Titulación de la relatoría 34.004 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MAQUINARIA EN STAND BY / DICTAMEN PERICIAL CONTABLE / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA CONTABLE / INFORME TÉCNICO / VALOR PROBATORIO DEL INFORME TÉCNICO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base las acusaciones de error en la valoración probatoria del dictamen contable y el dictamen técnico efectuada por el a quo?
Respuesta al problema jurídico: No
Los dictámenes periciales y su valor probatorio (...) Con la demanda la parte actora aportó un dictamen pericial contable – financiero y un dictamen técnico o de ingeniería. (...) El Tribunal estimó que el dictamen contable – financiero no tenía vocación probatoria porque el señor (...) no tenía experiencia previa, fue empleado y recibió pagos de la Unión Temporal así como de uno de sus integrantes (...), durante la ejecución del contrato fungió como contador de aquella forma empresarial, y además, en su informe el perito “no probó las cifras ni los conceptos que menciona (...)" (...) Igualmente, el a quo determinó que el dictamen técnico tampoco era válido porque el perito (...) no tenía experiencia previa en rendición de experticias, en audiencia recayó en vaguedades y dudas en su exposición, y su informe adolecía de fechas imprecisas que no correspondían a la real ejecución del contrato, exponía aprobaciones de obra de la interventoría falsas, expresaba opiniones sobre puntos de derecho y, además de que no visitó la obra, tampoco respaldó sus apreciaciones (...) Esta Sala difiere de las apreciaciones del demandante, pues no se trató de un rechazo in limine de los dictámenes por la presunta o potencial parcialidad de los peritos, dada la relación de colaboración empresarial previa a la experticia con la Unión Temporal y algunos de sus integrantes en el caso del contador (...), ni de la ausencia de experiencia anterior en la formulación de dictámenes del señor (...), sino de incongruencias en la aproximación al objeto del dictamen contable, y de la insuficiencia de revisión del objeto en el dictamen técnico, las causas que privan a ambas experticias de aptitud probatoria. (...) En el caso concreto, el dictamen contable debía recaer únicamente sobre la realidad económica y financiera de la Unión Temporal frente al contrato de obra 612 de 2013. No obstante, revisado su contenido, el perito dedicó sus esfuerzos a analizar sin posibilidad de discriminar, todos los gastos que presentaban los integrantes de la Unión Temporal en el giro ordinario de sus negocios, de manera que, por ejemplo, tuvo en cuenta pagos por donación de trofeos, arreglos florales, bonificaciones por cumpleaños o dotación de equipos de fútbol, asuntos que no se relacionaban con la ejecución del negocio jurídico. 38. Así mismo, en la cuantificación de la mayor permanencia, el perito contable consideró gastos como auxilios de alimentación y alquileres de baños portátiles, sin explicar su relación con el proyecto y fundamentado en sumas distintas a las que demuestran las facturas adjuntas, incluyendo además múltiples salarios de empleados de los integrantes de la Unión Temporal que trabajaban en otros proyectos según los asientos contables, e incluyó gastos de la señora (...) correspondientes a 2015, cuando la citada persona declaró haber trabajado hasta 2014; también agregó gastos por mora en el pago de la seguridad social de trabajadores, lo cual es responsabilidad del contratista, y añadió pagos de préstamos de los integrantes de la Unión Temporal adquiridos dos años antes a la suscripción del contrato 612 de 2013, por lo que tampoco se relacionaban con el contrato cuyos sobrecostos debía establecer. (...) En punto al stand by, el perito contable consideró el arrendamiento de maquinaria en tiempos en los que el contrato estuvo en ejecución, y en la determinación de sobrecostos por inconsistencias en planos y diseños, tuvo en cuenta un sinnúmero de facturas de las cuales solo una constaba como paga, mientras que el análisis de las obras adicionales se fundó en un proyecto de acta elaborado por la Unión Temporal con cuadros de diseño, pero sin un solo documento que soportara las erogaciones que supuestamente tuvo el demandante. En cuanto a los sobrecostos por variación del dólar, no explicó la fuente de los valores de esa divisa, y en los sobrecostos financieros, se limitó a presentar una serie de cuadros sin soporte alguno. (...) Si bien al apelante le asiste razón en cuanto a que la relación de colaboración empresarial del perito (...) con la Unión Temporal y algunos de sus integrantes, así como la ausencia de experiencia previa en la rendición de dictámenes, aunque demandan del fallador una mayor rigurosidad en su evaluación por el posible interés que pueda asistir al experto y por las eventuales imprecisiones que pueda presentar por su falta de experiencia en este tipo de encargos judiciales, no son razones para excluir como prueba el dictamen pericial, sin embargo, en este caso no son esos los motivos de tal consecuencia, sino las incongruencias y deficiencias en la evaluación del objeto del dictamen las que impiden que éste tenga la eficacia probatoria que reclama el apelante. (...) Por otro lado, analizado el informe técnico, la Sala también comprueba la presencia de inconsistencias en la evaluación del ingeniero (...) y en sus apreciaciones. (...) En lo que a los aspectos técnicos del contrato concierne, el reclamo del demandante se afirma en la existencia de planos y diseños errados que causaron la necesaria ejecución de obras no previstas y efectivamente ejecutadas que, según el actor, eran técnicamente imprescindibles, del orden de reforzamientos estructurales en columnas, techos, paredes, sin dejar por fuera las que no lo eran, pero que fueron igualmente exigidas por la interventoría, como ejecución de acabados no convenidos en el contrato. (...) En su informe, el perito afirmó la deficiencia de diseños, determinó que los entregados no cumplían la normativa técnica contenida en la Resolución 240 de 2013, que hacía falta el estudio de suelos, indicó que los verticales y horizontales de vigas no concordaban con las figuras y sus cortes, que se presentaban vigas donde no las había y no estaban definidas las cotas de arranque, las dimensiones de los pedestales, tampoco las notas técnicas para determinar el concreto a utilizar; afirmó también que las coordenadas estaban erradas, las columnas existentes estaban deficientemente construidas y no contaban con el coeficiente de resistencia necesario, que las dimensiones y calibres de tubería y cerchas era equivocado, el peso del techo era discordante, y en general, que el proyecto presentaba un sin número de condiciones técnicas erradas que, según indicó, fueron corregidas forzosamente por el contratista a través de análisis técnicos y rediseños. Sin embargo, a pesar de tan específicas afirmaciones, el perito en ningún momento revisó los planos y diseños del contrato, como tampoco realizó algún tipo de medición, ensayo o prueba técnica sobre las obras realizadas, ya que sus afirmaciones se basaron únicamente en las afirmaciones que el contratista efectuaba a través de las comunicaciones a la interventoría y al Departamento, tal como reconoció en audiencia de contradicción del dictamen (...) En este sentido, el informe del ingeniero (...) no presenta un análisis técnico de la estructura construida, no contiene un cotejo con la información contenida en los planos y diseños del proyecto que refleje la realidad técnica de ejecución contractual, transitando por la verificación y validación de la supuesta impertinencia de la planimetría y la aducida necesidad de replanteo y ejecución de obras adicionales, pues se basa única y exclusivamente en la revisión documental de oficios y comunicaciones del demandante, sin al menos considerar la documentación de la interventoría y el Departamento, por lo que sus conclusiones están basadas en el dicho de la parte actora, mas no en análisis técnicos objetivos y evidencias que sustenten su certeza, la cual se pone en entredicho, particularmente cuando el perito ni siquiera se trasladó al área de la obra. (...). Por lo tanto, aunque la falta de experiencia en la rendición de dictámenes periciales no es un motivo para descartar su aptitud probatoria, en el caso del informe técnico es la falta de objetividad la causa que impide que, por sí sólo, ese medio de convicción acredite las condiciones técnicas y defectos que aduce el apelante, por lo que el cargo fracasa, sin perjuicio de las precisiones que hará la Sala en torno a esos aspectos bajo el análisis de los restantes medios probatorios.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MAQUINARIA EN STAND BY / TESTIMONIO / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / INEFICACIA DEL TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base las acusaciones de error en la valoración probatoria de los testimonios efectuada por el a quo?
Respuesta al problema jurídico: No
Los testimonios fueron valorados y no varían las condiciones probadas en primera instancia (...). La Sala descarta el argumento del apelante según el cual, en la sentencia de primera instancia no se analizaron, valoraron, ni se tuvieron en cuenta los testimonios que se practicaron en el proceso, a pesar de que con ellos “se encuentran completamente probados los incumplimientos contractuales”, en tanto el Tribunal sí tuvo en cuenta los testimonios solicitados y recaudados por las partes, (...) y concluyó que estos resultaban insuficientes por sí mismos para acreditar el incumplimiento de la entidad, respecto de lo cual la Sala coincide, y aunque el apelante manifiesta no estar de acuerdo, no allega argumentos para sustentar su disenso. Aun cuando la Sala constata la potencial parcialidad de las declaraciones testimoniales, dada la relación laboral de los testigos con el contratista, la entidad y la interventoría, el Tribunal dejó claro que las declaraciones de (...) presentaban falencias (...) Frente a estas apreciaciones del a quo, el apelante no expuso ningún motivo concreto que explique por qué son infundadas y cuáles son los hechos que se acreditan con los testimonios, por lo que no entrega a la Sala razones para el escrutinio de los testimonios practicados. (...) Sin perjuicio de lo anterior, la Sala corrobora que tanto las declaraciones de (...), como la de (...), ingeniera civil, que afirmó haber sido la directora administrativa de obra de la Unión Temporal a cargo de la gestión, supervisión y control técnico del proyecto, son claras en señalar que sus relatos sobre las dificultades técnicas en la realidad del proyecto y la necesidad de adecuaciones en planos y diseños durante la ejecución, se consignaron en las actas de modificación de obra, las actas parciales de obra y en las comunicaciones cruzadas con la interventoría. Además, cotejados sus dichos con estos documentos y con los términos del contrato, se advierte que: (i) En el pliego de condiciones se consignó que los oferentes debían hacer una revisión de los planos y diseños e información técnica, advirtiendo de forma previa cualquier circunstancia que pudiera derivarse de ellos (...) (ii) Aunque se presentaron dificultades con los planos y diseños, éstos no fueron de mayor gravedad y tampoco consistieron en la causa del stand by de equipos por el que se reclaman sobrecostos, ya que los motivos fundantes de las suspensiones que suscribieron las partes fueron las lluvias, la falta de materias primas y la vacancia de los proveedores de materiales y los cierres de sus inventarios, aspectos que eran propios de los riesgos del contratista. Los problemas en los diseños tampoco generaron la mayor permanencia en obra que reclama el contratista, pues las adiciones o prórrogas al plazo de ejecución se motivaron también en las condiciones climáticas, en las dificultades logísticas para la consecución de materiales y en el paro agrario, ninguna de ellas imputable a la entidad demandada. (iii) A pesar de que el dictamen pericial técnico no permite tener certeza de cuáles eran las modificaciones necesarias para sortear las dificultades en los planos y diseños, pues el perito técnico no lo revisó, lo cierto es que las partes solventaron esa situación mediante el adicional 2 del 27 de marzo de 201525, en el que el contratista y el Departamento convinieron agregar al contrato la suma de $840’039.727,82, que contemplaba la ejecución de nuevos ítems, unidades y cantidades de obra (...) sin que los testimonios o la documental indiquen que después de tal acuerdo se hubieran presentado nuevos inconvenientes por falencias en la información técnica que hubiesen quedado fuera de ese acuerdo, pero que en todo caso tampoco justifican cobro alguno, dado que era el contratista el responsable de la gestión de ese riesgo como encargado de la revisión previa de los diseños. (iv) Los testimonios, en especial los de (...), ponen de presente los problemas financieros que afrontó el contratista debido a la falta de recursos; sin embargo, indicaron que ello devenía de la dificultad de diseños, lo cual no es de recibo teniendo en cuenta que de común acuerdo las partes acordaron adicionar el valor del contrato y prorrogar el plazo para conjurarlo, además, se refirieron a préstamos que el contratista tuvo que hacer para la solvencia del proyecto, pero no indican cuáles fueron sus cuantías individuales o globales, cuestiones que además están desprovistas de un asiento documental que lo respalde; de igual modo, afirman que existieron sobrecostos por valor de materiales importados y que existieron problemas con los pagos, pero sus dichos no cuentan con la precisión de cuáles fueron esos materiales y sus valores, como tampoco cuentan con un respaldo documental que supla esa ausencia. (...). Así las cosas, es infundado el cargo que aduce el apelante en cuanto a una inexistencia de valoración de los testimonios, toda vez que fueron efectivamente estudiados en primera instancia y la Sala coincide en que, por sí solos, no logran demostrar los motivos en los cuales funda su reclamación de perjuicios la parte actora.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / MAQUINARIA EN STAND BY / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / AGUA LLUVIA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA / PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS POR SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Se presentó un incumplimiento contractual del Departamento y un desequilibrio financiero adverso al contratista, tomando como base las acusaciones de error del a quo por confusión conceptual en el análisis la mayor permanencia y “stand by”?
Respuesta al problema jurídico: No
No existió confusión conceptual en el análisis la mayor permanencia y “stand by”, sino una falta de justificación del reclamo de esos sobrecostos, por provenir de riesgos a cargo del contratista (...) Según el apelante, el Tribunal erró al darle el mismo trato a la mayor permanencia y al stand by de equipos, así como al estimar que se consignaron renuncias del contratista a reclamar los sobrecostos de allí derivados, ya que la cláusula que afirmaba que los términos iniciales del contrato permanecían sin modificación, no significaba que el contratista no pudiera exigir el pago de los sobrecostos que se causaran. (...). En el caso que se analiza, el contrato pasó de un plazo inicial de ejecución de 12 meses a uno final de 20,33 meses debido a las adiciones en tiempo que pactaron las partes (250 días), luego no hay duda de que el contratista permaneció más tiempo en el ejercicio de labores constructivas. Asimismo, el contrato duró suspendido 5 meses (150 días), de modo que el contratista pudo presentar un parón o stand by de equipos, personal y maquinaria; sin embargo, no tiene derecho a reclamar ningún sobrecosto por estos conceptos, pues las causas que les dieron origen le son atribuibles por ser riesgos a su cargo; además, no se acreditaron dichos sobrecostos, sin que las ampliaciones y suspensiones determinen un reconocimiento automático a favor del contratista, quien tenía la carga de probarlos. (...) Los adicionales 1 y 4, y la suspensión 2, tuvieron como causas las condiciones climatológicas, aspecto que correspondía a un riesgo previsible que debió gestionar el contratista, pues en este tipo de negocios jurídicos, que tienen por objeto obras deconstrucción de larga duración, y cuyo desarrollo está previsto para un período inicial de 1 año (12 meses) en una localización caracterizada por intensas épocas de verano y de invierno, el clima es un factor a tener en cuenta. Si bien el contrato extendió su duración sustancialmente (8.3 meses adicionales), el plazo inicial era suficientemente extenso como para que el contratista fuera consciente de la potencial ocurrencia del riesgo, sin que haya prueba de que hubiera adoptado alguna conducta tendiente a su mitigación y gestión. Además, tal como evidenció el Tribunal de instancia, aun a pesar de que las lluvias fueron la causa aducida como fundamento de las adiciones y suspensiones, lo cierto es que en la bitácora de obra, como libro de anotaciones, se registraron las condiciones de ejecución de las actividades mostrando que las precipitaciones en ningún momento fueron intensas o desproporcionadas, sino que correspondieron a las usuales para la época, manteniéndose dentro del riesgo previsible asumido por el contratista. Debe indicarse que, aunque en la matriz de riesgos del pliego se asignó tanto a la contratante como al contratista las “condiciones climáticas adversas”, éstas se definieron expresamente como “lluvia excesiva, invierno prolongado, inundaciones, alto nivel freático, vientos huracanados e incendios forestales”, ninguna de las cuales se consignó en las modificaciones al contrato, como tampoco se acreditó en el proceso. 55. Los adicionales 2 y 3 tuvieron como causa las cantidades de obra e ítems nuevos que resultaban necesarios para el proyecto. (...) . El adicional 4 y las suspensiones 1 y 3, tuvieron origen en la dificultad de suministro de materiales e insumos, respecto a lo cual se precisa que también es un riesgo completamente previsible, pues es esperable que un constructor con demostrada experiencia conozca o por lo menos indague, las condiciones, tiempos y logística necesaria para garantizar los insumos requeridos por la obra, y si bien no está exento de que un proveedor cierre sus instalaciones por cualquier causa o suspenda el suministro, debe prever otras fuentes de materiales que le permitan cumplir sus obligaciones, sin que pueda pretender un reconocimiento ante sus omisiones sobre el particular. Si bien el plazo de ejecución en principio terminaba en diciembre de 2014, con lo cual el contratista no estaba expuesto a la vacancia de proveedores que justificó la suspensión 1, lo cierto es que cuando suscribió la adición 1 del 15 de diciembre de 2014, debió tener en cuenta ese aspecto, particularmente por cuanto el contrato establecía que estaba a su cargo “suministrar por su cuenta y riesgo exclusivo los equipos, herramientas, materiales y todos los demás elementos que sean necesarios para la obra objeto del presente contrato”. Así mismo, en los pliegos de condiciones se asignó al contratista el riesgo derivado de la compra, adquisición e ingreso a la obra de materiales y equipos. (...) Trasversal a todos estos negocios jurídicos adicionales al contrato 612 de 2013, donde las partes acordaron la ampliación del plazo y la adición del valor del contrato para superar las circunstancias aducidas por el demandante como fundamento de sus reclamos, es que ninguno fue acusado de contener algún vicio del consentimiento, por lo que fueron pactados con plena voluntad de ser ley para las partes. (...) Por lo tanto, al margen de la supuesta confusión conceptual, la cual no se logra advertir en el fallo apelado, lo cierto es que son imputables al contratista las causas que dieron lugar a las prórrogas y suspensiones del contrato, y con ello, a la mayor permanencia y el stand by que reclama, razón por la cual no tiene derecho a los sobrecostos que afirma de allí se derivaron.
SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS POR SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Tiene derecho el contratista a reclamar por sobrecostos por el reajuste de precios o sobrecostos financieros con ocasión de la transición de vigencias?
Respuesta al problema jurídico: No
No hay fundamento contractual para reclamar por reajuste de precios ni sobrecostos financieros (...) El tribunal de primera instancia consideró que el reajuste de precios en los ítems de obra ejecutados dado el cambio de vigencia de 2014 a 2015, no tenía lugar por cuanto el pliego de condiciones que hacía parte del contrato consignaba que el pago era a precios unitarios fijos sin reajustes, lo cual es cuestionado por el apelante quien consideró que esa condición contractual sería plenamente exigible si el contrato se hubiera ejecutado en el plazo inicial, que precisamente no preveía cambios de vigencia, pero como ello no ocurrió, tiene derecho a percibir los sobrecostos que se presentaron incluyendo la afectación por la volatilidad del dólar que sufrió y que es un hecho notorio; no obstante, a juicio de la Sala estos argumentos no tienen vocación de prosperidad. (...) Esta Corporación ha explicado que, aunque en los contratos se pacte un sistema de pago por precios unitarios sin fórmula de reajuste como en el contrato 612 de 2013 (cláusula IV32), el contratista puede solicitar judicialmente la actualización de los precios si acredita que su variación ha afectado el equilibrio económico del contrato, es decir, siempre que demuestre que surgió con posterioridad a su celebración, que impactó grave y negativamente la estructura de costos del negocio, que no hubiera podido ser prevista razonablemente, y que el alza provenga de una circunstancia ajena a las partes. (...) Sin embargo, en este caso, el contrato no afrontó la transición de vigencias por una causa o circunstancias imprevisibles y ajenas a la responsabilidad del contratista; por el contrario, como se explicó, los motivos que sustentaron tanto las suspensiones como las adiciones al plazo de ejecución de la obra, correspondieron principalmente al clima y al suministro de materiales, riesgos previsibles frente a los cuales el contratista era el responsable de llevar a cabo todo lo necesario para su mitigación y gestión, con el fin de garantizar la correcta y oportuna ejecución de la obra. (...). A lo anterior se agrega que tampoco hay evidencia de que la variación de precios hubiera tenido la gravedad suficiente para causar el desequilibrio de la ecuación financiera del contrato 612 de 2013, pues la variación que se aduce sólo se predica de los insumos necesarios para la cubierta del coliseo, sin que se conozca su impacto, y no a todos los materiales usados, pero además, porque el dictamen pericial del señor (...) es el único medio de convicción que refiere a los efectos económicos de esta variación, experticia que resulta insuficiente para probarlos no solo debido a sus incongruencias, sino por cuanto ni siquiera sugiere que el contratista hubiera excedido el porcentaje de imprevistos contemplado en su oferta, como precisó el Tribunal, premisa frente a la cual el apelante no brinda ningún reparo o argumento que lleve a la Sala a concluir lo contrario. (...). Por lo tanto, resultando imputables al contratista los motivos que dieron lugar a que el contrato se dilatara en el tiempo y ante la ausencia de prueba que denote una afectación grave al balance económico del contrato, no tiene derecho el contratista a reclamar por sobrecostos con ocasión de la transición de vigencias.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad del contratista para el ajuste del pago por precios unitarios, ver: Consejo de Estado, Sección Tecera, Subsección A, Sentencia del 6 de julio de 2022, exp. 54319, C.P. María Adriana Marín
OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / COSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / PAGO DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / APELANTE ÚNICO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS
Problema jurídico:
¿Hay justificación probatoria para aumentar el reconocimiento definido por el Tribunal por obras previstas y ejecutadas ?
Respuesta al problema jurídico: No
No hay justificación probatoria para aumentar el reconocimiento definido por el Tribunal por obras previstas y ejecutadas (...) En el expediente son variadas las pruebas que dan cuenta de la existencia de obras ejecutadas y cuyo pago quedó pendiente, lo cual no es motivo de debate; sin embargo, ninguna de ellas se refiere a la cuantía, estimación o valoración de estas obras ejecutadas por el contratista, salvo el dictamen financiero-contable rendido por el contador (...), quien además de los serios reparos que se destacaron en precedencia, se limitó a manifestar que el valor debido corresponde a los $3.659.202.163 de que trata el proyecto de acta de obra No. 6 del contratista, pero sin exponer ningún sustento distinto a lo afirmado por el demandante, en tanto no indica cantidades de obra, costos, liquidaciones o algún otro elemento que permita corroborar la objetividad de su dicho, pues se limitó a remitirse al proyecto de acta elaborada por la parte actora, la cual no puede ser tenida como prueba de la cuantía de esas obras en tanto es un documento elaborado por la misma parte que la aduce. (...). Si bien el proyecto de acta de recibo final de obra de la interventoría no se suscribió, la interventoría no es parte en el proceso y era el órgano a cargo de la supervisión técnica del proyecto y responsable de autorizar los pagos al contratista con base en las obras recibidas, lo cual refuerza la aptitud probatoria de dicho documento. Además, si en gracia de discusión se aceptara que no tiene el efecto probatorio que le dio el Tribunal, sería entonces un aspecto desprovisto de elementos de convicción que haría más gravosa la sentencia apelada, de ahí que la Sala esté llamada a mantener la interpretación del a quo por cuenta del principio de la “no reformatio in pejus” que ampara al demandante y apelante único, según las voces del artículo 31 de la Constitución Política.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de no reformatio in pejus, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-327 de 1995.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 31
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / MULTA / CONFIRMACIÓN DE LA MULTA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / INDEXACIÓN / PROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN / INDEXACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Se advierten motivos para modificar la liquidación judicial del contrato 612 de 2013 efectuada por el Tribunal?
Respuesta al problema jurídico: No
No se advierten motivos para modificar la liquidación judicial del contrato 612 de 2013 efectuada por el Tribunal (...) La Sala no pasa por alto que el apelante cuestionó que el Tribunal hubiera incluido el cobro de multas y cláusulas penales en la liquidación judicial que efectuó, sin revisar su procedencia; sin embargo, es un cargo que no tiene vocación de análisis pues estas tienen origen en las Resoluciones 2668 y 4940 de 2015 y 1631 de 2016, actos administrativos cuya nulidad no fue solicitada por la parte actora, y que, por ende, mantienen incólume su presunción de legalidad. Debido a que el principio de congruencia exige al fallador decidir sólo sobre las cuestiones sometidas a su discernimiento, no es dable abordar análisis de legalidad de las señaladas resoluciones que impusieron multas e hicieron efectivo el cobro de la cláusula penal pecuniaria, en tanto es un aspecto que no fue cuestionado por el actor y en consecuencia excede el objeto del presente litigio. En este sentido, se agrega que la parte actora no cuestionó que el Tribunal hubiese proferido una condena en su contra producto de la liquidación del negocio jurídico. (...) Tampoco se deja de lado que según el apelante debían reconocerse a su favor los intereses de mora causados por el retardo en el pago de las actas de obra parcial firmadas, pero ese cargo también está llamado a fracasar comoquiera que en la demanda el actor no elevó ninguna pretensión en ese sentido; los únicos intereses que reclama son sobre los sobrecostos (a los que como se vio no tiene derecho), según se desprende de la pretensión IV, y la tabla de resumen “total de los sobrecostos y perjuicios” que insertó en la demanda (...) Considerando que los argumentos de la apelación no prosperaron y la condena impuesta por el Tribunal a quo se mantiene incólume, procede la Sala a indexar su valor de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA (...) R = $750’622.289 como valor indexado. 21. Se advierte que la indexación efectuada, tiene por finalidad traer a valor presente las sumas liquidas reconocidas en el fallo de primera instancia como un instrumento que permite equilibrar el fenómeno de la depreciación que sufre la moneda por efecto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero, en esa medida, no se concibe como un desmejoramiento de la posición del apelante único al no modificar la condena impuesta por el a quo, por cuanto se trata únicamente de una actualización de la misma con el objetivo de que esta posea un valor igual -o similar- al que tuvo en el momento en que fue impuesta por el fallo recurrido.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la parte demandante que resultó vencida por resultarle desfavorable el recurso interpuesto?
Respuesta al problema jurídico: Si
Costas (...). De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la condena en costas no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido. En relación con las agencias en derecho, el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, define en el artículo segundo que, para la fijación de las agencias en derecho, se debe tener en cuenta “la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada”, sin que en ningún caso se puedan desconocer los rangos de las tarifas mínimas y máximas señaladas por el artículo 5 de esta misma normativa, la cual, para los asuntos declarativos de segunda instancia con cuantía, fija una tarifa mínima de un (1) SMLMV y una máxima de (6) SMLMV. (...) Teniendo como marco estas precisiones y en vista de que todos los cargos de la apelación se hallaron infundados, la Sala fija las agencias en derecho de segunda instancia en tres (3) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes que deberán ser pagados por el demandante a favor del Departamento demandado. La liquidación de las costas causadas en esta instancia se adelantará de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47