Radicado: 52001-33-33-000-2016-00480-01 (60275)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001-33-33-000-2016-00480-01 (60275)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Demandado: Wilson Andrés Naranjo Rosales
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se confirma la decisión de negar las pretensiones
porque no se demostró la culpa grave del demandado.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Nariño, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los
artículos 150 y 152 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) 1.
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 9 de noviembre de 2017
y se corrió traslado para alegar el 22 de enero de 2018. La entidad demandante
alegó de conclusión en segunda instancia y el demandado guardó silencio. El
Ministerio Público se pronunció en forma extemporánea .
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 13 de febrero de
2015 por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. Se dirigió contra
Wilson Andrés Naranjo Rosales para obtener el reintegro de lo pagado por la
1 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los
artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia establecido por el artículo
86 de esa ley.
Radicado: 52001-33-33-000-2016-00480-01 (60275)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
2
entidad el 26 de abril de 2014 como consecuencia de la condena impuesta en la
sentencia del 18 de febrero de 2011, proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo de Pasto, y confirmada por el Tribunal Administrativo de Nariño el
13 de abril de 2012.
2.- A partir de lo afirmad o en la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- El 1º de abril de 2005 los señores Miguel Orlando Eraso Tapia y José Luis
Eraso Meneses fueron capturados por agentes de policía luego de participar en
una riña a la salida de la terminal de transportes de Pasto, Nariño . Los
ciudadanos denunciaron que fueron llevados al CAI Santander , donde fueron
agredidos físicamente y amenazados por los policías, entre los que se
encontraba un agente de apellido <<Naranjo>>.
2.2.- Para la época de los hechos el demandado Wilson Andrés Naranjo Rosales
era patrullero en el Departamento de Policía de Nariño.
2.3.- En ejercicio de la acción de reparación directa , el señor Miguel Orlando
Eraso Tapia y sus familiares demandaron a l a Policía Nacional para obtener la
reparación del daño causado por la agresión2.
2.4.- El 18 de febrero de 2011 el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto
condenó a la Policía a indemnizar los perjuicios sufridos por los demandantes. El
juzgado consideró que se demostró la <<falla del servicio>> de la entidad porque,
luego de ser aprehendidas , las víctimas fueron agredidas mediante el uso
desproporcionado de la fuerza, que se extendió por más tiempo del necesario.
2.5.- En sentencia del 13 de abril de 20 12 el Tribunal Administrativo de Nariño
confirmó la decisión de condenar a la entidad y modificó algunos valores de las
indemnizaciones reconocidas por concepto de perjuicios morales.
2.6.- Por medio de la Resolución No. 387 del 25 de abril de 2013 la entidad
demandante dispuso el pago de la condena por la suma de trescientos ochenta
y ocho millones quinientos noventa mil quinientos cuarenta y ocho pesos con
nueve centavos ($388.590.548,09), de los cuales trescientos millones quinientos
tres mil nove cientos cuarenta y nueve pesos ($300.503.949) corresponden a
capital, y el resto a intereses.
2.7.- La condena fue pagada el 26 de abril de 2014.
2 En las sentencias de reparación directa se advirtió que los demandantes solicitaron la reparación del daño
causado por las lesiones sufridas por Miguel Orlando Eraso Tapia . El señor José Luis Eraso Meneses
compareció al proceso como su padre.
Radicado: 52001-33-33-000-2016-00480-01 (60275)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
3
3.- Según la entidad demandante, el demandado obró con culpa grave porque
usó la fuerza en forma desproporcionada y excesiva contra el señor Miguel
Orlando Eraso Tapia, lo que le causó lesiones en distintas partes del cuerpo. Al
actuar de esta forma , el demandado se apartó de las normas aplicables que le
exigían obrar con diligencia y cuidado.
B.- Posición de la parte demandada
4.- El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda. Como argumentos
de defensa expuso que: (i) no es cierto que causara las lesiones del señor Eraso,
pues los capturados tenían estado de embriaguez y estuvieron involucrados en
una riña callejera; (ii) no se probó que el demandado los amenazara; y (iii) la
entidad demandante no argumentó ni demostró la culpa grave o el dolo del
demandado, pues en el proceso de reparación directa no se l e atribuyó
responsabilidad personal.
C.- Sentencia recurrida
5.- En la sentencia del 11 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo de
Nariño negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes
consideraciones:
5.1.- La calidad de agente estatal del demandado se demostró con la
certificación del jefe del Área de Talento Humano del Departamento de Policía
de Nariño .
5.2.- La condena contra la entidad se probó con la s sentencia s proferida s el
18 de febrero de 2011 por el Juzgado Octavo Administrativo de Pasto y el 13
de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Nariño.
5.3.- El pago de la condena se acreditó con el certificado de tesorería, el
comprobante de egreso y la orden de pago presupuestal.
5.4.- No se probó la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado
porque la entidad demandante solo aportó copia de las sentencias del proceso
de reparación directa . Aunque de las consideraciones de esas providencias se
desprende que el demandado habría parti cipado en los hechos, también se
infiere que hubo otros agentes involucrado s. La parte actora no aportó
elementos para atribuirle el daño en forma personal.
5.5.- Si bien el Ministerio Público pidió considerar el decreto de pruebas de
oficio, esta solicitud es improcedente p orque la carga de demostrar el
elemento subjetivo correspondía a la entidad demandante.
Radicado: 52001-33-33-000-2016-00480-01 (60275)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
4
5.6.- Condenó en costas a la entidad demandante de conformidad con el
artículo 188 del CPACA.
D.- Recurso de apelación
6.- La entidad demandante solicita que se revoque la sentencia de primera
instancia y en su lugar se condene al demandado. Su inconformidad se centra
en los siguientes puntos:
6.1.- Se demostró que la conducta del demandado fue gravemente culposa
porque las víctimas fueron agredidas en repetidas ocasiones por los agentes de
policía, entre los que estaba el accionado, quien d esplegó un uso
desproporcionado y excesivo de la fuerza.
6.2.- En el expediente de reparación directa obran los testimonios de las víctimas
que señalaron que fueron maltratadas por los policías e identificaron al agente
con apellido Naranjo como uno de los agresores.
6.3.- La conducta del demandado incluso podría considerarse dolosa por su
intención positiva de causar daño en la integridad del señor Eraso Tapia.
II. CONSIDERACIONES
E.- Asuntos procesales
7.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se
explica a continuación:
7.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del
CPACA3, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice
el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que
contaba la entidad para pagar.
7.2.- La sentencia condenatoria quedó ejecutoriada el 17 de mayo de 20124.
7.3.- Como el proceso de reparación directa estuvo regido por el CCA, la entidad
contaba con el plazo de dieciocho (18) meses previsto por el artículo 177 de esa
3 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 43 de
la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada
en vigencia de esa ley.
4 Fl. 35 vuelto c. 1.
Radicado: 52001-33-33-000-2016-00480-01 (60275)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
5
codificación para pagar la condena. Este plazo corrió hasta el 18 de noviembre
de 2013.
7.4.- La condena fue pagada el 26 de abril de 20145. Por lo tanto, para el cómputo
del término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha de vencimiento del
plazo para pagar, porque ocurrió primero que el pago.
7.5.- El término de caducidad transcurrió entre el 19 de noviembre de 2013 y el
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.