Titulación de la relatoría 17.771 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia en procesos de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se tiene presente que el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), vigente a partir del 2 de julio de 2012, prescribe que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra instituida para conocer, “además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, (…) en los que estén involucradas las entidades públicas”. En esta oportunidad se encuentran en controversia circunstancias atinentes al supuesto incumplimiento y/o desequilibrio económico del contrato de administración No. 556 de 2007, celebrado entre el municipio de Neiva y la Caja de Compensación Familiar del Huila. Así las cosas, el municipio de Neiva, al ser un ente territorial, ostenta la naturaleza de entidad estatal, por lo que, con sujeción a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 104 del CPACA, esta jurisdicción es competente para conocer del presente asunto. También le asiste competencia a la Sala para tramitar la causa en segunda instancia, toda vez que la mayor de las pretensiones de contenido económico se estimó en la suma de $669’381.3682 , monto que resulta superior a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V. ($368’858.500) 3 , exigida en la Ley 1437 de 20114 , para que el proceso tuviera vocación de doble instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demanda un supuesto de incumplimiento y/o desequilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Observa la Sala que las pretensiones versan sobre el supuesto incumplimiento y/o desequilibrio económico del contrato 556 de 2007, aspecto que, al tenor de los dictados del artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, corresponde ventilarse a través del medio de control de controversias contractuales. Para establecer la oportunidad de la interposición de la demanda debe tenerse en consideración la regla prevista en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, de conformidad con la cual “v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga”. En este caso, el plazo de ejecución del contrato 556 de 2007 se acordó en 84 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, actuación que se produjo el 28 de febrero de 2008. De ahí que el término pactado habría de vencer el 28 de febrero de 2015. En consonancia, los seis meses en que se habría de surtir la etapa de liquidación bilateral y unilateral se cumplirían el 29 de agosto de 2015. Por lo anterior, los dos años para acudir a la jurisdicción caducarían el 30 de agosto de 2017. Cabe poner de presente que el 4 de julio de 2017, faltando 58 días para cumplirse el término, la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 153 Judicial II, trámite que se declaró fallido por ausencia de ánimo conciliatorio según constancia emitida por ese organismo el 30 de agosto de 20175 . Al día siguiente se reanudó el término faltando para cumplir los dos años de caducidad, el cual finalizaba el 27 de octubre de 2017. Al haberse presentado la demanda el 19 de septiembre de 2017 se concluye que el medio de control se ejerció dentro de la oportunidad legal respectiva
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / IUS VARIANDI / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es la diferencia entre el desequilibrio económico del contrato y el incumplimiento contractual y cuáles son los presupuestos de cada uno?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Subsección ha enfatizado en que la conservación del equilibrio prestacional propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta y que le sirvieron de cimiento. En ese sentido, ha sostenido que dicha equivalencia puede verse afectada, ya fuere por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión, o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como “Hecho del Príncipe”, o en uso de sus facultades de entidad contratante a través de las potestades excepcionales “Ius variandi”, pero que en ningún caso se derivan de la conducta antijurídica del extremo público contratante. Igualmente, el legislador ha establecido que dicha equivalencia debe garantizarse a ambas partes, en tanto no constituye un privilegio exclusivo del contratista particular. Por tanto, en el evento de quebrantarse, corresponderá adoptar los mecanismos de restablecimiento dispuestos por el legislador y adoptados por las partes, entre ellos, el reajuste de precios. A contrario sensu, el incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato. Cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones o términos de referencia que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico. Asimismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce el catálogo de principios que orientan la contratación y que igualmente se entienden incorporados en la relación jurídica bilateral6 . El incumplimiento se origina en una conducta alejada de la juridicidad de uno de los extremos cocontratantes que, de manera injustificada, se sustrae de la satisfacción de las prestaciones a su cargo en el tiempo y en la forma estipulada. Su ocurrencia invade la órbita de la responsabilidad contractual y, desde esa perspectiva, la parte cumplida podrá acudir a la jurisdicción en procura de obtener la resolución del vínculo obligacional, el cumplimiento del compromiso insatisfecho y la indemnización de los perjuicios causados7 . Aunque las figuras analizadas obedecen a causas diferentes y tienen consecuencias distintas, la jurisprudencia de esta Subsección ha reconocido que en algunas oportunidades las decisiones judiciales han adoptado posturas que permiten identificar, impropiamente, el incumplimiento contractual como causa de la ruptura económica del contrato8 . De cualquier modo, en atención al principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, corresponderá al juez de la causa determinar, en cada caso particular, desde cuál óptica debe emprenderse el respectivo análisis. Al descender en el análisis del caso concreto, la Sala advierte que, en realidad, el origen de la reclamación corresponde a hechos constitutivos de incumplimiento, en cuanto lo que se sostiene es que el municipio de Neiva inobservó los compromisos negociales vertidos en el clausulado del acuerdo, por mérito de los cuales el ente público debía ceder a la Caja los contratos de arrendamiento que recaían sobre los locales ubicados en los inmuebles objeto de administración y además debía reconocer en favor del contratista los mayores costos en que hubiera incurrido en desarrollo del convenio.
CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la naturaleza y la tipología del contrato y cómo se determina el objeto contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo expresado esta Corporación en varias oportunidades, con independencia del rótulo o titulación que se le brinde al negocio jurídico, tal circunstancia no resulta determinante de la tipología a la que obedece, en tanto resulta necesario indagar acerca de los elementos de su esencia y de la función económico-social que del negocio emana, sin cuya concurrencia u observancia el negocio jurídico sería inexistente o derivaría en un contrato distinto . En línea con lo anterior, se ha precisado que para establecer el objeto de un contrato no basta con remitirse a la cláusula que lo describe. Para ese propósito resulta indispensable integrarlo con el contenido obligacional que lo conforma.
CONTRATO DE COMODATO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE COMODATO / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE COMODATO / REQUISITOS DEL CONTRATO DE COMODATO / INTERÉS PÚBLICO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos del contrato de comodato celebrado por la administración pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala pone de presente que el Código Civil, en su artículo 2200, define el contrato de comodato o préstamo de uso como aquel en el que concurren los siguientes elementos de su esencia: - Una de las partes entrega a la otra una especie mueble o raíz. - La entrega se hace a título gratuito. - La finalidad de la entrega es para que la parte que la recibe haga uso de ella, obligándose a restituirla al vencimiento del término estipulado para su uso. - La existencia del contrato se materializa con la entrega de la cosa, de ahí su naturaleza real. Sobre el particular, esta Corporación ha precisado, además, que la celebración de este tipo de contratos por parte de las entidades públicas se encuentra estrechamente vinculada a la necesidad de impulsar programas de interés público. (...) Es menester indicar que, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 9 de 1989, por medio de la cual se dictaron planes de desarrollo municipal compraventa y expropiación de bienes, la posibilidad de celebración de un contrato de comodato por entidades del Estado fue delimitada (...) De ahí que los límites a su celebración surgieron en función del sujeto comodatario y del plazo del acuerdo. Sobre la interpretación de ese precepto legal de cara a la función social que justifica su celebración, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha estimado que comporta una figura de constante utilización en la contratación estatal, en razón de la utilidad que presenta en cuanto a la reducción de recursos empleados en la conservación y mantenimiento de los bienes públicos a su cargo (...) Así pues, en los términos de la regulación legal señalada y con apoyo en la jurisprudencia referida, emerge que las entidades públicas están facultadas para celebrar contratos de comodato con personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar actividades y programas de interés social y como una herramienta válida para aminorar gastos de administración, mantenimiento y conservación de los bienes públicos que custodian, a cambio de lo cual el comodatario podrá disponer de su uso y goce y percibir los frutos derivados de su explotación, sin ninguna contraprestación económica en favor de la entidad pública.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2200, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 754, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 756, LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULO 38
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Están probados los mayores valores y el incumplimiento contractual por parte del municipio de Neiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como corolario de lo expuesto, los cargos de la apelación formulada por la parte actora, consistentes en que el municipio de Neiva incurrió en el incumplimiento del contrato No. 556 de 2007 no están llamados a prosperar porque: Se demostró que: - No se acreditaron los mayores valores en que supuestamente habría incurrió la Caja en desarrollo del objeto contractual. - No se probó el incumplimiento atribuido al ente territorial en relación con la cesión de los contratos arrendados, como tampoco que fuera esa la causa de la supuesta falta de recaudo de los ingresos proyectados.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los elementos para que proceda de la liquidación judicial del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala encuentra que en realidad lo que procura el demandante es que se liquide judicialmente el contrato para incluir en el cruce final de cuentas, a título de “prestaciones mutuas”, los perjuicios cuyo reconocimiento pretendió a través de la presente demanda y que, por las consideraciones anotadas, serán denegados. Aun cuando la liquidación judicial del contrato estatal está prevista en la legislación como una posibilidad ante la ausencia de liquidación bilateral o unilateral y siempre que se eleve pretensión en ese sentido, ciertamente el emprendimiento de esa labor por parte del juez se encuentra sujeto a que en el proceso reposen todos los elementos probatorios que permitan determinar con certeza y suficiencia el balance económico definitivo de la ejecución, cuestión que no ocurre en este litigio.
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la condena y liquidación de costas y las agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
Habida cuenta de que para este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, en la presente providencia se impondrá la condena en costas a cargo de la parte vencida, es decir, a la parte demandante. Procede la Sala a fijar las agencias en derecho correspondientes, para que se tengan en cuenta en la liquidación de costas. Para el efecto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 del mismo Código, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. De conformidad con el Acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho, se observa que: Se trata de un proceso con pretensiones equivalentes a $1.054’841.51941, asunto en el que la parte demandante resultó vencida en segunda instancia. A su vez, el artículo 6 del Acuerdo consagró que en los procesos con cuantía las tarifas máximas de agencias en derecho en segunda instancia deben establecerse en salarios mínimos mensuales legales vigentes para los procesos declarativos. Respecto de la naturaleza y calidad de la gestión, se advierte que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2080 de 2021, no se dispuso correr traslado para alegar en segunda instancia y en el término otorgado para tal fin por esa normativa, tampoco la parte demandada presentó escrito de alegaciones. Con todo, se acredita la gestión procesal en esta instancia por la parte demandada, dado que a través de su apoderado atendió el proceso de manera diligente y oportuna en virtud de la vigilancia del proceso que continuó en virtud del recurso de apelación presentado por su contraparte. En cuanto a la duración del proceso en segunda instancia, se tiene que el recurso de apelación se admitió el 2 de agosto de 2021, término desde el cual a la fecha en que se profiere esta decisión ha pasado menos de un año. A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes a cargo de la parte vencida, en este caso la Caja de Compensación Familiar del Huila y en favor del municipio de Neiva
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 90.506 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 410012333000201700483 01 (67239)
Actor: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA
Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES (Ley 1437 de 2011 y Ley 2080 de 2021)
Temas: PRECISIONES EN TORNO A LAS FIGURAS DEL DESEQUILIBRIO
ECONÓMICO Y EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – causas y
consecuencias / CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
MUNICIPALES NO. 557 DE 2007 – análisis de su tipología de cara a su objeto y
contenido obligacional / MAYORES COSTOS POR CONCEPTO DE
ADMINISTRACIÓN – no se acreditaron / INCUMPLIMIENTO EN LA CESIÓN DE
LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO – no se configuró
Procede la Sala a resolver el recu rso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila –
Sala Segunda de Decisión, el 26 de febrero de 2021 , mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Síntesis del caso
La presente controversia gira en torno al supuesto incumplimiento y/o desequilibrio
económico del contrato de administración No. 55 6 de 2007 , celebrado entre el
municipio de Neiva y la Caja de Compensación Familiar del Huil a, con el objeto de
que esta última administrara, mantuviera, conservara y vigilara los parques
municipales “ Pasaje Camacho ”, “ Caracoli” y “ Palacio de los Niños ” ubicados en
Neiva, pretensiones que se fundamentan en la inobservancia de los compromisos
adquiridos por el ente territorial al suscribir el acuerdo, concretamente por no haber
cedido a la caja dos contratos de arrendamiento sobre locales comerciales situados
en los parques y por no reconocer en favor del demandante los mayores valores
asumidos en desarrollo de las gestiones de administración a los que tenía derecho
por considerarse saldos a su favor.
Expediente: 410012333000201700483 01
Actor: Caja de Compensación
Familiar del Huila
Demandado Municipio de Neiva
Referencia: 67239
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2. La demanda
Este litigio inició con la demanda presentada el 19 de septiembre de 2017 por la
Caja de Compensación Familiar, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, contra el municipio de Neiva, con el fin de:
i) Declarar la ruptura del equilibrio financiero del contrato de administración No. 556
de 2007, suscrito entre el municipio de Neiva y Comfamiliar Huila.
ii) Declarar que se produjo el silencio administrativo positivo respecto de la solicitud
de restablecimiento de equilibrio económico elevada el 28 de diciembre de 2007.
iii) Declarar la existencia del acto ficto que contiene la respuesta positiva a la
solicitud de restablecimiento de equilibrio económico elevada por el contratista y
como consecuencia, ordenar el pago de la suma de $358’460.151.
iv) Declarar que el municipio de Neiva incumplió el contrato de administración No.
556, por no haber entregado en cesión los contratos de arrendamiento de dos
locales comerciales de los tres parques dados en administración y por no haber
reconocido, pagado y liquidado las actividades derivadas de este, así como los
créditos que nacieron a favor del contratista por haber asumido mayores valores
a los ingresos proyectados por la administración de los tres parques.
v) Liquidar judicialmente el contrato No. 556 de 2007.
vi) Declarar responsable al municipio por no atender los requerimientos del
contratista respecto del pago de los mayores costos del contrato y condenarlo a
pagar la suma $669’381.368, por concepto de no pago de los cánones de
arrendamiento de los locales que hacen parte de los tres parques.
vii) Subsidiariamente, solicitó que se declarara que el municipio de Neiva se
había enriquecido sin justa causa a expensas del patrimonio del contratista y se
ordenara el pago de las mismas sumas de dinero antes descritas.
3. Los hechos
En el escrito de dema nda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos
relevantes:
3.1. Previo procedimiento de convocatoria pública, el 28 de diciembre de 2007, el
municipio de Neiva y la Caja de Compensación Familiar del Huila suscribieron el
Expediente: 410012333000201700483 01
Actor: Caja de Compensación
Familiar del Huila
Demandado Municipio de Neiva
Referencia: 67239
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contrato No. 556 de 2007, cuyo objeto consistió en que esta última realizaría la
administración, mantenimiento, conservación y vigilancia sobre el espacio
productivo de los proyectos pasaje Camacho, parque Pentagrama Recreación y
Cultural Caracolí y el centro de la creativid ad y del ingenio – Palacio de los Niños
del municipio de Neiva.
3.2. El plazo del contrato se pactó en 84 meses contados desde la suscripción del
acta de inicio y su precio para el primer año de ejecución se calculó e n
$470’066.190, correspondiente al valor de los cánones de arre ndamiento de los
locales comerciales ubicados en los tres parques objeto de administración,
contratos que serían cedidos por el municipio a la caja de compensación para que
esta los percibiera directamente.
3.3. Las actividades que se proyectaban ejecutar y promocionar en los tres parques
por parte del administrador estarían sujetas al cumplimiento de la proyección de
ingresos relacionados con el pago de los cánones de arrendamiento de todos los
locales ubicados en esos lugares . Se estipuló, además, que en el evento en que
Comfamiliar asumiera mayores valores de los ingresos, dichos montos ser ían
créditos en su favor.
3.4. El 9 de febrero de 2008, el municipio hizo entrega a Comfamiliar de algunos
contratos de arrendamiento de los locales comerciales ubicados en los parques
objeto de administración, para formalizar su cesión, pero omitió hacer entrega de
dos de ellos que el ente territorial habría suscrito antes de celebrar el contrato con
la demandante y que habrían sido celebrados con los arrendatarios Alberto Morera
Lizcano y María Celeny Arias. Todo lo anterior, en criterio del demandante, generó
incumplimiento del municipio, lo que a su turno causó el desequilibrio económico
del contrato.
3.5. El 6 de marzo de 2008 se suscribió el acta de entrega y recibo de los bienes
objeto de administración ; no obstante, durante su ejecución no se cumplieron las
proyecciones de ingresos que esperaba recibir Comfamiliar, por lo que , mediante
oficio del 17 de junio de 2009, la Caja le indicó al municipio su intención de hacer
entrega de los inmuebles a partir del 1 de agosto de 2009 y de terminar el contrato
estatal.
Esta petición fue reiterada mediante escrito del 24 de septiembre de 2009, en la que
propuso como fecha de entrega de los inmuebles el 1 de octubre de ese año.
Expediente: 410012333000201700483 01
Actor: Caja de Compensación
Familiar del Huila
Demandado Municipio de Neiva
Referencia: 67239
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3.6. Las anteriores peticiones no fueron respondidas por el ente territorial, lo que
llevó a Comfamiliar a continuar con la administración de los bienes bajo el
entendimiento de que cual quier valor mayor que se asumiera en su desarrollo
constituiría un crédito a su favor, según quedó pactado en el contrato.
3.7. A través de oficio del 22 de junio de 2012, la Caja solicitó que se restableciera
el equilibrio económico del contrato , solicitud que , al no ser respondida por la
entidad, dio lugar a la configuración del silencio administrativo positivo, acto que fue
protocolizado mediante escritura pública No. 130, otorgada el 19 de mayo de 2015
ante la Notaría Quinta del Círculo de Neiva.
3.8. El plazo del contrato venció el 5 de marzo de 2015.
3.9. A pesar de que desde el 28 de enero de 2015 Comfamiliar le informó al
municipio su intención de hacer la restitución de los bienes administrados este
guardó silencio y solo hasta el 18 de f ebrero de 2016 se llevó a cabo su entrega al
ente territorial.
3.10. En virtud de la ejecución del contrato, Comfamiliar sufrió una afectación en su
patrimonio por haber tenido que invertir sus propios recursos para el cumplimiento
del objeto contractual.
4. Fundamentos de derecho
Como apoyo jurídico de sus pretensiones, la parte demandante señaló que en este
evento se inobservó lo dispuesto en los artículos 2, 4, 6, 13, 29, 83, 90 y 209 de la
Constitución Política; los artículos 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 60 y 61 de la Ley 80 de
1993 y el artículo 3 del CPACA.
Argumentó que, según el contrato de administración, en caso de que Comfamiliar
asumiera mayores valores frente a los ingresos proyect ados, esos montos
constituirían un crédito a su favor.
Manifestó que, a pesar de haber informado al municipio que se estaba presentando
la ruptura del equilibrio económico del contrato por no reunirse los supuestos para
percibir los ingresos esperados, la entidad no atendió las solicitudes elevadas y, en
su lugar, lo sometió a ejecutar un contrato en condiciones distintas de las pactadas.
Expediente: 410012333000201700483 01
Actor: Caja de Compensación
Familiar del Huila
Demandado Municipio de Neiva
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5. Actuación procesal
5.1. Por auto de l 23 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de l Huila –
Sala Segunda de Decisión admitió la demanda, ordenó la notificación a la entidad
demandada y al Ministerio Público.
5.2. Contestación de la demanda
La entidad accionada contestó la demanda dentro del término legal.
Manifestó que algunos hechos eran ciertos con las precisiones del caso y otros no
le constaban y debían probarse.
Alegó que , de acuerdo con las obligaciones del contrato de administración , el
municipio de Neiva procedió a entregar a la Caja los contratos de arrendamiento
celebrados sobre los locales ubicados en
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