Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: no procede reconocer un desequilibrio económico contractual cuando el contratista pactó de forma expresa e inequívoca la renuncia
Lo que dijo la Sala
Aunque las súplicas de la demanda están sustentadas en el desequilibrio contractual, también se introducen referencias a supuestos incumplimientos del deber de planeación que dieron lugar a la extensión del plazo; en cualquier caso, las renuncias referidas impiden la prosperidad de las pretensiones sin que para ello resulte necesario algún análisis adicional relacionado con la previsibilidad o no de estos hechos y con la asunción de los riesgos contractuales por los extremos del negocio.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Síntesis síntesis automática
No procede reconocer un desequilibrio económico del contrato cuando el contratista pactó de forma expresa e inequívoca la renuncia a reclamaciones económicas derivadas de las prórrogas y aceptó bilateralmente el valor de las modificaciones contractuales. La regla se sostiene en tres razones: el silencio de las partes al pactar modificaciones no puede interpretarse como renuncia a reclamar, por lo que el juez debe examinar en cada caso el alcance de los acuerdos conforme a la buena fe; cuando la renuncia es explícita e inequívoca, el juez no debe desentrañar el sentido del acuerdo a partir de la conducta previa a la suscripción, sino respetar lo pactado; y el valor de las prórrogas fue objeto de pacto expreso, lo que impide tratar el caso como una situación de silencio. Así, la renuncia expresa a reclamar prevalece sobre la pretensión de restablecimiento. Esta regla reitera la unificación de la Sección Tercera de 27 de julio de 2023, cuyo alcance se precisa en los acuerdos expresos. La providencia se modifica.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Problema jurídico
¿Procede reconocer un desequilibrio económico contractual cuando el contratista pactó de forma expresa e inequívoca la renuncia a reclamaciones económicas derivadas de las prórrogas y aceptó bilateralmente el valor de las modificaciones contractuales?
Respuesta: No
También resuelve
- ¿Debe reconocerse y pagarse intereses moratorios por el pago tardío de las actas parciales de obra No 4, 5, 6 y 7, pese a la ausencia de pacto contractual sobre dichos intereses y de plazo o…
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Titulación de la relatoría 11.053 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / COSTO DIRECTO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Procede reconocer un desequilibrio económico contractual cuando el contratista pactó de forma expresa e inequívoca la renuncia a reclamaciones económicas derivadas de las prórrogas y aceptó bilateralmente el valor de las modificaciones contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala recuerda que la Sección Tercera unificó la jurisprudencia en sentencia de 27 de julio de 2023 en el sentido de precisar que el silencio de las partes al momento de pactar modificaciones al contrato no puede ser interpretado como una renuncia a realizar reclamaciones económicas y, en tal virtud, el juez debe analizar en cada caso el alcance de los acuerdos entre las partes, con atención al principio de buena fe. Sin embargo, en el presente caso el contratista renunció en forma explícita e inequívoca a reclamar con ocasión de las prórrogas 1 y 2, al tiempo que el valor de las prórrogas 3 y 4 fue acordado bilateralmente, de donde refulge que no se trata de un caso que esté llamado a ser resuelto a la luz de la referida regla de unificación o que implique desentrañar el sentido de los acuerdos a través de la conducta de las partes previa a su suscripción, toda vez que el valor de las prórrogas fue objeto de pacto expreso que no puede desatenderse. (…) Ahora bien, el consorcio contratista reclama que las renuncias que pactó son ineficaces en los términos del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, según el cual “Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados.” La Sala precisa que la norma en comento no prohíbe renunciar a derechos disponibles de las partes de un contrato estatal ni tampoco prevé la ineficacia de cualquier estipulación que en tal sentido se pacte, sino únicamente de aquellas a las que se refiere el numeral 5 de la mencionada. (…) En efecto, la norma legal invocada por el apelante dispone cuáles son los eventos en los que una renuncia se considera ineficaz y corresponden a (i) la necesaria inclusión de requisitos objetivos en el pliego de condiciones, (ii) a la determinación de reglas objetivas claras y justas que permitan la escogencia objetiva del contratista, (iii) a la definición de las condiciones de precio y calidad de los bienes, (iv) al derecho a que no se incluyan condiciones de imposible cumplimiento o de exención de responsabilidad derivada de la información suministrada, (v) al derecho a la definición de reglas que no induzcan en error a los oferentes que conlleven la formulación de ofrecimiento de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad y, (vi) a que se defina el plazo para la liquidación del contrato. (…) De otro lado, el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 dispone lo siguiente: (…) En este caso, no se alegó ni se probó que las modificaciones del contrato hubieran sido indebidamente condicionadas por parte del ICCU. (…) La controversia se planteó sobre la consecuencia económica de unos acuerdos de modificación del plazo del negocio jurídico en los que se acordó que el contratista tendría un mayor plazo para ejecutar y que ello no daría lugar a reclamaciones económicas, aspecto de libre disposición que escapa a las renuncias legalmente sancionadas con la consecuencia de ineficacia; analizados estos aspectos en clave del principio de buena fe contractual no resulta viable desconocer el alcance integral de cada modificación contractual que ambas partes pactaron con la convicción, en las dos primeras, de que no habría lugar al pago de sumas de dinero adicionales y, en las dos últimas, de que el valor pactado sería el que se pagaría como remuneración por los ítems allí adicionados, lo cual incluía el tiempo y recursos necesarios para ejecutarlos. (…) En ese contexto, las estipulaciones sobre el valor asociado a la modificación del plazo contractual constituyen un aspecto central de los acuerdos de voluntades que no puede ser analizado de manera aislada y, menos aún, inaplicados, sin alterar en forma indebida el sentido e intención de las partes al momento de suscribirlos. (…) Por consiguiente, el hecho de que el contratista hubiera renunciado en forma expresa a formular reclamaciones económicas constituye razón suficiente para desestimar sus pretensiones de reconocimiento de un supuesto “desequilibrio económico”. Aunque las súplicas de la demanda están sustentadas en el desequilibrio contractual, también se introducen referencias a supuestos incumplimientos del deber de planeación que dieron lugar a la extensión del plazo; en cualquier caso, las renuncias referidas impiden la prosperidad de las pretensiones sin que para ello resulte necesario algún análisis adicional relacionado con la previsibilidad o no de estos hechos y con la asunción de los riesgos contractuales por los extremos del negocio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de buena fe, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2023, exp. (39.121), C.P. Guillermo Sánchez Luque
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / INTERÉS MORATORIO / CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN / OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO / CLASES DE FORMA DE PAGO / FORMA DE PAGO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Debe reconocerse y pagarse intereses moratorios por el pago tardío de las actas parciales de obra No 4, 5, 6 y 7, pese a la ausencia de pacto contractual sobre dichos intereses y de plazo o condición para el pago?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n cuanto al reparo de apelación dirigido a insistir en la pretensión de pago de intereses moratorios sobre las actas parciales de ejecución números 4, 5, 6 y 7 pagadas tardíamente, es fundamental tener en consideración la cláusula novena del contrato relativa a la forma de pago del precio; en esta se acordó que el 90% de la remuneración se pagaría mediante actas parciales de avance y esta obligación no se sujetó a plazo ni a condición. (…) El 28 de junio de 2013, el Consorcio (…) solicitó al ICCU el pago urgente de las actas parciales números 4, 5 y 6 con sustento en que había ejecutado el 70% del contrato y solo se le había pagado el 27% (…); adjuntó las copias de las radicaciones de cada una de ellas. Por su parte, el 18 de julio de 2013, la interventoría remitió al ICCU el acta parcial de obra número 7 (…) con sello de recibo de ese mismo día a las 9.35 horas, representada en la factura número 13 por valor de $387.949.052. (…) El 30 de agosto de 2013, el contratista reiteró el cobro, esta vez de las actas 4, 5, 6, 7 y 8 y pidió explicaciones sobre la razón de la falta de pago, al tiempo que puso de presente la necesidad de los recursos para la ejecución contractual (…). [E]l 17 de septiembre de 2013, el consorcio cobró nuevamente, las actas números 4, 5, 6 y 7 y calculó intereses de mora hasta la fecha por la suma de $130.937.546 (…). [E]n el acta de liquidación bilateral del contrato consta que las actas números 4, 5, 6 y 7 fueron pagadas el 1 de noviembre de 2013, tal como lo alegó la parte demandante (…) [C]on ese escenario probatorio se concluye que una vez pasados 10 días calendario desde la radicación de las facturas estas se entendieron aceptadas por el ICCU en los términos del artículo 773 del Código de Comercio; en ausencia de plazo o condición contractual distinta para el pago la obligación de realizarlo era pura y simple y, por lo tanto, a partir del día siguiente al vencimiento de dicho término legal, el deudor incurrió en mora. Téngase en cuenta a este respecto que la ausencia de presupuesto o los trámites correspondientes a la apropiación de los recursos para cada vigencia fiscal no se pactaron como condiciones suspensivas del derecho del contratista a obtener el pago y, por el contrario, corresponden a obligaciones de cargo de la parte contratante durante la ejecución del negocio cuyo retardo no la exoneran del deber de cumplir la cláusula de pago en los términos acordados. (…) Aunque en el contrato no se incluyó estipulación sobre intereses moratorios, debe darse aplicación al inciso 2 del ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 que dispone que “en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado”. En cuanto a la metodología de liquidación, el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 dispone que la actualización del valor histórico se realiza de conformidad con el IPC del año inmediatamente anterior, sin embargo, también prevé que “en el evento en que no haya transcurrido un año completo o se trate de fracciones de año, la actualización se hará en proporción a los días transcurridos” En este caso, no transcurrió un año completo entre la exigibilidad de la obligación y el pago, toda vez que este se realizó en la misma anualidad de la mora (2013); en esas condiciones, no existe un IPC “del año anterior” que pueda ser válidamente aplicado para efectos de la actualización. Corresponde entonces actualizar el capital de conformidad con la variación del IPC ocurrida dentro del período en mora, teniendo como índice final del del pago (noviembre de 2013) y como índice inicial el del mes de exigibilidad de la obligación (marzo, abril y julio de 2013, respectivamente) [E]n ese contexto, como lo pedido corresponde a $143.630.270,68, se reconoce esta cifra, con el fin de evitar una decisión ultra petita. Esta suma pretendida se actualiza con base en el IPC en aplicación del inciso cuarto del artículo 187 del CPACA; el valor histórico será del mes siguiente al pago del capital por parte del deudor y, el final, el último conocido en la época de esta sentencia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.2 , DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 773, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 INCISO 2 NUMERAL 8