Titulación de la relatoría 32.432 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL / PRECEDENTE JUDICIAL / SIMILITUD JURÍDICA DEL PRECEDENTE JUDICIAL / AUSENCIA DE DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / DEBERES DEL JUEZ / ACTO ADMINISTRATIVO / NORMATIVIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ORDEN JURÍDICO VIGENTE / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA TEMPORAL / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL
Problema jurídico:
¿El derecho vigente al momento de la expedición del acto administrativo es el parámetro con el que se debe evaluar la legalidad, por ello el precedente señalado por el juez a quo, referente a que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como parámetro de concreción del contenido y alcance del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 era el vigente al momento en que la administración resolvió declarar la caducidad del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Aplicación temporal del precedente judicial. El derecho vigente al momento de su expedición es el parámetro con el que se debe evaluar la legalidad del acto administrativo (...) Revisado el precedente judicial sobre la materia, la Sala encuentra que para el momento en que se expidió la Resolución 087, esto, es, para el 8 de febrero de 2010, la jurisprudencia ya había recogido la tesis según la cual la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se extendía durante toda la vigencia del contrato, incluida, la etapa de liquidación; para señalar, en cambio, que dicha competencia se agota con el vencimiento del plazo de ejecución. Desde entonces hasta la actualidad, tal postura ha sido reiterada de manera pacífica por esta Corporación, de ahí que, al constituir precedente judicial, la administración esté sujeta a ella y, por lo mismo, los actos administrativos que bajo la vigencia de esta interpretación se hubieren expedido, deban analizarse en confrontación con esta lectura del artículo 18 de la Ley 80 de 1993, en garantía del derecho de igualdad, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima. (...) En efecto, la Sala encuentra que, en sentencia del 20 de noviembre de 2008 (Exp. 17.031), la Sección Tercera de esta Corporación, después de identificar dos momentos previos de la jurisprudencia sobre la materia, decidió recoger la postura inmediatamente anterior para señalar, en su lugar, que la competencia de la administración para declarar la caducidad del contrato se extingue con el vencimiento del plazo pactado para su ejecución. (...) Ahora, es necesario mencionar que la sentencia que, a juicio del Comando General, era la que debía tenerse en cuenta como parámetro para analizar el límite temporal de su competencia para declarar la caducidad del contrato, no constituye precedente judicial en esta materia, pues su ratio decidendi14 (ni siquiera sus obtier dicta) no se refiere a este aspecto. (...) En efecto, en la sentencia del 22 de abril de 2009 (Exp. 14.667), que se citó en la Resolución 087 de 2010 como fundamento de la competencia del Comando General para declarar la caducidad del contrato No. 293/MND-CGFM del 18 de noviembre de 2008 y como fundamento de lo alegado por la demandada en defensa de sus intereses, la Sección Tercera no se refirió a dicha prerrogativa pública y, por tanto, tampoco al tiempo en el que se puede ejercer; de manera que no puede ser considerada como contentiva de un precedente judicial sobre ese asunto. (...) Adicionalmente, cabe agregar que, incluso, aun si en gracia de discusión, y solo de ella, se admitiera que lo que quiso expresar la Sala fue que cualquier siniestro, incluido el de caducidad, podía declararse después de vencido el plazo de ejecución del contrato, esta no pasaría de ser una posición aislada que no podría imponerse como precedente judicial, en tanto en cuanto, como ya se vio, en el año 2008 la Sala de la Sección Tercera —que para entonces no estaba dividida en Subsecciones— ya había recogido esa postura, decisión que, posteriormente, no fue objeto de rectificación y que, por tanto, debe entenderse como la imperante al momento en que se expidieron las resoluciones demandadas (año 2010) e, incluso, hoy. (...) En consecuencia, se concluye que el precedente judicial que tuvo en cuenta el a quo como parámetro de concreción del contenido y alcance del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 era el vigente al momento en que la administración resolvió declarar la caducidad del contrato (...); por tanto, el cargo de la apelación que desdice de esta afirmación no está llamado a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad de declarar la caducidad del contrato durante el plazo de ejecución, pauta jurisprudencial vigente y pacífica a la fecha, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008 Exp. 17031 C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido: sentencia de 9 de abril de 1992, Exp.6491; sentencia del 6 de junio de 1996 Exp. 2.240 y sentencia del 18 de julio de 1997, Exp. 10.103. Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de las tres Subsecciones de la Sección Tercera de esta Corporación: sentencia del 3 de marzo de 2011, Exp. 17.557 (Subsección C), sentencia del 10 de marzo de 2011, Exp. 16.856 (Subsección B), sentencia del 12 de julio de 2012, Exp. 15024 (Sala Plena de la Sección Tercera), sentencia del 9 de septiembre de 2015, Exp. 43.949 (Subsección A), sentencia del 27 de enero de 2016, Exp. 34.024 (Subsección A), sentencia del 8 de julio de 2016, Exp. 32.532 (Subsección B), sentencia del 10 de noviembre de 2016, Exp. 56.179 (Subsección C), sentencia del 3 de agosto de 2017, Exp. 39.113 (Subsección B), sentencia del 14 de septiembre de 2017, Exp. 42.105 (Subsección B), sentencia del 14 de marzo de 2019, Exp. 40.953, sentencia del 3 de agosto de 2020, Exp. 50.869 (Subsección B) y sentencia del 10 de septiembre de 2020, Exp. 44.804, Subsección A, sentencia de 18 de noviembre de 2021, Exp. 54.583 (Subsección B). En distinto sentido: Sección Tercera de esta Corporación: sentencia de 6 de junio de 1996, Exp. 10.833; sentencia de 13 de septiembre de 1999, Exp. 10.264. Sentencia de 18 de marzo de 2004, Exp. 15.936. Sobre el carácter de precedente del componente de la sentencia denominado ratio decidendi, ver: Corte Constitucional, sentencia C-539 de 2011.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL / FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JUDICIAL / PRECEDENTE JUDICIAL / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / FUERZA VINCULANTE DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / LEY / ACTO ADMINISTRATIVO / FORMACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / JUICIO DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿En garantía del derecho de igualdad ante la ley, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima, la aplicación retroactiva de los cambios del precedente judicial que han servido de guía para la administración pública en la conducción de los asuntos a su cargo, se deba limitar cuando la modificación verse sobre el alcance de una norma legal contra la cual deba confrontarse la legalidad de un determinado acto administrativo, en la medida que no puede reprocharse la conducta de la entidad pública que, movida por tal interpretación, desplegó el comportamiento que estaba permitido según la jurisprudencia vigente en ese momento y que la hacía presumir, válidamente, que estaba actuando conforme a derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala no puede dejar de indicar que asiste razón al recurrente en cuanto a que el análisis de legalidad del acto debe realizarse en confrontación, no solo con las normas vigentes al momento de su expedición, sino, además, de cara al precedente judicial que sobre la interpretación del alcance de tales normas como parámetro de conducta hubiere sido el imperante para ese mismo momento. (...). La postura a la que se acaba de hacer alusión se circunscribe a la aplicación prospectiva del precedente judicial en relación con la interpretación sobre el alcance de normas legales como parámetro de confrontación de validez del acto administrativo. Con tal premisa, la Sala estima pertinente señalar que la Sección Tercera del Consejo de Estado no tiene una posición unificada sobre la aplicación temporal de los cambios del precedente judicial, hecho que por demás no compromete los derechos de la demandada en este proceso, pues al final de cuentas el precedente que invoca, es inexistente, tal como se ha señalado. No obstante, dada la importancia del tema y por tener relación con el análisis del segundo cargo de la apelación, la Sala se permite consignar en esta providencia las siguientes consideraciones sobre la materia. (...) En relación con el campo de análisis en el que se concentra este caso, cabe mencionar —como en otras oportunidades lo ha hecho la Corte Constitucional y, también esta Corporación— que, a partir de una recta y ponderada interpretación del artículo 230 Constitucional que señala que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”, se debe concluir que el precedente judicial es fuente vinculante de derecho que, en aplicación del principio de igualdad, obliga a los jueces a resolver de la misma manera casos que participan de las mismas particularidades fácticas y jurídicas –sin perjuicio de que pueden apartarse de él de manera razonada–, a la vez que se torna en pauta de conducta tanto de la administración, como de sus administrados. (...). Dicha interpretación parte de entender que, ante el carácter general y abstracto de la ley, la labor del juez —especialmente, el de las Altas Cortes— se torna preponderante al concretar el contenido normativo que emana del ordenamiento jurídico a través de una labor interpretativa que conduce, en muchas ocasiones, a precisar el alcance de las competencias de las autoridades estatales, las posiciones jurídicas y los estándares de protección de los derechos; de manera que el precedente que sobre esa lectura de la ley se edifica termina por integrar el concepto de la expresión “ley” en sentido amplio. (...)El fundamento para predicar el carácter vinculante del precedente judicial de las altas cortes parte, principalmente, de su función constitucional de fungir como órganos de cierre en las materias que a cada una de ellas han sido conferidas por el constituyente, como mecanismo unificador necesario para dotar de un grado mínimo de uniformidad a la interpretación y aplicación del derecho, en garantía de principios fundamentales del Estado Social de Derecho como la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima, en tanto, en una doble perspectiva, ante las ambigüedades que pueden surgir de la ley, permite anticipar, con cierto grado de certeza, las decisiones judiciales que se emitirán en la resolución de conflictos que participen de iguales supuestos fácticos y, correlativamente, sienta pautas de conducta que deben seguir las autoridades en su relacionamiento con los particulares y, por lo mismo, permite avizorar el derrotero con el que podrían ser juzgadas sus actuaciones en sede judicial. Se entiende, por tanto, que el precedente judicial se manifiesta como una expresión del principio de seguridad jurídica, en consideración a que la previsibilidad de la interpretación y aplicación del derecho en casos que comparten supuestos fácticos similares otorga certeza sobre el contenido material de los derechos y obligaciones y, por ello, se constituye en herramienta fundamental para su ejercicio En ese orden de ideas, surge que, dado que, en desarrollo de su labor, el juez y, en especial, las altas cortes, concretan el sentido y alcance con el que debe ser aplicada la ley, el precedente judicial debe entenderse comprendido dentro del concepto que encierra esa expresión en sentido amplio y, por lo mismo, por mandato constitucional, debe ser acatado no solamente por los jueces, sino también por todas las autoridades públicas, incluyendo las administrativas. Esto se traduce, básicamente, en expresión del principio de legalidad, que comporta, como una de sus acepciones, que los servidores públicos y, por tanto, las autoridades a las que representan están sometidas al imperio de la ley y, por ello, deben actuar de conformidad con lo que ésta impone (artículos 6, 121 y 122 constitucionales). (...) Así, el precedente judicial se muestra como un mecanismo hilador o de conexión que brinda coherencia al derecho, de manera que, en una doble perspectiva, que revela un engranaje propicio para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad, se observa que, mientras que al juez no le está dado apartarse injustificada o caprichosamente del precedente judicial, a la administración tampoco le está dado hacerlo; al contrario, está obligada a seguir tal precedente como parámetro indicador de que su conducta está ajustada a la ley y, por tanto, acorde con el principio de legalidad. (...) Lo acabado de señalar, por supuesto, no significa, en manera alguna, que el precedente judicial sea una camisa de fuerza que condene al anquilosamiento o petrificación del derecho, sino, solamente, que, en caso de variarse, deben existir razones de peso que impongan tal alteración del orden jurídico en puntos que se estimaban estables; pues es de esta manera como en un Estado Social de Derecho deben y pueden convivir principios como los de autonomía e independencia judicial, versus los de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad, pues no debe olvidarse que, a la vez que al juez corresponde garantizar los últimos, también es responsable de adaptar el derecho a las exigencias que la realidad imponga, como mecanismo elemental para garantizar la vigencia y efectividad del derecho en tanto instrumento regulador indispensable para la convivencia social. (...) Cabe precisar, sin embargo, que el hecho de que opere un cambio jurisprudencial no significa, per se, el sacrificio de los principios de seguridad y confianza legítima, en tanto, bien puede el juez, como garantía de aquellos, modular los efectos de sus providencias. En este sentido, en jurisprudencia relativamente reciente, esta Sección ha señalado que, las buenas razones que impulsan el progreso de la jurisprudencia no justifican el sacrificio de los derechos de quienes obraron en el pasado movidos por lo que mandaba el antiguo precedente. En efecto, en las providencias en las que se ha sostenido que las rectificaciones deben operar de forma inmediata para evitar que la congestión judicial comprometa su eficacia, se admiten hipótesis de aplicación prospectiva, basadas en las condiciones específicas de cada caso. Por ejemplo, cuando la competencia estatal se ejerció con base en un criterio jurisprudencial pacífico y la entidad basó su defensa en ese precedente. (...). Dadas esas circunstancias, se ha considerado que el principio de seguridad jurídica tiene un mayor peso específico que la facultad que tienen los jueces de rectificar su jurisprudencia. La razón radica en que la presunción de legalidad del acto administrativo es una manifestación del principio de conservación del derecho que busca garantizar la estabilidad de las relaciones jurídicas creadas a su amparo. No se trata, pues, de un simple privilegio de la administración y, por tanto, no puede quedar al vaivén de las reinterpretaciones sobre el alcance de un enunciado legal. (...) Ahora, retomando la idea de que el precedente judicial es vinculante y se integra al concepto de ley en sentido amplio, cabe destacar una de sus más importantes implicaciones, esta es que, al igual que la ley, cuyo contenido y alcance concreta, de aquel también debe predicarse que, por regla general, su aplicación opere de manera prospectiva, en tanto sirve, en conjunto con la ley, como criterio orientador de determinadas conductas que no podría regular de no ser porque las pautas que fija existen antes de que aquellas se concreten. (...) El entendimiento acabado de enunciar ubica nuevamente a la Sala en el punto en el que empezó, esto es, que, en virtud del derecho a la igualdad, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima, el juzgamiento de la validez de los actos administrativos no pueda hacerse de cara a una lectura abstracta de las normas con las que se confrontan, sino que se debe tener en cuenta el derecho vigente al momento de su expedición, lo que implica analizar el precedente judicial que, al concretar el contenido y alcance de tales normas, era el que debía guiar la conducta de la administración como indicativo de que estaba obrando conforme a derecho y, correlativamente, al particular respecto del contenido material de sus derechos y obligaciones. Al hilo con lo anterior, no debe pasarse por alto que los vicios que pueden afectar la legalidad del acto administrativo se producen al momento de su formación y expedición y no después; por ello, lo razonable es que su legalidad se juzgue de cara al derecho vigente para ese entonces, integrado, como ya se analizó, por el precedente judicial que regía en ese momento, y no de aquel que, aun cuando esté soportado en circunstancias que puedan justificar de manera superlativa la alteración del orden jurídico, no eran las llamadas a guiar en ese momento la conducta de la administración. Y es que resultaría abiertamente contradictorio que, como postulado de estabilidad de dicho orden y en aplicación del principio de legalidad y, valga decir, concomitantemente del de responsabilidad, se imponga a la administración el deber de ajustar su conducta a los precedentes judiciales que fijen, para casos iguales y materialmente similares, unos determinados derroteros o pautas de conducta, pero que, posteriormente, tales actos sean juzgados con un prisma diferente que puede ser el resultado de diversos cambios ulteriores que pueden provenir, desde la “mejor” consideración del derecho, hasta de la variación de las condiciones sociales o económicas que impactan en la lectura de la ley para mantenerla actual de cara a las realidades contemporáneas.
(...) En suma, la Sala entiende que, en garantía del derecho de igualdad ante la ley, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima, la aplicación retroactiva de los cambios del precedente judicial que han servido de guía para la administración pública en la conducción de los asuntos a su cargo, se deba limitar cuando la modificación verse sobre el alcance de una norma legal contra la cual deba confrontarse la legalidad de un determinado acto administrativo, en la medida que no puede reprocharse la conducta de la entidad pública que, movida por tal interpretación, desplegó el comportamiento que estaba permitido según la jurisprudencia vigente en ese momento y que la hacía presumir, válidamente, que estaba actuando conforme a derecho. (...) Visto todo lo anterior, resulta claro que, para alegar, en defensa de la validez de un acto administrativo, que su análisis se haga en confrontación con un determinado criterio jurisprudencial, no basta con señalar que para su expedición la administración se apegó a una pauta vertida en una providencia judicial aislada, en un criterio que no es pacífico o, entre otros eventos, en uno que sí lo es pero cuyos supuestos fácticos no comparten identidad con el asunto decidido unilateralmente por la administración, pues lo que subyace al análisis que antecede parte de la existencia de una pauta jurisprudencial consolidada, bien sea por su reiteración pacífica, porque ha sido el fruto de una rectificación, o porque ha sido objeto expreso de unificación, en la medida que solo a partir de ahí es posible predicar que la conducta que se ha desplegado bajo el amparo de una interpretación judicial de la ley aplicable, hace presumir –bajo la salvaguardia de la confianza legítima y de la seguridad jurídica– a quien la ejecuta que su actuar está ajustado a derecho y, por lo mismo, que será juzgado de la misma manera que otros casos análogos
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto se puede consultar, además de otras, las siguientes providencias: Corte Constitucional C-104 de 1993, C-483 de 1996, C-836 de 2001, C-335 de 2008, C-539 de 2011- C-284 de 2015 y C-621 de 2015. sentencias C-836 de 2011 y C-621 de 2015. Consejo de Estado Sentencia de la sección tercera del 04 de septiembre de 2017Exp. 57.279. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 230, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6
ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA TEMPORAL / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / CONTRATISTA / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / INTERPRETACIÓN DE LA LEY / DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿El límite temporal para hacer uso de la facultad de declarar la caducidad del contrato, viene dado por los supuestos materiales que la ley ha dispuesto para su ejercicio, en tanto, esa medida solo se justifica cuando se hace necesario, debido a sus incumplimientos, remover al contratista para evitar la paralización del contrato y, con ello, garantizar la satisfacción de la necesidad que motivó su celebración?
Respuesta al problema jurídico: Si
Al manifestar su desacuerdo con la sentencia de primera instancia, la parte recurrente reparó sobre el alcance del artículo 18 de la Ley 80 de 1993, específicamente, en lo que concierne al espacio temporal durante el cual la administración puede hacer uso de la facultad de declarar la caducidad, en tanto estima que el entendimiento correcto de dicha norma no limita tal prerrogativa pública al término de ejecución del contrato (...) Desde ya la Sala anuncia que estos argumentos de la apelación tampoco están llamados a prosperar, en tanto admitirlos supondría analizar la legalidad de los actos administrativos demandados bajo un panorama jurídico diferente al que, como se vio, era el que regía para la fecha de su expedición en virtud de la rectificación jurisprudencial que se adoptó en la sentencia del 20 de noviembre de 2008 (Exp. 17.031), lo cual, según se analizó, iría en contra del derecho a la igualdad, así como de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. (...) No obstante lo anterior, como la demandada propone una variación respecto de la interpretación que esta Corporación ha mantenido desde dicha providencia, la Sala se referirá a ello para señalar que, a partir de lo que se propone en el recurso, no se observan argumentos que conduzcan a reevaluar esa posición y, menos que, aun cuando se aceptara, condujeran a alterar la estabilidad del orden jurídico para aplicar retroactivamente esa tesis de cara a evaluar la legalidad de las resoluciones acusadas. (...) la facultad que otorga la ley a las entidades públicas para declarar la caducidad del contrato es reglada y, por tanto, no les está dado ampliar los supuestos que el legislador ha dispuesto como condición para su habilitación. Dichos supuestos son de aplicación restringida, estricta y rigurosa y, por ello, so pretexto de las finalidades que se pueden predicar de esta figura –todas las cuales están intrínsecamente relacionadas con la protección del interés público– no es posible introducir condiciones habilitantes que la ley no ha previsto expresamente. (...) Sin duda, es en este contexto y con este alcance que debe leerse la plurimencionada sentencia de la Corte Constitucional cuando refiere que la caducidad “es una medida constitucionalmente legítima, que resulta válida para afrontar eventuales situaciones de incumplimiento contractual, o para prevenir otros comportamientos que pueden tener efecto directo sobre el interés público” (énfasis agregado). La frase que se resalta no supone, en manera alguna, que la caducidad pueda ser ejercida para afrontar cualquier tipo de comportamiento que pueda tener efectivo directo en el interés público. No, al realizar una lectura íntegra y sistemática de la sentencia queda claro que cuando esa Corporación hizo esa afirmación se refirió a aquellos otros eventos que, aunque son ajenos al cumplimiento del contrato, el legislador previó como presupuestos habilitantes para la aplicación de esa medida. Entender algo distinto, como lo hace el recurrente, implica confundir el fin con el objeto de tal figura, para justificar su aplicación bajo cualquier hipótesis que lo justifique, así no estén dados los supuestos legales para declararla. 51. Ahora, el hecho de que la Corte Constitucional hubiere destacado como una función de la caducidad la de servir de mecanismo disuasivo del incumplimiento contractual o de las conductas que legalmente se han previsto como habilitantes para su declaración, no niega de ninguna forma que esta figura cumple, primordialmente, una finalidad encaminada a garantizar la satisfacción de las necesidades públicas que se hubieren pretendido conjurar a través de la celebración del contrato, o, en otros términos, en “el interés público de que el objeto del contrato –tendiente a satisfacer una necesidad general o a garantizar la continuidad en un servicio público– no se paralice frente a un incumplimiento contractual”. Estos dos propósitos no se excluyen, sino que se complementan, pues, al final de todo, ambos están dirigidos a favor del interés general. (...) Esta lógica es la misma que, desde la rectificación de la postura que adoptó la Sección Tercera en la sentencia del 2º de noviembre de 2008 (Exp. 17.031), ha reiterado constantemente esta Corporación, al entender que, según se deduce del contenido del artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la principal y más importante finalidad de la caducidad consiste en “la remoción del contratista incumplido, con el fin de evitar que se interrumpa o paralice la prestación de los servicios y funciones a cargo de las entidades contratantes, y asegurar su continuidad, mediante la correcta ejecución del objeto contractual por la misma entidad o por un tercero en reemplazo del contratista incumplido”. (...) Esta función de la caducidad que, queda claro, surge del contenido del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y es compartida tanto por la Corte Constitucional como por esta Corporación, se ha calificado como la que, de una manera más evidente, demuestra que esa medida únicamente puede adoptarse durante el plazo de ejecución del contrato y no durante el de su liquidación. (...) En este estado de las cosas, diáfano viene a ser concluir que no asiste razón a la parte recurrente en cuanto afirma que es un error entender que la caducidad no cumple una función encaminada a garantizar el cumplimiento del contrato en los términos pactados, sino, puramente y de manera general y abstracta, una función disuasora de comportamientos que afecten el interés público y que, por ello –contrario a la posición pacífica de esta Corporación–, pueda aplicarse válidamente en cualquier etapa del contrato, incluida la de la liquidación. Esta conclusión se reafirmará, además, con lo que enseguida se dirá respecto del argumento de la demandada que señala que no puede entenderse ese límite temporal porque el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 no se refiere específicamente al plazo del contrato, sino a la “ejecución del contrato” como condicionamiento normativo para habilitar el ejercicio de tal prerrogativa pública. (...) Para resolver este punto de la apelación, la Sala ratificará las consideraciones consignadas en la sentencia del 20 de noviembre de 2008 (Exp. 17.031) para soportar la tesis que en aquella providencia se acogió, en tanto dan cuenta de los supuestos que habilitan a la administración para hacer uso de tal prerrogativa pública (competencia material), los cuales, a su vez, son los mismos que determinan el límite temporal para el ejercicio de tal facultad (competencia temporal), (...) De conformidad con lo prescrito en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, lo que da lugar a declarar la caducidad es el incumplimiento “…que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización […]”. Si esto es así, se descarta la posibilidad de que, en los términos señalados en esta norma, esa declaración se haga después de vencido el plazo pactado para el cumplimiento del objeto pactado, en la medida que, finalizado dicho plazo, no es posible que el incumplimiento afecte la ejecución del contrato o que tenga la virtualidad de conducir a su paralización, presupuestos legales habilitantes sin los cuales, por tanto, no es posible que se ejerza válidamente tal prerrogativa pública. (...). A partir de los referidos condicionamientos, surge –como ya se mencionó– que la finalidad de la declaratoria de caducidad se concreta, principalmente, en la necesidad de garantizar que el contrato se cumpla en los términos estipulados –incluidos su plazo– como mecanismo idóneo para lograr satisfacer la necesidad pública que se hubiere pretendido cubrir a través del desarrollo completo del objeto pactado, mediante la remoción del contratista incumplido para que la entidad pueda atender debidamente las necesidades que motivaron la contratación, esto es, en lo posible, en los términos y plazos inicialmente convenidos. Es decir, la medida se justifica y, por tanto, la ley habilita su aplicación, solo en cuanto esté destinada a cumplir esta finalidad. Imponerla después de finalizado el plazo de ejecución implicaría dejar de lado este propósito, con lo cual la medida solo entrañaría un ánimo sancionatorio. (...) Así las cosas, se concluye que el límite temporal para hacer uso de tal facultad viene dado por los supuestos materiales que la ley ha dispuesto para su ejercicio, en tanto en cuanto, según el querer del legislador, esa medida solo se justifica cuando se hace necesario, debido a sus incumplimientos, remover al contratista para evitar la paralización del contrato y, con ello, garantizar la satisfacción de la necesidad que motivó su celebración; de ahí que si, según su acepción misma, la etapa de liquidación no está diseñada para continuar la ejecución del contrato – el que, por lo mismo, tampoco en este punto se puede paralizar–, sino para realizar el balance de cuentas final entre los contratantes, justamente, en razón de su terminación, entonces, no es posible que en curso de esta se haga válidamente esa declaración pues, en este escenario, no podrían entenderse configurados los supuestos legales materiales que habilitan a la administración para ejercer tal prerrogativa pública. (...) En ese contexto, el argumento de la recurrente según el cual no puede entenderse que el límite temporal para declarar la caducidad del contrato esté determinado por el vencimiento de su plazo de ejecución porque el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 no se refiere específicamente a este elemento del contrato no tiene asidero, porque, como acaba de expresarse, esa conclusión se impone como consecuencia de los límites materiales que la ley ha impuesto como requisito habilitante para declarar la caducidad. (...) En consecuencia, comoquiera que por las razones acabadas de expresar ninguno de los cargos de la apelación está llamado a prosperar, se impone confirmar en un todo la sentencia proferida en primera instancia, como en efecto se hará.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el límite temporal de la entidad para declarar la caducidad del contrato, ver: sentencia del 20 de noviembre de 2008 (Exp. 17.031) consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18