamente motivadas ya que al corregirse la identificación del nombre de la aseguradora se le vulneró el debido proceso de la demandante y no se le permitió interponer recursos contra la Resolución No. 97 del 19 de agosto de 2011?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Es posible analizar de oficio la falta de competencia de la entidad estatal municipal para la expedición del acto administrativo que declara la caducidad del contrato?
  • ¿La indebida notificación del acto administrativo se constituye en un vicio de nulidad del acto administrativo?
  • ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 8.704 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de agosto, ambas de 2011, están falsamente motivadas ya que al corregirse la identificación del nombre de la aseguradora se le vulneró el debido proceso de la demandante y no se le permitió interponer recursos contra la Resolución No. 97 del 19 de agosto de 2011? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala concluye que las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de agosto, ambas de 2011, no fueron expedidas mediante falsa motivación, con infracción del derecho al debido proceso de Suramericana ni en contravención de norma superior alguna. Así las cosas, se impone confirmar la sentencia de primera instancia a través de la cual se negaron las pretensiones formuladas por la demandante. CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PLAZO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PODER OFICIOSO DEL JUEZ Problema jurídico: ¿Es posible analizar de oficio la falta de competencia de la entidad estatal municipal para la expedición del acto administrativo que declara la caducidad del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala observa que el cargo de violación relacionado con la falta de competencia temporal con la que actuó el Municipio al declarar la caducidad, no puede ser estudiado tampoco como parte del objeto de la apelación porque, al no haber sido planteado en la demanda en lo absoluto, su solo análisis entrañaría una verdadera variación de la causa petendi en segunda instancia. En efecto, de los antecedentes se colige que Suramericana no alegó en su demanda que las resoluciones acusadas hubieren sido expedidas con falta de competencia por parte del Municipio, en soporte de lo cual ni siquiera afirmó un hecho relacionado con la supuesta expiración del plazo de ejecución del contrato. […] En este orden de ideas, resulta improcedente acudir al campo de las facultades oficiosas del juez para estudiar el cargo que Suramericana formuló en el recurso, por lo cual, al tratarse de un aspecto con el que se introdujo una variación en la causa petendi, no será estudiado como parte del objeto de la apelación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la posibilidad de estudiar de oficio la falta de competencia material o funcional de la entidad para declarar la caducidad del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2012, rad. 26140, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 21 de julio de 2020, rad. 62645, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. ACTO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ERROR DE DERECHO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO / ERROR DE HECHO EN EL ACTO ADMINISTRATIVO OBITER DICTUM [L]a Sala comienza por recordar que uno de los elementos esenciales del acto administrativo es su motivación, que consiste en los fundamentos fácticos y jurídicos en los cuales se sustenta la decisión unilateral que se expresa a través suyo. Esta motivación representa su causa, objeto y fin; así, se estará ante una causal de nulidad por falsa motivación, cuando (i) los supuestos de hecho en que se funda el acto son contrarios a la realidad, por error o por razones engañosas o simuladas; (ii) se le confiere a los motivos de hecho o de derecho un alcance diferente del que realmente tienen; o, porque (c) los motivos de hecho o de derecho en que se funda el acto no justifican la decisión que se adopta. […] Con este horizonte en mente, es posible colegir que no todo error de hecho o de derecho contenido en el acto administrativo lleva inexorablemente a su declaratoria de nulidad por estar falsamente motivado. Para que un error de hecho o de derecho vicie de nulidad el acto administrativo, debe tener la entidad suficiente y debe ser de un peso tal que pueda llevar al administrado a cuestionar la decisión que se adopta por estar fundada en: (i) razones que no la justifican o explican, (ii) razones ininteligibles, o (iii) en elementos que no concuerdan con la realidad fáctica o jurídica. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los elementos esenciales del acto administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2016, rad. 25000-23-24-000-2008-00265-01, C. P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Segunda, sentencia de 5 de julio de 2018, rad. 1651-13, C. P. Carmelo Darío Perdomo Cuéter; Sección Cuarta, sentencia de 31 de marzo de 2012, rad. 15895, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La indebida notificación del acto administrativo se constituye en un vicio de nulidad del acto administrativo? Respuesta al problema jurídico: No Sobre este cargo, aprovecha la Sala las anteriores manifestaciones atinentes a los vicios alegados en sede de notificación del acto, para reiterar que ellos no son motivos invalidantes del mismo, en atención a que una es la materialidad del acto administrativo y, otros, son los atributos del mismo. […] La notificación es una actuación administrativa, independiente del acto, que se estatuye para integrar —poner en conocimiento— la voluntad de la administración contenida en el acto con la del sujeto que resulta obligado o frente a quien se define una situación jurídica. De esta manera si en este trámite se presenta una irregularidad, tal vicio no invalida el acto, sino que se proyecta sobre el atributo de ejecutoriedad del acto. Con este horizonte, si un acto administrativo no es notificado, debiendo serlo, no es exigible, y en caso de que se pretenda imponer a quien no es destinatario de su determinación, el sujeto podrá oponerse al mismo. El asunto, entonces, no es de un vicio en los elementos del acto, sino de la notificación, que no es asunto de la acción de controversias contractuales, por lo que no es posible alegar un vicio como el que aduce la recurrente al indicar que se le ha violentado su derecho al debido proceso. CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la parte recurrente en la medida en que la sentencia de primera instancia será confirmada en todas sus partes. Se advierte que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho, puesto que este es un proceso declarativo en segunda instancia, de conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura se fijarán en […], correspondiente al 1% del valor del restablecimiento económico que se habría generado de forma automática si las pretensiones de la demanda hubieren prosperado. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 106.246 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022) Expediente: 680012333000201300146 01 (48.720) Demandante: Seguros Generales Suramericana S.A. Demandado: Municipio de Barrancabermeja Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia Surtido el trámite de ley, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante Seguros Generales Suramericana S.A. en contra de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. La controversia versa sobre la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales el municipio de Barrancabermeja declaró la caducidad de un contrato de obra y, como consecuencia, hizo efectiva la cláusula penal pactada en el negocio jurídico, declaró la ocurrencia de ese siniestro y del de buen manejo del anticipo e hizo efectivos los amparos respectivos cobijados por la póliza de cumplimiento No. 0476369-5 proferida por Seguros Generales Suramericana S.A. La demand ante discute la legalidad de dichos actos con fundamento en que fueron expedidos con infracción de su derecho al debido proceso, mediante falsa motivación y con violación de normas superiores. I. LA SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 29 de julio de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander resolvió: “PRIMERO. DENEGAR las pretensiones. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante fijando como AGENCIAS EN DERECHO, la suma de cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos setenta y seis pesos Mcte. ($499.976.00). Liquídense por la Secretaría de esta Corporación, los gastos del proceso, si a ello hubiere lugar. TERCERO. Una vez ejecutoriado este proveído, archívese el proceso, previas las constancias de rigor en el sistema Justicia Siglo XXI.”1 2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 12 de septiembre de 20122, por Seguros Generales Suramericana S.A. (en adelante, Suramericana, la 1 Reverso del folio 129, cuaderno del Consejo de Estado. 2 De conformidad con el sello de recibido impuesto a la demanda por el Juzgado Administrativo del Circuito de Barrancabermeja (folio 1, cuaderno 1). Expediente: 680012333000201300146 01 (48.720) Demandante: Seguros Generales Suramericana S.A. Demandada: Municipio de Barrancabermeja Acción: Controversias contractuales 2 aseguradora o simplemente, la demandante) 3 cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se desarrollan a continuación: Pretensiones 3. La demandante formuló las siguientes pretensiones4: “PRIMERA: Se declare la nulidad de las resoluciones 066 del 21 de Junio de 2.011, así como la 0097 del 19 de Agosto de 2.011 mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro y se ordeno [sic] hacer efectiva la póliza d e seguro de cumplimiento No. 0476369-5 expedida por la entonces COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. hoy SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. SEGUNDA: Que se declare que por hechos imputables al Municipio, tal como se demostrará, mi Mandante, no pudo agotar la via [sic] gubernativa y por tanto no le es exigible tal requisito para la admisión de la demanda de nulidad que se pretenden en el numeral Primero anterior. TERCERA: Que se condene a ente demandado [sic] al pago de las costas y agencias conforme a la normatividad vigente.” Hechos 4. En apoyo de sus peticiones, Suramericana relató, en síntesis, los siguientes hechos: 4.1. Señaló que el 13 de mayo de 2010, el Consorcio Puente de Santander — integrado por Inversiones Grandes Vías e Ingeniería Ltda. y Ángel Rincón Barón y Cía. Ltda. — (en adelante, el Consorcio o el contratista) y el municipio de Barrancabermeja (en adelante, el Municipio o el demandado) celebraron el contrato de obra No. 474-10 cuyo objeto consistió en la construcción de un puente vehicular rural ubicado sobre la quebrada La Polonesa en la vereda San Luis de ese municipio. 4.2. Indicó que, con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato, Suramericana —en ese entonces denominada Compañía Suramericana de Seguros S.A. — expidió la póliza de seguro de cumplimiento No. 0476369 -5 en la que figuró como tomador el Consorcio y como asegurado-beneficiario el Municipio. 4.3. Manifestó que se pactó un pago a título de anticipo, vulnerando el artículo 7º del Decreto 2170 de 2002 porque no se siguió lo establecido en dicha norma en relación con la titularidad de la cuenta en la que se depositaron los recursos. 4.4. Afirmó que el 21 de junio de 2011, el Municipio, a través de la Secretaría de Infraestructura, expidió la Resolución No. 66 por medio de la cual declaró la caducidad del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del Consorcio, impuso la cláusula penal pactada, declaró la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza No. 0476369-5 y ordenó hacerla efectiva. 3 La demanda obra a folios 1 a 7 del cuaderno 1. 4 Folio 2, cuaderno 1. Expediente: 680012333000201300146 01 (48.720) Demandante: Seguros Generales Suramericana S.A. Demandada: Municipio de Barrancabermeja Acción: Controversias contractuales 3 4.5. Aseveró que, en la mencionada resolución, el Municipio citó equivocadamente la razón social de Suramericana y en los artículos sexto y séptimo señaló que la aseguradora llamada a pagar la indemnización era Liberty Seguros S.A., sociedad que no tiene relación alguna con la demandante. 4.6. Agregó que, como Suramericana no fue vinculada por la Resolución No. 66 del 21 de junio de 2011 y tal decis ión no tuvo efectos respecto de ella, guardó silencio como era su deber hacerlo y no se pronunció respecto de su contenido ni de sus fundamentos. 4.7. Relató que el 19 de agosto de 2011, el Municipio, a través de la misma secretaría, profirió la Resolución No. 97 en la que confirmó la Resolución No. 66 del 21 de junio impugnada por el Consorcio a través del recurso de reposición. Señaló que en las consideraciones de esta resolución el Municipio, una vez más, no citó correctamente la razón social de la demandan te —pues en algunas ocasiones se refirió a ella como “Compañía de Seguros Suramérica” y en otras como “Compañía de Seguros Suramericana”—. Además, pese a que en el artículo segundo de dicha resolución se corrigieron los artículos sexto y séptimo de la primera, el Municipio persistió en el error pues se refirió a la póliza expedida por la “Compañía de Seguros Suramericana S.A.”, que no es la razón social de Suramericana. 4.8. Manifestó que el Municipio no le dio la oportunidad de controvertir la Resolución No. 97 del 19 de agosto de 2011; en cambio, le presentó una solicitud de pago con fundamento en las resoluciones demandadas por los siguientes conceptos: (i) por incumplimiento del contrato —cláusula penal—: $99’995.302; (ii) por indebido manejo del anticip o: $249’988.257; (iii) por estabilidad o calidad de la obra: $99’995.302; (iv) por pago de salarios: $24’998.825, y (v) por responsabilidad civil extracontractual: $99’380.0005. Los fundamentos de derecho de la demanda 5. En el acápite de fundamentos de derecho, la demandante señaló que las resoluciones impugnadas violan las siguientes normas jurídicas: los artículos 2, 6, 25, 29 y 125 de la Constitución Política; los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993; los artículos 1056, 1077, 1078 y 1088 del Código de Comercio; el artículo 1602 del Código Civil y el artículo 7º del Decreto 2170 de 2002. El concepto de violación de estas disposiciones lo concretó en los siguientes cargos: 5.1. Falsa motivación. Afirmó que la Resolución No . 66 del 21 de junio de 2011 incurrió en falsa motivación porque en sus artículos sexto y séptimo se refirió a Liberty Seguros S.A. y no a Suramericana como obligada a pagar el seguro amparado por la póliza de cumplimiento No. 0476369-5. Además, pese a que en el artículo segundo de la Resolución No. 97 del 19 de agosto de 2011 el Municipio intentó corregir el referido yerro no acertó al hacerlo porque se refirió a la “Compañía Aseguradora Suramericana”, que no es la razón social de la demandante. 5 La Sala observa que ni en la demanda ni en las pruebas allegadas con ella se aportó una solicitud de pago del Municipio dirigida a Suramericana, por lo que se desconoce la fecha u ocurrencia de este hecho. Expediente: 680012333000201300146 01 (48.720) Demandante: Seguros Generales Suramericana S.A. Demandada: Municipio de Barrancabermeja Acción: Controversias contractuales 4 5.2. Violación del derecho al debido proceso . Argumentó que el Municipio no le permitió ejercer su derecho de contradicción en relación con la decisión adoptada en la Resolución No. 97 del 19 de agosto de 2011, pese a que la actuación administrativa, respecto de Suramer icana, no se encontraba agotada. Como fundamento de su aserto, puntualizó que la Resolución No. 66 del 21 de junio de 2011 no podía vincular a Suramericana porque ni en las consideraciones ni en la parte resolutiva se invocó correctamente su razón social, motivo por el cual dicha resolución constituía el primer acto administrativo en su contra, de lo que se sigue que el Municipio debió darle la oportunidad de presentar recursos en su contra. 5.3. Violación de normas superiores. Manifestó que el artículo 7º del Decreto 2170 de 2002 establece que los recursos entregados por la entidad estatal a título de anticipo deben manejarse en cuentas separadas a nomb

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201300146011100103