Titulación de la relatoría 20.383 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RIESGO ECONÓMICO DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿La ausencia de salvedades en los documentos de suspensión y prórroga del contrato son suficientes para abstenerse la Sala del estudio de fondo de la reclamación fundada en la ruptura del equilibrio económico del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]un cuando la ausencia de salvedades en los documentos de suspensión y prórroga no resultaría suficiente para abstenerse de estudiar el fondo de la reclamación fundada en la ruptura del equilibrio económico, lo cierto es que no se acreditó que la ocurrencia del desabastecimiento de materiales hubiera excedido el límite del riesgo asumido por el contratista por cuenta de su acaecimiento, por manera que su concreción no condujo a la fractura del equilibrio económico alegada en la demanda. Como consecuencia, el cargo de la apelación no tiene vocación de prosperidad.
MULTA AL CONTRATISTA / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA IMPONER MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Problema jurídico:
¿Existe nulidad del acto de imposición de multa por haberse emitido una vez vencido el plazo dispuesto para tal fin?
Respuesta al problema jurídico: No
De la literalidad del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en cuanto establece que su objeto consiste en “conminar”, se desprende que la finalidad de la imposición de multas estriba en apremiar al contratista a cumplir con sus obligaciones, en tanto se encuentren pendientes de ser ejecutadas. De lo contrario, de haberse vencido el plazo dispuesto para ese propósito, la imposición de la multa carecerá del sentido previsto por el legislador. A la par con lo dicho, es necesario distinguir el alcance dado por las partes al pacto de la multa para desentrañar si el mismo consultó los dictados del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y, en ese sentido, la multa fue pactada con un fin conminatorio cuyo ejercicio debiera desplegarse estando vigente el plazo del contrato. Descendido al análisis del caso concreto se tiene que, en la cláusula novena del contrato, las partes introdujeron el pacto relativo a la imposición de multas […]. De entrada, se evidencia que el propósito de la cláusula de multa [se] dirigió a sancionar la mora o retardo en que podría incurrir el contratista al incumplir parcialmente sus obligaciones en cotejo con el cronograma de obra, precisamente, para evitar que se prolongara la conducta de cumplimiento tardío de los deberes a su cargo y con ello exigir su oportuna y debida satisfacción. Como se aprecia, el sentido de la imposición de la multa, de cara a su alcance y a su función conminatoria dispuesta por la ley y acordada por las partes al convenirla en el contrato, se justificaba en la medida en que se hallaran pendientes de cumplir las obligaciones desatendidas y aun fuera posible, en virtud de la vigencia del contrato, satisfacerlas. En atención a lo expuesto se tiene que, si bien en el contenido de esa decisión se sostuvo que el contrato en cuyo marco se expidió se encontraba vigente, lo cierto es que le asiste la razón al recurrente al señalar que el acto se dictó cuando el plazo contractual ya había fenecido, lo que se traduce en que, para esa época, el fin conminatorio envuelto en la multa pactada ya se había desvanecido. […] [A]l haberse expedido la resolución contentiva de la multa el 6 de junio de 2017, esa decisión se adoptó cuando el plazo del contrato ya se había vencido 1 de junio de 2017-, situación que al contravenir lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 vicia de nulidad la mencionada resolución por falta de competencia temporal, debido a que para el momento de su imposición el mecanismo de apremio ya había perdido su finalidad y razón de ser. […] Con base en lo expuesto el cargo de la apelación concerniente a la nulidad del acto impositivo de la multa se encuentra fundado, lo que conduce a revocar parcialmente la sentencia en el sentido de declarar la nulidad de la Resolución 1315 del 6 de junio de 2017.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Se presenta nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por haberse realizado por fuera de los términos establecidos en la ley?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto al primer cargo relacionado con la falta de competencia temporal para realizar la liquidación unilateral del contrato en los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo, la Sala observa que hay una insuficiencia en la sustentación del recurso que se opone a su análisis de fondo. Sobre ese punto se observa que el a quo explicó las razones en que basó su decisión, las cuales consistieron en que, no obstante existir unos términos de cuatro meses y dos meses previstos para la liquidación bilateral y unilateral, respectivamente, esta podía hacerse incluso dentro de los cuatro meses dispuestos para aquella, siempre que el contratista no acudiera a la suscripción del acta de común acuerdo o no existiera consenso frente al cruce de cuentas, a lo que agregó que en el caso, además, el mismo contratista había respondido que no estaba de acuerdo con la propuesta de liquidación bilateral e instó a la entidad para que la hiciera unilateralmente. Sin embargo, en el recurso el apelante se limitó a sostener que el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 autorizaba la liquidación unilateral solo a partir de la culminación de los cuatro meses, con lo cual no hizo nada distinto a reiterar los cargos de nulidad que sobre el particular expuso en la demanda y se abstuvo de presentar razones concretas de oposición frente a la tesis del a quo. Lo anterior, en criterio de la Sala, revela una falta a la carga de argumentación del recurso de apelación que impide a esta instancia resolver el punto de inconformidad planteado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Se presenta nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por violación del derecho al debido proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
[A] través del acto que liquidó unilateralmente el contrato se afectó la garantía única de cumplimiento solamente en lo que hace al valor de la multa impuesta, monto que, por estar contenido en el acto impositivo de la sanción sobre el cual recae la nulidad por falta de competencia temporal, quedará sin sustento para su cobro, cuestión que a su turno llevará a la pérdida de fuerza ejecutoria del acto de liquidación unilateral en cuanto respecta a ese rubro. No ocurrió lo mismo en lo que toca al amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo, pues en ese caso no se hizo efectiva la garantía, sino que su recaudo se dispuso por la vía del cobro coactivo o a través de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin perjuicio de lo anterior, no obstante que la normativa aplicable no exigía una audiencia especial de contradicción y descargos para estos eventos, pues en realidad no se estaba afectando ninguna póliza, no observa la Sala que la entidad contratante hubiera transgredido el debido proceso del contratista al disponer un saldo en su contra por concepto de falta de amortización del anticipo. Está demostrado en el expediente que la entidad envió varias citaciones al contratista para suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato y se llevaron a cabo sendos intentos de consuno sobre el cruce final de cuentas. […] [S]e observa que, durante la etapa de liquidación bilateral, la entidad respetó el debido proceso y el derecho de contradicción del consorcio, pues constantemente lo citó para llegar a un consenso con el contratista y le puso de presente los documentos en que basaba el cruce de cuentas y le solicitó que presentara los soportes necesarios para llegar a conclusiones distintas a las sustentadas por la interventoría y la supervisión, nada de lo cual fue atendido por el hoy demandante. […] En síntesis, se evidencia que los saldos de la liquidación se establecieron con fundamento en los hechos económicos de la ejecución del contrato, que fueron dados a conocer al contratista a través de las citaciones a las reuniones y en los proyectos de liquidación bilateral, a partir de los cuales la contratante calculó el monto pendiente de devolver en virtud de la no amortización del anticipo. Por lo dicho, no prospera el cargo de nulidad planteado por la violación del debido proceso para determinar la obligación que se cobró al contratista, por cuanto, a pesar de que no le era jurídicamente exigible adelantar un específico procedimiento administrativo, el municipio de Sogamoso brindó todas las posibilidades de audiencia, defensa y contradicción, oportunidades que no fueron aprovechadas por el contratista.
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Se presenta nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por falsa motivación?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala no encuentra que el acto de liquidación unilateral hubiera estado viciado de nulidad por falsa motivación, en cuanto no se acreditó por parte del demandante que las sumas allí consignadas como saldo en su contra no obedecieran a la realidad de lo acontecido a lo largo de la ejecución contractual.
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
OBITER DICTUM
Observa la Sala que las pretensiones versan sobre el supuesto incumplimiento y la nulidad, entre otros, del acto que liquidó unilateralmente el contrato No. 2014-773, celebrado entre el municipio de Sogamoso y el consorcio Prosperidad, aspecto que, al tenor de los dictados del artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 orientan a que: “Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas”, lo cual corresponde ventilarse a través del medio de control de controversias contractuales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
OBITER DICTUM
Para establecer la oportunidad de la interposición de la demanda debe atenderse a la regla prescrita en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con la cual la demanda deberá ser presentada dentro de los dos años contados así: “iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;”. La Resolución No. 1586 del 25 de julio de 2017, mediante la cual el municipio de Sogamoso liquidó unilateralmente el contrato No. 2014-773 cobró ejecutoria el 25 de agosto de 2017, día siguiente de aquel en que se notificó la Resolución No. 1777 de 18 de agosto de 2017, por la que se resolvió la reposición interpuesta en su contra. Así pues, el punto inicial del término de caducidad ha de situarse en el 26 de agosto de 2017, por lo que los dos años de caducidad habrían de cumplirse el 26 de agosto de 20195. Corolario de lo plasmado, al haberse presentado la demanda el 10 de noviembre de 2017, se concluye que su interposición fue oportuna.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Esta Subsección ha enfatizado en que la conservación del equilibrio prestacional propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta y que le sirvieron de cimiento. En ese sentido, ha sostenido que dicha equivalencia puede verse afectada, ya fuere por factores externos a las partes cuya ocurrencia se enmarca dentro de la teoría de la imprevisión, o por diversas causas que pueden resultar atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su posición de autoridad, los cuales han sido concebidos por la doctrina como “Hecho del Príncipe”, o en uso de sus facultades de entidad contratante a través de las potestades excepcionales “Ius variandi”, pero que en ningún caso se derivan de la conducta antijurídica del extremo público contratante. […] A contrario sensu, el incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del acuerdo negocial, infracción que bien puede cristalizarse por cuenta del cumplimiento tardío o defectuoso de las condiciones convenidas o por el incumplimiento absoluto del objeto del contrato. Cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la inobservancia de las estipulaciones contenidas en el texto contractual, sino en todos los documentos que lo integran, tales como los pliegos de condiciones o términos de referencia que, por regla general, fungen como soportes de la formación del vínculo jurídico. Asimismo, tiene ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce el catálogo de principios que orientan la contratación y que igualmente se entienden incorporados en la relación jurídica bilateral. El incumplimiento se origina en una conducta alejada de la juridicidad de uno de los extremos cocontratantes que, de manera injustificada, se sustrae de la satisfacción de las prestaciones a su cargo en el tiempo y en la forma estipulada. Su ocurrencia invade la órbita de la responsabilidad contractual y, desde esa perspectiva, la parte cumplida podrá acudir a la jurisdicción en procura de obtener la resolución del vínculo obligacional, el cumplimiento del compromiso insatisfecho y la indemnización de los perjuicios causados. Aunque las figuras analizadas obedecen a causas diferentes y tienen consecuencias distintas, la jurisprudencia de esta Subsección ha reconocido que en algunas oportunidades las decisiones judiciales han adoptado posturas que permiten identificar, impropiamente, el incumplimiento contractual como causa de la ruptura económica del contrato. De cualquier modo, en atención al principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, corresponderá al juez de la causa determinar, en cada caso particular, desde cuál óptica debe emprenderse el respectivo análisis.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la configuración de incumplimiento del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de agosto de 2013, rad. 22947, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 14 de marzo de 2013, rad. 20524, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
[E]n relación con el criterio de oportunidad para elevar las reclamaciones con sustento en el desequilibrio económico del contrato estatal, se precisa lo siguiente: Aun cuando no existe norma expresa que establezca un término preclusivo para ese propósito, la jurisprudencia del Consejo de Estado, con fundamento en el principio de la buena fe que debe estar presente en todas las relaciones negociales, en múltiples pronunciamientos ha reflexionado acerca de las condiciones que deben reunirse para sacar avante una pretensión cimentada en la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes que tengan la virtualidad de impactar negativamente la economía de un contrato. En ese sentido, ha estimado que para que proceda el restablecimiento judicial de la ecuación financiera del contrato es necesario el cumplimiento de varios requisitos entre ellos, que: se realicen las solicitudes, reclamaciones o salvedades de los hechos generadores de la ruptura del equilibrio financiero, dentro de los criterios de oportunidad que atiendan al principio de buena fe objetiva o contractual […]. Sobre la ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios, adicionales, de suspensión o prórroga de los contratos, como expresión del criterio de oportunidad, esta Subsección precisó que la improcedencia de las reclamaciones por desequilibrio económico que se presentan con posterioridad a la suscripción de los documentos que habrían de contener los mecanismos para su restablecimiento y en contravía o con desconocimiento de los términos pactados en ellos no se identifica con la incorporación automática e inmutable de una tarifa interpretativa acerca del requisito formal de la salvedad. Con todo, aun cuando la inexistencia de salvedades al suscribir los acuerdos adicionales, modificaciones, prórrogas o suspensiones ha sido invocada como una de las reglas para la interpretación del alcance del otrosí de prórroga, se advierte que su ausencia no impide el estudio de fondo de las respectivas reclamaciones y no constituye argumento suficiente para desechar las pretensiones correspondientes, en tanto es fundamental analizar igualmente la conducta de las partes en relación con los mismos aspectos que dan lugar a la suscripción de esos documentos, con el propósito de desentrañar su verdadera voluntad, las reales causas del desequilibrio y la determinación del sujeto llamado a restablecerlo. Situación diferente se presenta cuando la reclamación de perjuicios tiene sustento en el incumplimiento contractual de la contraparte, pues en ese evento se ha considerado que la ausencia de salvedad no tiene la virtualidad de purgar el desconocimiento del contenido obligacional que se atribuye a la parte incumplida, a menos que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, así se manifieste de manera expresa, a través de renuncias a las futuras reclamaciones. […] Cabe precisar, en todo caso, que sea cual fuere la causa de la suscripción del acuerdo de prórroga, suspensión o adición ya sea que se hubiere sustentado en un incumplimiento o en hechos exógenos a las partes, resultará necesario revisar el alcance de tales acuerdos, en tanto pueden contener verdaderas negociaciones vinculantes sobre sus efectos económicos, por lo que, en virtud del principio de buena fe, se impondría dejar salvedades al respecto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la ausencia de salvedades en las actas de prórroga, suspensión o adición de los contratos cuando se reclaman perjuicios derivados del incumplimiento contractual o el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de febrero de 2022, rad. 45762, C. P. María Adriana Marín.
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en eventos en los cuales el recurso de apelación prospera parcialmente?
Respuesta al problema jurídico: No
Habida cuenta de que para este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, y teniendo en consideración que en este caso prosperó parcialmente el recurso de apelación formulada por la parte actora, la Sala dará aplicación a la regla establecida en el numeral 5) del artículo 365 del CGP y en tal virtud se abstendrá de dictar condena en costas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
Texto extraído del PDF oficial 120.232 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 150012333 000201700847 01 (66466)
Actor: CONSORCIO PROSPERIDAD
Demandado: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES (Ley 1437 de 2011)
Temas: GLOSAS Y SALVEDADES CO NSIGNADAS EN LAS ACTAS DE
PRÓRROGA, SUSPENSIÓN Y ADICIÓN DE LOS CONTRATOS CUANDO SE
RECLAMAN PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
O EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILI BRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO –
la exigencia sobre su existencia debe analizarse en cada caso concreto /
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – deben demostrarse los perjuicios sufridos a
causa del incumplimiento de la contr aparte / EQUILIBRIO ECONÓMICO EN EL
MARCO DE UN CONTRATO - DISTRIBUCIÓN DE RI ESGOS / debe acreditarse
que la ocurrencia del suceso excedió el límite del riesgo asumido / LÍMITE
TEMPORAL PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA – dentro del plazo contractual
Procede la Sala a resolver el recurso de ap elación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tr ibunal Administrativo de Boyacá – Sala de
Decisión No. 6, el 27 de febrero de 2020, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda y se condenó a la demandante a pagar las costas.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Síntesis del caso
La presente controversia gira en torno al incumplimiento y el desequilibrio del
contrato de obra No. 2014-773 celebrado entre el municipio de Sogamoso y el
consorcio Prosperidad, cuyo objeto consistió en “la recuperación de la malla vial del
municipio de Sogamoso”, por entrega tardía de estudios y diseños, falta de
interventoría y por la ocurrencia de circunstancias no imputables al contratista.
También versa sobre la nulidad del acto que declaró el incumplimiento e impuso una
multa al contratista, decisión que, en criterio de la dem andante, fue expedido sin
competencia temporal, con violación al debido proceso y desviación de poder y
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Actor: Consorcio Prosperidad
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Referencia: 66466
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sobre la nulidad del acto que liquidó unilate ralmente el contrato, el cual, según se
sostiene, fue proferido sin competencia temporal, vulneración al debido proceso y
falsa motivación.
2. La demanda
La demanda fue presentada el 10 de noviembre de 2017 por el consorcio
Prosperidad, integrado por las sociedades Ingeniería SAS, Construcciones Obras
de Ingeniería SAS, Francisco Ramón Ríos Danies y Jaime Carmona Soto, en
ejercicio del medio de control cons agrado en el artículo 141 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
contra el municipio de Sogamoso, con el fin de que:
i) Se declare la nulidad de las resoluciones Nos. 1315 del 6 de junio de 2017
y 1586 del 25 de julio de 2017, por las cuales el municipio de Sogamoso
declaró el incumplimiento del co ntrato de obra No. 2014-773 e impuso
multa al contratista y lo liquidó unilateralmente, respectivamente, así
como de la resolución No. 1777 de 18 de agosto de 2017 que, al resolver
un recurso de reposición, confirmó esta última.
ii) Se declare que el municipio de Sogam oso incumplió el contrato de obra
No. 2014-773 por no entregar al contratista los planos, diseños y
documentos técnicos necesarios para su ejecución.
iii) Se declare que se alteraron las condiciones económicas y financieras del
contrato por su inicio tardío, lo que generó la pérdida del poder adquisitivo
y por la mayor permanencia en obr a por causas no imputables al
contratista.
iv) Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al
municipio de Sogamoso a pagar al c onsorcio Prosperidad las siguientes
sumas de dinero, por los siguientes conceptos:
$778´702.250, por gastos administr ativos derivados de la mayor
permanencia en obra.
$1.690’000.000, por concepto de reaj uste de precios sobre el valor
ejecutado, asociado al inicio tard ío y al mayor tiempo que duró la
obra.
Intereses moratorios sobre la suma de $218’000.000,
correspondiente al pago para el perfeccionamiento y legalización
del contrato cuya ejecución empezó con retardo.
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Actor: Consorcio Prosperidad
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La utilidad dejada de percibir por no haber logrado ejecutar el
contrato en la forma y tiempo convenidos.
Las sumas que el contratista hubiere pagado al municipio con
ocasión de las resoluciones demandadas, con sus rendimientos
financieros.
Adicionalmente, el consorci o demandante solicitó que se vinculara a la compañía
Confianza S.A. en calidad de litisconsor cio cuasi necesario, como garante del
contrato 2014-773, con fundamento en la póliza única de Cumplimiento No.
GU062266.
3. Los hechos
En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos
relevantes:
3.1. Previo procedimiento de licitación pú blica, el 20 de octubre de 2014, el
municipio de Sogamoso y el consorcio Pros peridad celebraron el contrato de obra
2014-773, cuyo objeto consistió en realizar “ la recuperación de la malla vial del
municipio de Sogamoso” por un valor de $9.572’959.181 y un plazo de 13 meses.
3.2. El presupuesto se estructuró sobre la base de que el contrato culminaría en
2015. Con todo, durante el término de ejecución se suscribieron varias
suspensiones y una prórroga al contrato por cuatro meses, por lo que su plazo se
extendió hasta junio de 2017.
3.3. El acta de inicio del contrato fue su scrita el 14 de septiembre de 2015, casi un
año después su perfeccionamiento, lo que hizo que al tiempo de su ejecución los
precios aumentaran, cuestión que alteró el equilibrio económico del contrato.
3.4. En el plazo contractual se presentaron circunstancias ajenas a la órbita de
responsabilidad del consorcio que imposibil itaron el cumplimiento del acuerdo en
las condiciones convenidas, tales como:
El ente territorial incumplió su obligación de entregar oportunamente
los estudios y diseños y de poner a disposición todos los tramos a intervenir.
Se presentaron fuertes períodos de llu vias que impidieron el suministro
de materiales y afectaron las redes, la s cuales, de inicio, ya se hallaban en
mal estado.
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Actor: Consorcio Prosperidad
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Hubo un paro camionero.
3.5. El 6 de junio de 2017 se realizó audie ncia de descargos en la que la entidad
atribuyó incumplimiento contractual al c ontratista, y así lo declaró en acto
administrativo de esa misma fecha, en el que además le impuso una multa al
consorcio, a pesar de que para entonces ya el plazo del contrato se hallaba
fenecido.
3.6. En Resolución 1586 del 25 de julio de 2017 el municipio liquidó unilateralmente
el contrato y dispuso un saldo a favor de la entidad equivalente a $1.328’914.941,
de los cuales $1.207’365.529 correspondían al valor del antic ipo pendiente por
amortizar y $121’549.412 por concepto de la obra no recibida a satisfacción.
4. Normas violadas y concepto de la violación
Como apoyo jurídico de sus pretensiones, la parte demandante señaló que el acto
administrativo impositivo de la multa está viciado de nulidad por las siguientes
causales:
4.1. Violación del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007
Esgrimió que en la fecha en que se expidi ó el acto, el plazo contractual ya había
terminado, por lo que no había lugar a conm inar al contratista a cumplir sus
obligaciones y que, incluso de admitir que se produjo dentro del plazo, ciertamente
no se materializó su función conminatoria , pues era imposible que el contratista
ejecutara la mitad del contrato que estaba pendiente.
4.2. Violación al debido proceso
Señaló que la entidad no permitió al contratista ejercer debidamente su derecho de
defensa, por cuanto no era posible que con la sola lectura de la resolución contentiva
de la multa pudiera sustentar un recurso de reposición en su contra.
4.3. Desviación de poder
Argumentó que, en audiencia de conciliación celebrada el 19 de mayo de 2017, la
entidad dejó constancia de su intenció n de terminar de manera anticipada el
contrato y reconoció que los inconvenient es expuestos frente a su ejecución eran
atribuibles al Departamento Administrati vo para la Prosperidad Social DPS, no
obstante lo cual, a la semana siguiente, sorprendió al contratista con la declaratoria
Expediente: 15001233300020170084701
Actor: Consorcio Prosperidad
Demandado Municipio de Sogamoso
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de su incumplimiento, cuestión que reveló una sanción engañosa y de mala fe por
parte de la administración, que desvió su competencia del fin legítimo permitido.
En relación con el acto que liquidó unilate ralmente el contrato elevó los siguientes
cargos de nulidad:
4.4. Falta de competencia temporal para liquidar temporalmente el contrato
Sostuvo que el municipio expidió el acto administrativo de liquidación cuando no
habían transcurrido todavía los cuatro meses para proceder a su liquidación
bilateral, según mandaba el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
4.5. Violación al debido proceso
Adujo que la entidad ordenó reconocimie ntos de obligaciones amparadas en las
garantías de cumplimiento, hizo efecti va la póliza en el amparo de buen manejo y
correcta inversión del anticipo, sin atender a un procedimiento o audiencia del
afectado en la que se garantizara el der echo de defensa del co ntratista y de su
garante.
4.6. Falsa motivación
Explicó que el cruce de cuentas se f undamentó en el acta de recibo y entrega,
documento que no tenía ninguna validez por cuanto no fue firmado por el contratista,
por
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.