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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: debe examinarse la conducta desplegada por el contratista

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Fecha
2025-04-04
Radicado
68001233300020150023002
Número interno
71800
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, CORPORACIÓN ALIZANA, COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES, FUNDACION NUTRICOL
Demandado
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: debe examinarse la conducta desplegada por el contratista

Lo que dijo la Sala

La garantía del derecho de audiencia y defensa constituye un presupuesto de validez de los actos administrativos, cuya inobservancia configura un vicio de nulidad, conforme al artículo 137 del CPACA. No obstante, no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias del contratista tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, pues solo aquellas que afectan de manera sustancial el ejercicio del derecho de defensa y trascienden sobre el sentido de la decisión pueden dar lugar a la nulidad del acto.… para determinar si la omisión de la entidad contratante respecto de una solicitud probatoria tiene el alcance suficiente para viciar su decisión y desvirtuar la presunción de legalidad de la que goza, no basta con constatar su existencia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede alegar la nulidad del acto administrativo basándose en la omisión de la entidad estatal para resolver solicitudes probatorias, salvo que dicha omisión afecte sustancialmente el ejercicio del derecho de defensa y trascienda sobre el sentido de la decisión. La entidad puede adoptar medidas correctivas conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o el contratista puede actuar para sanear la irregularidad. La Sala reitera que no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, lo que implica que la entidad estatal debe motivar adecuadamente la imposición de sanciones, pero no necesariamente anular el acto administrativo por omisiones menores en el trámite.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 88
  • Ley 1564 de 2012, arts. 320 y 328

También resuelve

  • ¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista…
  • ¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista?
  • ¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Condena en costas y agencias en derecho

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Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio
Titulación de la relatoría 12.759 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / DERECHO DE DEFENSA / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IRREGULARIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante de la decisión? Respuesta al problema jurídico: No La garantía del derecho de audiencia y defensa constituye un presupuesto de validez de los actos administrativos, cuya inobservancia configura un vicio de nulidad, conforme al artículo 137 del CPACA. No obstante, no toda irregularidad en el procedimiento administrativo relacionada con la atención de solicitudes probatorias del contratista tiene la virtualidad de configurar un vicio invalidante, pues solo aquellas que afectan de manera sustancial el ejercicio del derecho de defensa y trascienden sobre el sentido de la decisión pueden dar lugar a la nulidad del acto. (...) para determinar si la omisión de la entidad contratante respecto de una solicitud probatoria tiene el alcance suficiente para viciar su decisión y desvirtuar la presunción de legalidad de la que goza, no basta con constatar su existencia. Es necesario analizar su trascendencia en el procedimiento sancionatorio y establecer si tenía la aptitud de modificar el sentido de la decisión. Además, debe examinarse la conducta desplegada por el contratista durante la actuación administrativa, con el fin de identificar si la irregularidad fue saneada, ya sea por las medidas correctivas que la entidad puede adoptar conforme a los artículos 3.11 y 41 del CPACA, o por la actuación misma del interesado. NOTA DE RELATORÍA: Referente al derecho de audiencia y defensa en el procedimiento administrativo, consultar sentencia de 14 de abril de 2016, Exp. 19138, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 3 NUMERAL 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 41 PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / SOLICITUD DE PRUEBA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / IRREGULARIDAD PROCESAL / IRREGULARIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El departamento de Santander, en el marco del procedimiento sancionatorio, al omitir resolver solicitudes probatorias elevadas por el contratista, conllevó a que se configurara la causal de nulidad del acto administrativo por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa? Respuesta al problema jurídico: No [E]stá probado que, en el procedimiento administrativo, la UT Ananías elevó una solicitud probatoria para su defensa; en contraste, no se acreditó que hubiera sido resuelta por la entidad territorial. Por lo pronto, la Sala constata este hecho sin calificación sobre la carga de la prueba, su pertinencia y utilidad. (...) el departamento de Santander formuló varios cargos frente a los cuales el contratista elevó solicitudes de información y prueba; en unos casos justificadas, y en otras no. Sin embargo, por las razones que se expondrán a continuación, la Sala considera que aquellas que no fueron resueltas no se proyectaron como razones invalidantes para declarar la nulidad parcial de los actos administrativos demandados. (...) las falencias procedimentales identificadas no afectan la decisión de imponer la multa, pues la sanción se sustentó en 26 incumplimientos. La aplicación de las causales (d) y (e) para la imposición de multas no estaba condicionada a la constatación de un número mínimo de eventos de incumplimiento, como se desprende de la cláusula previamente transcrita (párr. 71). (...) En consecuencia, no procedía anular la imposición de la multa con fundamento en las causales de los literales (d) y (e), ni declarar la nulidad parcial del acto administrativo, pues las irregularidades detectadas solo se limitaron a tres eventos específicos y no afectaron el derecho de defensa del contratista respecto de los otros 26 incumplimientos. En efecto, aun prescindiendo de tales eventos, las multas impuestas con fundamento en los literales (d) y (e) se sostenían jurídicamente, por lo que la exclusión de esos eventos de la base fáctica del acto no altera la decisión final. El razonamiento en que se apoya esta conclusión, que es congruente los principios de conservación de los actos jurídicos y la presunción de legalidad que acompaña los actos administrativos (CPACA, art. 88). (...) La conclusión a la que arriba la Sala sobre la intrascendencia de las irregularidades en la imposición de la multa con fundamento en los literales (d) y (e) de la cláusula decimoprimera del contrato no implica que la sentencia sea incongruente con los motivos de inconformidad expresados por la entidad demandada en su recurso de apelación (CGP, arts. 320 y 328). NOTA DE RELATORÍA: Referente al alcance de las irregularidades en el procedimiento administrativo, consultar sentencia de 29 de noviembre de 2019, Exp. 45068 (párr 6.4.4), C.P. Jaime Rodríguez Navas y sentencia de 20 de abril de 2022, Exp. 49561 (párr 3.4.2.1), C.P. Jaime Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 88, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 IMPOSICIÓN DE LA MULTA / PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO Problema jurídico: ¿Debe exponerse el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa, verificando la existencia de un incumplimiento imputable al contratista? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 impone a las entidades públicas el deber de motivar los actos administrativos mediante los cuales se impongan sanciones al contratista. (...) Esta exigencia concuerda con la del numeral 7 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, según el cual todos los actos que se expidan con ocasión de la actividad contractual se motivarán en forma precisa, con excepción de los de trámite. (...) La motivación de los actos administrativos constituye un límite a la arbitrariedad y una garantía para los asociados, pues obliga a la Administración a enunciar las razones de hecho y de derecho que sustentan sus decisiones. El procedimiento administrativo regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 tiene como finalidad imponer sanciones al contratista por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En consecuencia, la motivación de la decisión sancionatoria debe exponer el supuesto fáctico que da lugar a la imposición de la multa y enunciar los elementos de juicio a partir de los cuales se infiere la existencia de un incumplimiento imputable al contratista. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 7 PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / MULTA AL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La motivación fáctica de la decisión sancionatoria fue suficiente para justificar la imposición de la multa con fundamento en las causales previstas en los literales (c) y (e) de la cláusula decimoprimera del contrato, por la ocurrencia de 28 incumplimientos atribuidos al contratista? Respuesta al problema jurídico: Si [R]especto de la decisión de imponer la multa a la UT Ananías con fundamento en la causal prevista en el literal (c) de la cláusula decimoprimera del contrato, la Sala considera atendible el reparo del apelante. El acto administrativo estuvo debidamente motivado, pues se basó en el informe de interventoría y en la valoración de los documentos aportados por el contratista, los cuales no demostraban el cumplimiento íntegro de la prestación, hecho que tampoco fue probado con los documentos allegados en sede judicial. Dado que este era el evento de incumplimiento que justificó la imposición de la multa con fundamento en la causal del literal (c), no procedía declarar la nulidad parcial del acto administrativo. (...) a diferencia de lo señalado por el Tribunal, la Sala considera que, respecto de estos dos eventos de incumplimiento, la decisión administrativa de imponer la multa con fundamento en el literal (e) estuvo debidamente motivada. Esta conclusión es suficiente para revocar la determinación de anular parcialmente el acto administrativo, ya que, como se precisó anteriormente (párr. 77), la aplicación de las multas no estaba sujeta a la constatación de un número mínimo de eventos de incumplimiento por causal. Además, la Sala advierte que la debida motivación del acto también se encuentra probada en relación con otros eventos de incumplimiento que justificaron la aplicación de esta causal. La Sala considera que la motivación del acto administrativo también fue suficiente en relación con el incumplimiento de esta obligación. En primer lugar, el departamento sí valoró la documentación aportada por el contratista, pues en el acto administrativo se indicó que la UT Ananías presentó como pruebas para soportar su defensa los oficios “060 DEL 21-03-2014”117. Los tres folios aportados sobre proveedores incluyen, en efecto, un pago a un proveedor de leche en el municipio de Barrancabermeja el 21 de marzo de 2014118, además de una factura y una cuenta de cobro por el mismo concepto correspondiente a febrero de 2014. Sin embargo, la obligación consistía en suministrar información sobre la identificación de los proveedores que suministraron los alimentos para garantizar la prestación del servicio en el ámbito departamental, es decir, en los otros 80 municipios que se beneficiaban del programa. En consecuencia, el acto administrativo se encuentra debidamente motivado al acoger el concepto de la interventoría, que mantuvo su observación inicial respecto de la insuficiencia de la información suministrada. La Sala concluye que (i) no se configuró un vicio de nulidad por violación del derecho de audiencia y defensa derivado de la omisión de cuatro solicitudes elevadas en la actuación administrativa y (ii) tampoco se configuró un vicio por la motivación de la decisión de imponer la multa con fundamento en los literales (c) y (e) de la cláusula decimoprimera del contrato. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 13.975 y 14.604 de 2014 y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte demandante en ambas instancias, por ser la vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CGP. Según el numeral 4º del artículo 365 del CGP, cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior se condenará a pagar las costas de ambas instancias a la parte vencida. (...) Dado que la demanda fue presentada por un número plural de personas, de acuerdo con el numeral 6o del artículo 365 del CGP, la condena en costas de $32’000.000 será pagada en proporción a su interés en el proceso considerando su porcentaje de participación en la estructura pluraL. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 6

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201500230021100103