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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza de los demandados

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Fecha
2024-04-19
Radicado
68001233300020130006902
Número interno
70807
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Demandado
JULIO CESAR ARDILA TORRES

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza de los demandados

Lo que dijo la Sala

La Sala tiene acreditado que los Decretos 005 y 010 del 2002 suscritos por los demandados, reestructuraron la planta de personal del municipio de Barrancabermeja y suprimieron el cargo de la señora… , quien demandó tales actos en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Ese proceso culminó con la declaratoria de nulidad de los referidos Decretos; como consecuencia de ello, se ordenó el restablecimiento del derecho de la señora… al tiempo que se le reconoció una indemnización a su favor. Esta decisión fue adoptada por el Consejo de Estado en sentencia del 19 de agosto de 2010… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La conducta gravemente culposa del agente que suprime un cargo en desarrollo de una reestructuración administrativa no se presume a partir de la nulidad de los actos de supresión, sino que debe ser acreditada por el actor conforme a la carga probatoria del artículo 167 del Código General del Proceso. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la nulidad de los decretos de reestructuración no genera por sí misma la presunción de culpa grave, pues la anulación se derivó de la invalidez de un acto previo sobre el que se fundó la planta de personal, circunstancia que no revela la conducta del agente. Segundo, cuando antes de expedir el acto de reestructuración existe un estudio técnico que sustenta la modificación de la planta, el agente demuestra que cumplió el deber de gestionar ese estudio y que contaba con él al momento de suscribir los decretos, lo que impide tener por acreditada la culpa grave. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición contra el funcionario que suprimió un cargo debe probar la conducta gravemente culposa con independencia de la nulidad del acto de supresión.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza de los demandados, al suprimir el cargo de una de las funcionarias de la Alcaldía, en cumplimiento de los Decretos que ordenaron la reestructuración de la planta de personal?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1564 de 2012, art. 167

También resuelve

  • ¿Las presunciones legales de culpa grave y dolo imponen la carga de desvirtuarlas probatoriamente?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Nulidad del contrato estatal Acción de repetición contra el agente

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Titulación de la relatoría 5.029 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / CONDENA CONTRA EL ESTADO / MUNICIPIO / ACTO ADMINISTRATIVO DE SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / DESVINCULACIÓN POR SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / NULIDAD DEL DECRETO / SENTENCIA DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ESTUDIO TÉCNICO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza de los demandados, al suprimir el cargo de una de las funcionarias de la Alcaldía, en cumplimiento de los Decretos que ordenaron la reestructuración de la planta de personal? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala tiene acreditado que los Decretos 005 y 010 del 2002 suscritos por los demandados, reestructuraron la planta de personal del municipio de Barrancabermeja y suprimieron el cargo de la señora (…), quien demandó tales actos en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Ese proceso culminó con la declaratoria de nulidad de los referidos Decretos; como consecuencia de ello, se ordenó el restablecimiento del derecho de la señora (…) al tiempo que se le reconoció una indemnización a su favor. Esta decisión fue adoptada por el Consejo de Estado en sentencia del 19 de agosto de 2010 (…). [L]os referidos decretos fueron declarados nulos bajo el argumento de haber sido expedidos con base en el Decreto 237 de 2001, el cual fue declarado nulo el 17 de abril de 2008 por el Consejo de Estado, por lo que, en ese orden, los dos primeros deben correr la misma suerte del segundo -por el cual se estableció la estructura administrativa de la entidad-, dado que no puede subsistir la planta de personal establecida con fundamento en una estructura que ha desaparecido. (…) [P]revio a la suscripción del Decreto 237 de 2001, se firmó el Convenio 342-01 entre el municipio de Barrancabermeja y la ESAP para llevar a cabo un estudio técnico de la restructuración administrativa y modificación de la planta de personal del municipio, el cual, fue suscrito por la coordinadora de asesorías de la ESAP el 26 de noviembre de 2001. Con lo anterior se demuestra que el demandado no sólo cumplió con el deber de gestionar la realización del estudio técnico previo a modificar la planta de personal sino que al momento de suscribir los plurimencionados decretos, se contaba con el documento contentivo del mismo. (…) Así las cosas, no se tienen pruebas con la entidad suficiente para establecer que la conducta del demandado hubiere sido gravemente culposa, la que debió ser acreditada por la parte actora conforme a los previsto en el artículo 167 del CGP, sin posibilidad de presumirla a partir del fallo la nulidad y restablecimiento del derecho varias veces referido. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / IMPUTACIÓN FÁCTICA / IMPUTACIÓN JURÍDICA / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA Problema jurídico: ¿Las presunciones legales de culpa grave y dolo imponen la carga de desvirtuarlas probatoriamente? Respuesta al problema jurídico: Si La Ley 678 de 2001 se ocupó de regular los aspectos sustanciales de la repetición y al efecto no sólo previó lo relativo al objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio de esta acción, sino que al tratar el presupuesto del dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, consagró en sus artículos 5 y 6 una serie de “presunciones legales”, con incidencia en la carga de la prueba. Tales presunciones corresponden a las denominadas iuris tantum, esto es, pueden ser desvirtuadas probatoriamente. Sobre esta consagración legislativa, la Corte Constitucional, además de indicar que tales presunciones no pueden comprometer el debido proceso, razón por la cual no implican atribución de culpabilidad en cabeza del demandado , fijó como presupuesto constitucional el deber que tienen los accionantes de acreditar los elementos de la acción, al margen del análisis efectuado en la providencia que declara la responsabilidad del Estado (…). Conjuntamente con esta exigencia, se refirió a la prohibición de “…extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración”, en tanto la determinación de la responsabilidad del agente debe sustentarse en los elementos de prueba allegados al proceso de repetición, en el cual el demandado tenga la oportunidad real de ejercer su derecho de defensa. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las presunciones legales de culpa grave y dolo, ver: Corte Constitucional, sentencia C 374 de 2002. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201300069021100103