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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2022-07-13
Radicado
25000233600020130198901
Número interno
56021
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS, SUN GEMINI S.A
Demandado
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Síntesis de la providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación ha reiterado la prevalencia del deber de lealtad de las partes frente a las reclamaciones que surjan por cuenta de la ejecución de los negocios. En síntesis la tesis reiterada señala: “… el principio de la buena fe en cuanto tal es una fuente de derecho que cumple la función de integrar o suplir lagunas de todo el ordenamiento jurídico, y el ámbito la contratación pública no es la excepción.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede reclamar en el proceso judicial por daños causados durante la ejecución del contrato si su propia conducta vulneró el principio de buena fe objetiva, ya que este comportamiento determina la prosperidad de las pretensiones en el escenario judicial. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que el silencio de la contratista al suscribir contratos adicionales sin salvedades constituye una violación al principio de buena fe, lo que impide que posteriormente reclame por la alteración del equilibrio económico contractual. Además, la Sala establece que no existe incumplimiento contractual cuando las partes mancomunadamente deciden prorrogar el plazo del contrato sin generar costos adicionales, y que la diferencia entre el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio económico radica en que este último puede ser causado por actos del Estado o factores externos imprevisibles, mientras que el incumplimiento implica una falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de una de las partes. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la importancia del principio de buena fe en la contratación estatal y la necesidad de distinguir entre incumplimiento y alteración del equilibrio económico contractual.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuál es la incidencia en el proceso judicial del comportamiento de las partes en el procedimiento contractual?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿Está probado en el proceso el incumplimiento contractual alegado?
  • ¿Cuál es la diferencia que hay entre el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio económico del contrato para el estudio de la responsabilidad?
  • ¿Cuál es el concepto y presupuestos de la mayor permanencia en obra?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Condena en costas y agencias en derecho

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Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Titulación de la relatoría 14.815 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / PROCESO CONTRACTUAL / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es la incidencia en el proceso judicial del comportamiento de las partes en el procedimiento contractual? Respuesta al problema jurídico: No La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación ha reiterado la prevalencia del deber de lealtad de las partes frente a las reclamaciones que surjan por cuenta de la ejecución de los negocios. En síntesis la tesis reiterada señala: “(…) el principio de la buena fe en cuanto tal es una fuente de derecho que cumple la función de integrar o suplir lagunas de todo el ordenamiento jurídico, y el ámbito la contratación pública no es la excepción. Así las cosas, el silencio que guardó la contratista demandante al momento de suscribir los adicionales, respecto de las reclamaciones que había hecho; en contraste con las reclamaciones inmersas en las pretensiones de la demanda, constituye una vulneración al principio de la buena fe objetiva que rige los contratos. (...) Como Corolario la Sala determina que las pretensiones de la demanda están llamadas al fracaso, por cuanto si se le causó un daño al contratista este fue producto de su propia conducta, porque al suscribir varios negocios jurídicos (contratos adicionales), sin salvedades en el momento de firmarlos; aceptó que estos reunían las condiciones necesarias para satisfacer sus pretensiones económicas al no dejar reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico, ya que de no haber sido así, simplemente no los habrían suscrito. Por lo tanto, no puede venir ahora en esta instancia a alegar un restablecimiento de la ecuación contractual y del equilibrio económico por ser extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual” 4 (negrillas fuera del texto original). Así, según la providencia antes aludida, es claro entonces que el comportamiento de las partes durante la ejecución de sus negocios es determinante para la prosperidad de los pedimentos en el escenario judicial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita sentencia de la Sección Tercera de la Subsección B del Consejo de Estado de 7 de septiembre de 2020 con ponencia del Dr. Alberto Montaña Plata en el expediente número 2012-00145-01(55204). INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Está probado en el proceso el incumplimiento contractual alegado? Respuesta al problema jurídico: No Al expediente fueron allegados los documentos contractuales contentivos del cruce de comunicaciones entre las partes durante la ejecución del contrato, así como también los adicionales y prórrogas realizadas, documentación que acredita precisamente los inconvenientes iniciales y que sustentaron la necesidad de prorrogar el plazo del contrato en tres (3) oportunidades. Lo que se acreditó fue la voluntad de las partes contractuales de evitar retrasos, dilaciones y pérdidas económicas por cuenta del mayor tiempo que requirió la ejecución del contrato, razón por la cual la unión temporal solicitó las tres (3) prórrogas del plazo del contrato, actos contractuales que ambas partes suscribieron sin que en modo alguno la contratista dejara salvedad u objeción por lo acordado, máxime si se tiene en cuenta que las prórrogas al plazo se suscribieron con la indicación expresa de no generar costo a la entidad contratante. Adicionalmente, al expediente fueron aportados los memorandos de 18 y 26 de julio de 2011 emitidos por el grupo de supervisores del contrato no. SF-3-007-2009 y dirigidos al grupo de contratos de la Superintendencia Financiera de Colombia (fls. 1977 a 1978 y 1979 cdno. no. 2), en los que se pone en conocimiento “un rezago en el cumplimiento de la tarea de pruebas por parte de la UT que podría poner en riesgo la ejecución de actividades subsiguientes y de contera, el objeto del contrato” (fl. 1977 ibidem); así como también, dos (2) citaciones a la unión temporal contratista con el fin de escuchar sus explicaciones respecto de los incumplimientos de las obligaciones anunciadas por el grupo de supervisión, una para el 2 de agosto y otra para el 11 de agosto de 2011 (fls. 1981 a 1982 y 2001 a 2002 cdno. no. 2). Ahora bien, la parte actora allegó al expediente varias comunicaciones dirigidas a la Superintendencia Financiera de Colombia en las que se argumentó la necesidad de mayor plazo al inicialmente estimado en el contrato, comunicaciones que conforman la sustentación de cada una de las peticiones de prórroga al contrato, todas favorablemente atendidas con las tres (3) prórrogas en el plazo del contrato, razón por la cual fue la decisión mancomunada de las partes la que produjo las prórrogas y sin costo para la entidad contratante, por lo cual en modo alguno se acreditan los incumplimientos a las obligaciones aludidos por la actora y endilgados a la entidad contratante. En ese sentido, para la Sala no existe sustento que permita acreditar que la Superintendencia Financiera de Colombia incumplió con las obligaciones a las que se comprometió con la suscripción del contrato de prestación de servicios no. SF3-007-2009 por lo que esta precisa petición no tiene vocación de prosperidad. CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / DIFERENCIA ENTRE TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE Y TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / IMPREVISIBILIDAD OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es la diferencia que hay entre el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio económico del contrato para el estudio de la responsabilidad? Respuesta al problema jurídico: No Esta Corporación en otras ocasiones ha tenido la oportunidad de establecer las diferencias entre los incumplimientos contractuales y los eventos de ruptura del equilibrio económico, como se trascribe a continuación: “La Sección Tercera de esta Corporación ha acogido, de tiempo atrás, las teorías desarrolladas por la doctrina foránea en torno a las fuentes que dan lugar a la ruptura del equilibrio económico – financiero del contrato estatal, señalando que dicho equilibrio puede verse alterado por actos y hechos de la administración o por factores externos o extraños a las partes involucradas en la relación contractual. A los primeros se les denomina “hecho del príncipe” y “potestas ius variandi” (álea administrativa), mientras que a los supuestos que emergen de la segunda fuente se les enmarca dentro de la denominada “teoría de la imprevisión” y, paralelamente, en la “teoría de la previsibilidad”. Lo anterior permite deducir, con absoluta claridad, que ese equilibrio puede verse alterado por el ejercicio del poder, dentro del marco de la legalidad, o por situaciones ajenas a las partes, que hacen más o menos gravosa la prestación, pero en ningún caso tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato, es decir, por el incumplimiento contractual. La fractura del equilibrio económico da lugar al restablecimiento del sinalagma funcional pactado al momento de proponer o contratar, según el caso. El incumplimiento contractual, en cambio, tiene origen en el comportamiento antijurídico de uno de los contratantes, el cual asume un proceder contrario a las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato y, como efecto principal, causa con ello un daño antijurídico a la parte contraria que, desde luego, no está en la obligación de soportar. El incumplimiento da derecho, en algunos casos, a la ejecución forzada de la obligación o a la extinción del negocio y, en ambos supuestos, a la reparación integral de los perjuicios que provengan del comportamiento contrario a derecho del contratante incumplido, tanto patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) como extrapatrimoniales, en la medida en que se acrediten dentro del proceso, tal como lo disponen el artículo 90 de la Constitución Política (cuando el incumplimiento sea imputable a las entidades estatales) y los artículos 1546 y 1613 a 1616 del Código Civil, en armonía con el 16 de la Ley 446 de 1998.” (negrillas adicionales).5 Según esa directriz jurisprudencial, cuando el hecho se refiere a desequilibrio económico del contrato es por cuenta de actos de la administración, por fenómenos externos a su decisión o extraños a las partes contractuales, pero, nunca podría darse como consecuencia del incumplimiento de una de las partes, pues, tratándose de incumplimientos contractuales el legislador con las estipulaciones previstas en el Código Civil, concretamente en los artículos 1546 y 1613 a 1616 determinó que el camino está en dos decisiones a tomar, ya sea persiguiendo el cumplimiento de la obligación o la rescisión del negocio jurídico, ambas con sus correspondientes indemnizaciones. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1613, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1616 MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es el concepto y presupuestos de la mayor permanencia en obra? Respuesta al problema jurídico: No En ese sentido, para resolver en este caso la cuestión planteada por la parte actora, es indispensable tener en cuenta que sus pretensiones de desequilibrio económico están cimentadas exclusivamente en la presunta responsabilidad de la Superintendencia Financiera de Colombia por razón de la demora en el nombramiento del equipo de supervisión y equipo líder, la falta de acompañamiento del proveedor del diseño del sistema y validación de los requerimientos, así como también por la falta de planificación y servicio del sistema de información. De cara a tales hipótesis es claro que, contrario a lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, el apelante insiste en la declaratoria de desequilibrio económico del contrato de prestación de servicios no. SF-3-007-2009, sus adicionales y prórrogas por cuenta de unos presuntos incumplimientos endilgados a la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta corporación en otra decisión determinó precisamente que la mayor permanencia de la obra se presenta cuando por hechos no imputables al contratista su estimación de costos iniciales se aumenta por cuenta del mayor tiempo6 , situaciones que le compete demostrar al actor pues el solo hecho del aumento en el plazo no constituye por sí misma una causal de indemnización. MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / FORMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuándo se discute una mayor permanencia en obra, qué se puede solicitar en la demanda? Respuesta al problema jurídico: No [C]uando se presente una mayor permanencia en la obra “procede, en principio, el reajuste de precios, con el objeto de reparar los perjuicios derivados del transcurso del tiempo, en consideración a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda (…)”. NOTA DE RELATORÍA: Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 29 de enero de 2004 en el expediente 1779, que reitera lo decidido en la Sentencia de 28 de octubre de 1994 en el expediente 8094. MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Está probado el perjuicio económico por la mayor permanencia en obra alegada? Respuesta al problema jurídico: No De acuerdo con lo acreditado en el proceso para la Sala es claro que la parte actora en modo alguno logró acreditar que precisamente las consecuencias de las prórrogas del plazo del contrato, solicitadas por la misma unión temporal contratista y suscritas por ambas partes, le generaron un perjuicio económico, cierto y susceptible de indemnización, por lo que estos argumentos de apelación deben ser desestimados VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para valorar el dictamen pericial rendido por una persona jurídica y, está probado con el dictamen la ruptura del equilibrio económico del contrato? Respuesta al problema jurídico: No La parte actora en la condición de apelante aduce que el a quo dejó de valorar las conclusiones arrojadas por el perito que elaboró el dictamen aportado con la demanda. El fallo de primera instancia señaló que “el señor URIEL RAMÍREZ GIRALDO, sin la formación profesional técnica pertinente, se limitó a repetir los hechos y las pretensiones de la demanda como si el medio de prueba pericial tuviera como fin certificar lo establecido en la demanda. (…) Así las cosas, es claro que en el presente asunto, el concepto rendido por el señor URIEL RAMÍREZ GIRALDO no tiene la naturaleza de ser un dictamen técnico contable (…), razón por la cual, la demandante no demostró la causación de los perjuicios solicitados” (fls. 466 vlto. y 467 cdno. ppal.). 3) Al respecto, llama la atención de la Sala que el dictamen fue rendido por una persona jurídica; sin embargo el ejercicio llevado a cabo por el perito se centró únicamente en establecer la diferencia entre el valor total ejecutado del contrato versus la utilidad estimada al inicio del contrato, sin que en modo alguno se pudiera establecer con certeza sí precisamente como consecuencia de las prórrogas al plazo del contrato se incurrió en costos o gastos adicionales con los que se pudiera acreditar el desequilibrio alegado. Revisadas las conclusiones y resultados a los llegó el perito no es posible establecer sí precisamente las prórrogas al plazo del contrato generaron un daño o ruptura en la ecuación financiera del contrato10, máxime si se tiene en cuenta que las conclusiones a las que llega no se sustentan en el estudio preciso de soportes contables y documentes que dieran certeza sobre los valores allí tomados. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No Por último, no habrá de condenarse en costas a la actora porque no está probada en la actuación una conducta temeraria, situación cualificada exigida por la regulación procesal contenida al respecto en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 para tal decisión. FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55
Texto extraído del PDF oficial 45.426 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022). Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000-23-36-000-2013-01989-01 (56.021) Demandante: JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS Demandado: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA Síntesis del caso: la demanda se circunscribe a determinar el supuesto incumplimiento de la Superintendencia Financiera de Colombia en la ejecución del contrato de prestación de servicios no. SF-3-007-2009 suscrito el 3 de agosto de 2009 con la Unión Temporal Sungemini Zabal a II, lo cual conllevó a un mayor tiempo de ejecución, mayores costos y desequilibró económicamente el contrato. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 9 de julio de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A que denegó las pretensiones de la demanda (fls. 458 a 467 vlto. cdno. ppal.) en los siguientes términos: “PRIMERO: Se NIEGAN las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Se fija por agencias en derecho a favor del (sic) SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE ($13.539.513.oo). TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por secretaría de la sección los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanentes devuélvanse al interesado, lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 7 y 9 del Acuerdo Nº 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.” (fl. 467 vlto. ibidem – mayúsculas fijas del texto original). I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito radicado el 19 de noviembre de 2013 en la Secretaría de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , las sociedades JA Zabala & 2 Expediente no. 25000-23-36-000-2013-01989-01 (56.021) Actor: JA Zabala & Consultores Asociados Controversias contractuales Apelación de sentencia Consultores Asociados Ltda y Sun Gemini SA, integrantes de la Unión Temporal Sungemini Zabala II1, actuando por intermedio de apoderada judicial, interpusieron demanda en ejercicio de l medio de control de controversias contractuales (fls. 3 a 33 cdno. no. 1) con las siguientes súplicas: “1. Que se declare la total nulidad de la Resolución 0393 del 26 de febrero de 2013; mediante la cual se liquida unilateralmen te el contrato de prestación de servicios SF. 3 007-2009 y por consiguiente con relación al citado contrato se declare la nulidad de las Resoluciones 0011 de fecha 03 de enero de 2012; 0383 de 16 de marzo de 2012; del 27 de julio de 2012; 1816 del 7 de noviembre de 2012 expedida al igual que la primera por LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, mediante las cuales, respectivamente, no se accedió a las pretensiones de la UNIÓN TEMPORAL SUNGEMINI ZABALA II, tendientes a solicitar el Restablecimiento del Equilibrio económico del contrato SF 3 -007-2009; celebrado entre la entidad y la demandada, y se resuelven los recursos de reposición; conforme al recorrido histórico de la citada relación contractual transcrito en el acápite de hechos. 2. Que se declare que la demandada Nación Colombiana Superintendencia Financiera de Colombia, incumplió sus obligaciones derivadas del contrato SF -3-007-2009 celebrado con la Unión Temporal SUNGEMINI ZABALA II, causándole perjuicios al contratista. 3. Que se declare que el contrato citado, ha sufrido un desequilibrio económico originado en los hechos y conductas antijurídicas, no imputables al contratista, que generaron un daño patrimonial indemnizable en cabeza de mis mandantes, el cual no están obligados a soportar. 4. Como consecuencia de las nulidades anteriormente declaradas y el incumplimiento de la entidad contratante Condenar a la Nación Colombiana Superintendencia Financiera de Colombia a pagar a mi mandante la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($676.975.693) valor que emana de la ejecución del contrato SF -3-007-2009 celebrado entre la Nación Colombiana Superintendencia Financiera de Colombia y la Unió n Temporal SUNGEMINI ZABALA II. Por mayor permanencia en la ejecución de el (sic) contrato. 5. Condenar a la demandada a las sumas dinerarias producto de la correspondiente corrección monetaria. 6. Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.” (fls. 3 y 4 cdno. no. 1 – negrillas y mayúsculas fijas del original). 1 Por auto de 22 de mayo de 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A rechazó la demanda formulada por la sociedad Sun Gemini SA, por cuanto esta no agotó el requisito de procedibilidad de la acción, por lo que el proces o continuó únicamente con la sociedad JA Zabala & Consultores Asociados SAS en calidad de parte demandante. 3 Expediente no. 25000-23-36-000-2013-01989-01 (56.021) Actor: JA Zabala & Consultores Asociados Controversias contractuales Apelación de sentencia 2. Hechos Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente: 1) El 3 de agosto de 2009, la Superintendencia Financiera de Colombia celebró con la Unión Temporal Sungemini Zabala II , el contrato de prestación de servicios no. SF-3-007-2009 con el objeto de desarrollar e implementar el Sistema Integrado de Registro de Información por valor de $785.313.555, en un plazo de 13 meses. 2) La Superintendencia Financiera de Colombia durante toda la ejecución del contrato incumplió con sus obligaciones, específicamente en cuanto tiene que ver con la demora en el nombramiento del equipo de supervisión y equipo líder; con el acompañamiento del proveedor del diseño y dificultó la validación de los requerimientos, así como también falló en la planificación y en el servicio. 3) La Unión Temporal Sungemini Zabala II el 7 de septiembre de 2009 en tregó los planes de calidad, desarrollo e implementación y, de gestión y comunicaciones; el 14 de septiembre de 2009 entregó el plan de gestión de riesgos; documentos sobre los cuales la Superintendencia Financiera de Colombia no tuvo pronunciamiento alguno. 4) El contrato fue prorrogado en tres oportunidades, para un plazo adicional total de 14 meses, sin que en tales adicionales se pactara reconocimiento adicional para el contratista. 5) El 13 de septiembre de 2011 , mediante derecho de petición con radicación no. 2010019036-166-000, la Unión Temporal Sungemini Zabala II solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, sin embargo, mediante la Resolución no. 011 de 3 de enero de 2012 se dio respuesta desfavorable. 6) En contra de la respuesta negativa en comento, la Unión Temporal Sungemini Zabala II interpuso recurso de reposición el cual fue rechazado mediante la Resolución no. 0383 del 16 de marzo de 2012. 4 Expediente no. 25000-23-36-000-2013-01989-01 (56.021) Actor: JA Zabala & Consultores Asociados Controversias contractuales Apelación de sentencia 7) El 3 de marzo de 2012, la Unión Temporal Sungemini Zabala II mediante escrito con radicación no. 2010019036 -206-000 elevó ante la superintendencia una solicitud de revocatoria directa de la Resolución no. 011 de enero 3 de 2012. 8) Por Resolución 1157 de 27 de julio de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia confirmó la negativa de reconocer el desequilibrio económico, decisión contra la cual se interpuso recurso de reposición el 8 de agosto de 2012 con radicación no. 2010017036-226-000, petición que para la fecha de presentación de la demanda seguía sin respuesta. 9) El 26 de febrero de 2013 , con la Resolución no. 0393 la Superintendencia Financiera de Colombia liquidó unilateralmente el contrato SF-3-007-2009. 3. Fundamentos de la demanda 1) En el texto de la demanda la actora , como desarrollo del acápite denominado “NORMAS INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN” (fl. 20 cdno. no. 1), señaló “que los actos administrativos aquí demandados violan las normas legales que regulan la contratación estatal. Por lo que sustento mi demanda entre, otras con las siguientes normas” (fl. 20 ibidem). El listado de las normas invocadas es el siguiente: a) Artículos 83 y 90 de la Constitución. b) Artículo 4, numerales 8 y 9, artículos 27, 28, 50 a 55 de la Ley 80 de 1993. c) Artículos 1618 y siguientes del Código Civil. 2) En relación con el concepto de violación, la actora sostuvo que “atendiendo a los documentos que se aportan con la presente demanda, que durante la ejecución del contrato la entidad contratante SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA incumplió sus obligaciones contractuales (…) [e]sta situación generó un desequilibrio económico del contrato SF-3-007-2009 por cuanto el contratista, no obstante que la entidad no cumplía s us obligaciones, si fue requerido para asignar recursos durante el plazo de ejecución inicial (…)” (fl. 22 cdno. no. 1 – negrillas y mayúsculas sostenidas del original). 5 Expediente no. 25000-23-36-000-2013-01989-01 (56.021) Actor: JA Zabala & Consultores Asociados Controversias contractuales Apelación de sentencia 4. Posición de la parte demandada A través de escrito radicado el 25 de septiembre de 2014 por intermedio de apoderada judicial contestó la demanda, se opuso a las pretensiones y solicitó que fueran negadas (fls. 123 a 309 cdno. no. 1), con apoyo en el siguiente razonamiento: 1) La sociedad demandante omitió agotar el requisito de procedibilidad en relación con las pret

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201301989011100103