Titulación de la relatoría 29.793 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DERECHO DE ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ESTABILIDAD JURÍDICA / DERECHO ADQUIRIDO
Problema jurídico:
¿La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Aunque el Tribunal a quo estimó que no se produjo la caducidad alegada por la demandada, dado que se trata de un presupuesto procesal y que es uno de los argumentos de la apelación, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. (…) El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. (…) [L] a caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
NOTA DE RELATORÍA:
La Corte Constitucional define la caducidad como una limitación temporal del derecho de acción, orientada a garantizar la seguridad jurídica y el interés general, con carácter irrenunciable y declarable de oficio por el juez. Ver: Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002.
La caducidad es una figura de orden público e irrenunciable que extingue la acción por mandato legal al vencerse el plazo, pudiendo ser declarada de oficio o a petición de parte por el juez. Ver: Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
La caducidad como límite al acceso a la justicia al exigir el ejercicio oportuno de las acciones, buscando estabilidad jurídica y consolidación de derechos adquiridos. Ver: Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05.
Sobre la caducidad como sanción por la inactividad procesal, que opera de pleno derecho y que debe el juez declararla de oficio para garantizar la seguridad jurídica. Ver: Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013.
Sobre la caducidad como extinción del derecho de acción si no se ejerce dentro del plazo legal, como garantía de seguridad jurídica e interés general frente a la negligencia del actor, ver: Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / HECHO DAÑOSO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / DERECHO DE ACCIÓN / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / VÍCTIMA / DESAPARICIÓN FORZADA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DESAPARICIÓN FORZADA
Problema jurídico:
¿Se configuró la caducidad del medio de control, en atención a la desaparición de la víctima y la fecha de presentación de la conciliación extrajudicial y de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]sta sección precisó que no bastaba con la ocurrencia del hecho dañoso, pues, además, resultaba necesario su conocimiento por parte del afectado, ya que a partir de ello surgía el interés para ejercer el derecho de acción [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2006, exp. 15785, CP: María Elena Giraldo. Postura reiterada por esta Subsección en sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 62405]. Esta regla fue recogida por literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. (…) [E]n el sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo teniendo en cuenta: i) que Eulices Jiménez Mesa desapareció el 18 de junio de 2002 y aún se desconoce su paradero; ii) que el 18 de mayo de 2018 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial la cual se declaró fallida el 26 de junio de 2018; y, iii) que la demanda fue radicada el 2 de octubre de 2018, es decir, mientras la víctima se encontraba desaparecida y sin que hubiera un pronunciamiento de la justicia penal. De ahí que no le asiste razón a la entidad apelante cuando afirma que el medio de control se encuentra caducado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el conteo de la caducidad desde que el afectado conozca del hecho dañoso, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de marzo de 2006, exp. 15785, CP: María Elena Giraldo. Postura reiterada por esta Subsección en sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 62405.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CARGAS PÚBLICAS / DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PÚBLICAS
Problema jurídico:
¿La declaración de responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere de otro componente necesario para establecer la responsabilidad y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros.
NOTA DE RELATORÍA:
La imputación es el elemento que permite atribuir fáctica y jurídicamente el daño antijurídico al Estado, conforme a los títulos de imputación de falla del servicio, riesgo excepcional o daño especial. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
DESAPARICIÓN FORZADA / DELITO DE LESA HUMANIDAD / DERECHOS FUNDAMENTALES / DERECHO A LA VIDA / DERECHO A LA LIBERTAD / DERECHO A LA INTEGRIDAD / DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS / CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS / CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS / CONSEJO DE ESTADO
Problema jurídico:
¿La desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad y una violación múltiple y continuada de derechos fundamentales y convencionales?
Respuesta al problema jurídico: Si
La desaparición forzada ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de la Corporación como un delito de lesa humanidad, por cuanto involucra, además de los derechos fundamentales de la víctima, la convivencia social, la paz y la tranquilidad del género humano. Asimismo, la Sala ha destacado que se trata de un acto de carácter pluriofensivo, ya que se configura mediante la restricción o cercenamiento indebido del derecho a la libertad personal y compromete de manera directa los derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de las personas, desdoblándose en sus familiares, dado el desconocimiento del derecho a la información sobre la ubicación o condiciones en que se encuentran las víctimas, menoscabando en este sentido la dignidad de la familia . (…) [L]a Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la desaparición forzada constituye un delito contra la humanidad y la violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención, pues de una parte se tiene el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima que en sí mismos representan formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; y de otra parte, se tiene establecido que la práctica de desapariciones en su mayoría ha implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la desaparición forzada como acto pluriofensivo que vulnera la libertad personal y afecta derechos fundamentales como la vida, integridad y dignidad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 7 de septiembre de 2015, exp. 51.388. Postura reiterada por esta Subsección en sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 62405.
La Corte IDH considera la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad que implica violaciones continuadas a derechos como la vida, la integridad y la dignidad, al incluir aislamiento, tortura y ejecución clandestina. Ver: Convención Interamericana Sobre la Desaparición Forzada, artículo 2º.
FUENTE FORMAL:
CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE 1994 - ARTÍCULO 2
DESAPARICIÓN FORZADA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PRUEBA INDICIARIA / INDICIO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / GARANTÍA PROCESAL
Problema jurídico:
¿La imputación de responsabilidad al Estado por desaparición forzada puede fundamentarse en prueba indiciaria cuando concurren los elementos definitorios de este delito?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a configuración de la desaparición forzada y su imputación a la responsabilidad del Estado, deben reunir las siguientes condiciones: i) que se haya privado a una persona de la libertad en cualquier forma; ii) que dicha privación haya sido cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con su autorización o aquiescencia; iii) que haya sido seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer la privación de la libertad o a informar sobre el paradero de la persona; y iv) que se impida el ejercicio de recursos legales y de las garantías procesales contenidas en la ley. (…) en este tipo de eventos la prueba indiciaria resulta ser “idónea y única para determinar la responsabilidad”, de manera que no es necesario que existan pruebas directas y contundentes que incriminen al Estado, pues la concurrencia de serios indicios sobre la acción y/o omisión de la Administración serían suficientes para asignarle responsabilidad al Estado.
NOTA DE RELATORÍA:
En casos de desaparición forzada, la responsabilidad del Estado puede establecerse con prueba indiciaria. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de octubre de 2012, exp. 21806; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2007, exp. 16337.
HECHO DEL TERCERO / CLÁUSULA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / HECHO IMPREVISIBLE / HECHO IRRESISTIBLE / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿El hecho exclusivo y determinante de un tercero exime de responsabilidad al Estado cuando se demuestra que es la causa exclusiva, ajena al servicio, imprevisible e irresistible?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Sección ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del tercero se configura siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que éste último no se encuentra vinculado en manera alguna con aquél. Asimismo, esta Corporación ha determinado que para la prosperidad de esta causal exonerativa de responsabilidad deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que el hecho del tercero sea la causa exclusiva y adecuada del daño, motivo por el cual la entidad tiene que probar que no hay ningún vínculo causal entre la conducta del demandado y el daño producido; ii) que el hecho del tercero sea ajeno al servicio, es decir, que el tercero no esté vinculado a la persona de derecho público demandada ni realice actividades vinculadas al servicio público; y iii) que el hecho del tercero sea imprevisible e irresistible para la entidad. Adicionalmente, sobre la revisión del actuar del tercero en la producción del daño, esta Sección ha precisado que no se requiere que el tercero haya actuado con culpa, porque la relación causal es un aspecto de carácter objetivo. Empero, para que excluya la responsabilidad de las entidades demandadas, debe haber constituido la causa determinante.
NOTA DE RELATORÍA:
El hecho exclusivo y determinante de un tercero exonera de responsabilidad al Estado cuando se prueba que la circunstancia es totalmente ajena al servicio y sin vínculo alguno con este. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020, exp. 49574. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 17179.
El Consejo de Estado exige, para que prospere el hecho exclusivo de un tercero como causal exonerativa, que sea la causa exclusiva del daño, ajena al servicio y que resulte imprevisible e irresistible para la entidad. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2019, exp. 46858; Subsección C, sentencia del 11 de marzo de 2019, exp. 43512; Subsección B, sentencia del 21 de noviembre de 2018, exp. 40350; Subsección C, sentencia del 28 de enero de 2015, exp. 32912A; Subsección A, sentencia de 13 de febrero de 2013, exp. 18148.
DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / VALOR PATRIMONIAL DEL BIEN / ORDENAMIENTO JURÍDICO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / LESIONES
Problema jurídico:
¿El daño antijurídico se configura como toda lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento jurídico, que la persona no está obligada a soportar?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la definición del daño antijurídico, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499; Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DESAPARICIÓN FORZADA / DERECHO A LA LIBERTAD / DERECHO A LA VIDA / DERECHO A LA INTEGRIDAD / DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA / DERECHOS INALIENABLES / REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS / UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS / INVESTIGACIÓN PENAL
Problema jurídico:
¿La desaparición forzada constituye un daño antijurídico al implicar una restricción indebida de la libertad personal y una afectación directa a los derechos a la vida, la integridad y la dignidad humana?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [E]l daño alegado es la desaparición forzada de [EJM], de quien se desconoce su paradero desde el 18 de junio de 2002, tal como se acreditó con la denuncia presentada (…), motivo por el cual se adelanta una investigación penal y la Unidad para las Víctimas incluyó a la demandante (…) en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de desaparición forzada (…). (…) [E]l daño tiene el carácter de antijurídico, pues, como se advirtió en el capítulo 6.2. de esta sentencia, la desaparición forzada constituye un acto de carácter pluriofensivo, ya que se configura mediante la restricción o cercenamiento indebido del derecho a la libertad personal y compromete de manera directa los derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de las personas, derechos estos inherentes e inalienables de la persona, que se constituyen en presupuesto esencial para la realización de los demás derechos.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 11, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 12, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO PREÁMBULO
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ALCANCE DEL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / OMISIÓN DEL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / DETERMINACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES / RIESGO PREVISIBLE / MEDIDAS DE PROTECCIÓN / ACREDITACIÓN DEL RIESGO EXTRAORDINARIO
Problema jurídico:
¿El Estado es responsable cuando, teniendo conocimiento del riesgo o ante solicitudes expresas de protección, omite, retarda o atiende de forma insuficiente las medidas necesarias para prevenir un daño previsible?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, aunque el deber de protección de los asociados a cargo del Estado no constituye una carga absoluta que le imponga prevenir cualquier hecho delictivo, sí está llamado a responder cuando haya incumplido el ejercicio de sus competencias de hacer, en ese ámbito, frente a hechos que pudo y debió haber previsto, impedido o mitigado. En efecto, se ha aceptado que en aquellos casos en que el administrado haya solicitado de manera expresa la adopción de medidas de protección y estas han sido desatendidas, se compromete la responsabilidad del Estado cuando se materializa la amenaza o el riesgo, con fundamento en el desconocimiento del ámbito obligacional a cargo de la Administración, que debe analizarse en cada caso particular con el fin de establecer: (i) si le imponía determinada conducta positiva o negativa a la demandada y, (ii) si omitió ejecutarla. Bajo ese supuesto, se ha encontrado configurada la responsabilidad de la Administración en aquellos eventos en que, pese a que el afectado ha promovido expresas solicitudes de protección, estas han sido retardadas, omitidas o atendidas en forma insuficiente; sin embargo, también se ha aceptado que existen eventos en los que los riesgos para determinados sujetos resultan previsibles para las autoridades, aún en ausencia de solicitud expresa del interesado, casos en los que sólo es preciso acreditar, para efectos de la responsabilidad estatal, que por cualquier vía el Estado tenía conocimiento de la situación de riesgo; no obstante, se mantuvo indiferente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad del Estado por daños derivados de hechos delictivos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2014, exp. 26029. CP: Danilo Rojas Betancourth, reiterada por la Subsección A, sentencia del 5 de febrero de 2021, exp. 61803, CP: Marta Nubia Velásquez Rico.
Respecto de la responsabilidad del Estado por la omisión de brindar la protección solicitada o por el conocimiento de un riesgo previsible y permanente indiferente ante él, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, exp. 18860, CP: Ramiro Pazos Guerrero.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DESAPARICIÓN FORZADA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN / EFECTO ERGA OMNES / FUERZA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La responsabilidad del Estado se excluye cuando el daño es causado por terceros indeterminados y no hay pruebas de que las autoridades conocían del riesgo ni podían evitarlo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]ese a la existencia de una investigación penal por la desaparición forzada de [EJM], de la cual se desconoce su estado o resultado y a que la demandante (…) fue incluida en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de desaparición forzada (…), lo cierto es que no se tiene conocimiento de quiénes fueron los autores materiales de la desaparición (…), de quien hasta ahora se desconoce su paradero y lo único que indican los testimonios (…) es que fue obra de los “Autodefensas”. A ello se suma que no existe ningún hecho probado que indique o que permita establecer o inferir que la fuerza pública u otros funcionarios de la Administración Pública cometieron o participaron de algún modo en la desaparición forzada (…) de lo que resulta forzoso concluir que ese acto fue ejecutado por terceros indeterminados. A este respecto no se encuentra elemento de prueba alguno que indique que las autoridades de policía conocían previamente la posibilidad de que miembros de un grupo ilegal pretendía secuestrar o dañar de alguna manera al señor (…) o algunos otros pobladores de la región o que pudieran evitar los hechos, pues no es factible exigir a las fuerzas del orden hacer presencia en todos los sitios, mas aún cuando no hay conocimiento previo de amenazas o de las posibilidad de que actores armados van a hacer presencia. En. un lugar determinado y van a cometer actos ilícitos contra la población civil. (…) [N]o se probó que para la época de los hechos la desaparición forzada (…) era previsible para las autoridades, comoquiera que no realizó ninguna manifestación o denuncia ante las demandadas de que su vida o libertad personal corrían peligro, tampoco se demostró que se tratara de un miembro de algún grupo vulnerable que ameritara especial protección o vigilancia, respecto del cual resultara previsible que pudiera ser objeto de ataque por su condición de líder social, político u alguna otra calidad, o porque la vereda donde vivía en Tauramena hubiera sido objeto de ataque en días previos a su desaparición. [“[…] Para la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad del Estado por actos de particulares, siempre que exista conocimiento de un riesgo real e inmediato y que las autoridades hayan omitido medidas razonables de prevención o protección, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 13 de mayo de 2014, exp. 23128, CP: Mauricio Fajardo Gómez. Subsección A, sentencias del 26 de febrero de 2015 exp. 30.885, del 26 de agosto de 2015 exp. 36.374, del 8 de noviembre de 2016, exp. 40.341 y del 23 de noviembre de 2016, exp. 38.364, CP: Hernán Andrade Rincón; sentencia del 3 de octubre de 2019, exp. 52831, CP: Marta Nubia Velásquez Rico. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la masacre de Pueblo Bello v.s Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 123.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DESAPARICIÓN FORZADA / CONOCIMIENTO DEL RIESGO EXTRAORDINARIO / VIOLENCIA GENERALIZADA / CONTEXTO DE VIOLENCIA GENERALIZADA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN / DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA / SEGURIDAD PERSONAL / PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿Surge la responsabilidad del Estado por desaparición forzada cuando existe un conocimiento concreto del riesgo y una posibilidad razonable de impedir su materialización, sin que sea exigible una protección absoluta?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as autoridades tenían un conocimiento generalizado de la situación de orden público en la zona, mas no de un peligro concreto contra [la víctima] o las personas con las que vivía, que lo hubiera puesto en riesgo de ser víctima de desaparición forzada a partir del 18 de junio de 2002. Como recientemente lo precisó esta Sala de Subsección66, aun cuando el Estado tuviera conocimiento del contexto de violencia generalizada en determinadas zonas del país para la época de los hechos, en este caso, en zona rural del municipio de Tauramena, debe precisarse que la amenaza o peligro debía ser concreto respecto de la víctima de la desaparición forzada, pues no podía exigírsele al Estado la garantía de una protección absoluta. Reitera la Sala que la responsabilidad del Estado en este tipo de eventos no surge de manera automática ni de forma incondicional para garantizar los derechos de los asociados, sino que se configura como un tipo de responsabilidad por omisión frente al incumplimiento del contenido obligacional concreto a su cargo en materia de protección y seguridad de riesgos extraordinarios que atentan contra la integridad física y la seguridad personal, que sólo puede predicarse en la medida en que se acredite que ese riesgo era conocido y existían posibilidades razonables de impedir su materialización.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad del Estado frente a la amenaza concreta y específica de la víctima, ver:Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de abril de 2025, exp. 65972, CP: William Barrera Muñoz. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, exp.61803, CP: Marta Nubia Velásquez Rico.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FALLA DEL SERVICIO / OMISIÓN DEL DEBER DE PROTECCIÓN DEL ESTADO / HECHO DEL TERCERO / IMPUTACIÓN JURÍDICA / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿Puede atribuirse responsabilidad al Estado por un daño cuando se demuestra que este fue causado exclusivamente por un tercero, sin que exista participación activa u omisión de la Administración?
Respuesta al problema jurídico: No
[R]esulta forzoso concluir que le asiste razón a la entidad apelante, en cuanto no se probó falla del servicio a su cargo por omisión del servicio de protección respecto de Eulices Jiménez Mesa, pues, si bien se configuró el daño, este no es imputable jurídicamente a la Administración, porque, de conformidad con lo probado en el proceso, se trató del hecho exclusivo de un tercero, aislado o ajeno a la actuación del Estado, por cuanto no se demostró la participación por activa o por omisión de este.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / PROCESO DECLARATIVO / CUANTÍA DEL PROCESO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas a la parte demandante cuando se revoca en su totalidad la sentencia de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365 del CGP, numeral 4, para el caso particular se condenará en costas a la parte demandante por ambas instancias, habida cuenta de la revocatoria total de la sentencia de primera instancia. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP70 y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. (…) En cuanto a las agencias en derecho en primera instancia, para los declarativos en general con cuantía, deben fijarse hasta el 7.5% del valor de las pretensiones pedidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo 10554 de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366