Titulación de la relatoría 33.380 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALTA DE COMPETENCIA EN LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA
Problema jurídico:
"¿El fallo apelado contradijo lo decidido en el proceso que estudió la validez de las resoluciones emitidas por la contratante que declararon el incumplimiento de la parte actora?"
Respuesta al problema jurídico: No
El fallo por el que se confirmó la anulación de las resoluciones que declararon el incumplimiento de la contratista (...) lo sentenciado en el proceso 2018-00417 no afecta el alcance de la decisión por proferir dentro del presente trámite. En efecto, las decisiones anteriormente descritas se fundamentaron en que, para la fecha de expedición de los actos administrativos demandados, la Administración carecía de competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento de la UT, en tanto el análisis de la satisfacción de los compromisos surgidos del negocio jurídico compete exclusivamente a lo que se defina en este proceso. Así las cosas, dado que la razón para anular las resoluciones 064 y 065 de 2018 (objeto diferente al del presente trámite) no fue el haber encontrado probado que la contratista no hubiese incurrido en incumplimiento alguno, la causa petendi ventilada por la actora fue distinta a la emprendida dentro de la actual litis, de forma que no se observa la configuración del fenómeno de la cosa juzgada. Con ello, la valoración sobre esa circunstancia (el grado de honra negocial) yace plenamente en esta colegiatura, en el marco del estudio de la satisfacción de las prestaciones convenidas. (...) En ese orden de ideas, lo dispuesto por el punto resolutivo tercero del proveído de primera instancia (“declarar que la Unión Temporal (…) no incumplió parcialmente el contrato”) es, expresamente, consecuencia de la nulidad de los actos allí impugnados, decretada en el ordinal inmediatamente anterior, y por las estrictas razones desarrolladas en dicho proveído. En ese sentido, su alcance debe ser entendido como secuela directa y exclusiva de la prosperidad de los cargos de incompetencia, por lo que no afectan en manera alguna el análisis sustancial de este proceso, ni implican la configuración de cosa juzgada para lo que es materia del presente litigio (según se expuso, ante la ausencia de identidad de objeto y de causa). (...) Por lo tanto, los interrogantes que conforman el primero de los ejes planteados para este asunto son respondidos negativamente, para concluir que: (i) el fallo apelado no contradijo lo decidido en el proceso que estudió la validez de las resoluciones que declararon el incumplimiento de la parte actora, y (ii) dicha decisión no impacta la sentencia por adoptar en el sub lite.
VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN PROBATORIA DEL NEGOCIO JURÍDICO / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE COMPRAVENTA DE EJECUCIÓN SUCESIVA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERVENTORÍA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA / ENTREGA DE BIEN / FALTA DE ENTREGA DE LA MERCANCÍA / OBLIGACIÓN DE LA ENTREGA DE BIEN / LUGAR DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
"¿El Tribunal erró en la valoración probatoria porque estableció que la excepción de contrato no cumplido planteada por la demandante no era aplicable en el presente asunto por el incumplimiento de la contratista?"
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ueden colegirse tres aspectos puntuales que serán de importancia al momento de responder a los cargos planteados por la UT en su apelación. En primera medida, en virtud de este pacto, regido jurídicamente por el EGCAP, la contratista sí estaba obligada a proveer la totalidad de los elementos del denominado “Lote 2” del proyecto en el lapso estipulado, con fundamento en un negocio jurídico que, a pesar de las imprecisiones en su calificación entre el texto de la minuta, que lo nombró como “suministro”, y el acuerdo de voluntades elevado a escrito (en el que se calificó como “compraventa”), correspondió a lo que la jurisprudencia de esta misma Subsección ha denominado como “compraventa de cosas con objeto fraccionado o a plazos" (...) Así, la dotación de equipos e implementos médicos para el hospital buscaba satisfacer prestaciones únicas, aunque llevadas a cabo de forma dilatada durante el término estipulado. Por ejemplo, dentro de las cosas que debían ser provistas estaban, entre muchas otras, un termómetro digital para la sala de vacunación del primer piso, un flujómetro para el quirófano de partos en la sala de ginecología ubicada en el segundo piso, o doce monitores de signos vitales para las habitaciones unipersonales en el área de hospitalización del tercer piso. Las obligaciones de la contratista se agotaban en el abastecimiento (e instalación, si era necesaria para el funcionamiento del implemento), por una sola vez, de estos objetos, de allí que otra cualidad de este acuerdo sea que, en palabras de esta Subsección, “una vez finalizado el término convenido sin que se satisfaga la prestación no se extingue el vínculo contractual, es decir, no fenece la obligación sino que la sitúa en un estado de incumplimiento o de mora" (...) Por otra parte, el segundo aspecto sobre el que se llama la atención es que, de acuerdo con los documentos precontractuales que formaron parte del contrato,es evidente que el lugar donde el contratista debía entregar y/o instalar los implementos médicos (según fuese el caso) no era otro que el Hospital “1B” del barrio “Santa Mónica”. (...) puede advertirse que, para el comienzo de la ejecución de la compraventa (7 de diciembre de 2015), el centro de salud no estaba construido e incluso su edificación estaba paralizada por la medida adoptada apenas 8 días después de su perfeccionamiento, lo que imposibilitaba cualquier instalación de los elementos que exigieran dicha labor en el sitio donde fueron destinados, mas no su entrega, que bien podía ser adelantada en otro lugar, a instancias del supervisor, como se indicó en el numeral 23 de las obligaciones de la contratista. (...) Por otro lado, el tercer punto a rescatar es que, aun cuando el contrato objeto del presente litigio no mencionó la designación de un interventor ni sus funciones, al ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías, el OCAD tenía competencia para determinar a la entidad ejecutora del subproyecto y designar a la encargada de contratar la interventoría, siguiendo los parámetros dispuestos por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. En este caso, está probado que, para la ejecución del proyecto y de la interventoría, el órgano en mención facultó a dos entidades públicas distintas, pero igualmente involucradas en su desarrollo, siendo escogido el IDSN para gestionar la vinculación del interventor; no obstante, en el expediente no se acreditaron los motivos que justificaron esta decisión. (...) Tomando en cuenta lo transcrito, está probado en este caso que, contrario a lo señalado por la demandante, el contrato sí debió contar con interventoría, tanto por los efectos del acto administrativo mencionado en el párrafo anterior como por la decisión del OCAD que así lo dispuso, en ejercicio de las competencias legales vigentes en ese entonces. (...) Además, el interventor tenía a su cargo la vigilancia técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal sobre todos los acuerdos derivados del proyecto aprobado por el OCAD sobre la construcción del hospital y su dotación, contratada en su “lote 2” con la vendedora. Esto, a diferencia de la supervisión, cuya cláusula contractual englobó la labor de controlar la correcta ejecución de lo pactado, realizar la certificación del cumplimiento de las obligaciones, y proyectar la liquidación del contrato, sin enfatizar en el carácter técnico, financiero, ambiental y/o legal de estas labores. (...) En tal sentido, lo pactado debía subordinarse a lo ordenado especialmente por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, que dispone la supervisión como la actividad obligatoria para la contratación de las entidades públicas (...) esta disposición apunta a que el marco de actuación del supervisor no se traslape con el del interventor, o viceversa, afectando la buena marcha de la ejecución contractual, y los principios de eficacia y economía que orientan la gestión pública en torno a los negocios jurídicos que celebra el Estado. (...) En este caso, no está probado que el contrato de interventoría entre el IDSN -entidad que no era la compradora- y el Consorcio haya justificado las razones para que los acuerdos de voluntades originados en el proyecto aprobado por la OCAD contaran con esa vigilancia técnica especializada, ni realizaron el reparto entre las labores entre el interventor y los supervisores de los contratos. Sin embargo, estas omisiones no facultaban de forma automática al contratista para desatender los requerimientos del interventor cuando estos razonablemente apuntasen a la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, ni servían por sí solas para excusar su incumplimiento. Será el análisis del caso concreto el que determine si la superposición de funciones entre el interventor y el supervisor impactó negativamente en el curso del programa obligacional, al punto de perjudicar los intereses jurídicamente tutelados del contratista. (...) Etapa de ejecución del contrato (...) Transitando al desarrollo de las prestaciones pactadas en la compraventa, esta fase inició el 7 de diciembre de 2015, como consta en acta suscrita por el representante legal de la vendedora, el supervisor designado por el Municipio, y el interventor. La aquí demandante no se pronunció sobre la figura del interventor en el acta de inicio. El 28 de diciembre del mismo año, la entidadterritorial desembolsó a la UT, por concepto de anticipo, la suma de mil quinientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres mil un pesos ($1.554’483.001,oo) (...) Hasta este punto, es viable concluir, de manera preliminar, que existen elementos de juicio que apuntan al incumplimiento por parte de la UT contratista, a pesar de que se dio solución al impase relativo al lugar de entrega de los implementos. (...) Procedimiento sancionatorio adelantado en contra de la UT (...) En la Resolución 064 del 30 de abril de 2018, la directora del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Municipio declaró el “incumplimiento parcial del contrato” por parte de la UT. (...) Informe allegado por el Municipio como prueba decretada de oficio (...) La excepción de contrato no cumplido en el sub lite (...) Tras haber realizado la anterior valoración probatoria, la Sala reitera que, por regla general, quien acude en ejercicio del derecho de acción ante los jueces en búsqueda de la declaración judicial de incumplimiento contractual debe acreditar el cumplimiento de sus propias obligaciones contraídas por medio del negocio jurídico (...) En el presente asunto, la parte actora planteó, tanto en la demanda como en el recurso de apelación, la “excepción de contrato no cumplido”, figura que ha sido concebida como alternativa para rebatir la pretensión del extremo procesal activo, lógica que no puede desconocerse en esta ocasión. En ese sentido, la utilización de dicho mandato como soporte de la reclamación por incumplimiento no ha sido ajena a la jurisprudencia de esta Sección que, en tales casos, ha acudido a los presupuestos de este mecanismo para resolver el fondo del asunto (...) En este orden de ideas, y en aras de otorgarle coherencia a lo planteado en esta instancia, se recalca que, al invocar la excepción de contrato no cumplido como sustento de sus pedimentos y de la impugnación contra el fallo de primer grado, la parte actora no buscó emplearla como si estuviera asumiendo una posición defensiva como demandada dentro del proceso. Más bien, recurrió a esta figura para argumentar que no pudo cumplir sus obligaciones en tanto el otro extremo del negocio no dispuso del lugar en el que adelantaría sus prestaciones y, por ello, la contratista no contó con las condiciones necesarias para satisfacerlas. (...) En esa dirección, cabe reafirmar que la contratista estaba sometida a cumplir los términos estipulados de forma íntegra, efectiva y oportuna, y su apartamiento del programa contractual trae consigo variadas sanciones previstas por el ordenamiento. Con todo, el argumento expuesto por la demandante, fundamentado en lo previsto por el artículo 1609 del Código Civil, supone la demostración de una “razonable imposibilidad de cumplir” surgida de la inejecución grave de una obligación contractual recíproca, correlativa, exigible a la contraparte, y que sea fuente de la insatisfacción del deber pactado en cabeza de quien lo invoca (...)Traído lo anterior al análisis de los cargos planteados en la alzada por la UT, esta Subsección no encuentra fundadas las razones esgrimidas por la contratista para explicar que el incumplimiento de su obligación de proporcionar la totalidad de los elementos de dotación del hospital, de manera ajustada a las “especificaciones técnicas”, “calidades y cantidades” exigidas por los documentos previos, de forma acorde con las condiciones “técnicas” requeridas, y en “óptima[s]” cualidades para su adecuado funcionamiento, era atribuible a una desatención grave del contrato por parte de la demandada. (...) De un lado, la conducta de la contratante en relación con la disposición del centro hospitalario para que la vendedora ejecutase sus obligaciones (la entrega de los bienes en cuestión) no causó ni podía ocasionar la insatisfacción de la obligación de entrega a cargo de la demandante. En efecto, en vista de los inconvenientes con el centro hospitalario, se acordó la disposición de un nuevo lugar donde serían entregados los bienes proporcionados por la UT (la sede “San Andrés”), arreglo que la propia contratista aceptó estableciendo fechas de entregas parciales. Este cambio de sede no impidió que la contratista acatara las pautas contractuales. Luego, mal podría decirse que la entidad territorial deshonró sus compromisos respecto al sitio donde facilitaría las cosas que fueron objeto del contrato. (...) De otro, como ya se mencionó, aunque no se justificó la concurrencia entre el interventor y el supervisor, ni sus labores estuvieron delimitadas por el acuerdo suscrito entre el IDSN y el Consorcio, en este caso la participación del primero no fue inarmónica con las labores del segundo, ni se demostró que haya causado, en la praxis, traumatismo alguno sobre las labores de la contratista. Cabe rememorar que la actora no desvirtuó ninguno de los descalificativos de las instancias de vigilancia contractual sobre los equipos que fueron considerados incompatibles con lo exigido desde la fase precontractual. (...) De esta forma, en respuesta al segundo problema jurídico, se descarta que el Tribunal haya valorado incorrectamente los elementos de convicción sometidos a su escrutinio al descartar que fuese aplicable la regla dispuesta en el artículo 1609 del Código Civil en favor de la demandante, por los motivos que ésta expresó, toda vez que, bajo esos derroteros, los incumplimientos de la vendedora no encuentran correlación con la conducta desplegada por la compradora, ya que su actuar de disponer un sitio distinto al inicialmente previsto, lejos de afectar su prestación, facilitó la entrega completa de los objetos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la compraventa de cosas con objeto fraccionado o a plazos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2016, exp. 25000-23-26-000-2007-00466-01 (47085), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la diferencia entre compraventa de cosas a plazos y el suministro, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de mayo de 1981, M.P. Alberto Ospina Botero. Sobre el estado de mora o incumplimiento en el contrato de compraventa a plazos, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de febrero de 2016, exp. 85001-23-31-000-2007-00116-02 (46185), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre los principios de la contratación estatal, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, exp. 11001-03-26-000-2003-00014-01 (24715), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre quien acude en ejercicio del derecho de acción ante los jueces en búsqueda de la declaración judicial de incumplimiento contractual debe acreditar el cumplimiento de sus propias obligaciones contraídas por medio del negocio jurídico, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 2005, exp. 70001-23-31-000-1996-05716-01 (14937), C.P. Germán Rodríguez Villamizar; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de julio de 1985. M.P. José Alejandro Bonivento Fernández; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, exp. 23001-23-31-000-1997-08763-01 (17552), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 20001-23-31-000-2000-01310-01 (24217), C.P. Danilo Rojas Betancourth (E); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, exp. 25000-23-26-000-1991-07664-01 (14287), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 968, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609
ERROR EN LA APRECIACIÓN DE LOS HECHOS / ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS / APRECIACIÓN DEL HECHO / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / PAGO DEL CONTRATO / PAGO PARCIAL / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / PROSPERIDAD DE LA EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / ENTREGA DE BIEN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / VENTA DE BIEN A PLAZO / COSA VENDIDA / OBLIGACIÓN DE LA ENTREGA DE BIEN / ERROR DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
"¿En la providencia impugnada se incurrió en una inadecuada apreciación fáctica al dejarse de lado que la vendedora entregó parcialmente bienes solicitados por la entidad?"
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]la reclamación de la UT por incumplimiento contractual del Municipio versó sustancialmente sobre la satisfacción fragmentada de sus obligaciones, representada en el valor de los bienes supuestamente entregados dentro del plazo estipulado, en el sitio acordado, y que fueron recibidos sin reproche alguno por la contratante. (...) El hecho de que la entrega de los implementos hubiese sido parcial no obsta para que se elevase esa pretensión, teniendo en cuenta que, de encontrarse que el Municipio recibió, al menos, una parte de los implementos, dicha entidad estaba obligada a pagarlos si los conservó en su poder, circunstancia que -igualmente- debió ser acreditada (...) En cuanto a la entrega de los equipos e instrumentos contratados, varios documentos obrantes en el expediente reflejan este hecho. Sin embargo, analizados en su conjunto, los medios probatorios aludidos no informan de manera concluyente la cantidad total de objetos que hicieron parte de estas diligencias, ni la fecha en que acontecieron. Tampoco precisan cuántos concordaron con las especificaciones técnicas, ni a cuánto ascendió su coste: (...). De una parte, en los informes del consorcio interventor de 2016, y en oportunidades posteriores, aquél afirmó que admitió piezas correspondientes al acuerdo de voluntades. Ahora, esta instancia de vigilancia contractual reportó, tanto en vigencia del plazo de ejecución contractual como después de su fenecimiento, cifras discordantes respecto de los bienes que dijo recibir de la aquí demandante (...) Por otro lado, en la contestación de la demanda, el hecho de la entrega parcial fue aceptado por la entidad territorial como argumento para defender su conducta por facilitar el almacenamiento de los instrumentos en un lugar alternativo al sitio donde se previó la dotación, y mencionar la conclusión del trámite efectuado para declarar la insatisfacción de las obligaciones a cargo de la contratista. (...) En desarrollo de ese procedimiento sancionatorio adelantado por el Municipio, este no desconoció que algunos elementos sí fueron depositados en sus instalaciones y advirtió la necesidad de establecer con precisión cuántos y cuáles dispositivos estaban almacenados en la sede municipal, y en ese sentido: (i) la supervisión del contrato instó al interventor a precisar ese análisis, ya que estos no ofrecían la suficiente claridad; (ii) en la instrucción del procedimiento sancionatorio, se decretaron pruebas expresamente dirigidas a identificar lo entregado por el contratista; y (iii) surgieron informes elaborados por personal vinculado con la propia Administración que examinaron los artefactos dejados en la bodega. (...) De estos últimos, cabe destacar el informe final del 24 de abril de 2018, que plasmó la revisión, reconteo y prueba de funcionamiento sobre los equipos hallados en el sitio. Este documento fue el insumo tenido en cuenta por el Municipio para emitir las conclusiones plasmadas en la Resolución 064 de 2018,por medio de la cual se declaró el incumplimiento parcial de la UT, en cuya parte motiva se plasmó un cuadro de resumen de aquellos implementos que, según la ingeniera biomédica que elaboró el señalado reporte, podían ser recibidos por cumplir con los requerimientos técnicos. Al respecto, la Sala advierte lo siguiente: (...) En la resolución previamente referida, se señaló que la UT entregó un total de 335 implementos a conformidad. Esta cifra no fue explicitada en el informe suscrito por la ingeniera (...), sino que corresponde a la sumatoria efectuada por la entidad a partir de la relación de las cantidades de implementos que, según el informe del 24 de abril de 2018, “se podrían recibir”. Revisados uno a uno, se encuentra que los elementos que se sugirió admitir en ese reporte fueron consignados en la tabla agregada en la motivación del acto administrativo, salvo algunas excepciones que difieren en cuanto a la cantidad que la entidad dijo aceptar y la denominación formal de ciertos ítems, y aunque la motivación de la resolución no señaló la metodología que se empleó para adoptar o modificar las conclusiones de ese informe (o apartarse parcialmente de ellas), existe coincidencia entre el señalado instrumento y la matriz inserta en la decisión que declaró el incumplimiento de la UT. Según se desarrolló en acápites anteriores, el hecho de que esta última hubiese sido anulada no incide en la valoración de su contenido, comoquiera que la razón para ello fue la pérdida de competencia temporal del municipio para emitir esa determinación (en vez de haberse efectuado un juicio de falsa motivación). (...) Ahora, la respuesta otorgada por el alcalde municipal a la orden proferida por esta Sala de decreto oficioso de pruebas, junto con los certificados anexados por las dependencias de la demandada, no solo niega que se hubiesen recibido los bienes proporcionados por el contratista (aun cuando se reportó “la recepción de un porcentaje cercano al 80% de los elementos”), sino que también rehúsa que cualquiera de estos objetos haya ingresado a la entidad por no haber encontrado registro que así lo acredite. Pese a esta afirmación, lo que se desprende del contenido del informe del 24 de abril de 2018 y de la Resolución 064 de ese año es que la entidad sí recibió, al menos parcialmente, los implementos materia del contrato, y no se aportó ningún elemento de prueba que dé cuenta de que dichos insumos hubiesen sido devueltos a la Unión Temporal, de forma que la respuesta brindada por la entidad no puede ser empleada como medio demostrativo en contra de esa entrega. (...) Por todo lo anterior, el tercer problema jurídico se contesta en sentido afirmativo, para declarar que en la providencia impugnada se incurrió en una inadecuada apreciación fáctica, al dejar de lado que la vendedora entregó parcialmente bienes solicitados por la entidad, como lo reconoció la misma contratante en sede administrativa. No obstante lo anterior, con el fin de abordar los interrogantes restantes, esta Subsección estudiará el impacto que esta circunstancia puede tener en los efectos patrimoniales perseguidos por la libelista, de cara a la realidad de la ejecución del contrato que pudo evidenciarse dentro del presente proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de la prueba de la parte actora que pretende la responsabilidad contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2022, exp. 08001-23-31-000-2011-00506-01 (60434), C.P. María Adriana Marín.
CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / NEGACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / ENTREGA DE BIEN / PAGO PARCIAL / PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN / ANTICIPO DEL CONTRATO / DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / ENTREGA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / COMPENSACIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INDEXACIÓN DE LA CONDENA / IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PERJUICIO MATERIAL / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / PERJUICIO MORAL / NEGACIÓN DEL PERJUICIO MORAL
Problema jurídico:
¿Procede liquidar el contrato sin considerar el valor de los equipos entregados por la contratista y actualizar la suma reconocida al Municipio en el balance final efectuado por el a quo?
Respuesta al problema jurídico: No
Sobre la liquidación judicial del contrato y la actualización solicitada por el municipio (...) Con el fin de abordar los cuestionamientos cuarto y quinto, la Sala precisa que el contrato de compraventa que es objeto de este juicio estuvo sometido a liquidación porque sus prestaciones se sometieron a plazo, lo que tornaba necesario que, al finalizar ese periodo, se realizara un balance final del estado de cumplimiento de las obligaciones contraídas. Además, este procedimiento fue previsto por las mismas partes en la cláusula 28 del negocio. (...) En ese orden de ideas, la ley aplicable al presente acuerdo de voluntades dispone que serán objeto de liquidación los “contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran”. Según lo ha interpretado la jurisprudencia, determinar si el contrato está o no sometido a este trámite no depende de que sus prestaciones puedan o no ser satisfechas de forma instantánea, sino que son las partes quienes tienen la facultad de definir si el cumplimiento de sus obligaciones recíprocas tendrá lugar durante un tiempo prolongado, prevaleciendo así la autonomía de la voluntad (...) A ese supuesto apunta el legislador cuando precisa que los contratos deberán liquidarse cuando su desarrollo esté sujeto a un plazo (...) En el evento de la liquidación judicial, esta procede cuando las otras dos variantes, a saber, la alcanzada por mutuo acuerdo y la impuesta unilateralmente por la entidad contratante, no fueron efectuadas, o en el evento en que se solicita la nulidad del balance adoptado unilateralmente para que el juez sea quien lo efectúe. Ahora, como cualquier pretensión, su prosperidad supone la satisfacción de la carga probatoria anteriormente mencionada, mediante la acreditación de los elementos que permitan finiquitar el contrato en los términos planteados por la demandante (...) La Subsección se separa de la liquidación judicial del contrato adoptada por el Tribunal, toda vez que, según lo expuesto, en el plenario sí obran medios demostrativos de la entrega de 335 implementos conforme a lo detallado en la tabla inserta en la parte motiva de la Resolución 064 de 2018, que tasó el valor de los mismos en $1.309’841.295.13 (y no se encuentran elementos de prueba adicionales que den cuenta de que la UT cumplió a cabalidad con la entrega de los elementos restantes, lo que impide su reconocimiento en esta instancia), mismo que tendría que ser compensado con el monto del anticipo desembolsado a la contratista (...) Como se observa, el anterior ejercicio arrojaría una suma de dinero que tendría que ser restituida por parte de la UT a la entidad territorial, dado que el monto del anticipo desembolsado fue superior al valor de los equipos que se demostró fueron entregados a conformidad. Lo anterior impide a esta colegiatura acceder a la pretensión de liquidación formulada por la demandante, comoquiera que su petitum giró en torno a que se le reconociera el valor de la totalidad de los equipos que dijo haber entregado, aspecto que -según se expuso- no se acreditó sino hasta cierto monto. Desde luego, tampoco se encaminó a que el corte de cuentas arrojara un resultado en su contra, a lo que se debe añadir que el municipio no formuló una demanda de reconvención en la cual reclamase el saldo por el anticipo no ejecutado, circunstancias que no permiten a esta Corporación resolver favorablemente el pedimento relacionado con el balance final del negocio. (...) Por lo anterior, la Sala tampoco puede realizar la actualización del rubro reconocido en el corte de cuentas efectuado por el Tribunal, ejercicio que fue solicitado por el municipio en su recurso de apelación. Ello es así porque no se accederá a la pretensión de liquidación y, nuevamente, en atención a que la entidad territorial no formuló su propia pretensión encaminada a que se ordenara a la contratista la devolución del anticipo no ejecutado, de forma que una decisión en ese sentido contravendría el principio de congruencia de que trata el artículo 281 del CGP. (...) A lo expuesto se debe añadir que, según el artículo 187 del CPACA, el ajuste pecuniario conforme al Índice de Precios al Consumidor solo está previsto para aquellas “condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero”. Sin embargo, según lo expuesto, en la presente oportunidad no es viable emitir una decisión en ese sentido, a falta de una pretensión que haya sido enfilada a ese fin. Por tal motivo, el quinto problema jurídico debe ser resuelto de manera desfavorable a la entidad. (...) Finalmente, dado que no hay lugar a reconocer suma alguna en favor de la Unión Temporal (habida cuenta de la compensación que se debería efectuar debido al rubro del anticipo), no es viable acceder a la pretensión relacionada con el pago de los perjuicios materiales deprecado por la actora. Lo mismo sucede frente al reconocimiento de los perjuicios inmateriales pedido en la demanda, pues, aun cuando el a quo no se refirió a este rubro, la apelante tampoco reprochó esa determinación, lo que impide a esta judicatura referirse a ese respecto e impone la denegatoria de dichas solicitudes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prevalencia de la autonomía de la voluntad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 21 de noviembre de 2013, exp. 19001-23-31-000-2011-00613-01(47864), C.P. Enrique Gil Botero. Sobre la liquidación del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2012, exp. 66001-23-31-000-1993-03387-01 (16371), C.P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1° de diciembre de 2023, exp. 250002326000200700425-01 (62067), C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de octubre de 2013, exp. 250002326000200301227-01 (30680), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Procede imponer condena en costas cuando ambos recursos de apelación resultan imprósperos?
Respuesta al problema jurídico: No
Dado que en este grado jurisdiccional se declararán imprósperos ambos recursos de apelación, en tanto que no se emitirá condena en contra del municipio y no se accederá a la actualización solicitada por este último, la Subsección se abstendrá de proferir condena al respecto.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1