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Consejo de Estado
Providencia
Aplicación del código de procedimiento civil: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición
2022-03-11
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600020080019101
ACCION CONTRACTUAL
Recurso de reposición contra auto Sí
El artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, establece que el poder de representación judicial debe ser conferido a un abogado inscrito, prohibiendo la otorgación a una persona jurídica con objeto de representación judicial. Por tanto, se confirma el auto recurrido y se reconoce personería al abogado defensor como apoderado de la Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto Legislativo 806 de 2020. Además, el artículo 308 del Código General del Proceso Administrativo establece que los procesos iniciados antes de su vigencia deben seguir rigiéndose y culminando conforme al régimen jurídico anterior, es decir, el Código Contencioso Administrativo, y en sus aspectos no regulados, el Código de Procedimiento Civil, no el Código General del Proceso, debido a que este último no estaba vigente al inicio de dichos procesos.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
Los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, seguirán rigiéndose
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición
2025-09-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 08001233100020060184703
ACCION CONTRACTUAL
¿Los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, seguirán rigiéndose por las normas procesales del CCA y el CPC? Sí
El contratista sigue rigiendo sus procesos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con anterioridad al 2 de julio de 2012 por las normas procesales del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil, conforme al artículo 308 del Código Procesal Administrativo Contencioso Actualizado. Además, el magistrado ponente tiene competencia para resolver el recurso de reposición y el auto que niega la nulidad procesal, siempre que se cumplan los requisitos de procedencia, oportunidad y sustentación. Asimismo, la notificación por estado se considera surtida con la inserción de la providencia en el estado electrónico, sin necesidad de constancia física del sello o fecha del estado, conforme a los artículos 9 del Decreto 806 de 2020 y 9 de la Ley 2213 de 2022. Por último, el plazo para interponer el incidente de liquidación de condena comienza desde el momento en que se efectúa la notificación por estado, y la nulidad se considera saneada si el actor presenta recurso sin proponer la nulidad que ahora alega. El recurso de apelación no es procedente en contra del auto que niega la nulidad procesal, reiterando la competencia del magistrado ponente para resolver estos trámites.síntesis automática
También resuelve:
¿En la providencia a notificar no tenía que constar el sello o la mención de la fecha del estado, ya que este último se fijaba de manera virtual con el contenido de la providencia?
¿Desde el momento en que se efectuó la notificación por estado es cuando comenzó el plazo de 60 días para interponer el incidente?
¿El recurso de apelación no resulta procedente en contra el auto que niega la nulidad procesal?
NO REPONE
Consejo de Estado
Providencia
Ejercicio de la acción de repetición: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-08-22
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 52001233100020130000801
ACCION DE REPETICION
¿El juicio que sobre el carácter excusable del error de Derecho cometido por la ex funcionaria demandada hizo el juez de primera instancia de la repetición, era improcedente dado que el hecho del cual se desprendía la presunción de dolo o culpa grave? No
El juez de primera instancia tiene competencia para determinar si el error de derecho cometido por la exfuncionaria demandada es excusable, conforme a la Ley 678 de 2001, ya que la presunción de culpa grave se infiere a partir de una violación manifiesta e inexcusable de normas jurídicas, cuya carga probatoria incumplida por la demandante impide la aplicación de dicha presunción. La Sala confirma que no se puede derivar directamente la existencia de culpa grave o dolo de la anulación judicial de un acto administrativo, especialmente si la funcionaria no estaba en carrera administrativa, lo que permite razonablemente considerar la validez de la declaración de insubsistencia discrecional según las normas vigentes en el momento del acto. Además, la nulidad del acto de declaración de insubsistencia se basa en la omisión de demostrar una causal de despedida, no en un juicio subjetivo, y el municipio demandante no proporcionó un fundamento jurídico preciso a sus pretensiones, incumpliendo la carga procesal de especificar la presunción de culpa grave o dolo, lo que implica la inaplicación de estas presunciones y un análisis general del elemento subjetivo de la responsabilidad por repetición.síntesis automática
También resuelve:
¿La culpa o dolo de la funcionaria demandada se configuró, debido a que el acto administrativo con el que declaró la insubsistencia de una servidora pública fue anulado judicialmente…
¿La nulidad del acto de declaración de insubsistencia se dictó en consideración a la omisión de la demostración de una causal de despedida?
¿El municipio demandante proporcionó un verdadero fundamento jurídico a sus pretensiones?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020210038601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para darle solución a los conflictos temporales en la aplicación de las leyes, se deben observar los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad? Sí
El contratista debe observar los criterios jerárquico, cronológico y de especialidad para resolver conflictos temporales en la aplicación de las leyes, según establecen los artículos 1 y 2 de la Ley 153 de 1887 y el artículo 5 de la Ley 57 de 1887. En el caso específico, la Sala determina que la Ley 685 de 2001, como ley especial, prevalece sobre la Ley 1450 de 2011, que es una ley general, al aplicar el criterio de especialidad. Además, se confirma que el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 prevalece sobre el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011 en virtud del principio de favorabilidad, ya que establece una sanción más favorable. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la prelación normativa y el principio de especialidad, lo que implica que en casos similares, la aplicación de leyes especiales prevalecerá sobre las generales, siempre y cuando no se trate de una derogación explícita.síntesis automática
También resuelve:
¿La Ley 685 de 2001 (ley especial) es la aplicable al presente asunto en forma preferente a la ley posterior y general (ley 1450 de 2011), con fundamento en el criterio de especialidad?
¿El artículo 115 de la Ley 685 de 2001 por contener una sanción inferior a la posteriormente prevista en el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011, prevale en virtud del principio de favorabilidad?
¿Hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de la Resolución no. 001045 de 15 de noviembre de 2019 mediante la cual se impuso multa al concesionario y…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores?
Sentencia — Sentencia
2023-10-04
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020140083502
LEY 1437 REPETICION
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores? No
En la acción de repetición, la culpa grave no se configura cuando la entidad no demuestra la omisión inexcusable de la función imputada al agente ni una relación causal clara entre esa omisión y el hecho que motivó la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en dos razones. Primera, la omisión de expedir y notificar el acto de liquidación de cesantías no quedó probada como inexcusable para cada uno de los demandados, pues la entidad no acreditó el supuesto de hecho de la culpa grave imputada. Segunda, la convocante, como afiliada, tuvo conocimiento de las consignaciones anuales del auxilio en su cuenta individual, lo que impide atribuir a los agentes el pago reconocido en la conciliación. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no altera el régimen probatorio de la culpa grave. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe probar individualmente la conducta de cada demandado y su relación causal con el pago, sin trasladar al agente el costo de un acuerdo conciliatorio cuando falta esa prueba. Esa carga resulta especialmente exigente cuando el daño se atribuye a una omisión de notificación que la propia administración debía cumplir.síntesis automática
También resuelve:
¿En los documentos allegados consta a cuál de los servidores o exservidor demandados le correspondía la función de reconocer el auxilio de cesantías y notificar el acto de reconocimiento?
¿El pago asumido por el ente accionante con motivo de la reliquidación del auxilio de cesantías de la servidora devino por la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional?
¿La legitimación en la causa se clasifica en procesal o de hecho, y material?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no se presenta un conflicto de leyes entre los artículos 115 del Código de Minas y 111 de la Ley 1450 de 2011
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020210038601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se presenta un conflicto de leyes entre los artículos 115 del Código de Minas y 111 de la Ley 1450 de 2011? No
Aunque acompaño el sentido de la decisión adoptada por la Sala, consistente en despachar desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por la ANM en contra de la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, estimo que en el caso sometido a consideración de la Sala no se presentaba un conflicto de leyes entre los artículos 115 del Código de Minas y 111 de la Ley 1450 de 2011.
También resuelve:
¿La sentencia da a entender que en virtud del principio de favorabilidad sería imposible realizar modificaciones normativas tendientes a endurecer sanciones?