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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: de alzada y, se impone confirmar la decisión de primera instancia

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-05-04
Radicado
73001233100020100072901
Número interno
57905
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONDOR COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: de alzada y, se impone confirmar la decisión de primera instancia

Regla de decisión

De alzada y, se impone confirmar la decisión de primera instancia.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede imponer la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad estatal como consecuencia directa de la declaratoria de caducidad del contrato estatal, ya que esta decisión está sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La cláusula penal se efectiviza como resultado de la caducidad del contrato, por lo que si esta declaratoria es anulada, la efectividad de la cláusula penal también queda sin sustento. Además, el valor de la condena impuesta debe actualizarse para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que esto represente una reforma en contra del apelante, utilizando la fórmula de actualización de la condena basada en el IPC. Esta decisión reitera y refuerza la obligación de respetar los plazos contractuales y la necesidad de actualizar las condenas monetarias para mantener su valor real.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La imposición de la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad contratante como consecuencia directa e inequívoca de la declaratoria de caducidad del contrato, se encontraba sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato estatal?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, art. 18

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

Demandados desconocieron el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 por decretar la Caducidad de la acción por fuera del plazo contractual… . El recurso se fundamenta en que además de la caducidad del contrato el acto demandado dispuso hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad, determinación que, en el parecer de la actora, podía adoptar por fuera del plazo de ejecución.… Contrario a ese entendimiento, resulta evidente que la imposición de la cláusula penal pecuniaria en este caso fue consecuencia directa e inequívoca de la declaratoria de caducidad del contrato, de modo que ambas decisiones guardan entre sí una relación de dependencia… . De alzada y, en consecuencia, se impone confirmar la decisión de primera instancia…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

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Ninguno de los tres argumentos es cierto
Titulación de la relatoría 3.997 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE ACTOS / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La imposición de la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad contratante como consecuencia directa e inequívoca de la declaratoria de caducidad del contrato, se encontraba sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato estatal? Respuesta al problema jurídico: Si La controversia se circunscribe a determinar si los actos administrativos demandados desconocieron el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 por decretar la caducidad de la acción por fuera del plazo contractual (...). [E]l recurso se fundamenta en que además de la caducidad del contrato el acto demandado dispuso hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad, determinación que, en el parecer de la actora, podía adoptar por fuera del plazo de ejecución. (...) Contrario a ese entendimiento, resulta evidente que la imposición de la cláusula penal pecuniaria en este caso fue consecuencia directa e inequívoca de la declaratoria de caducidad del contrato, de modo que ambas decisiones guardan entre sí una relación de dependencia (...). En ese contexto, no hay duda alguna de que la cláusula penal se hizo efectiva como consecuencia directa de la declaratoria de caducidad contractual y no con el fin de decretar incumplimientos parciales y hacer efectiva la garantía del contrato, por lo cual, anulada la decisión de caducar el contrato, queda sin sustento la efectividad de la garantía, lo cual impide acoger la postura sostenida en el recurso de alzada. (...) Con fundamento en lo expuesto quedan desvirtuados los argumentos del recurso de alzada y, en consecuencia, se impone confirmar la decisión de primera instancia favorable a las pretensiones. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18 CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / FORMULA DE ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APELANTE ÚNICO Problema jurídico: ¿El valor de la condena impuesta se debe actualizar para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que ello corresponda a alguna reforma de la decisión en contra del apelante? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l valor de la condena impuesta se debe actualizar para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que ello corresponda a alguna reforma en contra del apelante toda vez que se trata de la misma suma de dinero solo que traída a valor presente, lo cual se hará con base en el IPC y de acuerdo con la fórmula aceptada por la jurisprudencia para efecto según la cual VA = VH * índice final/índice inicial donde VA es el valor actualización, VH el histórico, índice final es el último conocido en la época de la sentencia de segunda instancia e índice inicial el del mes de la sentencia de primera instancia (...).
Texto extraído del PDF oficial 19.529 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022) Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 73001233100020100072901 (57.905) Demandantes: COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES CÓNDOR SA Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Asunto: DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL Síntesis del caso: se demanda la nulidad de los actos administrativos que declararon la caducidad de un contrato para la reconstrucción, pavimentación y mantenimiento de una vía, cuando ya había expirado el plazo contractual. Se confirma la decisión del tribunal que los anuló. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 29 de junio de 2016 por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió: “PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nros. 01972 y 04542 de 2008, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VÌAS – INVIAS a reembolsarle a la Compañía de Seguros Generales CONDOR S.A. la suma de $786.017.920,39, por concepto de cláusula penal pecuniaria. TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO. (sic) La entidad demandada dará cumplimiento a la presente sentencia, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. 2 Expediente: 73001233100020100072901 (57.905) Demandante: Compañía de Seguros Generales Cóndor SA Controversias contractuales SEXTO. Sin condena en costas. (…).” (fl. 343 cdno. ppal – negrillas y mayúsculas fijas originales). I. ANTECEDENTES 1. La demanda El 16 de diciembre de 2010 (fls. 164 - 204 cdno. 1) la Compañía de Seguros Generales Cóndor SA 1 promovió demanda en contra del Instituto Nacional de Vías, el petitum fue el siguiente: “PRIMERA. Que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 se declare la NULIDAD de la Resolución Nº 1972 del 29 de abril de 2008, mediante la cual se declaró la caducidad del contrato de obra pública No. 2739 del 17 de noviembre de 2005. (…). SEGUNDA. Consecuencia de la declaratoria anterior, solicito se declare la NULIDAD de la Resolución Nº 04542 del 25 de agosto de 2008, mediante la cual el asesor d e la Dirección General de INVIAS – Coordinador del Grupo PLAN 2500, del Instituto Nacional de Vías, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando en todas sus partes la Resolución 1972 del 29 de abril de 2008 (…). TERCERA. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 01972 del 29 de abril de 2008 y 04542 del 25 de agosto de 2008, se declare que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS incumplió el contrato garantizado por la Compañía General de Seguros, SEGUROS CONDOR S.A. No. 2739 de 2005 no solo por declarar la caducidad sin competencia, sino por no haber otorgado a la aseguradora la oportunidad de continuar desarrollando su objeto como lo prevé el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. CUARTA. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 01972 del 29 de abril de 2008 y 04542 del 25 de agosto de 2008 y las demás declaraciones se ordene, a título de restablecimiento del derecho, reembolsar o devolver, actualizados, los dineros que en virtud de las mismas, hubiere pagado o llegare a pagar la Compañía de Seguros CONDOR S.A. al no estar lícitamente obligado a ello. QUINTA. Que se condene al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a pagar a favor de la Compañía de Seguros Generales, SEGUROS CO NDOR S.A., las costas del proceso. SEXTA. Que se ordene dar cumplimiento a lo normado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.” (fl. 126 cdno. 1 – mayúsculas fijas y negrillas originales). 1 Mediante auto de 17 de mayo de 2011 se citó al contratista como litisconsorte necesario de la parte activa, se le notificó personalmente y constituyó apoderado especial pero no intervino. 3 Expediente: 73001233100020100072901 (57.905) Demandante: Compañía de Seguros Generales Cóndor SA Controversias contractuales Como fundamento de hecho de las preten siones la parte demandante narró, en síntesis, el siguiente: 1) El 17 de noviembre de 2005 el Instituto Nacional de Vías suscribió el contrato número 2739 con la Unión Temporal Vías del Futuro para la reconstrucción y pavimentación de una vía en el Departamento del Tolima, y la demandante expidió la garantía única del contrato que está contenida en la póliza número 300001143. 2) El plazo de ejecución inicial del contrato fue de 24 meses contados desde la fecha del acta de inicio que fue suscrita el 12 de enero de 2006; el plazo fue adicionado en un mes, por lo cual la ejecución culminó el 11 de febrero de 2008. 3) El 29 de abril de 2008, cuando ya había expirado el plazo contractual, INVIAS expidió la Resolución número 1972 por medio de la cual declaró l a caducidad del contrato, decisión que confirmó por Resolución 1972 de 29 de abril de 2008 con la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la aseguradora. 2. Cargo Falta de competencia para declarar la caducidad administrativa La administración no puede declarar la caducidad del contrato cuando este ha finalizado porque la facultad otorgada en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 tiene como finalidad impedir la paralización del servicio o labor contratada ante incumplimientos graves del contratista; el plazo para la liquidación del contrato no puede utilizarse para este propósito porque dicha fase solo tiene como propósito establecer el cruce de cuentas final entre las partes 3. Contestación de la demanda Dentro de la oportunidad legal, el Instituto Nacional de Vías (fls. 238 - 244 cdno. 1) se opuso a las pretensiones por considerar que sí tenía competencia para expedir los actos demandados siempre que el contrato se encuentre en ejecución aunque 4 Expediente: 73001233100020100072901 (57.905) Demandante: Compañía de Seguros Generales Cóndor SA Controversias contractuales no haya expirado el plazo; en este caso el objeto del contrato no se había cumplido cuando se decretó la caducidad. 3. La sentencia de primera instancia El 29 de junio de 2016 el Tribunal Administrativo del Tolima accedió parcialmente a las súplicas por considera r que, tal como lo alegó la parte demandante, la administración no está facultada para decretar la caducidad del contrato cuando ha expirado el plazo contractual. Encontró probado que la Compañía de Seguros Generales Cóndor SA pagó a INVIAS la suma de $626.215.831 por concepto de “la sanción impuesta” en las resoluciones demandadas, por lo cual ordenó devolverle ese valor indexado y se abstuvo de condenar en costas porque no encontró mala fe o temeridad de las partes (fls. 1 – 11 cdno. ppal). 4. El recurso de apelación En la oportunidad legal (fl. 344 - 355 cdno. 1) el Instituto Nacional de Vías interpuso recurso de alzada contra la decisión de primera instancia por considerar que el tribunal pasó por alto que las decisiones demandadas no solo declararon la caducidad del contrato, sino que, también hicieron efectiva la cláusula penal pecuniaria y la facultad para tomar esa decisión en procura del cobro de la garantía que amparaba el co ntrato, para lo cual no estaba sujeta al plaz o de ejecución; a juicio del apelante esta postura encuentra respaldo en las sentencias proferidas por esta Corporación el 23 de febrero de 2012 dentro del expediente 20.810 (MP Ruth Stella Correa Palacio) y de 16 de agosto de 2012 exp. 39702 (MP Hernán Andrade Rincón) de las cuales transcribió extensos fragmentos. 5. Alegatos de conclusión En la oportunidad para presentar alegaciones finales la parte demandante pidió que se confirme la decisión apelada y señaló que hubo violación del debido proceso en la expedición de los actos demandados toda vez que el contratista no conoció los hechos que la originaron ni tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre estos, no se 5 Expediente: 73001233100020100072901 (57.905) Demandante: Compañía de Seguros Generales Cóndor SA Controversias contractuales le permitió al garante del contrato continuar con la ejecución y se violó la ley al utilizar la caducidad con un fin distinto al de evitar la paralización del contrato (fls. 370 - 375 cdno. ppal.); la parte demandada y el Ministerio Público no intervinieron. II. CONSIDERACIONES Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración, con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y decisión a adoptar, 2) decisión del recurso y 3) costas. 1. Objeto de la controversia y decisión a adoptar La controversia se circunscribe a determinar si los actos administrativos demandados desconocieron el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 por decretar la caducidad de la acción por fuera del plazo contractual, tesis que avaló el tribunal y que la recurrente cuestiona por estimar que en los actos demandados se adoptaron también otras disposiciones tendientes a hacer efectiva la garantía del contrato y que estas no estaban suje tas al límite temporal de la ejecución, aspecto sobre el que debe recaer esta decisión; no se analizará la presunta violación del debido proceso que la parte actora adujo en los alegatos de conclusión por cuanto ese cargo de nulidad no fue propuesto en la demanda y, por ende, no puede ser materia de la decis

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=730012331000201000729011100103