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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2022-02-04
Radicado
52001233100020080025901
Número interno
56678
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
RICHARD JAVIER MOSQUERA BENAVIDES
Demandado
INVIAS

Síntesis de la providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

En atención a que el contratista no logró acreditar los presupuestos del equilibrio económico, ni logró demostrar los perjuicios invocados en la demanda, la sentencia de primera instancia será confirmada.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no logra acreditar los presupuestos del equilibrio económico del contrato ni los perjuicios invocados en la demanda, por lo que la sentencia de primera instancia es confirmada. La acción de controversias contractuales fue presentada oportunamente, ya que el término de caducidad comenzó a correr el 23 de noviembre de 2006 y la demanda se interpuso el 24 de julio de 2008, dentro del plazo establecido. La Sala valorará las copias simples de documentos no tachadas de falsas, en cumplimiento de la sentencia de unificación de 2013. La urgencia manifiesta es una figura que permite contratación directa en situaciones excepcionales que no permiten el trámite reglado, siempre que se declare por acto administrativo. La Corporación reitera la distinción entre el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato, matizando precedentes sobre la materia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El demandante logró acreditar los presupuestos del equilibrio económico del contrato y los perjuicios invocados en la demanda?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿La acción de controversias contractuales fue presentada de manera oportuna?
  • ¿Se presenta ruptura del equilibrio económico del contrato y se acreditaron los sobrecostos por el tiempo perdido por la no entrega de los diseños y la compra de los predios por parte de la entidad…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Contratación directa Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato

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Consejo de Estado 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B)
Existe ruptura del equilibrio económico del contrato por los mayores costos causados
Consejo de Estado 2024-12-06 Sección Tercera (Subsección A)
La caducidad es la consecuencia jurídica
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Consejo de Estado 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A)
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Consejo de Estado 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C)
A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial
Consejo de Estado 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B)
Se acreditaron circunstancias imprevisibles que dieran lugar al desequilibrio económico del contrato de prestación de servicios
Titulación de la relatoría 12.940 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El demandante logró acreditar los presupuestos del equilibrio económico del contrato y los perjuicios invocados en la demanda? Respuesta al problema jurídico: No En atención a que el contratista no logró acreditar los presupuestos del equilibrio económico, ni logró demostrar los perjuicios invocados en la demanda, la sentencia de primera instancia será confirmada. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales fue presentada de manera oportuna? Respuesta al problema jurídico: Si El numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, establece que la acción de controversias contractuales caducará en el término de 2 años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. En relación con los contratos que requieren de liquidación, el literal d) del precitado numeral prescribe: “En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”. […] De esta forma, aunque el contrato, originalmente, vencía el 16 de julio de 2006, lo cierto es que las partes consintieron terminarlo anticipadamente, por la realización de las obras necesarias para atender la emergencia, el día 20 de junio de 2006 -a través del acta de recibo final-. Por lo tanto, el término para liquidarlo bilateralmente culminó el 21 de septiembre de ese año. A partir de ese momento, inició el término para liquidarlo unilateralmente, hasta el 22 de noviembre de 2006. Ya que el contrato no fue liquidado bilateral ni unilateralmente, el término de caducidad comenzó a correr el 23 de noviembre de 2006, terminando el 23 de noviembre de 2008. Como la demanda se interpuso el 24 de julio de este mismo año, se colige que se presentó de manera oportuna. Lo anterior, aún sin considerar la suspensión del término por virtud del trámite de la conciliación extrajudicial. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO OBITER DICTUM [L]a Sala valorará las copias simples aportadas al proceso, toda vez que no fueron tachadas de falsas en el desarrollo del mismo. Lo anterior, en cumplimiento de la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2013, expedida por la Sala Plena de la Sección Tercera. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de la copia simple de documento, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. DECLARACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA / ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN DIRECTA OBITER DICTUM La urgencia manifiesta, que debe ser declarada por acto administrativo, es una figura regulada en los artículos 41 a 43 de la Ley 80 de 1993, la cual se presenta cuando “[…] la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos” (artículo 42 de la Ley 80). La contratación por urgencia manifiesta es tan expedita que, inclusive, la administración puede prescindir del contrato escrito y del acuerdo sobre el precio (artículo 41 de la Ley 80), siendo necesaria, únicamente, la existencia de una autorización escrita. Según el literal f) del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80, vigente al momento de celebrarse el contrato 499, en la urgencia manifiesta la entidad pública podrá contratar de manera directa, sin necesidad de contar con los estudios o documentos previos. […] [L]a urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en los cuales puede suscitarse la necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros, pero inminentes, bien sea en virtud de los estados de excepción, o por la paralización de los servicios públicos, o provenientes de situaciones de calamidad, o hechos constitutivos de fuerza mayor o de desastres, o cualquier otra circunstancia similar que no dé espera en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso de selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que toman tiempo, y hacen más largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación de urgencia, resulta entorpecedora, porque la solución, en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la figura de la urgencia manifiesta como una modalidad de contratación directa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de febrero de 2011, rad. 34425, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 27 de abril de 2006, rad. 14275, C. P. Ramiro Saavedra Becerra. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 1 LITERAL F, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 42, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 43 CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO OBITER DICTUM [D]e manera reiterada, esta Corporación ha diferenciado las instituciones del incumplimiento y del equilibrio económico. Aunque el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 considera que el incumplimiento contractual es una causa del desequilibrio económico, la Sección Tercera ha explicado que ello constituye una imprecisión legislativa, debido a que el incumplimiento obedece a otras causas y genera otro tipo de consecuencias. Ciertamente, el desequilibrio se fundamenta en actuaciones lícitas, esto es, el uso de las prerrogativas de la administración (hecho del príncipe o ius variandi), o la ocurrencia de situaciones ajenas a las partes (imprevisión). Por el contrario, el incumplimiento de las obligaciones transgrede el ordenamiento jurídico y constituye una actuación culposa de la parte que no honra sus compromisos contractuales. Sumado a ello, los efectos de ambas figuras son diferentes, puesto que, mientras en el desequilibrio se busca recuperar la conmutatividad del contrato, en el incumplimiento se pretende la ejecución de las obligaciones o la resolución del contrato y, en ambos casos, la indemnización de los perjuicios. […] Bajo esos términos, si la voluntad del demandante se dirige a obtener, como en este caso, el restablecimiento del equilibrio económico, deberá demostrar la ocurrencia, con posterioridad a la celebración del contrato, de un hecho anormal, extraordinario y excepcional, o la expedición, por parte de la entidad contratante -en ejercicio de sus funciones administrativas-, de una medida de carácter general que lo haya afectado, o de un acto contractual en ejercicio del ius variandi. Dicha situación deberá, además, haber hecho significativamente más gravosa la ejecución del contrato, de tal manera que se configure un álea extraordinaria que supere los riesgos propios del negocio jurídico, ser inimputable a la parte que la invoca, y ser sobreviniente, imprevista e imprevisible. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la diferencia entre la ruptura del equilibrio contractual y el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratantes, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2019, rad. 43631, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 22 de octubre de 2021, rad. 55541, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / URGENCIA MANIFIESTA / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Se presenta ruptura del equilibrio económico del contrato y se acreditaron los sobrecostos por el tiempo perdido por la no entrega de los diseños y la compra de los predios por parte de la entidad demandada, lo que conllevó a suscribir entre las partes un otrosí prorrogando el contrato, sin dejarse salvedad alguna? Respuesta al problema jurídico: No En relación con los retrasos en la entrega de los diseños y la compra de los predios, es necesario precisar que estas situaciones no se enmarcan en los presupuestos del rompimiento del equilibrio económico, ya que, de encontrarse acreditadas, no constituirían actuaciones legítimas de la administración, o circunstancias ajenas a las partes, sino la desatención de deberes contractuales. Este solo argumento sería suficiente para despachar desfavorablemente los planteamientos relacionados con los estudios y con los predios, dado que el actor solicitó, de manera expresa, que no se declarara la existencia de perjuicios por incumplimiento. A pesar de ello, y de haberse conservado la pretensión de incumplimiento, lo cierto es que la misma no habría prosperado, por lo siguiente: como se explicó en líneas anteriores, la urgencia manifiesta es un tipo de contratación especial, que se emplea con el fin de contener una crisis inminente. Por lo mismo, no es obligatorio que la entidad, antes de celebrar el contrato, elabore los documentos previos, entre los cuales se encontrarían los estudios de estabilidad del talud, o negocie los predios que serán intervenidos. Además, como el contrato 499 tampoco previó estas obligaciones a cargo del INVÍAS, no es posible colegir, como lo argumentó el accionante, que era clara la fecha límite que se tenía para la realización de dichas actividades. […] Bajo este panorama, no sería procedente que el actor solicitara la indemnización de perjuicios por la falta de adición del valor del contrato, ya que la modificación celebrada por las partes se justificó en los inconvenientes que generaron, entre otras situaciones, los retrasos en la elaboración de los estudios y la no compra de los predios. Si el [demandante] consideraba que la paralización de la obra le había generado algún sobrecosto, debió dejar constancia de tal situación en la modificación o debió, como en efecto lo enuncia el acta, insistir en la adición de los recursos. El que no lo haya hecho, convalida las actuaciones del INVÍAS, y acepta las condiciones económicas que subyacían tales decisiones. En otros términos, sería contrario a la buena fe que, a pesar de que este otrosí se suscribió con el fin de solucionar las inconformidades esgrimidas por el contratista, este lo haya firmado, sin dejar alguna manifestación sobre la insuficiencia de ese acuerdo para satisfacer dichas reclamaciones. […] Por lo mismo, si el actor consideraba que estos recursos no eran suficientes, debió manifestarlo, y dejar constancia de tal situación en los actos bilaterales que celebró durante la ejecución del contrato. El que hubiera suscrito el acta de recibo final, sin salvedad alguna, implicaba que lo reconocido por el INVÍAS representa lo efectivamente ejecutado, sin que persistieran obligaciones por reconocer o por pagar. En todo caso, aunque en la demanda, y en documentos como el derecho de petición del 19 de septiembre de 2007 […], el actor aseguró que el tiempo perdido por la no entrega de los estudios y la no legalización de los predios le causó perjuicios económicos, no existe una prueba que permita demostrar, efectivamente, la configuración de los alegados sobrecostos. El material probatorio obrante en el expediente no permite identificar cuál fue el monto ni los demás elementos del daño invocado por el contratista.
Texto extraído del PDF oficial 96.464 caracteres
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 52001-23-31-000-2008-00259-01 (56.678) Actor: RICHAR JAVIER MOSQUERA BENAVIDES1 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVÍAS- Referencia: ACCIÓN CONTRACTUAL La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia del 30 de noviembre de 2015, p roferida por el Tribunal Administrativo de Nariño (fls. 642 – 653, c. ppl.), por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO El 24 de julio de 2008, el señor Richar Javier Mosquera Benavides presentó demanda (fls. 2 – 22, c1), en ejercicio de la acción de controversias contractuales, en contra del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-, con la pretensión de que se liquidara el cont rato 499 del 14 de febrero de 2006 -que tenía por objeto atender obras de emergencia en la carretera Junín – Pedregal, de la transversal Tumaco – Mocoa-, y que, además, se le pagaran los sobrecostos derivados del rompimiento del equilibrio económico y financiero del mismo. Dicho rompimiento lo fundamentó en lo siguiente: (i) el INVÍAS no entregó los estudios de estabilidad del talud de manera oportuna, no compró los predios que debían ser intervenidos, y no designó a una persona que viabilizara el tránsito diario; 1 En diferentes documentos del expediente, entre ellos, la demanda, se indica que el nombre del actor es “Richard Javier Mosquera Benavides”. Sin embargo, en otros documentos, como el registro civil de matrimonio, se precisa que el nombre es “Richar Javier Mosquera Benavides”. Por ello, se consultaron las páginas del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA-, de la Procuraduría y de la Policía, confirmando que el verdadero nombre del accionante es el segundo mencionado. 2 Radicación número: 52001-23-31-000-2008-00259-01 (56.678). Actor: Richar Javier Mosquera Benavides. Demandado: INVÍAS. Referencia: Acción Contractual. (ii) hubo retrasos en el pago de las actas parciales de obra; (iii) el contratista debió adquirir, para ejecutar sus obligaciones, diferentes créditos bancarios y personales e, inclusive, debió enajenar uno de los bienes de su cónyuge; (iv) el INVÍAS terminó el contrato de manera tácita, anticipada y unilateral; (v) hubo un mayor valor en el transporte del material; (vi) no se reconoció un A.I.U. del 30%, pese a que fue pactado verbalmente, y (vii) el INVÍAS no reconoció el pago de obligaciones que había adquirido con la comunidad antes de la suscripción del contrato, pero que fueron canceladas por el demandante. II. ANTECEDENTES 1. La demanda: Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Nariño, el 24 de julio de 2008 (fls. 2 – 22, c1), corregida por medio de documento del 23 de octubre de 2008 (fls. 137 – 140, c1), el señor Richar Javier Mosquera Benavides, en ejercicio de la ac ción prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo - C.C.A.-, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, se dirigió en contra del INVÍAS, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas: PRIMERA.- Que se disponga la liquidación del contrato No. 499 del 2006 suscrito el 14 de febrero del año 2006, y el contrato No. 499 -1-2006 mediante el cual fue prorrogado el plazo del contrato inicial, contrato de obra cuyo objeto consistió en "EL CONTRATISTA se obliga a eje cutar para el INSTITUTO por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, la URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ENTRE EL PR.29+0900 AL PR.30+0200 DE LA CARRETERA JUNÍN – PEDREGAL (1002) DE LA TRANSVERSAL TUMACO – MOCOA”, conforme a las pruebas que se allegaran [sic] y practicaran [sic] dentro del proceso. SEGUNDA.- Que se condene a la entidad demandada Instituto Nacional de Vías - Oficina de Prevención y Atención de Desastres. [sic] "INVIAS" a pagar a mi representado Ingeniero RICHARD [sic] JAVIER MOSQUERA BENAVIDES la suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000) correspondientes a extra- costos, compensaciones por obras ejecutadas pagadas por el contratista y no compensadas por el [sic] entidad, intereses pagados por dineros invertidos del peculio del contratista y no reembolsados por la entidad, discriminados como se detalla en el correspondiente acápite de la demanda o conforme a la cantidad que resulte probada en el proceso y/o la suma que se derive de la liquidación del contrato por practicar. TERCERA.- La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso, en términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A. CUARTA.- La condena respectiva será actualizada en su valor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A. tomando como base la variación del índice de precios al consumidor, desde la fecha del incumplimiento hasta la de ejecutoria de la sentencia definitiva (fls. 137 – 138, c1)2. 2 Inicialmente, y antes de q ue la demanda fuera subsanada, las pretensiones eran las siguientes: “PRIMERA.- Que se declare el incumplimiento por parte del Instituto Nacional de Vías -Oficina de Prevención y Atención de Desastres ‘INVIAS’, del contrato No. 499 del 2006 suscrito el 14 de febrero del año 2006, y el contrato No. 499 -1-2006 mediante el cual prorrogado [sic] en el plazo el contrato inicial, contrato de obra cuyo objeto consistió en ‘EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el INSTITUTO por el sistema de precios unitarios fijos, sin ajustes, la URGENCIA MANIFIESTA PARA 3 Radicación número: 52001-23-31-000-2008-00259-01 (56.678). Actor: Richar Javier Mosquera Benavides. Demandado: INVÍAS. Referencia: Acción Contractual. 1.1 Los fundamentos de hecho: El actor sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos, que, en síntesis, se expresan a continuación: El 14 de febrero de 2006, el señor Mosquera Benavides suscribió con el INVÍAS el contrato 499, el cual tenía por objeto ejecutar, por urgencia manifiesta, la atención de obras de emergencia, mejoramiento y mantenimiento entre el PR.29+0900 y el PR.30+0200, de la carretera Junín – Pedregal (1002), de la transversal Tumaco – Mocoa. El valor del contrato, según la clá usula segunda, se fijó a precios unitarios, sin ajustes, según las sumas plasmadas en la propuesta del contratista. En todo caso, y para efectos fiscales, se estipuló el valor en la suma de $398’406.374, incluyendo el IVA. Asimismo, se estableció un A.I.U. del 18%, del cual el 5% correspondía a la utilidad. El plazo del contrato se pactó en 3 meses, a partir de la orden de iniciación. Entre el 15 de febrero y el 29 de abril de 2006, el INVÍAS debía entregar los estudios de estabilidad del talud, debía comp rar los predios que requerían ser intervenidos, y debía designar a una persona que viabilizara el tránsito diario. Lo anterior, en atención a que el informe de visita técnica, realizado por el geólogo Edgar Correa Cerro, del 4 de febrero de 2006, había recomendado elaborar los estudios y diseños LA ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ENTRE EL PR.29+0900 AL PR.30+0200 DE LA CARRETERA JUNÍN PEDREGAL (1002) DE LA TRANSVERSAL TUMACO – MOCOA’. Por no haber entregado a tiempo, los estud ios técnicos de estabilidad del talud que garantizarían la estabilidad de la zona a intervenir; por no haber solucionado a tiempo la negociación de predios particulares que se iban a afectar con la ejecución del contrato, lo cual impidió el cumplimiento de l cronograma de ejecución de la obra, por impedir de hecho sin justificación alguna la culminación del contrato; por haber incumplido en el pago de la [sic] cuentas y por no haber liquidado el contrato. ”SEGUNDO.- Que se disponga la liquidación del citado contrato, conforme a las pruebas que se allegaran [sic] y practicaran [sic] dentro del proceso. ”TERCERO.- Que se condene a la entidad demandada Instituto Nacional de Vías - Oficina de Prevención y Atención de Desastres. ‘INVIAS’ a pagar a mi representado I ngeniero RICHARD [sic] JAVIER MOSQUERA BENAVIDES la suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.00) correspondientes a extra-costos, compensaciones por obras ejecutadas pagadas por el contratista y no compensadas por el [sic] entidad, intereses pagados por dineros invertidos del peculio del contratista y no reembolsados por la entidad, discriminados como se detalla en el correspondiente acápite de la demanda O conforme a la cantidad que resulte probada en el proceso y/o la suma que se derive de la liquidación del contrato por practicar. ”CUARTO.- Que se condene al Instituto Nacional de Vías -Oficina de Prevención y Atención de Desastres- INVIAS, como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento, al pago de todos los perjuicios causados a mi representada, incluyendo daño emergente y lucro cesante consistentes en la disminución patrimonial ocasional y las ganancias, beneficio o provecho dejado de percibir, conforme a la cantidades y valores que resulten probadas en el proceso. ”QUINTO.- La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al proceso, en términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A. ”SEXTO.- La condena respectiva será actualizada en su valor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A. tomando como base la variación del índice de precios al consumidor, desde la fecha del incumplimiento hasta la de ejecutoria de la sentencia definitiva” (fls. 2 – 3, c1). 4 Radicación número: 52001-23-31-000-2008-00259-01 (56.678). Actor: Richar Javier Mosquera Benavides. Dema

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012331000200800259011100103