Titulación de la relatoría 26.206 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / IUS VARIANDI / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato estatal cuando surgen circunstancias imprevistas no atribuibles al contratista que alteran la equivalencia económica pactada, aunque no correspondan estrictamente a la teoría de la imprevisión, al hecho del príncipe o al ius variandi?
Respuesta al problema jurídico: Si
Causas que pueden dar lugar a la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato (...) Las causas que pueden generar la ruptura del equilibrio financiero del contrato no se limitan a los supuestos mencionados en la providencia: teoría de la imprevisión, hecho del príncipe, ius variandi. Si bien la Sala avanzaba con paso firme en la consolidación de una adecuada caracterización de tal fenómeno, su recomposición ha propiciado que tal senda tenga que detenerse mientras se dan los procesos propios de la discusión y el debate, en la búsqueda de una conceptualización moderna y actual del derecho, reinterpretando los fenómenos sociales, jurídicos y contractuales. De esta manera, mientras eso se da, en solitario insistiré de manera respetuosa en la formulación de algunas de esas bases, conceptos e interpretaciones. (...) El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCA– no contiene una lista –ni enunciativa ni taxativa– de las causas que pueden dar lugar a la alteración del equilibrio económico del contrato y la consecuente obligación de las entidades públicas contratantes de restablecerlo, sino a unos criterios generales que permiten identificarlas, establecer cuándo surge tal obligación y la medida de la recomposición del sinalgama contractual a la que se debe llevar al contratista. 5. Estos aspectos se derivan de la lectura integra y sistemática, principalmente, de cuatro artículos de ese estatuto: 3º, 4º –numeral 8–, 5º –numeral 1– y 27. El primero de ellos se refiere a los fines que guían la contratación estatal, establecida como medio idóneo para la consecución de los fines del Estado y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, sin dejar de lado la efectividad de los derechos e intereses de los contratistas que colaboran en la consecución de dichos propósitos. (...) La interrelación entre los fines públicos que persigue la contratación estatal y los derechos de los contratistas que colaboran en su consecución, explica el establecimiento de la figura del restablecimiento de las condiciones económicas del contrato. El referido artículo 3º es la base de las obligaciones y derechos que se consignan en los artículos 4 –numeral 8–, 5 –numeral 1– y 27 de la Ley 80 como elementos estructurantes de tal instituto. (...) En aras de armonizar la necesidad superior de satisfacer los fines públicos que se persiguen a través de la contratación estatal con los derechos de los contratistas que colaboran con ello, el legislador impuso el deber de mantener la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar y, correlativamente, el derecho –no exclusivo– del contratista para que, en caso de que tales condiciones se alteren por causas que no les sean imputables, se adopten en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento, de manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento del contrato (art. 27).(...) En línea con ello, en el numeral 8 del artículo 4º el legislador estableció el deber de las entidades públicas de adoptar las medidas necesarias para “mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras” existentes al momento de proponer o contratar, según el caso. Paralelamente dispuso una serie de mecanismos tendientes a reestablecer tales condiciones en caso de que se modifiquen. (...) De manera concordante, en el numeral 1 del artículo 5º instituyó el derecho de los contratistas a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que su valor intrínseco no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. Para ello, determinó el deber de la entidad pública contratante, previa solicitud del contratista, de restablecer el equilibrio económico considerado al momento de la celebración del negocio jurídico, cuando la alteración provenga de causas imprevistas no atribuibles a él. (...) Según se deriva de este mismo numeral, la medida del restablecimiento depende de si las causas son o no imputables a la entidad pública. Cuando lo son, el restablecimiento debe conducir a recomponer de manera completa el sinalagma previsto al momento de la celebración del contrato, en caso contrario, únicamente a punto de no pérdida. El contexto normativo que de forma resumida se acaba de reseñar conduce a indicar: (...) i) La figura del restablecimiento del equilibrio económico del contrato está instituida con el propósito primordial de garantizar que las necesidades públicas que se buscan satisfacer a través de la contratación estatal no se afecten ante el advenimiento de circunstancias imprevistas que tornen más graves u onerosas las prestaciones del contratista y conduzcan a la paralización de la ejecución del objeto pactado en aras de cubrirlas. (...) ii) El contratista es un colaborador del Estado en el logro de tales finalidades públicas, por tanto, la ley instituye en su favor una serie de garantías tendientes a lograr que, pese al acaecimiento de tales circunstancias, continúe la ejecución del objeto estipulado hasta su satisfacción. (...) iii) La obligación de restablecimiento del equilibrio económico surge cuando: a) las causas de la alteración del sinalagma considerado al momento de contratar no son imputables al contratista y b) se trate de aspectos imprevistos al momento de contratar. (...) iv) La medida del restablecimiento del equilibrio contractual depende de si las causas que originaron la alteración son o no imputables a la entidad pública contratante. 16. Este acelerado repaso permite observar que el EGCAP no fijó hipótesis específicas de procedencia de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, sino criterios generales dentro de los cuales corresponde a las partes –en el marco de la ejecución contractual– o al juez –en el contexto de un litigio suscitado con ocasión de ello– determinar si las circunstancias fácticas acontecidas dan lugar a la aplicación de esa figura. (...) Bajo tales derroteros, es que la doctrina y la jurisprudencia han aceptado ampliamente que la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato procede en casos en los que se configura la teoría de la imprevisión, el denominado hecho del príncipe o por el ejercicio del ius variandi –esta hipótesis encuentra respaldo en lo dispuesto en el inciso 2º del art. 14 de la Ley 80 de 1993–. Sin embargo, como observé inicialmente esta construcción no puede dejar de lado que en el marco de los criterios generales fijados por la ley es posible encuadrar otros eventos o, en otras palabras, que la aplicación de dichos criterios no se agota en esas tres hipótesis. (...) Este entendimiento amplía el horizonte de escenarios en los que tiene aplicación la figura del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en tanto muestra que su procedencia pende de la ocurrencia de situaciones que participen de las condiciones generales fijadas en la ley, mas no de que las circunstancias se ajusten estrictamente a las referidas tres categorías. Dicho de otra manera, las categorías no definen la regla ni la limitan, púes esta es un enunciado más amplio (...) En este punto estimo pertinente destacar dos aspectos relevantes. De una parte, la norma no señala que para que surja la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato las causas en las que se origina la alteración del sinalagma deban ser imprevisibles, esto es, aquellas cuyo advenimiento y/o efectos no podían ser advertidos por las partes al momento de contratar, sino a circunstancias imprevistas que, sin que puedan ser atribuidas al contratista, no se tomaron en consideración a la hora de establecer el sinalagma contractual. (...) Es claro que cuando el advenimiento de una determinada circunstancia o sus efectos resulta imprevisible, las partes no podrán anticiparla e integrarla a la hora de componer el sinalagma contractual, por tanto, cuando una hipótesis como ésta se materializa encuadra en el concepto de imprevisto al que se refiere la ley, pero no lo agota por completo. Existen otros eventos en los que circunstancias no previstas –que no por ello imprevisibles– y no atribuibles al contratista pueden dar lugar a que se surja la obligación de restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en la medida que pueden enmarcarse en los criterios generales que fija la ley. (...) En suma, dentro del criterio general de lo imprevisto pueden incluirse las circunstancias que por su ocurrencia y/o efectos pueden catalogarse como imprevisibles; sin embargo, no son las únicas que se enmarcan en él.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las causas que pueden dar lugar a la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de diciembre de 2022, exp. 59382, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de abril de 2024, exp. 67446, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de mayo de 2022, exp. 63040, C.P. María Adriana Marín (aclaración de voto).
ACLARACIÓN DE VOTO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Las deficiencias en la planeación precontractual que afectan el sinalagma contractual dan lugar al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en lugar de configurar un incumplimiento contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l surgimiento de la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato no está sujeta a que la causa de la alteración no sea imputable a la entidad pública; la ley así no lo señala; de ahí que se admita que dicha obligación surge tanto en las hipótesis que se enmarcan en la teoría del hecho del príncipe y el ius variandi, como en las que encajan en la teoría de la imprevisión. En los términos del EGCAP, esta precisión es relevante a efectos de determinar la medida el restablecimiento, no su procedencia (...)En consecuencia, la imputabilidad de la causa a la entidad pública –sea desde una perspectiva objetiva o subjetiva– no opera como un criterio para determinar la procedencia del restablecimiento el equilibrio económico del contrato. (...) Considero pertinente mencionar que comparto la precisión que con ocasión de la redacción del inciso 2º del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 ha hecho la jurisprudencia de esta Corporación en punto a que el incumplimiento del contrato y la figura del restablecimiento de su equilibrio económico son instituciones diferenciables entre sí de cara a sus orígenes y a las consecuencias jurídicas que emergen de cada una de ellas; sin embargo, ello no desdice de que ambas pueden originarse en una conducta antijurídica de la entidad contratante, solo que en el caso de la segunda, tal calificación no puede entenderse hecha respecto de las obligaciones pactadas en el contrato, como es propio de la primera. (...) Los principales elementos estructurantes de la responsabilidad contractual los constituyen: i) la existencia de un contrato como fuente de las obligaciones que asumen cada una de las partes que lo celebran; ii) las prestaciones que, a cargo de una y a favor de otra, se derivan de esa fuente; iii) el incumplimiento imputable al deudor de alguna o de todas esas prestaciones, porque no se atiende lo pactado, se atiende de manera tardía o imperfecta; y iv) el consecuente daño que esa conducta genera en el acreedor y que, por tanto, el deudor está en obligación de reparar. (...) En ese contexto, resulta claro que la desatención por parte de la entidad pública respecto de deberes previos a la celebración de contrato que se enmarcan en el principio de planeación y que sirven para la adecuada estructuración del negocio jurídico, pero que no se integran a él de manera explícita ni implícita, no pueden abarcarse a través la responsabilidad por incumplimiento contractual. Estos eventos son regulados por la Ley 80 de 1993, a través de la figura del restablecimiento del equilibrio económico del contrato. (...) El EGCAP no hace mención expresa al principio de planeación; sin embargo, contiene disposiciones a partir de las cuales se deriva que, además de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, aquél también guía la actividad contractual del Estado, específicamente en la fase previa a la celebración de los negocios jurídicos. (...) El numeral 12 del artículo 25 de esa normativa establece que previo a la apertura del proceso de selección o a la firma del contrato cuando la modalidad sea la contratación directa, deben elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, así como los pliegos de condiciones, según corresponda. Cuando el objeto incluya la ejecución de una obra pública, se impone el deber de contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental, incluso cuando en el objeto pactado comporte los diseño. (...) De cara a lo anterior es posible sostener que el principio de planeación impone a las entidades públicas una serie de deberes que se despliegan en la etapa precontractual con la finalidad de asegurar la viabilidad técnica, económica y jurídica de la contratación futura, en la medida que en esta fase se deben adelantar los estudios que se requieran para determinar la conveniencia y necesidad de la contratación, así como para establecer todas aquellas condiciones que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de estructurar la relación de prestaciones y contraprestaciones del negocio jurídico que se pretenda celebrar, incluida la distribución de los riesgos. (...) De esta manera, a la entidad pública le corresponde suministrar a los posibles futuros contratistas los elementos necesarios que les permita, de manera informada, seria y profesional, formar un juicio para decidir si tienen interés o no en celebrar un contrato con el Estado. En línea con ello y en virtud del principio de buena fe y el deber de colaboración que respecto de ellos se predica, se concreta el cruce de voluntades soportado en el cumplimiento de las responsabilidades que a cada parte asiste. (...) En ese contexto, conceptual y fácticamente resulta posible que la desatención o falencias en la determinación de los elementos que están llamados a ser identificados y concebidos bajo actividades de planeación en la fase precontractual tengan la potencialidad de afectar el sinalagma contractual con el que se proyectó la relación negocial, en la medida que las falencias en la planeación pueden ocasionar la alteración de las condiciones técnicas, económicas y financieras que se consideraron al momento de proponer o contratar, según el caso, con incidencia en los elementos estructurales del acuerdo de voluntades, como las prestaciones, el precio y/o el plazo. (...) Lo anterior pone en evidencia que la planeación es un paso anterior necesario para establecer las condiciones en las que se celebrará el contrato, por lo cual el despliegue de los deberes que se derivan de ella se sitúan en un momento previo al de su perfeccionamiento y se distinguen de las prestaciones mismas que se integran al contenido obligacional que nutre el acuerdo de voluntades; de ahí que la identificación de una falencia en la planeación no está llamada a proyectarse como un incumplimiento del negocio jurídico en sí mismo y, por tanto, no es un asunto que este llamado a ser discutido por esta vía. (...) En estas condiciones, cuando los efectos de las deficiencias de la planeación alteran las condiciones inicialmente pactadas al punto de romper el equilibrio económico proyectado, en los términos del numeral 8 del artículo 4 del EGCAP, en concordancia con el numeral 1 del artículo 5 y lo dispuesto en el artículo 27, emerge la obligación de la entidad pública de restablecer tales condiciones en aras de evitar la paralización del servicio y garantizar la satisfacción de la necesidad pública que motivó la celebración del acuerdo de voluntades, siempre que el contratista logre acreditar que el descubrimiento de las circunstancias que condujeron a ello ocurrió con posterioridad a la suscripción del negocio jurídico y que, pese a su conocimiento y experiencia, razonablemente no las pudo advertir antes. (...) De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 5 de esa misma normativa, en estos eventos, el restablecimiento de las condiciones económicas del contrato debe ser pleno, es decir, debe recomponerse el sinalagma contractual previsto al momento de ofertar o de celebrar el contrato, con inclusión de la utilidad proyectada en ese entonces, en tanto la causa que origina la alteración es atribuible a la entidad pública contratante, sin que, por las razones previamente expresadas, pueda calificarse como un incumplimiento contractual. (...) Este entendimiento es concordante con lo dispuesto en el literal d) del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, que establece que, so pena de la sanción de ineficacia de pleno de derecho, en los pliegos de condiciones no se pueden incluir condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que suministren. (...) Lo expresado muestra que interpretar como se ha hecho de manera mayoritaria que los yerros en los que pueda incurrir la entidad pública en la fase de planeación se proyectan como una afrenta al contenido obligacional del contrato como si se tratara de la sustracción no autorizada a una prestación, no es acertado. (...) Con todo, es pertinente mencionar que si se considerara, sin discriminación alguna, que la información que debe suministrar la entidad pública como resultado de su deber de planeación se integra al contrato como una obligación implícita de garantía de calidad respecto de las condiciones declaradas en la fase previa, lo cierto es que, incluso, bajo esta hipótesis el asunto tendría que ventilarse a través de la figura del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, pues así se deriva de las disposiciones del EGCAP, especialmente, de lo dispuesto en los ya referidos artículos 4º –numeral 8–, 5º –numeral 1– y 27. (...) Se reitera que el numeral 8 del artículo 4º de la Ley 80 establece que las entidades públicas tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para mantener “durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación, o de contratar en los casos de contratación directa”, para los eventos previsibles, a través del establecimiento de mecanismos de ajuste y revisión de precios, o de procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución. (...) En caso de que tales condiciones se alteren por circunstancias imprevistas, como aquellas asociadas a los defectos de planeación que el contratista, pese a su conocimiento y experiencia, no pudo advertir sino hasta la fase de ejecución del contrato, lo que la Ley prevé es la obligación de la entidad pública de recomponer el sinalagma contractual, en aras de que ello no impida la satisfacción de la necesidad pública que se pretendió conjurar con el contrato. (...) En virtud de todo lo anterior, considero que las imputaciones que se hicieron por desconocimiento del deber de planeación debieron se analizadas bajo la lógica que inspira al instituto del restablecimiento del equilibrio económico del contrato y no bajo la perspectiva del incumplimiento contractual.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 INCISO 2 NUMERAL 1
ACLARACIÓN DE VOTO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO LLAVE EN MANO / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / PRECIO GLOBAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO / VARIACIÓN DEL PRECIO
Problema jurídico:
¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico y el reconocimiento de mayores costos en un contrato llave en mano y precio global cuando defectos de planeación imputables a la entidad generan una alteración del precio pactado ajena a los riesgos asumidos por el contratista?
Respuesta al problema jurídico: Si
Distinción entre: negligencia del contratista en la estructuración de su oferta, distribución de riesgos en el sistema llave en mano y precio global y deber de restablecer el equilibrio económico del contrato (...) Estimo pertinente hacer énfasis en que el hecho de que un contrato se pacte bajo el sistema llave en mano y precio global no significa que no pueda sufrir una alteración del sinalagma pactado al momento de contratar por defectos en la planeación; sin embargo, es importante distinguir que una cosa es que el contratista no haya preparado su oferta de manera seria y soportada, otra que la modalidad del contrato hubiese sido a precio global y llave en mano y otra que la entidad hubiere incurrido en defectos de planeación que hubieren afectado el precio pactado. (...) Lo primero permite explicar que, al margen de que el contrato sea llave en mano y precio global o a precios unitarios, la entidad no está llamada a cubrir los costos que no fueron contemplados por el contratista para fijar el precio debido a la negligencia con la que actuó al presentar su propuesta; (...) Lo segundo no se relaciona con la negligencia del contratista, sino con la responsabilidad y la distribución de riesgos que asume en los negocios jurídicos que se pactan bajo el sistema llave en mano y precio global, en tanto este esquema impide que el contratista cobre sumas adicionales por el cumplimiento de lo convenido y, correlativamente, que el contratante reconozca sumas mayores o menores a las estipuladas, en la medida que por el precio convenido se compromete a entregar un producto terminado, por tanto, tiene el deber de realizar todas las prestaciones necesarias, coadyuvantes o complementarias que se requieran para cumplirlo; de manera concordante, el contratante conviene pagarle una suma única por la ejecución del objeto, la cual remunera todos los costos, directos e indirectos, en los que se incurra para lograr el objeto pactado, así como las utilidades a recibir. (...) Lo último se refiere a que el sistema llave en mano y precio global no supone que el contratista realice un ofrecimiento de extensión ilimitada, puesto que no implica que en el valor convenido se entiendan comprendidos aspectos ajenos al objeto pactado o que asuma riesgos anormales o imprevisibles de cara al alea normal de ejecución del proyecto, por lo cual nada obsta para que, si se cumplen y prueban las condiciones para ello, la entidad deba reconocer los mayores costos según se lo impone lo dispuesto en numeral 1° del artículo 5 y el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. (...) Lo anterior impone la necesidad de que cuando en un contrato que se pacte bajo ese sistema se reclame el reconocimiento de mayores cantidades de obra, la evaluación de su reconocimiento deba pasar por el análisis diferenciado de cada uno de estos aspectos.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
ACLARACIÓN DE VOTO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARO DE LABORES / PARO NACIONAL / OLA INVERNAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La ampliación del plazo contractual para afrontar contingencias derivadas del paro camionero y la ola invernal implica una modificación del componente económico del contrato que altere el equilibrio contractual pese a la conservación expresa del precio en los otrosíes?
Respuesta al problema jurídico: No
Acuerdo sobre los efectos económicos de las prórrogas del contrato (...) Finalmente, estimo necesario aclarar que, en mi entender, el hecho de que las partes hayan decidido ampliar el plazo del contrato para atender las contingencias de temporalidad que lo impactaron y que se derivaron del paro camionero y la ola invernal no conduce a concluir que optaron por absorber los impactos de las contingencias señaladas mediante la ampliación de los plazos, dejando inalterado el componente económico, pues ello implicaría extender el acuerdo sobre el elemento del plazo a un componente económico del contrato. Sin embargo, acompañé el sentido del fallo porque, además de que no se probó que se hubiese alterado el sinalagma contractual, en todos los otrosíes las partes acordaron expresamente que esos acuerdos no modificaban el precio pactado.