Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (LIMITACIONES A LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el artículo 287 del CGP dispone que cuando en la sentencia se omita resolver los extremos de la litis o algún punto

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2025-12-01
Radicado
25000233600020140017901
Número interno
68815
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
Demandado
HYH ARQUITECTURA S.A

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el artículo 287 del CGP dispone que cuando en la sentencia se omita resolver los extremos de la litis o algún punto

Regla de decisión

El artículo 287 del CGP dispone que cuando en la sentencia se omita resolver los extremos de la litis o algún punto que deba ser objeto de pronunciamiento esta debe adicionarse mediante sentencia complementaria, de oficio o a petición de parte presentada dentro del término de ejecutoria, oportunidad.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede solicitar la adición de la sentencia cuando se omite resolver el recurso de apelación adhesiva, siempre que la petición se presente dentro del término de ejecutoria. En este caso, la sentencia se notificó electrónicamente el viernes 12 de septiembre de 2025, y el escrito de adición se presentó el martes 16 de septiembre, dentro del plazo legal. La Sala constató que el recurso de apelación adhesiva no fue resuelto en la sentencia de segundo grado, por lo que procedió a dictar una sentencia complementaria. Sin embargo, la Sala negó la adición en relación con la naturaleza de los actos demandados y la caducidad del medio de control judicial, ya que estos aspectos fueron resueltos de manera expresa en la sentencia original. En otro orden de ideas, la entidad estatal y el contratista pueden pactar la acumulación de la cláusula penal con la indemnización de perjuicios, siempre y cuando la cláusula contractual sea inequívoca y no contradiga la naturaleza de la cláusula penal como pena. En este caso, la Sala confirmó que la cláusula penal no excluía la indemnización de perjuicios, reafirmando la autonomía de la voluntad en la contratación estatal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es procedente dictar sentencia complementaria porque se dejó de resolver el recurso de apelación adhesiva?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1564 de 2012, art. 287

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NIEGA

Lo que dijo la Sala

El artículo 287 del CGP dispone que cuando en la sentencia se omita resolver los extremos de la litis o algún punto que deba ser objeto de pronunciamiento, esta debe adicionarse mediante sentencia complementaria, de oficio o a petición de parte presentada dentro del término de ejecutoria, oportunidad. Revisado el expediente se constata que le asiste razón al solicitante porque se dejó de resolver el recurso de apelación adhesiva.… en el fallo de segundo grado proferido por la Sala no se hizo mención del recurso de apelación adhesiva ni de los argumentos en los cuales se sustentó y, por el contrario, se analizó el caso como si se tratase de apelante único, por lo cual resulta procedente la petición de adición del fallo por cuanto se dejó de resolver sobre ese específico punto.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Multas y cláusula penal Adición y prórroga del contrato Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A)
La solicitud de adición de sentencia procede cuando se evidencie la falta de estudio o resolución
Consejo de Estado 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B)
La parte actora no pretende que se aclaren conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda
Consejo de Estado 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B)
La parte actora no pretende que se aclaren conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda
Consejo de Estado 2025-09-01 Sección Tercera (Subsección A)
Debe adicionarse la sentencia de segunda instancia
Consejo de Estado 2025-05-19 Sección Tercera (Subsección A)
Debe advertirse que el remedio procesal de la aclaración alude, a conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda.
Consejo de Estado 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Titulación de la relatoría 15.863 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ADICIÓN DE LA SENTENCIA / SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA / OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / APELACIÓN ADHESIVA / PROCEDENCIA DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / SENTENCIA COMPLEMENTARIA / PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA COMPLEMENTARIA Problema jurídico: ¿Es procedente dictar sentencia complementaria porque se dejó de resolver el recurso de apelación adhesiva? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 287 del CGP dispone que cuando en la sentencia se omita resolver los extremos de la litis o algún punto que deba ser objeto de pronunciamiento, esta debe adicionarse mediante sentencia complementaria, de oficio o a petición de parte presentada dentro del término de ejecutoria, oportunidad. En este caso la sentencia se notificó electrónicamente mediante comunicación remitida a las partes el viernes 12 de septiembre de 2025 (índice 61 SAMAI) y el escrito se presentó el martes 16 de septiembre de 2025 (índice 63 SAMAI). Revisado el expediente se constata que le asiste razón al solicitante porque se dejó de resolver el recurso de apelación adhesiva. (...) en el fallo de segundo grado proferido por la Sala no se hizo mención del recurso de apelación adhesiva ni de los argumentos en los cuales se sustentó y, por el contrario, se analizó el caso como si se tratase de apelante único, por lo cual resulta procedente la petición de adición del fallo por cuanto se dejó de resolver sobre ese específico punto. Contrario a ello, el cuestionamiento encaminado a controvertir la forma en que se computó la caducidad del medio de control judicial y la naturaleza de los actos demandados corresponde a un reparo de fondo en contra de lo expresamente resuelto por la Sala que estimó que el contrato se rigió por la Ley 80 de 1993, mediante razonamientos que no son materia de debate ni pueden ser reformados en sede de la solicitud de complementación y que están vertidos en los acápites 2 y 3 de las consideraciones de la sentencia (fls. 12 – 15 sentencia de segunda instancia). En el referido contexto, la Sala procede a dictar sentencia complementaria en relación con la apelación adhesiva y niega la complementación en relación con la naturaleza de los actos demandados y la caducidad del medio de control judicial ejercido con la demanda por tratarse de aspectos resueltos en forma expresa en la sentencia de 19 de agosto de 2025. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 287 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Es procedente la acumulación de la cláusula penal con la indemnización de perjuicios? Respuesta al problema jurídico: Si En la sentencia objeto de complementación se indicó que no se cuestionó lo resuelto ni tampoco se discutió lo decidido por el tribunal en relación con la posibilidad de reconocer indemnización de perjuicios en exceso del valor de la cláusula penal pecuniaria; sin embargo, el aspecto sí debe analizarse por razón del recurso de apelación adhesiva objeto de este pronunciamiento. Contrario al entendimiento del apelante adhesivo, la cláusula décima quinta del contrato estableció, en forma expresa e inequívoca, que la cláusula pena se pactó a título de pena, al tiempo que, en la misma forma, se previó la posibilidad de acumularla con la indemnización de perjuicios. (...) De conformidad con la mencionada estipulación, como bien lo interpretó el tribunal de primera instancia, la pena y la indemnización de perjuicios no eran excluyentes porque así lo determinaron las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad, al tiempo que, en ningún aparte del contrato se refieren a la pena como estimación anticipada de perjuicios. De otro lado, la cláusula de multas3 no se pactó como subsidiaria de la cláusula penal, sino que, reguló un aspecto distinto. Las primeras procedían por incumplimiento del programa de obra e inversión, por suma variable de hasta por el 10% del valor del contrato y con alcance conminatorio; la segunda, por causa del incumplimiento definitivo de cualquier obligación o declaración de caducidad, como una pena fijada en una suma fija del 10% del valor del contrato. Si bien ambas quedaron cubiertas por el amparo de cumplimiento del contrato, ese solo hecho no las hace equivalentes ni impone su aplicación excluyente ni le otorga naturaleza conminatoria a la cláusula penal porque en el contrato se reguló que tendría la naturaleza de pena. En ese contexto fáctico y probatorio, la Sala no comparte el argumento del apelante adhesivo, según el cual en la Resolución número 12 de 1 de febrero de 2012 la entidad contratante “confesó” que la cláusula penal fue pactada como indemnización de los perjuicios y no como una sanción, por dos razones: (i) en primer término, lo señalado por la entidad al momento de hacer efectiva la garantía del contrato no tenía la virtualidad de modificar o variar el pacto de cláusula penal en el cual se estipuló esta como un pena, aspecto que no ofrece motivo de duda y, en todo caso, (ii) la afirmación que a juicio de HyH Arquitectura SA constituye confesión sobre el alcance de la cláusula penal se refirió a la insuficiencia del amparo de cumplimiento para cubrir el valor de los perjuicios y no a la naturaleza de la cláusula penal pecuniaria. (...) el razonamiento de la entidad contratante sobre este punto se circunscribió al hecho consistente en la insuficiencia del amparo de cumplimiento para cubrir el valor total de los perjuicios, pese a lo cual solo podía hacer efectiva la garantía por el valor amparado, el cual cubría, indistintamente, las multas y la cláusula penal pecuniaria. Por ende, no es cierto que en dicho texto se hubiera reconocido un carácter distinto a la cláusula penal al que fue contractualmente asignado por las partes del respectivo negocio jurídico. 8) En cualquier caso las partes acordaron que la aplicación de la cláusula penal “no excluye la indemnización de perjuicios”, de donde resulta evidente que el contratista podía válidamente ser compelido a la reparación de los daños, sin perjuicio del valor de la cláusula penal. Contrario a la interpretación del apelante adhesivo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que cita como fundamento de su inconformidad otorga pleno valor al pacto que en ejercicio de la autonomía de la voluntad han consentido las partes en relación con la naturaleza de la cláusula penal y su alcance de cara a la reparación de los perjuicios sufridos, cuando afirma que la acumulación de la cláusula penal y la indemnización de perjuicios procede, a pesar de lo previsto en el artículo 1600 del Código Civil, “por vía de excepción, en tanto medie un pacto inequívoco sobre el particular [que] permita la acumulación de ambos conceptos”, lo que precisamente ocurrió en el caso que se decide. Por lo expuesto, la cláusula penal no resulta incompatible con la reclamación de indemnización de perjuicios adicionales padecidos por la contratante producto del incumplimiento del contratista; de modo que, hay lugar a reconocerlos en la forma prevista en la sentencia objeto de complementación, sin que se advierta en este momento procesal algún aspecto que imponga modificar tal determinación. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la procedencia de la acumulación de la cláusula penal con la indemnización de perjuicios, consultar sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, de 23 de mayo de 1996, Exp. 4607, MP Carlos Esteban Jaramillo. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1600 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DEBATE SOBRE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DISCREPANCIA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ADICIÓN DE LA SENTENCIA / PROCEDENCIA DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE CONSULTORÍA / INFORME TÉCNICO / VALOR PROBATORIO DEL INFORME TÉCNICO Problema jurídico: ¿Carece de sustento probatorio la condena por perjuicios reconocida al contratante por basarse en un informe técnico allegado al proceso? Respuesta al problema jurídico: No En la sentencia objeto de complementación se indicó que el valor de $2.082.515.306 (que actualizada ascendió a $2.508.658.159), correspondiente al valor de los trabajos pagados y no ejecutados por el contratista, no fue discutido. Este aspecto impone adicionar el fallo porque, como quedó evidenciado, sí hubo reparo de la apelante adhesiva quien controvirtió la valoración probatoria con sustento en la cual se impuso el pago de dicha suma a los demandados. La Sala encontró que el dictamen de parte aportado por ECP carecía de valor demostrativo y así lo determinó en la sentencia objeto de complementación. No obstante, existe otra prueba de los daños consistente en un informe producto de un contrato de consultoría suscrito por EPC con un tercero en el cual se realizó el diagnóstico integral para poner en marcha el acueducto regional La Mesa – Anapoima, medio documental que acredita los perjuicios sufridos por la demandante y que no fue desvirtuado mediante otras evidencias en el curso del proceso ni controvertido por las partes. La referida prueba fue oportunamente decretada como prueba e incorporada al proceso y se allegó como anexo del dictamen del cual se corrió traslado en la forma indicada en la ley, con lo cual pudo ser debatida en las oportunidades procesales correspondientes; la demandante conoció el informe desde la notificación de la demanda y no pidió pruebas tendientes a contradecirlo o desvirtuarlo. Al respecto debe reiterarse que el ordenamiento procesal vigente se decantó por un régimen de libertad probatoria, en oposición a un sistema de tarifa legal en el cual los daños solo puedan ser acreditados mediante una prueba pericial; aunque esta es procedente para efectos de demostrar hechos circunstancias técnicas, científicas o artísticas ajenas al conocimiento del juzgador, no es la única evidencia en la cual puede y debe sustentarse la cuantía de los daños, pudiendo estos ser acreditados mediante otros medios probatorios como, en este caso, los documentales. El informe de consultoría que, previo análisis de los documentos contractuales y de la obra calculó el valor necesario para las reparaciones y ajustes a las obras ejecutadas para poder ponerlas en marcha, contratado por la demandante para determinar, precisamente, el costo necesario para tal efecto, es evidencia idónea y válida para demostrar el valor de las obras necesarias y, se insiste, bien pudo ser desvirtuado por la demanda a través de cualquier medio de prueba, incluida la pericial. El consultor identificó y cuantificó el valor de las obras necesarias para la puesta en funcionamiento del acueducto regional La Mesa – Anapoima relacionadas con la mala calidad de la tubería instalada, la necesidad de reinstalar tubería y las cantidades y particularidades de los trabajos que sería necesario acometer para tal finalidad, aspectos que, se reitera, no fueron desvirtuados en el curso de este proceso judicial. Esa prueba genera en el juzgador un grado de convicción que le permite tasar el valor de los perjuicios sufridos por la demandante. (...) De conformidad con lo expuesto, es claro que, aunque el proyecto de construcción total del acueducto abarcó diversas fases y contratos, la consultoría determinó los perjuicios derivados de la ejecución del contrato objeto de la presente controversia y para ello procedió a evaluar, precisamente, los trabajos efectuados durante su ejecución, sus falencias y el costo de reparación correspondiente. De otro lado, la imposibilidad de construir el proyecto que HYH Arquitectura SA atribuye a defectos de la planeación a cargo de la entidad no desvirtúa el incumplimiento contractual del contratista como fuente de daños que está obligado a resarcir, inejecución de lo pactado que le es atribuible y que no se controvirtió ni desvirtuó probatoriamente toda vez que no se deprecó la nulidad de los actos que así lo declararon. Finalmente, la suscripción de negocios jurídicos tendientes a obtener los recursos y a finalizar las obras, contrario a demostrar la ausencia de perjuicios, comprueban que estos se ocasionaron, sin que para ello fuera presupuesto la ejecución material de las reparaciones, tal como se resolvió en la sentencia que se adiciona. En ese marco fáctico y probatorio hay lugar a reconocer los perjuicios reclamados por ECP en la forma tasada en la sentencia objeto de complementación y no se advierte algún aspecto que deba ser objeto de modificación en favor de la sociedad HyH Arquitectura SA. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ESTIMACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS / JURAMENTO ESTIMATORIO / SUSTRACCIÓN DE MATERIA / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Debe aplicarse la sanción del juramento estimatorio? Respuesta al problema jurídico: No El apelante adhesivo alega que debió aplicarse la consecuencia del artículo 206 del CGP por el hecho consistente en que la estimación de los perjuicios realizada por la parte demandante excedió en un 50% la que resultó probada. El argumento no prospera por sustracción de materia, atendido el hecho de la prosperidad parcial del recurso formulado por Empresas Públicas de Cundinamarca, en virtud del cual se concedieron las pretensiones en un valor que impide considerar excesiva la estimación de la demanda, aspecto que releva a la Sala de analizar la aplicabilidad del instituto jurídico del juramento estimatorio, su alcance y consecuencias en los juicios que se adelantan ante esta jurisdicción. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 206 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Debe modificarse la condena en costas impuesta en primera instancia por el hecho de que las pretensiones prosperaron parcialmente y a solicitud del apelante adhesivo? Respuesta al problema jurídico: No En cuanto a las costas de la primera instancia del proceso se manifestó en la sentencia de segundo grado que esta no fue recurrida, aspecto que debe ser replanteado y decidido. El numeral 5 del artículo 365 del CGP dispone que cuando las pretensiones prosperen parcialmente el juez “podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”, lo cual no desdice de la regla general del numeral 1 del mismo artículo según el cual “se condenará en costas a la parte vencida en el proceso”. El numeral 5 en comento prevé una facultad para el juez, quien en determinados casos y con fundamento en expresos argumentos que le corresponde explicitar, puede no imponerlas o hacerlo en forma parcial, lo cual no ocurrió en este caso en el que la condena en costas fue plena. El apelante adhesivo sostiene que por razón de la cuantía de las súplicas que prosperaron, ampliamente inferiores a las planteadas en la demanda, se impone proferir condena parcial; sin embargo, con ocasión de la prosperidad del recurso de apelación de EPC sobre el punto la condena pecuniaria en su favor fue incrementada, lo cual deja sin sustento el mencionado argumento del recurrente adhesivo. En ese contexto, se mantiene la condena en costas impuesta en primera instancia, sin que se advierta algún elemento adicional que imponga modificarla en favor del apelante adhesivo. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201400179011100103