Titulación de la relatoría 21.021 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE ASOCIACIÓN / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / FUERZA MAYOR / HECHOS CONSTITUTIVOS DE FUERZA MAYOR / LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA / LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿La terminación del contrato estatal por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E. dio lugar a un rompimiento del equilibrio económico que debe ser restablecido?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]omo está probado que en este caso la causa que determinó la terminación del contrató obedeció a un evento de fuerza mayor –en tanto se encuentran reunidos los elementos de esta figura, esto es, que el hecho sea imprevisible, irresistible y externo–, se debe concluir, de una parte, que ambos contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones, y, de otra, que al amparo de lo dispuesto en el artículo 1604 del Código Civil y del inciso segundo del artículo 1616 ibidem, la E.S.E no está llamada a indemnizar los perjuicios que se hubieren generado como consecuencia de la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato hasta el vencimiento del plazo pactado. […] Como consecuencia de lo expresado en el acápite anterior, la Sala no accederá a la solicitud de la parte actora en el sentido de que se revoque la decisión del Tribunal de liquidar en ceros el contrato, para, en su lugar, incluir como saldos a su favor los valores que reclama a título de indemnización de perjuicios derivados de la terminación anticipada del negocio jurídico. Como ningún otro reparo se presentó frente a la liquidación, la Sala debe confirmar la decisión que se adoptó en primera instancia frente a esta materia.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1604, 1616
RECURSO DE APELACIÓN / NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ACTOS DEL LIQUIDADOR / TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN
Problema jurídico:
¿Es admisible que se analicen nuevos cargos planteados en el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: No
En su impugnación la apelante insiste en que se declare la nulidad de las citadas resoluciones, pero no reprocha la manera como el Tribunal decidió negarlas, aunque sí introdujo por vía del recurso una nueva causa para sustentar lo relativo a la nulidad de tales actos, haciendo suyo lo consignado en el salvamento de voto, esto es, que antes de terminar el contrato y expedir los actos que se pronunciaron frente a las reclamaciones, el Liquidador de la E.S.E debía proceder a la liquidación del contrato. Sobre el nuevo cargo, la Sala se abstendrá de considerarlo en esta instancia, en tanto supondría una vulneración de los principios de congruencia, imparcialidad y, correlativamente, del derecho al debido proceso de la parte demandada, en la medida que lo consignado en el salvamento de voto fija el criterio del magistrado que lo suscribió para considerar que el acto de terminación y los que resolvieron las reclamaciones eran nulos, aspecto que como se revela en la demanda no fue traído a juicio por la parte actora. […] En ese contexto, en tanto FINSEMA trae con su recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia y en la medida que no presentó ningún reparo frente a la forma en la que el a quo despachó negativamente las pretensiones asociadas a la validez de los actos del liquidador que negaron las acreencias reclamadas –ni insistió en los cargos que formuló en la demanda en su contra–, la Sala acotará su estudio y definición a las pretensiones contractuales que se concretan en la reclamación de los perjuicios que se habrían derivado de la terminación anticipada y unilateral del contrato.
ACTOS DEL LIQUIDADOR / FACULTADES DEL LIQUIDADOR / OBLIGACIONES DEL LIQUIDADOR / FUNCIÓN DEL LIQUIDADOR / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿Es competencia del liquidador de una empresa estatal resolver de manera unilateral e impositiva los conflictos o litigios derivados de los contratos que hubiere celebrado la entidad durante su existencia?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l conflicto que propone el demandante debe ser definido por el juez del contrato y no por el liquidador de la entidad pública, cuya función, en lo que concierne a las reclamaciones de los acreedores en punto a la exigibilidad y pago de las obligaciones del ente suprimido, está encaminada a calificarlas y graduarlas con el fin de llevar a término la liquidación definitiva de la entidad; como parte de este encargo puede, además, transigir, conciliar, comprometer, compensar o desistir, judicial o extrajudicialmente en los procesos y reclamaciones que se presenten en el curso de la liquidación, pero no puede resolver de manera unilateral e impositiva los conflictos o litigios derivados de los contratos que hubiere celebrado la entidad durante su existencia, en tanto la ley no le confirió facultades para ello. Es por esto que las obligaciones que está habilitado a reconocer el liquidador son solamente aquellas respecto de las cuales no existe duda acerca de su existencia y exigibilidad. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que cuando en el curso del proceso de liquidación se niega el reconocimiento y pago, con cargo a la masa de liquidación, de obligaciones cuyo origen se imputa a un contrato, esta decisión, de conformidad con el artículo 7º del Decreto Ley 254 de 2000, se exterioriza mediante declaraciones unilaterales de la voluntad expresadas en un acto administrativo; por tanto, la parte desfavorecida con ella no puede pretender lograr ese mismo reconocimiento por vía judicial, sin someter a juicio la legalidad de ese acto, dadas las atribuciones propias que se derivan de su presunción de legalidad. Con todo, cabe precisar que lo acabado de mencionar no es lo que ocurre en este caso, en tanto al revisar el contenido de las Resoluciones Nos. 010, 011 y 053, se puede constatar que justamente en ellas se expresó que el liquidador carecía de competencia para resolver la reclamación de FINSEMA, en la medida que no se refería a la exigibilidad de una obligación preexistente, por lo que la definición sobre su reconocimiento correspondía al juez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 254 DE 2000 - ARTÍCULO 7
PACTO ARBITRAL / CLÁUSULA COMPROMISORIA DEL CONTRATO ESTATAL / ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / LÍMITES DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / IMPROCEDENCIA DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La Sala tiene competencia para definir el asunto relativo a la imputación de los perjuicios derivados de la terminación anticipada y unilateral del contrato por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E.?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es importante señalar que el hecho de que exista un pacto arbitral no implica que todas las diferencias que se originen en el marco de un determinado negocio jurídico estén subsumidas en él, en tanto las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad y del principio de habilitación, pueden decidir de manera autónoma y vinculante cuáles controversias son las que someten al conocimiento de la justicia arbitral y, en el caso concreto lo hicieron únicamente respecto de “cualquier divergencia o discrepancia que se presente durante la ejecución del contrato”; por tanto, no es posible extender la habilitación de los árbitros respecto de conflictos surgidos con su terminación, de manera que la Sala tiene competencia para definir el asunto relativo a la imputación de los perjuicios derivados de la terminación anticipada y unilateral del contrato por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E, aspecto que la demandante identifica como un evento de rompimiento del equilibrio económico del contrato.
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / DERECHO PÚBLICO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿El restablecimiento del equilibrio económico del contrato que contempla la Ley 80 de 1993, es un mecanismo instituido para garantizar el cumplimiento del contrato de cara a la satisfacción de la necesidad pública que se pretende atender a través de su celebración y ésta figura solo aplica para los contratos regidos por el derecho público?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a figura del restablecimiento del equilibrio económico del contrato que contempla la Ley 80 de 1993 es un mecanismo instituido para garantizar el cumplimiento del contrato de cara a la satisfacción de la necesidad pública que se pretende atender a través de su celebración. Así, esta figura, propia del derecho público, se concreta en el derecho –no exclusivo– del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar. Su justificación se encuentra, principalmente, en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público –en sentido lato– y los intereses generales que están en juego en la contratación estatal, de suerte que, si el cumplimiento de las obligaciones del contratista se torna más oneroso o difícil, no se paralice su prestación. En ese sentido, la Ley 80 de 1993 trae una serie de imposiciones que se entienden integradas al régimen jurídico de los contratos que se celebran bajo su égida –que, en virtud del principio de buena fe, obligan a quienes lo celebren – dirigidas a garantizar su cumplimiento. […] [E]sta Corporación ha señalado que para reclamar un reconocimiento económico con base en el rompimiento del equilibrio económico del contrato, es imprescindible que el contratista, pese a la mayor onerosidad que una determinada circunstancia pueda generar respecto de la ejecución de sus obligaciones, las hubiere cumplido, en tanto la razón de ser de la incorporación de tal figura en el derecho público está determinada por la necesidad de satisfacer el interés general ínsito en el contrato estatal; de ahí que tal restablecimiento puede darse, incluso, de manera posterior a la ejecución del contrato. […] Se trata, pues, de que ante el surgimiento de hechos imprevisibles no imputables a las partes que tengan la virtualidad de afectar ostensiblemente el cumplimiento de sus obligaciones por hacerlas excesivamente onerosas, ambas están obligadas a atenderlos variando en lo pertinente lo pactado inicialmente con el objeto de restablecer la equivalencia entre prestaciones inicialmente prevista con miras a garantizar que el contrato complete satisfactoriamente su ejecución. Dado que se trata de una obligación de rango legal que se entiende incorporada al clausulado del contrato, en caso de que no se cumpla, la parte afectada queda habilitada para acudir al juez en procura de hacer cumplir a la otra la obligación de restablecimiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la figura del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 39249, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 26 de febrero de 2004, rad. 14043, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de 10 de noviembre de 2005, rad. 14392, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / REVISIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El restablecimiento económico del contrato aplica a los contratos gobernados por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n el caso de los contratos gobernados por el derecho privado rige con todo rigor el principio del pacta sunt servanda, pues, aún ante el advenimiento de circunstancias imprevisibles que hagan excesivamente onerosas las obligaciones de las partes, no hay norma que obligue a la otra a restablecer las condiciones inicialmente convenidas, esto es, a renegociarlas para que el sinalagma que ha sido alterado sustancialmente vuelva al punto inicial de la negociación. En estos casos, entonces, salvo pacto expreso entre las partes o decisión judicial fincada en la revisión de las condiciones del contrato de cara a la ocurrencia de circunstancias extraordinarias e imprevisibles que alteren ostensiblemente las cargas de los contratantes, la contraparte solo está obligada a cumplir en su literalidad lo pactado en el contrato y, por lo mismo, solo estará obligada a indemnizar los perjuicios que derive de la inobservancia de sus obligaciones, dentro de las que no se encuentra la de restablecer la ecuación económica en la forma que determinan las normas del derecho público. La Sala pone de presente que la diferencia entre la figura del rompimiento del equilibrio económico del contrato y la de su revisión por efecto del advenimiento de circunstancias extraordinarias e imprevisibles, así como la imposibilidad de aplicar la primera a los contratos regidos por el derecho privado ante la inexistencia de normas que la contemplen y la integren a esa clase de negocio jurídicos ya ha sido abordada por esta Sección.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposibilidad de aplicar el rompimiento del equilibrio económico del contrato regido por el derecho privado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 febrero de 2021, rad. 47068, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 28 de abril de 2021, rad. 48962, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 8 de septiembre de 2021, rad. 58235, C. P. Alberto Montaña Plata.
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / REVISIÓN DEL CONTRATO / NORMATIVIDAD DEL DERECHO CIVIL / NORMAS DEL DERECHO COMERCIAL / INAPLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / FUERZA MAYOR / TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Se pueden aplicar las normas que regulan la figura del rompimiento del equilibrio económico de los contratos estatales regidos por la Ley 80 de 1993, al contrato suscrito con Empresas Sociales del Estado, que están sometidas al derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]omo no hay duda en cuanto a que el contrato No. 0648 del 2 de mayo de 2006 se rigió por el derecho privado –pues así surge de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 que señala que en materia contractual las empresas sociales del Estado están sometidas al derecho privado, y, de conformidad con esta norma, las partes señalaron que el régimen que lo gobernaría sería el establecido en las disposiciones comerciales y civiles, según lo previsto en el artículo 14 del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003 que reitera lo dispuesto en el referido artículo 195 de la Ley 100 –, debe concluirse que a este no podían aplicarse las normas que regulan la figura del rompimiento del equilibrio económico de los contratos estatales regidos por la Ley 80 de 1993, pues no se pueden entender integradas a su clausulado. Tampoco se observa que las partes hubieren pactado obligaciones con ese alcance. Precisado lo anterior, advierte la Sala que el caso planteado tampoco puede analizarse a la luz de la teoría de la imprevisión según lo regulado en el artículo 868 del Código de Comercio, pues no se trata de revisar las condiciones del contrato en consideración a que, por circunstancias extraordinarias e imprevisibles, las obligaciones de FINSEMA o las de la E.S.E se hubieren tornado excesivamente onerosas, sino del advenimiento de una circunstancia de fuerza mayor que tornó imposible su ejecución y, por disposición legal, lo llevó a su terminación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1750 DE 2003 - ARTÍCULO 14, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 195 NUMERAL 6, LEY 80 DE 1993
FUERZA MAYOR / CONCEPTO DE FUERZA MAYOR / CONFIGURACIÓN DE LA FUERZA MAYOR / IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / IRRESISTIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / HECHOS CONSTITUTIVOS DE FUERZA MAYOR / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA / LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La liquidación forzosa de una entidad pública constituye un evento de fuerza mayor?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 64 del Código Civil señala que la fuerza mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. Con base en esta norma, se ha concluido que los elementos de la fuerza mayor son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Con todo, como indica la jurisprudencia, el evento también debe ser externo al deudor. […] En materia contractual, la fuerza mayor se entiende referida al acaecimiento de circunstancias imprevisibles e irresistibles, extrañas a las partes, que imposibilitan, definitiva o temporalmente, total o parcialmente, la ejecución del contrato. De antaño, esta Corporación ha concluido que la imposibilidad del cumplimiento oportuno de obligaciones que encuentra su causa en el proceso administrativo de liquidación forzosa de una entidad pública constituye un evento de fuerza mayor que desvirtúa la situación aparente de mora, toda vez que, en los términos del inciso 2º del artículo 1616 del Código civil "la mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios".
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1616 INCISO 2, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 64
LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA / CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONFIGURACIÓN DE LA FUERZA MAYOR / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / IRRESISTIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / HECHOS CONSTITUTIVOS DE FUERZA MAYOR / ACTOS DEL LIQUIDADOR / FACULTADES DEL LIQUIDADOR / FUNCIÓN DEL LIQUIDADOR / LIQUIDADOR DE LA ENTIDAD PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL LIQUIDADOR / LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La imposibilidad definitiva de continuar con la ejecución de un contrato como consecuencia del advenimiento durante su desarrollo del proceso administrativo de liquidación forzosa de la entidad pública contratante, constituye un evento de fuerza mayor que, salvo pacto en contrario, libera a sus partes de responsabilidad respecto del cumplimiento de sus obligaciones y, por tanto, impide que se acceda a reconocer las reclamaciones de indemnización de perjuicios que de ello se pudieran derivar?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala concluye en esta oportunidad que, en principio, la imposibilidad definitiva de continuar con la ejecución de un contrato como consecuencia del advenimiento durante su desarrollo del proceso administrativo de liquidación forzosa de la entidad pública contratante, constituye un evento de fuerza mayor que, salvo pacto en contrario, libera a sus partes de responsabilidad respecto del cumplimiento de sus obligaciones y, por tanto, impide que se acceda a reconocer las reclamaciones de indemnización de perjuicios que de ello se pudieran derivar. A esta conclusión se arriba, no solo porque se trata de uno de los eventos que a título enunciativo califica el citado artículo 64 como fuerza mayor, en tanto se refiere a una orden de autoridad legítima a la que no es posible resistir, sino porque, en principio, se trata de un suceso imprevisible, irresistible y externo a la entidad que queda sometida a dicho procedimiento, que impide, de manera definitiva, la continuación de la ejecución del contrato ante la imposibilidad de su representante legal de realizar actos distintos a los de la liquidación de la entidad sobre la cual recae la medida administrativa y que, por disposición legal, lo lleva a su terminación. […] Así las cosas, pese a que, en principio, cuando el hecho de que la imposibilidad de ejecutar un contrato devenga de un evento de fuerza mayor libere a las partes del cumplimiento de sus obligaciones sin responsabilidad para ninguna de ellas, es posible también arribar a otra conclusión, siempre que expresamente se hubiere estipulado lo contrario.
Texto extraído del PDF oficial 149.951 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 68001-23-31-000-2009-00229-02 (58485)
Actor: FINSEMA (Fundación Integral para la Salud y la Educación
Comunitaria del Magisterio)
Demandada: E.S.E. Francisco de Paula Santander en liquidación
Acción: Controversia Contractual
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: VARIACIÓN DE LA CAUSA PETENDI – no es admisible que se analicen nuevos
cargos planteados en la apelación // COMPETENCIA DEL LIQUIDADOR vs COMPETENCIA
DEL JUEZ – el liquidador no puede resolver de manera unilateral e impositiva los conflictos o
litigios derivados de los contratos que hubiere celebrado la entidad durante su existencia, la
competencia para resolver tales conflictos corresponde al juez // ACTOS DEL LIQUIDADOR
FRENTE A RECLAMACIONES DE ACREENCIAS – son actos administrativos //
ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECON ÓMICO DEL CONTRATO Y DEBER DE
RESTABLECERLO – es una figura propia de los contratos regidos por el derecho público //
ROMPIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO vs REVISI ÓN DEL
CONTRATO – la primera impone la obligación de mantener inalterada la con mutatividad del
contrato durante toda su ejecución y de restablecerla en caso de que se modifique por
circunstancias imprevisibles no imputables a las partes; la segunda supone la posibilidad de
acudir al juez para que –de cara al cumplimiento de prestacio nes futuras – revise las
condiciones inicialmente pactadas frente a la ocurrencia de circunstancias que tornen
excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones // TEOR ÍA DE LA IMPREVISIÓ
N vs FUERZA MAYOR – la primera supone la ocurrencia de circunstancias imprevisibles y
extraordinarias que hacen más gravosa la ejecución de una obligación, la fuerza mayor supone
la imposibilidad de ejecutar las obligaciones // TEORIA DEL RIESGO – la imposibilidad
definitiva de ejecutar un contrato de prest aciones recíprocas debido al advenimiento de
circunstancias de fuerza mayor libera de responsabilidad a ambas partes en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin lugar a indemnizaciones, salvo que se hubieren pactado cláusulas de
agravación de responsabilidad.
La controversia gira alrededor de imputación de los perjuicios que asevera la parte
actora le fueron ocasionados con la terminación unilateral del contrato No. 0648 de
2006 que celebró con la E.S.E. Francisco de Paula Santander, en razón del proces o
de liquidación forzosa al que fue sometida la entidad pública contratante.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual
2
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 26 de noviembre de 20 151,
en la que el Tribunal Administrativo de Santander dispuso 2 (se transcribe
literalmente, incluso, con errores):
“PRIMERO: DECLARESE NO PROBADAS las excepciones denominadas
‘LEGALIDAD DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN Y DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO DE SERVICIO AS OCIADO Y CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE
RECLAMACIÓN; INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN; FALTA DE
COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN; INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD
POR ASUNCIÓN DE RIESGOS POR CADA CONTRATANTE; e INEXISTENCIA
DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE’ planteada s por la demandada,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: LIQUIDASE el contrato de asociación No. 0648 de 2006 suscrito
entre la E.S.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y FINSEMA, con resultado
de $0,00 pesos.
TERCERO: D ENIÉGESE las restantes pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo establecido en la parte motiva de la sentencia.
CUARTO: No condenar en costas, por las razones expuestas.
QUINTO: En firme esta providencia, archívese el expediente, p revias las
anotaciones de rigor en el sistema”.
2. El anterior proveído resolvió la demanda presentada el 23 de abril de 2009 3
por la Fundación Integral para la Salud y la Educación Comunitaria del Magisterio
(en adelante, FINSEMA, la Fundación o la demanda nte), en contra de la E.S.E
Francisco de Paula Santander, en liquidación (en adelante la E.S.E, o la
demandada)4, cuyas pretensiones y principales fundamentos de hecho y de derecho
son los siguientes:
Pretensiones
3. La demandante solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas (se transcribe literalmente, incluso, con errores):
“PRIMERA: Se proceda a practicar la LIQUIDACIÓN JUDICIAL del Contrato de
Asociación No. 0648 del 2006 suscrito entre la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO, FRANCISCO DE PAU LA SANTANDER y LA FUNDACIÓN
INTEGRAL PARA LA SALUD Y LA EDUCACIÓN COMUNITARIA DEL
MAGISTERIO FINSEMA conforme a lo previsto en el literal d), numeral 10 del
artículo 136 del C.C.A.
SEGUNDA: Se declare la nulidad del Acto de Terminación del contrato de
Asociación No. 0648 del 2006, suscrito entre la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO, FRANCISCO DE PAULA SANTANDER y LA FUNDACIÓN
INTEGRAL PARA LA SALUD Y LA EDUCACIÓN COMUNITARIA DEL
MAGISTERIO FINSEMA , de fecha 15 de marzo de 2008, suscrito por la
1 Folio 655 a 665 del cuaderno Consejo de Estado.
2 Con salvamento de voto de la Magistrada Digna María Guerra. Folios 666 a 671, cuaderno principal.
3 Folio 37, cuaderno 1.
4 Folio 6 a 37, cuaderno 1.
Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual
3
apoderada Especial del Liquidador de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN.
TERCERA: Se declare la nulidad de la resolución No. 000011 del 14 de agosto
de 2008, expedida por la Apoderada General del CONSORCIO EN
LIQUIDACIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ‘Por medio de la cual se
decide sobre las reclamaciones que se fundamentan en contratos de naturaleza
administrativa presentadas oportunamente al proceso liquidatorio de la ESE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN’.
CUARTA: Se declare la nulidad de la resolución No. 000010 del 14 de agosto
de 2008, expedida por la Apoderada General del CONSORCIO EN
LIQUIDACIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ‘Por medio de la cual se
decide sobre las reclamaciones oportunas presentadas por concepto de mejoras
locativas y eventual lucro cesante en contratos celebrados con la ESE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN LIQUIDACIÓN’.
QUINTA: Se declare la nulidad de la Resolución No. 000053 del 24 de octubre
de 2008, mediante la cual se resolvieron adversamente l os recursos de
reposición interpuestos contra las Resoluciones No. 000010 y No.00011 del 14
de agosto de 2008 expedida por la Apoderada General del CONSORCIO EN
LIQUIDACIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.
SEXTA: Como consecuencia de lo anterior, derivado d el ROMPIMIENTO DEL
EQUILIBRIO CONTRACTUAL y a título de restablecimiento, se reconozca a
favor de la FUNDACIÓN INTEGRAL PARA LA SALUD Y LA EDUCACIÓN
COMUNITARIA DEL MAGISTERIO, FINSEMA el monto total de los conceptos
reclamados en la solicitud presentada con fundamento en el artículo 23 del
Decreto Ley 254 de 2000 modificado por los artículos 12 del Decreto 1105 de
2000 y 24 del Decreto 2211 de 2004, esto es, en el monto equivalente a diez mil
millones ciento sesenta y ocho mil ochocientos un mil ciento c uarenta y
seis pesos. ($10.168.801.146), suma que se depreca debidamente actualizada
con aplicación de la siguiente formula de indexación:
VP= VHX IND. F
----------------
IND. I
Donde:
VP= Suma Actualizada
VH= Suma a actualizar
IND. I= Índice de Precios al Consumidor a la fecha de terminación del
contrato 15 de marzo de 2008
IND. F= Índice de Precios al Consumidor a la fecha de ejecutoria de la
sentencia.
SÉPTIMA: Se imparta cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 176 y 177 del C.C.A”.
Hechos
1. La parte demandante enunció, en síntesis, los siguientes hechos:
1.1. Relató que entre FINSEMA y la E.S.E se celebró el contrato de asociación No.
0648 de 2006 que tenía por objeto realizar las obras, instalaciones y adecu aciones
en un espacio físico de la Unidad Hospitalaria Clínica Comuneros ubicada en la
ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, perteneciente a la segunda
de las indicadas, con el fin de poner en marcha y operación las unidades de cuidados
Radicación: 68001233100 200900229 02 (58485)
Actor: FINSEMA
Demandado: E.S.E. Francisco de Paula Santander, en liquidación
Acción: Controversia Contractual
4
intensivos de adultos, pediátricas y neonatales adicionales a las existentes y la
unidad de cuidados intermedios bajo la modalidad de atención integral en la clínica.
1.2. Refirió que en la cláusula tercera del contrato se definieron como obligaciones
de la E.S.E.: (i) la entrega a FINSEMA de un espacio en la unidad hospitalaria, con
un área de 635 mt2 para la construcción de las unidades de cuidado intensivo, para
lo cual la Fundación debía realizar adecuaciones a los cubículos, cunas,
habitaciones, áreas de administración y facturación, farmacia, sala de juntas, trabajo
sucio y limpio, áreas de circulación, áreas de desinfección, esterilización y
enfermería, y (ii) permitir el acceso a fin de que se realizaran las obras físicas
necesarias para el funcionamiento de las uni
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.