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Consejo de Estado
Providencia
Procede la prelación de fallo en los casos de repetición del Estado contra sus agentes.
Sentencia — Sentencia
2024-03-04
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 54001233300020170022202
LEY 1437 REPETICION
¿Procede la prelación de fallo en los casos de repetición del Estado contra sus agentes? Sí
Procede la prelación de fallo en los procesos de repetición del Estado contra sus agentes, en razón de la naturaleza del asunto, de modo que estos expedientes pueden decidirse antes que otros que ingresaron con anterioridad al despacho. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 permite alterar el turno estricto de fallo según la naturaleza del asunto. Segunda, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 autoriza un orden temático para el estudio preferente de los proyectos de sentencia. Tercera, la Sección Tercera del Consejo de Estado en acta de sesión asignó prelación a la repetición contra exfuncionarios públicos, lo que habilita a la Subsección a fallar anticipadamente. En el caso se acreditaron, además, los presupuestos objetivos de la repetición: condena, pago efectivo, calidad de agente estatal y conducta dolosa o gravemente culposa como factor determinante. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que la naturaleza de la repetición justifica adelantar su fallo, sin que ello prejuzgue la prosperidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditaron los presupuestos de carácter objetivo para la procedencia del medio de control de repetición?
¿Al proceso le son aplicables las disposiciones de la ley 678 de 2001?
¿Se acreditó que la conducta del agente configura la presunción de culpa grave para ser declarado responsable patrimonialmente por la muerte del fiscal?
CONFIRMA
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Libertad sexual: el desarrollo del procedimiento para el trámite de las quejas corresponde a las entidades contratantes
C-378 de 2025
2025-04-22
¿Cuál es el alcance de la Ley 2365 de 2024, respecto a las medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral, en los contratos de prestación de servicios?
Conforme a la interpretación de las normas generales del sistema de compras públicas, como indica expresamente el inciso segundo del artículo primero de la Ley 2365 de 2024 –en congruencia con los artículos 2, 7, 8, 15, 21, 22 y 23 ibidem– la norma establece “… prácticas de prevención, detección y atención a violencias de género y el acoso sexual en las Instituciones de Educación Superior en Colombia: Universidades, Instituciones Universitarias, Escuelas Tecnológicas, Instituciones Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales, así como en el Servicio Nacional de ,Aprendizaje - SENA y las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - IETDH”.
También resuelve:
Libertad sexual: contratos de prestación de servicios, protección
Estatuto general de contratación de la administración pública: acoso sexual, procedimiento especial
Medidas de protección: sujetos, objeto contractual, forma de pago
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Contrario sensu, el parágrafo primero del artículo 57 de la Ley 30 de 1992 dispone que “Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter de universidad según lo previsto en la presente Ley deberán organizarse como Establecimientos Públicos del orden Nacional, Departamental, Distrital o Municipal”.
C-448 de 2025
2025-05-20
¿Cuál es el procedimiento que deben llevar a cabo las Instituciones de Educación Superior incluyendo en aquellos casos de acoso sexual en los cuales el presunto agresor se encuentra vinculado mediante contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión?
La Ley 1010 de 2006 no se aplica a quienes tienen contratos de prestación de servicios sin relación de jerarquía o subordinación, pero la Ley 2365 de 2024 cambió ese panorama para el acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior. Esa ley entiende que hacen parte del contexto laboral las interacciones de los contratistas de prestación de servicios, independientemente de la naturaleza de su vinculación, y dispone que quienes celebren esos contratos con personas naturales tienen la misma responsabilidad y obligaciones de la ley, según su ámbito de competencia. Además, aclara que las medidas implementadas por los contratantes no implican presunción de vínculo laboral con el contratista. La ley prevé un mecanismo de queja, que se articula con las garantías de protección, y para los contratos con entidades sometidas al Estatuto General de Contratación establece un trámite de naturaleza especial. Por ello, la institución debe activar el mecanismo de queja y los procedimientos de protección cuando el presunto agresor sea contratista, sin asumir que el vínculo contractual lo excluye.síntesis automática
También resuelve:
Libertad sexual: contratos de prestación de servicios, protección
Estatuto general de contratación de la administración pública: acoso sexual, procedimiento especial
Medidas de protección: sujetos, objeto contractual, forma de pago
Consejo de Estado
Providencia
La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas
Sentencia — Sentencia
2025-05-19
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 85001233300020180012502
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del plazo legal para evitar la caducidad del medio de control, lo cual garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad en las situaciones controvertidas, al tiempo que protege el interés general y racionaliza el uso del aparato judicial. La caducidad es una limitación irrenunciable y de orden público que el juez debe declarar de oficio si el plazo legal ha vencido, lo que implica la pérdida del derecho de acción. Sin embargo, la entidad estatal no puede alegar caducidad si el afectado no conoce del hecho dañoso, como en el caso de una desaparición forzada, y la demanda se presenta mientras la víctima sigue desaparecida y sin pronunciamiento de la justicia penal. Esta regla reitera la importancia de la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos, matizando la aplicación de la caducidad en casos excepcionales donde el conocimiento del hecho dañoso es imposible.síntesis automática
También resuelve:
¿Se configuró la caducidad del medio de control, en atención a la desaparición de la víctima y la fecha de presentación de la conciliación extrajudicial y de la demanda?
¿La declaración de responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política?
¿La desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad y una violación múltiple y continuada de derechos fundamentales y convencionales?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Forzoso resulta concluir que los hoy demandados no sabían ni tenían cómo prever el atentado del 29 de enero de 1997
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 05001233300020150249001
LEY 1437 REPETICION
¿Los demandados incurrieron en una conducta dolosa o gravemente culposa que provocara el daño? No
Cuando la entidad pública repite contra sus servidores por una condena derivada de un atentado terrorista, la responsabilidad personal exige probar que el agente actuó con dolo o culpa grave, lo que no ocurre si el daño no era previsible y no se acredita que la conducta funcional lo causara. La regla se sostiene en tres razones: no se probó que los funcionarios conocieran denuncias sobre actividades ilegales en el sector, no se estableció si la asociación de vigilancia privada tenía sede en el lugar del ataque ni si estaba realizando actividades ilegales al momento de la explosión, y no existen pruebas directas que demuestren que los funcionarios conocían la situación y omitieron medidas para evitarla. En el caso, el alcalde y el secretario de gobierno demandados no fueron declarados responsables, y se confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la entidad que pretende la repetición debe aportar pruebas directas del conocimiento previo y de la omisión del funcionario.síntesis automática
También resuelve:
¿Se probó que los hoy demandados en sus calidades de alcalde y secretario de gobierno tuvieran conocimiento de denuncias de actividades ilegales y no hubieran tomado las medidas pertinentes para…
¿Se probó alguna conducta de los demandados a título de dolo o culpa grave que diera lugar al daño por el cual fue condenada la demandante?
¿Culpa grave es aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su…
CONFIRMA