Titulación de la relatoría 24.970 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS POR SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / OTROSÍ AL CONTRATO / PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES / APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / PLAZO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO / PRECIO DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AGUA LLUVIA / COVID 19 / RIESGO CONTRACTUAL / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / MATRIZ DE RIESGOS / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO / PRECIO UNITARIO / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Debe negarse el reconocimiento de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra cuando las partes ya acordaron expresamente, mediante suspensiones, prórrogas y otrosíes, que dichos eventos no generarían pagos adicionales al precio pactado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala confirmará la decisión del Tribunal de negar las pretensiones relacionadas con el pago de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra, atribuidos a las lluvias, al cambio de las especificaciones técnicas del pavimento y a las medidas adoptadas con ocasión de la pandemia del COVID-19. Los reparos no son atendibles, porque el Tribunal no fundó su decisión en la ausencia de salvedades en las actas de suspensión y en los otrosíes mediante los cuales se prorrogó el plazo. La negativa se sustentó en que las partes regularon de manera expresa los efectos legales y económicos de estos eventos al suscribir los acuerdos que los contenían. En consecuencia, sin que medie circunstancia o hipótesis debidamente acreditada que permita desconocerlos o hacerlos producir un efecto como el que pretende el actor, están llamados a ser observados y producir todos sus efectos —pacta sunt servanda —. El Tribunal negó el reconocimiento de los sobrecostos y de los gastos por mayor permanencia en obra, soportado en los acuerdos que se concretaron sobre los efectos programáticos de la obra relativos al plazo, como también los económicos, al precisar que no habría lugar al pago de sumas adicionales por la ejecución de las obras bajo el precio pactado. En relación con las sumas reclamadas por los efectos que las lluvias tuvieron sobre la ejecución del contrato, se constata que el Tribunal señaló que las reclamaciones no eran procedentes, porque “implicaría que el consorcio demandante vaya en contra de sus propios actos, expresados en el Otrosí 4 y en las actas de suspensión”. Respecto de las sumas reclamadas por el cambio de las especificaciones técnicas sobre el tipo de capa de rodadura, afirmó igualmente que el Consorcio suscribió las suspensiones y prórrogas dejando constancia de que “no generaban reconocimientos por sobrecostos, pagos adicionales, depreciación de equipos, mano de obra, entre otros”. Finalmente, expuso el mismo argumento frente a las medidas adoptadas para atender los efectos de la pandemia. El Consorcio indicó que los documentos en los que se convinieron las prórrogas y suspensiones del contrato no reflejan renuncias expresas a reclamar el pago de los sobrecostos y de los gastos por mayor permanencia. Sobre este aspecto, la Sala constata que los acuerdos no tuvieron por fin solucionar o precaver un conflicto (llevado a una transacción), sino de apropiar las medidas encaminadas a la ejecución del contrato y el manejo de las posibles contingencias sobre la base de regular sus derechos y obligaciones. De esta forma, acordaron modificaciones al plazo y declararon expresamente mantener las condiciones de remuneración. En lo que atañe a los efectos de las lluvias, las pruebas demuestran que, en todas las suspensiones y prórrogas suscritas como resultado de su incidencia en la ejecución de las obras, las partes regularon de manera expresa sus impactos en términos de plazo y de remuneración. (…) En síntesis, la pretensión de obtener el pago de sobrecostos y gastos por mayor permanencia en obra, debido al impacto que en la ejecución del contrato habrían tenido las lluvias, el cambio de las especificaciones técnicas del pavimento y las medidas adoptadas con ocasión de la pandemia del COVID-19, no es de recibo. Su improcedencia no se explica porque esos eventos fueran previsibles o imputables al Consorcio, sino porque, aun si se calificaran imprevistos, sobrevenidos en la ejecución del contrato y ajenos al contratista, los efectos que generaron fueron objeto de acuerdo por las partes en términos de plazo y precio. La sentencia de primera instancia no negó el reconocimiento de los sobrecostos derivados de la imposibilidad de ejecutar obras de manera simultánea en distintos tramos con fundamento en esta línea argumentativa. El Tribunal consideró que la oposición de la comunidad que dio lugar a dicha situación era previsible y evitable. El apelante, por su parte, sostuvo que el riesgo asociado a la conflictividad social había sido asumido por EMCALI. Sea como sea, la Sala advierte que las pretensiones fundadas en este hecho tampoco están llamadas a prosperar por la misma razón expuesta en los párrafos anteriores. En la matriz de riesgos incorporada a las condiciones especiales de contratación se tipificó el riesgo de “conflicto social en el área de influencia del proyecto” y se indicó que su asunción era compartida entre el Consorcio y EMCALI, sin precisar los efectos concretos de dicha asignación. Con todo, los efectos que la oposición de la comunidad produjo sobre la ejecución del contrato fueron objeto de regulación expresa por las partes en términos de plazo y de remuneración. (…) Por las razones expuestas, la Sala también confirmará la decisión de negar el reconocimiento de los sobrecostos que se alegan derivados de las limitaciones al desarrollo simultáneo de actividades en distintos frentes de obra. Los contratantes, al suscribir las suspensiones, prórrogas y adiciones del contrato, definieron el plazo adicional concedido para la conclusión de las actividades afectadas y precisaron si el consorcio adquiría, o no, el derecho a recibir una suma adicional al precio pactado. Ese contenido no puede desconocerse por el hecho de que el Consorcio hubiera presentado reclamaciones a EMCALI antes de la demanda ni porque, de haberse suscrito un acta de liquidación bilateral, se hubieran dejado salvedades para reclamar su pago. Se trata de actuaciones unilaterales del Consorcio que no privan de efectos jurídicos los negocios jurídicos modificatorios y las suspensiones acordadas con EMCALI, pues su desconocimiento solo podría derivarse del consentimiento mutuo de las partes, en los términos del artículo 1602 del Código Civil: “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo”. En consecuencia, tales acuerdos resultan obligatorios y vinculantes para las partes y delimitan el marco decisorio del juez, lo que impone desestimar las pretensiones que se oponen a su contenido, máxime cuando no se alegó vicio alguno del consentimiento. Esta conclusión se refuerza cuando las razones que se traen para reclamar unos mayores pagos por sobrecostos corresponden a las mismas que motivaron los acuerdos, sin mediar explicación técnica sobre causas o razones que pudieron haber escapado al control o la previsión de las partes para el momento en que se pactaron, aspecto que se revela con mayor contundencia por la modalidad de precios pactados, que en condiciones de normalidad obliga bajo cánones de diligencia, a quien profesionalmente se dedica a este tipo de actividades, a prever los costos de las obras basado en proyecciones, costos de mercado, su comportamiento y factores de previsibilidad.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
NORMA / AXIOLOGÍA JURÍDICA / CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / FINALIDAD DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / NORMATIVA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / PRESUPUESTO DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA MUTABILIDAD / MUTABILIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN DEL DEUDOR / CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA / CONSORCIO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS POR SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿En los contratos estatales sometidos a un régimen especial distinto del general, el contratista posee un derecho implícito a la preservación del equilibrio económico del contrato, aun cuando dicho régimen no reconoce prerrogativas unilaterales a la administración ni contempla de manera expresa mecanismos de restablecimiento derivados de situaciones imprevistas?
Respuesta al problema jurídico: No
El contrato celebrado entre EMCALI y el Consorcio no está sometido al EGCAP. Por esta razón, no resulta aplicable el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, que establece que “[e]n los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar” y que agrega que “si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”. Tampoco es aplicable el artículo 5.1 de la misma ley, según el cual los contratistas “tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas”.Si las disposiciones de la Ley 80 de 1993 no integran el contenido del contrato de obra celebrado y si las normas del EGCAP son las que atribuyen ese derecho subjetivo al contratista, el Consorcio no es titular del derecho a que se mantenga el equilibrio económico del contrato en los términos allí previstos. Esta conclusión se impone desde la perspectiva del derecho positivo y también ha sido sostenida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al examinar contratos celebrados por entidades estatales de carácter financiero no sometidas al EGCAP. La Sala no comparte la tesis del apelante de que, a partir de otras normas expresas aplicables a los contratos estatales no sometidos al EGCAP, pueda derivarse una norma implícita que confiera a los contratistas el mismo derecho subjetivo al mantenimiento del equilibrio económico del contrato que el estatuto consagra. Una norma implícita es aquella que no puede referirse a algún texto normativo como su significado. Estas normas se extraen, por lo general, como resultado de una operación en la que una o más normas expresas, con estructura de principio o de regla, sirven como premisas de un razonamiento cuya conclusión es la norma implícita. Sin embargo, como señala la doctrina, conviene distinguir entre los tipos de razonamiento empleados para ese fin. En algunos casos, existen normas que sí están lógicamente implícitas en las normas expresas que operan como premisas, en cuanto se derivan mediante un razonamiento estrictamente deductivo. En otros casos, las normas implícitas no son el resultado de una deducción, sino que se obtienen a partir de una o más normas expresas, combinadas con tesis dogmáticas que suelen aducirse para colmar lagunas axiológicas creadas por el propio intérprete. El reparo del Consorcio se inscribe en este segundo tipo de razonamiento. A partir de las disposiciones legales expresas citadas en la demanda y en la apelación (Ley 1150 de 2007, art. 13; C.C., arts. 1498 y 1603; C. Co., art. 871 y C.P., art. 95.2) y de una tesis dogmática según la cual el contrato celebrado por una entidad del Estado tendría una sustantividad irreductible, independiente del régimen jurídico aplicable, se pretende extraer una norma implícita que adscriba a los contratistas que celebran negocios con entidades públicas no sometidas al EGCAP un derecho subjetivo de contenido equivalente al previsto en los artículos 5.1 y 27 de la Ley 80 de 1993. La Sala no considera plausible la tesis dogmática en la que se funda el reparo. Como ha señalado la Subsección a propósito de controversias referidas a contratos celebrados por otras empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliarios, aunque exista identidad en la calificación jurídica del contrato como estatal, los fundamentos del régimen jurídico de derecho público del EGCAP, que reconoce el derecho a la preservación del equilibrio económico, no coinciden con aquellos en los que se cimienta el régimen especial aplicable a los contratos celebrados por entidades estatales prestadoras servicios públicos domiciliarios. La atribución de prerrogativas de poder público, ligada a la mutabilidad del contrato estatal sometido al EGCAP, constituye uno de los fundamentos por los cuales se reconoció al contratista el derecho a la preservación de la ecuación contractual. Este fundamento, presente en el origen histórico de la institución jurídica e identificable en el proceso de formación de la voluntad legislativa, se expresa claramente en el derecho positivo colombiano. En ese sentido, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 autoriza a las entidades estatales, en determinados contratos, a introducir modificaciones a lo convenido o a disponer su terminación unilateral, con el fin de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios a su cargo y asegurar su prestación. Tales decisiones se adoptan mediante actos administrativos y generan, de manera correlativa, la obligación de aplicar “los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial”. Por regla general, las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son titulares de tales potestades exorbitantes. Su incorporación en los contratos que celebran constituye una excepción. Así se desprende del inciso segundo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, que, tras disponer que tales entidades no están sometidas al EGCAP, precisa que “las comisiones de regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa, que se incluyan en los demás”. En este caso, el contrato celebrado entre EMCALI y el Consorcio no incorpora cláusulas de esa naturaleza. Además, el restablecimiento del equilibrio económico solicitado por la demandante no se soporta en el ejercicio de facultades excepcionales al derecho común. El EGCAP reconoce, además, el derecho a que se restablezca el equilibrio económico del contrato a “punto de no pérdida” cuando este resulte alterado, no por el ejercicio de facultades excepcionales al derecho común, sino por “la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas” (Ley 80 de 1993, art. 5.1). Como ha señalado la Subsección, el fundamento de su consagración, que se halla también en el origen histórico de esta institución jurídica, radica en la necesidad de asegurar la continuidad de la ejecución del objeto contractual. Con ello se busca evitar que, ante la mayor dificultad derivada de la onerosidad sobrevenida, se paralice la actividad —prestación de un servicio, construcción de una obra o suministro de un bien— que constituye un medio para la realización de fines públicos cuya satisfacción corresponde a la entidad contratante en virtud de sus competencias legales y no por su condición de partícipe en un mercado. En los contratos que celebran las empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliarios no se encuentra comprometido el ejercicio de una función administrativa ni el desarrollo de una actividad reservada a órganos del poder público (publicatio). Aunque estos contratos se inscriben en la prestación de servicios públicos domiciliarios, dicha prestación no está sometida a titularidad estatal exclusiva (Ley 142 de 1994, art. 10). Se trata, por el contrario, de actividades económicas que se desarrollan en un mercado regulado, pero con libertad de entrada, sin reserva a favor del Estado, en el que concurren agentes públicos y privados. El régimen jurídico especial aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliarios, así como la exclusión del EGCAP respecto de sus contratos, constituyeron un medio para eliminar privilegios y promover la competencia en un plano de igualdad jurídica. En este contexto, aceptar que en cabeza de estas entidades estatales se radique, de manera abstracta o implícita, la obligación de mantener el equilibrio económico del contrato en los términos regulados en el EGCAP —obligación de la que no son sujetos pasivos sus competidores privados— no las colocaría en una posición de ventaja, sino que las situaría en una desventaja competitiva. Por las razones expuestas, la identidad en la calificación jurídica del contrato como estatal no implica que los fundamentos del régimen jurídico de derecho público del EGCAP, que reconocen el derecho a la preservación del equilibrio económico, sean trasladables a los contratos sometidos al régimen especial aplicable a las entidades estatales prestadoras de servicios públicos domiciliarios. En consecuencia, los derechos del Consorcio frente a cambios sobrevenidos que impliquen un incremento en los costos de cumplimiento de su prestación se circunscriben a lo previsto en las disposiciones civiles y comerciales. Como lo han señalado las distintas Subsecciones, bajo las disposiciones civiles y comerciales no se reconoce un derecho subjetivo al restablecimiento del equilibrio económico del contrato en los términos que consagra el EGCAP. El artículo 868 del Código de Comercio adscribe al deudor un derecho distinto: el de solicitar la revisión de una prestación de futuro cumplimiento, con base en un criterio de equidad, cuando, en contratos de ejecución sucesiva, periódica o diferida, circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a su celebración, agraven la prestación hasta hacerla excesivamente onerosa. En este caso, no había lugar a la revisión judicial con fundamento en dicha disposición ni, por esa vía, a imponer un recargo sobre el precio pactado en el contrato de obra, porque no existían prestaciones de futuro cumplimiento respecto de las cuales pudiera introducirse un reajuste. En efecto, para el momento de presentación de la demanda, el 28 de marzo de 2023, las actividades constructivas en las que supuestamente habría sobrevenido la mayor onerosidad ya habían concluido, conforme a lo señalado en el acta de recibo final de bienes y servicios suscrita el 16 de abril de 2021. En conclusión, el pago de los sobrecostos reclamados no resultaba procedente porque el Consorcio no era titular del derecho a la preservación del equilibrio económico del contrato en los términos previstos para los negocios sometidos al EGCAP. Tampoco resultaba procedente acudir a la figura de la revisión judicial del contrato por excesiva onerosidad sobreviniente prevista en el artículo 868 del Código de Comercio, pues no se configuraron los presupuestos para su aplicación.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la preservación del equilibrio económico del contrato frente a su régimen jurídico, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 21 de febrero de 2025, rad. 69580, C.P. José Roberto Sáchica Méndez y Corte Suprema de Justicia, sentencia de 12 de julio de 2024, SC1360-2024,M.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 95 NUMERAL 2, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 10, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 34, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1498 , LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Debe imponerse condena en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, fijando las agencias en derecho conforme a criterios objetivos y distribuyéndolas entre los litigantes según su participación en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia debe pronunciarse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se rigen por las normas del CGP. Las costas comprenden la totalidad de las expensas y gastos causados durante el trámite del proceso, así como las agencias en derecho (CGP, art. 361). Su imposición no exige la verificación de una conducta temeraria, pues, en el régimen vigente, obedece a un criterio objetivo. Conforme al numeral 1.º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. El Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, fija las tarifas de las agencias en derecho y dispone que, en segunda instancia, estas se establezcan dentro del rango de uno a seis salarios mínimos legales mensuales vigentes. La determinación de su valor debe responder, entre otros factores, a la naturaleza del asunto, la calidad y duración de la gestión desplegada por el apoderado, la cuantía del proceso y las demás circunstancias relevantes asociadas a dicha actividad. EMCALI designó una apoderada judicial para la atención del proceso y debió asumir la vigilancia del proceso judicial en esta sede. Sin embargo, no se pronunció sobre el recurso de apelación dentro del término legal. Con fundamento en estos criterios, la Sala fijará las agencias en derecho a favor de la entidad estatal en un salario mínimo legal mensual vigente De acuerdo con el numeral 6.º del artículo 365 del CGP, “cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso”. En la cláusula segunda del acuerdo consorcial aportado con la demanda se estipuló que Fluidos y Construcciones S.A.S. tendría una participación del 45% e Ingenieros Electricistas y Civiles Asociados S.A.S. del 55%. En consecuencia, el valor total de las agencias en derecho se distribuirá entre dichas sociedades en esos mismos porcentajes, de modo que cada una asumirá la fracción correspondiente a su participación.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 6