Titulación de la relatoría 40.374 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
FACULTADES DEL JUEZ / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / VALIDEZ DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿En este caso el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para señalar la delimitación de la causapetendi, referida a la nulidad del contrato sin necesidad de estudiar los actos precontractuales y contractuales frente a los que no se formuló cargo alguno?
Respuesta al problema jurídico: Si
Delimitación de la causa petendi Excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi, ni de las pretensiones de la demanda y la acción -hoy medio de control- a la que se adecua no haya caducado. A este respecto, cabe señalar que en la demanda la Empresa E.S.P. solicitó declarar la nulidad del contrato de operación del 28 de marzo de 2014 y de los “actos administrativos relacionados y derivados del mismo”. (...) En este orden de ideas, se estima que aunque en las pretensiones de la demanda la parte actora solicitó la declaratoria de nulidad de los “actos administrativos relacionados y derivados del mismo [se refiere al contrato de operación]”, cierto es que los fundamentos sobre los cuales soportó la causa petendi están dirigidos, en estricto sentido, a cuestionar la validez del contrato de operación del 28 de marzo de 2014, al punto que la fijación del litigio efectuada por el Tribunal a quo en el marco de la audiencia inicial únicamente se centró en el estudio de esta temática, de tal suerte que el examen de la presente controversia girará en torno a la validez del negocio jurídico referido, sin que para tal efecto resulte necesario estudiar cualquier aspecto relacionado con actos precontractuales o contractuales, pues ciertamente frente a este particular en la demanda no se formuló cuestionamiento o cargo alguno.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad del juez de interpretar la demanda, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2014, exp. 26870, C.P. Hernan Andrade Rincón.
RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / LEY 142 DE 1994 / APLICACIÓN DE LA LEY 142 DE 1994 / DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿El régimen de los contratos de las empresa prestadora de servicios públicos que fue constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal en el municipio de El Banco, es el previsto en la ley 142 de 1994, y por ello se rige de modo preferente por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Régimen del contrato y de los actos proferidos por la Empresa E.S.P. La Empresa E.S.P. fue constituida como una Empresa Industrial y Comercial del orden municipal con personería jurídica, encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, razón por la cual el régimen de sus contratos es el previsto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001 (...) En este orden, los contratos celebrados por las entidades estatales que prestan servicios públicos de los que trata la Ley 142 de 1994, por regla general, no están sujetos a las disposiciones previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo que la misma ley disponga lo contrario39, así como también en aquellos casos en los cuales los entes territoriales celebren contratos con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas asuman la prestación de uno o varios servicios públicos o para que sustituyan la prestación de otra empresa que entró en causal de disolución o liquidación. Igualmente, los actos que expiden estas empresas, inclusive aquellos relacionados con la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean sus socias, se rigen, por regla general y con excepción de las previsiones contenidas en la Constitución y la Ley, por el derecho privado. Bajo el anterior contexto, la Sala estima que el contrato de operación del 28 de marzo de 2014 suscrito por la Empresa E.S.P., al igual que los actos expedidos por esta, se rigen de modo preferente por el derecho privado, pues en la Constitución y la Ley no se estipula lo contrario y tampoco se trata de una relación jurídica entre el ente territorial y la empresa de servicios públicos, y al amparo de lo anterior se analizará el presente caso.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 689 DE 2001 - ARTÍCULO 3
APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
Problema jurídico:
¿La sala debe resolver el asunto teniendo en cuenta el principio de congruencia y los reparos expuestos por la recurrente en apelación, por lo cual se revisaran las facultades del Alcalde y el Gerente de la Empresa E.S.P. Para reestructurar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo??
Respuesta al problema jurídico: Si
En el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, la recurrente centró su reproche en afirmar que el Alcalde del Municipio y el Gerente de la Empresa E.S.P. no extralimitaron las facultades conferidas para restructurar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, porque la modernización de la operación conllevaba la creación de una nueva empresa de servicios públicos por acciones. Además, y con el propósito de hacer frente a los demás cargos de la demanda, indicó: que la Junta Directiva de la Empresa E.S.P. en sesión efectuada el 31 de octubre de 2013 autorizó la creación de la nueva sociedad encargada de prestar los servicios públicos, que la promesa de sociedad futura se allegó en el formato establecido por la entidad demandante y que en sesión del 21 de marzo de 2014 la Junta Directiva de KAGUA SUR E.S.P. autorizó la suscripción del contrato de operación. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del C.G.P., se resolverá el asunto sub-lite en relación con los reparos expuestos por la recurrente, sin perjuicio de los pronunciamientos a que haya lugar en procura de respetar el principio de congruencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia del juez ad quem ver: Sala Plena de la sección tercera, sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01(20104). Sobre la aplicación del Código General del Proceso, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 25 de junio de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO / ACUEDUCTO / EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / CREACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / APROBACIÓN DEL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / FUNCIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL / ALCALDE / ALCALDE MUNICIPAL / COMPETENCIA DEL ALCALDE / FACULTADES DEL ALCALDE / AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA CONTRATAR / FACULTAD DEL ALCALDE PARA CONTRATAR / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Para crear una nueva empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, se requería la autorización del Concejo Municipal, aunque, el Alcalde contaba con dicha autorización, fue la Empresa ESP, la que participó en la nueva sociedad por acciones simplificada, y el fundamento de la constitución de la nueva sociedad por acciones estaba en un convenio interadministrativo, por ello había nulidad absoluta del contrato de operación, como lo indicó el Tribunal de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala analizará si el negocio jurídico cuestionado adolece de nulidad, porque, según afirmó el Tribunal, en el Acuerdo n.º 002 del 8 de marzo de 2013 y en el Convenio Interadministrativo n.º 002 de 2003 no se autorizó al Alcalde ni al Gerente para que constituyeran una nueva sociedad encargada de prestar servicios públicos y mucho menos para que la Empresa E.S.P. fungiera como su socia, y si, en efecto, el proyecto de restructuración de los servicios públicos tan solo consistió en la selección de un operador especializado o si, por el contrario, giró en torno a la constitución de una nueva sociedad. (...) Bajo el anterior contexto probatorio, para la Sala resulta claro que los esfuerzos adelantados por el Municipio y por la Empresa E.S.P. en torno a la restructuración de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que se vieron reflejados con la expedición del Acuerdo n.º 002 del 8 de marzo de 2013 y con la aprobación del Plan Estratégico 2012-2012, estuvieron orientados a conformar una nueva sociedad por acciones encargada de prestar los servicios públicos, de la cual sería socia la entidad demandante en los términos establecidos en la Ley 142 de 1994, lo que da al traste con lo afirmado por el Tribunal a quo, pues en la restructuración no se planteó simplemente la selección de un operador especializado. De hecho, los antecedentes que llevaron a la estructuración del proceso encaminado a la modernización de la Empresa E.S.P., particularmente los estudios técnico, jurídico y financiero que en su oportunidad fueron presentados al Municipio (...) y que, a su vez, sirvieron de sustento para la expedición del Acuerdo n.º 002 del 8 de marzo de 2013 (hecho probado 7.3.7.), dan cuenta de que la intención de la Empresa E.S.P. -demandante- fue la de definir un nuevo operador o esquema de operación, para lo cual estimó pertinente convocar aliados para asociarse y, en conjunto, encargarse de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. (...) A partir de lo anterior, salta a la vista que el modelo de modernización de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco fue estructurado por la propia entidad demandante sobre la base de buscar aliados para que se asociaran con ella y en conjunto prestaran los servicios públicos, aspecto que fue puesto de presente por la Empresa E.S.P. al ente territorial a través de los estudios referidos y que fue de conocimiento por el Concejo Municipal; no se trató de la simple selección de un operador especializado, sino de establecer una sociedad. En consecuencia, para la Sala no le asiste razón al Tribunal cuando afirma que el proceso de restructuración de los servicios públicos en El Banco se circunscribió a la selección de un operador especializado, dado que las pruebas obrantes en el proceso, particularmente el estudio jurídico puesto de presente al Municipio y que fue de conocimiento del Concejo Municipal, dan cuenta de que la voluntad de la Empresa E.S.P. fue la de asociarse con un aliado estratégico para en conjunto encargarse de la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, premisa sobre la cual, precisamente, terminó estructurándose la Invitación Pública n.º 002-2013, en la que se convocó la búsqueda de aliados para conformar la nueva sociedad prestadora de los servicios públicos. (...) Según quedó acreditado en el proceso, la invitación pública n.º 002-2013, cuyo objeto consistió en la selección de aliados estratégicos para que, a título de socios o accionistas, se conformara una nueva empresa de servicios públicos en el municipio El Banco (...), proceso contractual que a la postre culminó con la celebración del contrato cuestionado y con la constitución de la sociedad por acciones simplificada KAGUA SUR, fue adelantada por la Empresa E.S.P., y no por el municipio de El Banco. En tan sentido, como la Empresa E.S.P. fue la que participó en la constitución de la nueva sociedad, se estima que en el asunto sub judice no era dable exigir la autorización del Concejo Municipal de El Banco en los términos previstos en los numerales 3 y 6 del artículo 313 de la Constitución Política y en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994; la autorización de estas corporaciones municipales se requiere en casos en los cuales los alcaldes pretendan celebrar contratos -como el contrato de sociedad-, crear establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales, o también tratándose de la constitución de sociedades de economía mixta. Por tanto, como el Alcalde del municipio de El Banco, en su condición de representante legal del ente territorial, no fue el que participó en la constitución de la nueva sociedad KAGUA SUR E.S.P., y tampoco se trató de la creación de un establecimiento público, de una empresa industrial y comercial del estado, ni mucho de constitución de una sociedad de economía mixta -aspecto que se desarrollará en detalle en capítulo aparte (...)-, dadas las circunstancias particulares del caso se concluye que para crear la nueva empresa no se requería de la autorización del Concejo Municipal. Con todo, tras examinar el Acuerdo n.º 002 del 8 de marzo de 2013, en virtud del cual el Concejo Municipal facultó al mandatario local (...) para la Sala emerge con claridad que el Alcalde de El Banco sí estaba autorizado para constituir una nueva sociedad encargada de la prestación de los servicios públicos, pues ciertamente y con el propósito de organizar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio, el Concejo Municipal lo facultó para desarrollar todas las acciones e, inclusive, las contrataciones requeridas para este fin, entre las cuales cabía la posibilidad de adelantar procesos contractuales y suscribir contratos de sociedad. En consecuencia, se estima que en el presente caso, a pesar de que el Alcalde contaba con la respectiva facultad, no se requería de la autorización del Concejo Municipal del Banco para crear la nueva sociedad encargada de prestar los servicios públicos, y mucho menos para que la Empresa E.S.P. fuera su socia, porque el mandatario local no participó directamente en este proceso, ni se trató de la creación de un establecimiento público, de una empresa industrial o comercial, ni de la constitución de una sociedad de economía mixta (...), de ahí que las previsiones legales que hacen exigible dicha autorización -C.P. artículo 313-3,6- no resulten aplicables al asunto sub judice. (...) Lo anterior no significa que el Gerente de la Empresa E.S.P. no demandara una autorización para la creación de KAGUA SUR E.S.P., en la medida que, de cara a la naturaleza de la entidad demandante, así como también la de sus actos -derecho privado- (...), aquel debía contar con el visto bueno de su Junta Directiva, como en efecto ocurrió, aspecto frente al cual se pronunciará la Sala más adelante (...) Finalmente, en lo que respecta a la falta de autorización para crear la nueva empresa de servicios públicos derivada de lo aludido en desarrollo del proceso de modernización frente al Convenio Interadministrativo n.º 002 de 2003, (...) tras analizar las afirmaciones referidas, en contraste con lo establecido en este numeral del acuerdo de voluntades, según el cual la Empresa E.S.P. debería asumir la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo “hasta contratar un nuevo operador”, para la Sala no existe duda de que las manifestaciones efectuadas se realizaron con el propósito de señalar que la prestación de los servicios públicos debería recaer en un nuevo operador a contratar, diferente a la Empresa E.S.P., pero no porque el sustento para la creación de la nueva empresa proviniera de lo establecido en esa cláusula contractual. (...) Se equivoca el Tribunal en su interpretación, porque si bien es cierto en el proceso de modernización se mencionó la necesidad de crear una nueva empresa de servicios públicos según lo dispuesto en el numeral 2.3. del Convenio Interadministrativo n.º 002 de 2003, cierto es que la alusión a la cláusula del contrato tuvo como propósito señalar que se requería de un nuevo operador diferente a la Empresa E.S.P., más no porque la misma fuera el origen de la autorización para la constitución o creación de la nueva empresa. A este respecto, cabe recordar que desde enero de 2009 y con ocasión de la terminación abrupta del contrato de operación celebrado en su oportunidad con la sociedad OPERAGUA S.A. E.S.P., la Empresa E.S.P venía prestando directamente los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco (hechos probados 7.3.4. y 7.3.5.), aspecto que da cuenta de la necesidad imperiosa en torno a definir el nuevo operador encargado de prestar los servicios o establecer el nuevo esquema de la operación, pues de tiempo atrás se venía requiriendo de un operador especializado que se encargara de la prestación de los servicios públicos. En suma, se colige: (i) que el proyecto de restructuración de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El banco se orientó, desde un principio, a la conformación de una sociedad por acciones que se encargaría de la prestación de los servicios públicos, de la cual haría parte la entidad demandante como su socia; (ii) que, pese a que el Alcalde contaba con la respectiva facultad, en el presente caso no se requería de la autorización del Concejo Municipal para conformar la nueva sociedad por acciones, porque en su constitución participó directamente la Empresa E.S.P.; y (iii) que lo interpretado por el Tribunal frente al Convenio Interadministrativo n.º 002 de 2003 es equivocado, dado que las previsiones contenidas en este acuerdo de voluntades en medida alguna fueron el soporte que dio lugar a la constitución de la nueva sociedad. En ese orden de ideas, quedando desvirtuados los cargos que llevaron a que el Tribunal a quo declarara la nulidad absoluta del contrato de operación del 28 de marzo de 2014,
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 313 NUMERAL 3, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 313 NUMERAL 6, LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 3
JUNTA DIRECTIVA / DECISIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA / FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA / JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CREACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / GERENTE DE LA EMPRESA
Problema jurídico:
¿Tenia autorización el Gerente, por parte la Junta Directiva de la Empresa E.S.P., para la conformación de la nueva empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios?
Respuesta al problema jurídico: Si
De la autorización de la Junta Directiva para que la Empresa E.S.P. participara en la conformación de la nueva sociedad En la demanda se adujo que la Junta Directiva de la Empresa E.S.P. no autorizó la conformación de la nueva empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios. De conformidad con el Acuerdo n.º 6 del 26 de agosto de 1989, por medio del cual el Concejo Municipal de El Banco creó la Empresa E.S.P., en concordancia con el Acuerdo n.º 002 del 27 de mayo de 1992, que lo modificó, se advierte que la Junta Directiva de la Empresa E.S.P. estaba integrada por 6 miembros: el Alcalde o su delegado, el Secretario de Planeación o su delegado, un representante de los usuarios o de la comunidad; un representante de los comerciantes y dos ciudadanos (...). Además, consta que para la aprobación de sus decisiones se requería del voto favorable de las 2/3 partes de los miembros presentes (...). Ahora bien, en el proceso quedó demostrado que en asamblea de la Junta Directiva de la Empresa E.S.P. del 31 de octubre de 2013, a la que asistieron tres de sus miembros: el Alcalde, el Secretario de Planeación y el representante de la comunidad, se aprobó por unanimidad el Plan Estratégico 2012-2015 presentado por su Gerente, dentro del cual, en lo que atañe al fortalecimiento institucional a través del programa de modernización institucional, quedó prevista la “[c]reación de una nueva empresa de Servicios Públicos como nuevo esquema de prestación de servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y actividades completarías, en la cual la Empresa de Servicios Públicos de El Banco, será el mayor accionista y hará parte de la junta directiva” (...). A este respecto, conviene recordar que, según los antecedentes que dieron lugar a la restructuración de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, el propósito de la Empresa E.S.P. consistió en definir un nuevo operador o esquema, para lo cual estimó pertinente convocar aliados o socios con el fin de asociarse y en conjunto prestar la operación. En este orden de ideas, para la Sala no existe duda que con la aprobación del Plan Estratégico 2012-2015 por parte de la Junta Directiva de la Empresa E.S.P., igualmente quedó autorizada la creación de la nueva empresa prestadora de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, particularmente de una sociedad por acciones de la cual haría parte la entidad demandante, pues además de que dicho aspecto quedó incluido en el plan estratégico, sobre esa base se estructuró el proyecto de modernización de la Empresa E.S.P. De acuerdo con lo anterior, y contrario a lo afirmado por la parte demandante, se concluye que la Junta Directiva de la Empresa E.S.P., con el quorum requerido para tal efecto -por unanimidad de los presentes-, autorizó la creación de la nueva sociedad por acciones que se encargaría de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, sociedad de la que esta haría parte, dado que en el Plan Estratégico 2012-2015 se estableció esta prerrogativa (...). Por lo tanto, el cargo formulado no tiene la vocación de prosperar.
CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CREACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Problema jurídico:
¿La demandante cumplió con su carga de probar que la intención del municipio y la empresa era la de crear una sociedad de economia mixta y no una sociedad por acciones simplificada para prestar servicios públicos?
Respuesta al problema jurídico: No
De la finalidad pretendida por el Concejo Municipal y por la Junta Directiva de la Empresa E.S.P. La parte actora afirmó que el Alcalde y el Gerente de la Empresa E.S.P. tergiversaron la finalidad pretendida por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo n.º 002 del 8 de marzo de 2013, así como también la intención de la Junta Directiva de la Empresa E.S.P. al aprobar el plan estratégico 2012-2015, porque, a su juicio, lo que se perseguía en el fondo era la transformación de la Empresa E.S.P. en una “Sociedad de Economía Mixta”. A este respecto, según quedó visto (F.J. 7.3.1.1.), cabe reiterar que la finalidad pretendida por el Municipio, y particularmente por la Empresa E.S.P., reflejada en el Acuerdo n.º 002 del 8 de marzo de 2013 y en el Acta n.º 003 de Junta Directiva de la Empresa E.S.P. celebrada el 31 de octubre de 2013, fue la de crear una nueva sociedad por acciones encargada de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de la cual sería socia la entidad demandante, que no la de transformar dicha empresa en una “Sociedad de Economía Mixta”. De hecho, tras examinar el material probatorio obrante en el expediente, no se advierte la existencia de elemento alguno del que se pueda si quiera inferir que en efecto lo pretendido fue modificar la naturaleza de la entidad pública demandante. Ni en los antecedentes del proyecto de modernización de los servicios públicos, ni en el Acuerdo n.º 002 del 8 de marzo de 2013 y muchos menos en los documentos contentivos de la Invitación Pública n.º 002-2013 se menciona algo al respecto. En consecuencia, la Sala estima que la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde la circunstancia alegada, en cuanto a que la intención perseguida era la transformación de la Empresa E.S.P. en una “Sociedad de Economía Mixta”, requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide su declaración, lo que conduce a despachar de forma negativa el cargo alegado. (...) Sumado a lo anterior, cabe mencionar que, según lo indicado por la Corte Constitucional, las empresas prestadoras de servicios públicos con capital público y privado no pueden ser consideradas sociedades de economía mixta, pues el legislador estableció para las mismas, además de un régimen contractual diferenciado, una naturaleza jurídica especial, cual es la de “empresas prestadoras de servicios públicos”. A Bajo este contexto, no es dable entender, según lo afirmado por la parte demandante, que la intención del Concejo Municipal y de la Junta Directiva de la Empresa E.S.P. fue la de transformar la naturaleza de esta última en una sociedad de economía mixta. Si se pretendía buscar un aliado o socio era porque la Empresa E.S.P. requería de capital privado, de tal suerte que no podía ser considerada una sociedad de economía mixta, pues en todo caso su objeto continuaría girando en torno a la prestación de servicios públicos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de las empresas prestadoras de servicios públicos, ver: Corte Constitucional, sentencia C-736 de 2007
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
CONTRATO DE PROMESA / CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD / REQUISITOS DEL CONTRATO DE PROMESA / REQUISITOS DEL CONTRATO DE PROMESA COMERCIAL / INVITACIÓN A NEGOCIAR / MINUTA DE CONTRATO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE CONTRATAR / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿La falta de suscripción del contrato de promesa de sociedad futura por parte del Gerente de la Empresa E.S.P. vicia de nulidad el contrato de operación, cuando en la invitación pública dicha entidad estableció el formato de promesa que debía ser firmado por las personas interesadas en conformar la nueva sociedad, con lo que se cumplia con los requisitos previstos en el Código de Comercio?
Respuesta al problema jurídico: No
De la suscripción de la promesa del contrato de sociedad La actora indicó que la promesa de sociedad futura no fue suscrita por el Representante Legal del Empresa E.S.P., aspecto que, según se aduce en la demanda, vicia de nulidad el contrato de operación del 28 de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido en los artículos 899 y 900 del Código de Comercio. El artículo 119 del Código de Comercio prevé que la promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el contrato según el artículo 110 ejusdem -que establece los requisitos para la constitución de una sociedad-, y con la indicación del término o condición que fije la fecha en que ha de constituirse la sociedad. Dentro de los requisitos para la constitución de una sociedad se establece que en el documento de constitución se deberá expresar, entre otros, el nombre y domicilio de las personas que intervendrán en la misma. Ahora bien, según las reglas de la invitación pública n.º 002-2013 del 20 de diciembre de 2013, particularmente de aquellas inherentes a la celebración del contrato de promesa de sociedad futura, al proceso contractual podrían concurrir, entre otros, proponentes plurales a través de promesa de sociedad futura, de la cual, tal y como expresamente quedó previsto en la invitación, la Empresa E.S.P. haría parte como su socia. Para tal efecto, la entidad demandante estableció que los proponentes deberían diligenciar la proforma n.º 6, titulada “promesa de contrato sociedad futura”, documento que debía ser suscrito por los representantes legales de las personas jurídicas interesadas en conformar la nueva sociedad y en el que se mencionarían los socios y su porcentaje de participación, entre ellos, el de la Empresa E.S.P. (...). Descendiendo al presente caso, se aprecia que el 10 de enero de 2014 la sociedad futura KAGUA SUR E.S.P. presentó propuesta en el marco de la invitación pública n.º 002-2013 del 20 de diciembre de 2013 (...), para lo cual, entre otros documentos, aportó la proforma n.º 6, titulada “promesa de contrato sociedad futura”, escrito que, según se observa, fue diligenciado y firmado por los representantes legales de las sociedades INGELCO S.A. y SERVICIOS Y CENSOS ESPECIALIZADOS S.A. Además, se aprecia que en el documento se estipuló que la Empresa E.S.P. sería accionista de la nueva sociedad con un 40% del porcentaje accionario y que los demás socios tendrían un 30% del porcentaje accionario, cada uno. (...) En este orden de ideas, aunque la promesa de sociedad futura no fue suscrita por el Gerente de la Empresa E.S.P., para la Sala no existe duda de que la misma cumplió con los requisitos previstos en los artículos 110 y 119 del Código de Comercio, pues ciertamente se expresó su nombre como otorgante. Al efecto, no se puede desconocer que la intención de las partes, reflejada en la promesa de sociedad - cuyo formato, se itera, fue elaborado e incluido por la actora en los pliegos de condiciones y fue diligenciado y suscrito por los representantes legales de las sociedades INGELCO S.A. y SERVICIOS Y CENSOS ESPECIALIZADOS S.A -, tuvo como propósito que la Empresa E.S.P. hiciera parte de la nueva sociedad KAGUA SUR, pues así quedó previsto en las reglas de la invitación pública n.º 002- 2013 del 20 de diciembre de 2013, en las que expresamente se estableció que la entidad demandante haría parte de la nueva sociedad, sumado al hecho de que en el documento de promesa de contrato de sociedad expresamente se indicó que la Empresa E.S.P. sería su socia, fijando el porcentaje accionario que tendría en la nueva sociedad. (...) A juicio de Sala, si en las reglas de la convocatoria se estableció que la Empresa E.S.P. haría parte de la nueva sociedad, como finalmente se vio reflejado en la promesa de sociedad futura (...), no resulta comprensible que la misma entidad acuda a esta sede judicial tratando de alegar la nulidad del contrato de operación del 28 de marzo de 2014, so pretexto de la configuración de vicios en la promesa de sociedad futura, cuando aquella, además de haber estructurado el proceso contractual en el que determinó la necesidad de ser socia de la nueva sociedad, procedió a la constitución de esta última. En este punto, la Sala resalta que el cargo planteado por la parte actora comporta una contradicción ostensible frente a sus propios actos, en desmedro de la buena fe y de la confianza legítima que su conducta precedente suscitó en la demandada al momento de presentar su propuesta, acompañada del formato de promesa de sociedad diligenciado en los términos dispuestos por la Empresa E.S.P, y al momento en el que, más adelante, suscribió el documento constitutivo de la nueva sociedad. De hogaño la jurisprudencia ha señalado al unísono que, conforme al brocardo “Venire contra factum proprium non valet”, expresión del principio general de la buena fe, no es admisible otorgar efectos jurídicos a una conducta que se plantea en abierta contradicción con el comportamiento anterior de quien después la alega procesalmente en su favor, habida cuenta de que el proceder de una persona puede ser determinante en el actuar de otra. Se trata de una regla que se predica de la actividad del Estado en general y que se extiende también a la actuación de los particulares, en virtud de la cual no son de recibo los cambios intempestivos ni las contradicciones injustificadas frente a los antecedentes que se han observado en el pasado y que han sido determinantes del obrar de otro sujeto, pues aquel comportamiento relevante y generador en otra persona de una confianza objetiva sobre la realización o concreción en el futuro de unas determinadas consecuencias, le vincula para sus actos posteriores. En suma, como la promesa de sociedad futura, en armonía con las reglas de la convocatoria, indicó expresamente que la Empresa E.S.P. participaría como socia de la sociedad futura, la Sala estima que el cargo alegado no tiene la vocación de prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio que prohibe ir contra los actos propios, ver: Corte Constitucional, sentencias T-475 de 1992 y C-836 de 2001; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias del 24 de enero de 2001, exp. 2001-00457- 01 y del 29 de agosto de 2014, exp. 05266-31-03-001-2002-00067-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, sentencia del 10 de diciembre de 2015, exp. 53165 y Sección 4ª, sentencia del 17 de marzo de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-01573-00(AC), entre muchas otras.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1970 - ARTÍCULO 110, DECRETO 410 DE 1970 - ARTÍCULO 119, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 899, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 900
REPRESENTANTE LEGAL / FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD / JUNTA DIRECTIVA / FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA / DECISIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA / CERTIFICADO DE LA CÁMARA DE COMERCIO / REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO / INOPONIBILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / INOPONIBILIDAD POR FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL / OPONIBILIDAD FRENTE A TERCEROS / PRINCIPIO DE OPONIBILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / PARTES DEL CONTRATO / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA / JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REVOCATORIA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El contrato de operación de servicios públicos celebrado por el representante legal, es inoponible a la empresa que éste representa, puesto que la autorización de la Junta Directiva para contratar no se inscribió en la Cámara de Comercio?
Respuesta al problema jurídico: No
De la capacidad del Representante Legal de KAGUA SUR E.S.P. para celebrar el contrato (...) La actora indicó que el Representante Legal de KAGUA SUR E.S.P. no estaba facultado para celebrar el contrato de operación del 28 de marzo de 2014, porque la cuantía del negocio jurídico excedió los límites establecido en los estatutos, que era de 1.000 SMLMV, a lo que agregó que en la Cámara de Comercio de Santa Marta no se inscribió ninguna autorización para ello, de tal suerte que el negocio jurídico le es inoponible. (...) En tal sentido, examinado el contrato de operación celebrado el 28 de marzo de 2014 (...), se advierte que en el capítulo V, cláusula 8ª, las partes acordaron que su valor sería indeterminado, (...) Bajo este entendido, resulta claro que, aunque el valor del contrato de operación del 28 de marzo de 2014 fue indeterminado, cierto es que su cuantía, sin lugar a duda, superó los 1.000 SMLMV, toda vez que la sociedad operadora no solamente se obligó a financiar parte de las inversiones por un valor de $5.900.000.000, sino que también acordó constituir una subcuenta en la que debería consignar el dinero, cuenta que para el momento del perfeccionamiento del contrato debería contener la suma de $1.341.000.000 (...) En este sentido, aunque el Representante Legal de KAGUA SUR E.S.P. estuviese facultado para celebrar contratos relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios, para efectos de suscribir el contrato de operación del 28 de marzo de 2014 debía contar con la autorización de la Junta Directiva, pues la cuantía del negocio jurídico sin lugar a duda superaba los 1.000 SMLMV. (...) se advierte que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el Representante Legal de la sociedad KAGUA SUR E.S.P. sí estaba autorizado para celebrar el contrato de operación del 28 de marzo de 2014, porque en sesión llevada a cabo el 21 de marzo de 2014 el órgano directivo de la sociedad aprobó la suscripción del negocio jurídico, razón por la cual el cargo legado no está llamado a prosperar (...) Ahora bien, en lo que atañe a la inoponibilidad alegada, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 901 del Código de Comercio “[s]erá inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija”, de ahí que cualquier incumplimiento respecto de requisitos de publicidad impida que el acto jurídico produzca efectos frente a terceros, pero no respecto de las partes del contrato, como es el caso de la entidad demandante, quien suscribió el negocio jurídico cuestionado. (...) En este orden, aunque en el proceso no obra prueba de que el libro de actas de asamblea y juntas de socios de KAGUA SUR E.S.P., particularmente el acta de la junta celebrada el 21 de marzo de 2014, en la que se autorizó la suscripción del contrato de operación, se hubiera inscrito en el registro mercantil, cierto es que dicha circunstancia, además de no afectar la existencia y validez del contrato de operación del 28 de marzo de 2014, tampoco lo hace inoponible a la Empresa E.S.P., pues aquella no tiene la condición de tercero, porque suscribió el negocio jurídico. En suma, quedando evidenciado que la Junta Directiva de KAGUA SUR E.S.P. autorizó la suscripción del contrato de operación del 28 de marzo de 2014, y que el negocio jurídico no le es inoponible a la Empresa E.S.P., el cargo alegado no está llamado a prosperar. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que declaró la nulidad absoluta del contrato de operación del 28 de marzo de 2014 celebrado entre la Empresa E.S.P y KAGUA SUR, sin lugar a restituciones mutuas, y se abstuvo de condenar en costas, al constatar que el negocio jurídico cuestionado no adolece de los vicios alegados en la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la inoponibilidad del negocio jurídico, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 28 de junio de 2017, exp. 11001-31-03-021-2009-00244-01
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 901
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la empresa de servicios públicos municipal demandante, ya que con ocasión de la apelación, la sentencia de primera instancia será revocada al negarse las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas a la parte demandante, comoquiera que, con ocasión del recurso de alzada formulado por la parte demandada, habrá lugar a revocar totalmente la sentencia apelada, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el no reconocimiento de agencias en derecho en segunda instancia debido a la no intervención de la parte demandada, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 51034, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366