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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001

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Fecha
2024-03-13
Radicado
73001233300020190016501
Número interno
68811
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E. DE PURIFICACIÓN
Demandado
SANDRA PATRICIA ORTÍZ GARZÓN, MILVER ROJAS, CESAR HERRERA DIAZ

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001

Lo que dijo la Sala

La ESE Nuevo Hospital de Purificación contrajo unas obligaciones de insumos médicos con la empresa Mediworld del Tolima. Como la entidad no pagó algunas de las obligaciones, la empresa presentó un proceso ejecutivo y, luego de seguirse adelante a ejecución y la liquidación del crédito, la entidad pagó el capital e intereses moratorios. Las acreencias con esa empresa iniciaron en el año 2008 y solo hasta el 2016 el hospital pagó la deuda.… En este proceso, el hospital demandante no acreditó que… [los demandados] -en cada una de sus gerencias- contaban con el presupuesto disponible para pagar la deuda con proveedores de insumos médicos y, de haber sido destinado, omitieron su pago.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La culpa grave del agente no se presume por el solo hecho de que la entidad haya debido pagar una obligación, sino que debe demostrarse que el servidor omitió con negligencia la gestión de recursos disponibles o desconoció de manera manifiesta normas de derecho presupuestal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la entidad debe acreditar que el presupuesto estaba disponible para pagar la deuda y que, pese a ello, los agentes omitieron su pago. Segunda, no se probó negligencia en la gestión de las obligaciones ni una utilización deficiente de los recursos financieros, ni una falta de organización del sistema contable o de costos. Tercera, sin esos supuestos no se configura la presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La providencia confirma la negativa de la repetición. La consecuencia práctica es que el retraso en el pago de facturas que dio lugar a una ejecución judicial no basta para repetir contra los gerentes, si no se prueba la disponibilidad presupuestal y la conducta gravemente negligente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se reúnen los requisitos para la procedencia del medio de control de repetición y si la conducta de los demandados fue gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, al no pagar al proveedor las facturas por el suministro de insumos médicos, lo que dio lugar al cobro del capital e intereses de mora mediante proceso ejecutivo?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 142 y 150
  • Ley 1564 de 2012, art. 615
  • Ley 678 de 2001, arts. 7 inc. 1 y 7 inc. 2

También resuelve

  • ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control repetición interpuesto por condenas contra el Estado en virtud de actuaciones dolosas o gravemente culposas…
  • ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena?
  • ¿La legitimación en la causa por activa en los procesos de repetición, recae sobre la entidad pública que asumió el pago de la condena judicial impuesta por el actuar doloso o gravemente culposo de…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE GERENTE DEL HOSPITAL PÚBLICO RELACIÓN COMERCIAL EMPRESA COMERCIAL ELEMENTOS DEL SERVICIO MÉDICO INSUMOS INCUMPLIMIENTO DEL PAGO PROCESO EJECUTIVO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PAGO DE INTERÉS MORATORIO GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD ESTATAL FALTA DE PRUEBA PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONDENA CONTRA EL ESTADO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES SUBROGACIÓN DEL PAGO PAGO CON SUBROGACIÓN DEUDOR DERECHOS DEL DEUDOR SOLIDARIO DERECHOS DEL DEUDOR SUBSIDIARIO HOSPITAL PAGO DE LA CONDENA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO PRUEBA DOCUMENTAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA SENTENCIA QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN SENTENCIA CONDENATORIA CONCILIACIÓN JUDICIAL CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUNCIÓN LEGAL DEMOSTRACIÓN DEL DOLO PRUEBA DE LA CULPA GRAVE CARGA DE LA PRUEBA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA VIOLACIÓN DE LA NORMA INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS VERACIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO FIRMA DEL REVISOR FISCAL INFORMACIÓN CONTABLE VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA CONTABLE EFICACIA DE LA PRUEBA CONTABLE GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FUNCIONES DEL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SOPORTE CONTABLE SITUACIÓN FINANCIERA NORMA PRESUPUESTAL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PROPÓSITO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL APROPIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL REGISTRO PRESUPUESTAL CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERÉS PÚBLICO DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Titulación de la relatoría 20.920 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / GERENTE DEL HOSPITAL PÚBLICO / RELACIÓN COMERCIAL / EMPRESA COMERCIAL / ELEMENTOS DEL SERVICIO MÉDICO / INSUMOS / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / PROCESO EJECUTIVO / LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Se reúnen los requisitos para la procedencia del medio de control de repetición y si la conducta de los demandados fue gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, al no pagar al proveedor las facturas por el suministro de insumos médicos, lo que dio lugar al cobro del capital e intereses de mora mediante proceso ejecutivo? Respuesta al problema jurídico: No [L]a ESE Nuevo Hospital de Purificación contrajo unas obligaciones de insumos médicos con la empresa Mediworld del Tolima. Como la entidad no pagó algunas de las obligaciones, la empresa presentó un proceso ejecutivo y, luego de seguirse adelante a ejecución y la liquidación del crédito, la entidad pagó el capital e intereses moratorios. Las acreencias con esa empresa iniciaron en el año 2008 y solo hasta el 2016 el hospital pagó la deuda. (…) [E]n este proceso, el hospital demandante no acreditó que (…) [los demandados] -en cada una de sus gerencias- contaban con el presupuesto disponible para pagar la deuda con proveedores de insumos médicos y, de haber sido destinado, omitieron su pago. No se demostró que durante sus gestiones hayan actuado de manera negligente frente a la obligación del hospital de pagar unas acreencias -contenidas en unas facturas- a un proveedor, o que desconocieran de manera manifiesta e inexcusable normas de derecho presupuestal. No se probó, además, una utilización deficiente de los recursos financieros de la entidad, la falta de organización del sistema contable y de costos de los servicios, o que los demandados no hubieran sido eficientes en la utilización del recurso financiero de la entidad pública. Por lo tanto, no está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. Tampoco está demostrado que los demandados hayan actuado con culpa grave en el cumplimiento de sus funciones y en la gestión económica relativa al pago de las acreencias del hospital frente a la compañía Mediworld del Tolima proveedora de insumos médicos. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control repetición interpuesto por condenas contra el Estado en virtud de actuaciones dolosas o gravemente culposas de sus agentes? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 del CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 CGP. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 2 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA Problema jurídico: ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si El término para formular pretensiones en acciones de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 -antes de su modificación por el artículo 42 de la Ley 2195 de 2022- o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 10 meses de que trata el inciso 2º del artículo 192 CPACA. La demanda se interpuso en tiempo -9 de abril de 2019- porque la entidad pagó la condena el 29 de noviembre de 2017 [núm. 10.2], es decir, aún no habían vencido los dos años para su interposición. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 INCISO 2, LEY 2195 DE 2022 - ARTÍCULO 42, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SUBROGACIÓN DE LAS OBLIGACIONES / SUBROGACIÓN DEL PAGO / PAGO CON SUBROGACIÓN / DEUDOR / DERECHOS DEL DEUDOR SOLIDARIO / DERECHOS DEL DEUDOR SUBSIDIARIO / HOSPITAL / PAGO DE LA CONDENA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / GERENTE DEL HOSPITAL PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿La legitimación en la causa por activa en los procesos de repetición, recae sobre la entidad pública que asumió el pago de la condena judicial impuesta por el actuar doloso o gravemente culposo de uno de sus agentes? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 de la CN, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, establece que la entidad que pagó la condena -por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público- estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición. La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga la obligación, la cual puede tener origen en la ley o en el acuerdo de voluntades (art. 1666 y 1667 del CC). Esta subrogación se produce, entre otros eventos, cuando una persona paga una deuda a la que se halla obligado solidaria o subsidiariamente (num. 3 art. 1668 del CC). (…). De manera que el Estado, por virtud de la ley, se subroga en los derechos del acreedor de la obligación, cuando paga, como deudor subsidiario, una condena que es imputable al dolo o la culpa grave del servidor o exservidor público. La ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que pagó una suma derivada de una condena judicial y de un posterior acuerdo transaccional. (...) [Los demandados] están legitimados en la causa por pasiva, pues fueron los servidores públicos que, según la demanda, con su conducta gravemente culposa dieron lugar al pago de intereses moratorios por el hospital público. (…) fue gerente del hospital (…), según da cuenta copia del certificado original expedido por la oficina de talento humano y recursos físicos de la ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1666, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1667, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1668 NUMERAL 3 PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / PROCESO EJECUTIVO / SENTENCIA QUE ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN Problema jurídico: ¿Las sentencias proferidas en el proceso ejecutivo pueden ser valoradas por el juez para acreditar la decisión judicial y los hechos procesales? Respuesta al problema jurídico: Si Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales legalmente admisibles y valorables de hechos, que prueban la decisión judicial y los hechos procesales; sin embargo, no sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento. En ese sentido, el juez, para decidir la controversia, debe fundarse en las pruebas que obran en el proceso (art. 164 CGP). Así, las providencias del 11 de diciembre de 2009 y 16 de diciembre de 2010 -que en el proceso ejecutivo resolvieron seguir adelante con la ejecución contra la ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación y aprobaron la liquidación del crédito- serán valoradas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las providencias judiciales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, rad. 24844, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / SENTENCIA CONDENATORIA / CONCILIACIÓN JUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PROCESO EJECUTIVO / HOSPITAL / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Uno de los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición es acreditar el pago que debió asumir la entidad pública demandante como consecuencia de una condena judicial o de una conciliación para el reconocimiento de la indemnización de perjuicios solicitada por un tercero, por el daño sufrido a causa de una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público? Respuesta al problema jurídico: Si El primer presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo, conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley 678 de 2001. La obligación de la entidad estatal -por la ocurrencia de un daño antijurídico- se acredita mediante una sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o extrajudicial, tal y como lo dispone el artículo 2º de la Ley 678 de 2001. (…) Si dentro de un proceso ejecutivo el Estado está obligado a pagar intereses moratorios por la culpa grave o dolo de uno de sus agentes y, realiza el pago efectivo, esa obligación -de naturaleza indemnizatoria (art. 1617 CC)- surge de una condena judicial y se entiende cumplido el primer presupuesto de procedencia. En estos casos, la entidad puede repetir contra el agente que dio lugar al pago de los intereses de mora, en aras de recuperar el patrimonio público. Está acreditado que, en el proceso ejecutivo (…), el Juzgado Civil del Circuito de Purificación y el Tribunal Superior del Tolima ordenaron seguir la ejecución contra la ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación para el cumplimiento de la obligación pendiente con la empresa Mediworld del Tolima, ordenaron la liquidación del crédito y tasaron las agencias en derecho. (...) Está acreditado que la entidad demandante pagó la suma acordada entre la ESE Nuevo Hospital La Candelaria de Purificación y Mediworld del Tolima (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de reparar del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre del 2007, rad. 27006, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1617 PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUNCIÓN LEGAL / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CARGA DE LA PRUEBA / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VIOLACIÓN DE LA NORMA / INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA Problema jurídico: ¿A la entidad pública demandante le corresponde probar el supuesto de hecho de la presunción de culpa grave o dolo alegada, y al servidor público demandado le corresponde desvirtuarla? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l régimen sustantivo que gobierna esta acción de repetición es la Ley 678 de 2001, en consecuencia, se aplican las presunciones legales previstas en los artículos 5º y 6º de esa ley, que califican la conducta del servidor o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas presunciones inciden directamente en la carga de la prueba, pues antes de la Ley 678 de 2001, le correspondía al demandante acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado a partir de la conducta del agente. Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba, una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en alguno de los supuestos de hecho que, según la ley, presumen el dolo o la culpa grave, el demandado, a su vez, tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la presunción. (...) [L]e corresponde a la entidad probar el supuesto de hecho de la presunción alegada y el demandado, mediante prueba en contrario, lo desvirtúe para eximirse de responsabilidad. Para la corte, de esta forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibro en el debate probatorio. (…) Por su parte, la Ley 678 de 2001, dentro de las presunciones de culpa grave, previó en su numeral 1º que la conducta del agente del Estado es gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de normas derecho, esto es, cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. (…) Esto supone considerar: (i) que exista la norma en el ordenamiento (ii) la transgresión de la norma y (iii) evaluar si el demando obró o expidió el acto administrativo (cuando hubiere lugar) sin una excusa válida. Esto último se puede analizar a partir de un estudio de interpretaciones posibles de la norma, de la posición jurisprudencial vigente al momento del acto o conducta, o, si de la infracción normativa o del comportamiento se permite inferir que el demandado obró con una negligencia grave (inexcusable) -en el curso normal de sus funciones- (en los términos del código civil). NOTA DE RELATORÍA: Sobre las presunciones legales de dolo y culpa grave, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Rad. 30.327, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 28 de febrero de 2011, rad. 34816, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / VERACIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA / FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO / FIRMA DEL REVISOR FISCAL / INFORMACIÓN CONTABLE / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA CONTABLE / EFICACIA DE LA PRUEBA CONTABLE Problema jurídico: ¿Para otorgar valor probatorio a los estados financieros aportados y para que los mismos tengan la naturaleza de certificar su contenido, deben estar suscritos por el representante legal, el contador que los preparó y el revisor fiscal que testifica que son fieles a los libros? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 244 del CGP determina que para que un documento sea auténtico debe tenerse certeza de la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. A su turno, de manera especial, el artículo 37 de la ley 222 de 1995 dispone que son estados financieros certificados aquellos firmados por el representante legal, por el contador público que los hubiere preparado y por el revisor fiscal, si lo hubiere, dando así testimonio de que han sido fielmente tomados de los libros contables. (…) Obra en el expediente un documento denominado “Comparativo del estado de actividad financiera, económica y social, entre diciembre de 2007 a diciembre de 2008”. (…) También obra un documento denominado “Estado de actividad económica y social de enero 1 a diciembre 31 de 2008”. (…) Estos documentos tienen valor probatorio como documentos contables, porque, además de haber sido firmados por quienes los elaboraron, fueron suscritos por las personas que, según la Ley, son la idóneas para dar fe y certificar su contenido (artículos 33 del D. 2649 de 1993 y 37 de la Ley 222 de 1995). En cuanto a su contenido, los documentos dan cuenta, por un lado, unos ejercicios contables en el año 2008 y los ingresos netos, el total de costos, el total de gastos, el total de otros ingresos, el total de otros egresos y la utilidad antes de impuestos. Sin embargo, no acreditan la situación completa, real, económica, financiera y, sobre todo, presupuestal de la empresa durante los años 2008 a 2015 (fecha última en la que se pagaron los intereses moratorios que originaron el presente medio de control). FUENTE FORMAL: DECRETO 2649 DE 1993 - ARTÍCULO 33, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 37 GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / FUNCIONES DEL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA / SOPORTE CONTABLE / SITUACIÓN FINANCIERA Problema jurídico: ¿A los gerentes de las Empresas Sociales del Estado les son asignadas unas funciones dirigidas a velar por la utilización eficiente de los recursos a través de la organización contable? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme a los artículos 4 y 7 del Decreto 139 de 1996 -por el cual se establecen los requisitos y funciones para los Gerentes de Empresas Sociales del Estado- son funciones de los gerentes de las empresas sociales del estado, entre otras, (i) el velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros de la entidad y por el cumplimiento de las metas y programas aprobados por la Junta Directiva; (ii) organizar el sistema contable y de costos de los servicios y propender por la eficiencia utilización del recurso financiero y (iii) promocionar el concepto de gestión de calidad y de acreditación que implique contar con estrategias coherentes de desarrollo organizacional. FUENTE FORMAL: DECRETO 139 DE 1996 - ARTÍCULO 4, DECRETO 139 DE 1996 - ARTÍCULO 7 NORMA PRESUPUESTAL / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / PROPÓSITO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / APROPIACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL / REGISTRO PRESUPUESTAL Problema jurídico: ¿Tanto el registro como el certificado de disponibilidad son requisitos de naturaleza presupuestal que garantizan la existencia de la apropiación presupuestal disponible para el cumplimiento de compromisos por parte de la Administración? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n cuanto a normas de presupuesto, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 568 de 1996, el certificado de disponibilidad presupuestal es el documento expedido por el jefe de presupuesto de una entidad pública -o quien haga sus veces- que garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona un compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal (art. 19 D. 568 de 1996). Por su parte, el registro presupuestal, es la operación mediante la cual se perfecciona un compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación (art. 20 D. 568 de 1996). Tanto el registro como el certificado de disponibilidad son requisitos de naturaleza presupuestal que garantizan la existencia de la apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos por parte de la Administración. FUENTE FORMAL: DECRETO 568 DE 1996 - ARTÍCULO 19, DECRETO 568 DE 1996 - ARTÍCULO 20 CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INTERÉS PÚBLICO / DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. En concordancia, el artículo 365.1 CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso. De conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del Acuerdo nº. 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de presentación de la demanda -hoy Acuerdo n°. 10554 de 2016-, las agencias en derecho se tasarán en el 1% del valor de las pretensiones en atención a la naturaleza del proceso, y la calidad y duración de la gestión ejecutada por el apoderado. Como las pretensiones se estimaron en $468.175.025, la demandante pagará la suma de $4.681.750, por concepto de agencias en derecho. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365.1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366.4

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=730012333000201900165011100103