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¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su…¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras…¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
¿Debe ordenarse la devolución de los valores descontados al contratista por con-cepto de descuentos? ¿Se acreditaron los elementos necesarios para que se entienda configurado el des-equilibrio económico del contrato? En caso de que se haya configurado el desequi-librio económico, ¿qué monto debe reconocerse al contratista? ¿Debe liquidarse judicialmente el contrato de obra No. 1-01-25400-1477 de 2019, celebrado entre las partes demandante y demandada? No
El contratista no obtiene la devolución de los valores descontados ni la liquidación judicial del contrato si no acredita que la cláusula de descuentos es ineficaz o que los descuentos fueron arbitrarios e injustificados, y si no demuestra la configuración del desequilibrio económico del contrato; en este caso, la entidad estatal probó que el contratista incumplió con 60 de los 61 hitos del contrato y que el cronograma incumplido fue elaborado por el contratista mismo. Además, la Sala declara probada la excepción de pleito pendiente, ya que un proceso de controversias contractuales en curso busca declarar el incumplimiento del contratista, condenarlo a reintegrar el anticipo y pagar descuentos e indemnizaciones, y liquidar judicialmente el contrato, lo que implica que la liquidación del contrato en cuestión se resolverá en ese proceso.síntesis automática
¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del Contrato constructor operador, dado que el municipio desatendió algunas de las obligaciones a su cargo; y negar las pretensiones de condena, considerando que la demandante no acreditó los perjuicios generados por tales incumplimientos, ni los presupuestos para la aplicación de las sanciones estipuladas en el contrato? Sí
El contrato constructor operador puede ser declarado incumplido si la entidad estatal desatendió sus obligaciones, como la entrega formal de bienes y la gestión de licencias y permisos. La demandante debe acreditar perjuicios y presupuestos para la aplicación de sanciones. En este caso, el municipio no cumplió con varias obligaciones, pero los perjuicios no fueron demostrados y los presupuestos necesarios no fueron acreditados, por lo que la pretensión de condena fue negada.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-21Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 68001233300020240019501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer de una demanda en la que se alega la presunta responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, así como para resolver la apelación interpuesta contra el auto del Tribunal Administrativo que rechazó la demanda por caducidad del medio de control? Sí
El contratista puede interponer una demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se alega la responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, y la entidad competente es el Consejo de Estado para resolver la apelación contra un auto de Tribunal Administrativo que rechaza la demanda por caducidad del medio de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, la Sala reitera que el medio de control de reparación directa es procedente para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador cuando existe una omisión administrativa en reintegrar dichos costos, y que el recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a este medio para proteger sus intereses frente a enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente?¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador…¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el resarcimiento de perjuicios derivados de un enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-12-03Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020190081601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los testimonios solicitados por la entidad demandanda son pertinentes para determinar la legalidad de un acto de adjudicación? No
El contratista no puede solicitar testimonios adicionales para determinar la legalidad de un acto de adjudicación, ya que estos medios de prueba son impertinentes y vulneran el debido proceso al intentar agregar explicaciones que no están consignadas en el acto administrativo cuestionado. La entidad estatal es competente para expedir actos administrativos que gozan de presunción de certeza y legalidad, y el particular demandante debe demostrar que dichos actos están falsamente motivados o que violan disposiciones legales, sin que la administración pueda solicitar pruebas adicionales para fundamentar el acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de controvertir el acto administrativo con las consideraciones jurídicas y fácticas ya establecidas, evitando la presentación de pruebas que busquen modificar o ampliar la motivación del acto original, lo que implica que los testimonios solicitados por la entidad demandada no son pertinentes en el proceso judicial.síntesis automática
¿La suscripción sin reservas del acta de recibo final y del acta de liquidación del contrato impedía exigir al consultor su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por los defectos del diseño? No
El contratista no queda eximido de su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por defectos en el diseño, ni de la garantía de calidad, simplemente por suscribir sin reservas el acta de recibo final y la acta de liquidación del contrato, ya que estas no impiden exigir el cumplimiento de obligaciones subsistentes después de la liquidación contractual. La Sala considera que la suscripción sin reservas de dichos documentos no elimina la obligación del contratista de corregir, completar o aclarar los diseños entregados cuando se detecten errores o discrepancias durante la ejecución de las obras, lo que implica que la garantía de calidad es una obligación postcontractual exigible con posterioridad a la entrega de los diseños y la liquidación del contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la responsabilidad del contratista incluso después de la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La carga de sustentación del recurso de apelación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida?¿El recurso de apelación está debidamente sustentado y procede el estudio de los reparos formulados en contra de la sentencia impugnada?¿El contrato celebrado por el consultor con la EAAB, está sometido al Estatuto General de Contratación de Administración Pública?
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
Al no estar probado el hecho que permite tener por cierto que la conducta fue realizada con culpa grave, es deber de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. acreditar dicha calificación, y no compete a los funcionarios derrumbar la presunción legal. Más allá del expediente contractual… , no existen elementos de juicio que permitan calificar la conducta de los funcionarios [demandados] como ajena a las finalidades del Estado o como una violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Sobre todo… que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. limitó su actuación a asegurar en la demanda que los servidores tenían conocimiento de la irregularidad en que incurrieron y de su comportamiento omisivo, sin allegar prueba alguna que corroborara tales afirmaciones.
También resuelve:¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa?¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel?¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales?¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un…¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2023-02-20Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220016100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral proferido en virtud de la cláusula compromisoria pactada por las partes dentro del contrato? Sí
Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 atribuye esa competencia a la Sección Tercera cuando interviene una entidad pública. Segunda, la empresa de servicios públicos domiciliarios, al ser una sociedad anónima constituida entre entidades públicas, tiene naturaleza de entidad pública conforme al artículo 68 de la Ley 489 de 1998. Tercera, el contrato contenía una cláusula compromisoria, cuyo pacto sujeta el asunto al arbitramento. Por lo tanto, la competencia para conocer del recurso de anulación corresponde al Consejo de Estado. Además, la Sala verifica que el recurso se presentó dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo, como lo exige el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. El auto admite el recurso en cuanto a la competencia, y el documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral cumplió los requisitos de oportunidad y sustentación para su admisibilidad?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-03-29Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 25000233600020150056803LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo la parte demandante proporciona direcciones de correo electrónico que no corresponden al correo que la entidad pública demandada dispuso para recibir notificaciones electrónicas, ni acredita que la convocada hubiera sido citada por cualquier otro medio, no agota en debida forma el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial? Sí
El contratista no agota debidamente el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial cuando proporciona direcciones de correo electrónico que no corresponden al buzón de notificaciones electrónicas dispuesto por la entidad pública demandada, y no acredita que la convocada haya sido citada por cualquier otro medio. El artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las entidades públicas deben tener un buzón de correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales, y el artículo 20 de la Ley 640 de 2001 y los artículos 6 y 7 del Decreto 1716 de 2009 regulan la notificación electrónica. Al no cumplir con estos requisitos, la parte demandante no cumple con el artículo 180.6 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que permite dar por terminado el proceso en la audiencia inicial si se advierte el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los procedimientos de notificación y conciliación previos a la presentación de una demanda en la jurisdicción contencioso administrativa.síntesis automática
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas? Sí
El medio de control de repetición procede contra el servidor, exservidor o particular que cumple una función pública cuando, con conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a un reconocimiento indemnizatorio del Estado proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, y que el Consejo de Estado conoce de su apelación cuando la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los artículos 142 del CPACA y 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben el debate a la jurisdicción contencioso administrativa, con la finalidad de obtener el reembolso. Segunda, el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 del CPACA atribuyen a la sala la segunda instancia cuando la cuantía supera el umbral legal. Tercera, la acción tiene naturaleza patrimonial y se fundamenta en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia revoca la decisión de primera instancia en lo que corresponde. La consecuencia práctica es que la apelación de sentencias de repetición que superan el umbral legal corresponde al Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición resulta procedente para ejercerse en contra del servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar…¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo…¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia de la entidad estatal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante mediante el acto de declaratoria de caducidad del contrato, sin necesidad de un nuevo procedimiento, ya que la Ley 80 de 1993 y el CPACA otorgan a la entidad la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en el mismo acto administrativo. La entidad debe vincular a la aseguradora en el trámite previo a la adopción de la decisión de caducidad, lo que permite hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato sin requerir un procedimiento adicional. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro, permitiendo a la entidad cuantificar el perjuicio y hacer efectiva la garantía sin necesidad de un nuevo procedimiento judicial.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80…¿Declaratoria de caducidad del contrato constituye siniestro de incumplimiento y habilita pago de la cláusula penal frente al garante conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993?¿La declaratoria de caducidad del contrato, en cuanto acto constitutivo del siniestro de incumplimiento conforme a la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado…
¿En este caso el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para señalar la delimitación de la causapetendi, referida a la nulidad del contrato sin necesidad de estudiar los actos precontractuales y contractuales frente a los que no se formuló cargo alguno? Sí
El juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para delimitar la causa petendi, siempre que no se afecte el derecho de defensa, no se varíen la causa ni las pretensiones y la acción no haya caducado, de modo que el litigio puede limitarse a la validez del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en la demanda se pidió la nulidad del contrato y de los actos relacionados, pero los fundamentos de hecho y de derecho se dirigían a cuestionar la validez del contrato. Segunda, la fijación del litigio en la audiencia inicial se centró en esa temática, sin cargos contra los actos precontractuales o contractuales. Tercera, el régimen de contratación de la empresa de servicios públicos constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal es el previsto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por la Ley 689 de 2001, y se rige de modo preferente por el derecho privado. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que el juez puede delimitar el objeto del proceso a la validez del contrato sin ampliarlo a otros actos.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen de los contratos de las empresa prestadora de servicios públicos que fue constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal en el municipio de El Banco…¿La sala debe resolver el asunto teniendo en cuenta el principio de congruencia y los reparos expuestos por la recurrente en apelación…¿Para crear una nueva empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, se requería la autorización del Concejo Municipal, aunque…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-05Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020170051801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los elementos probatorios obrantes en el expediente no evidencian la fecha en la que culminó el contrato? Sí
El contratista no puede acreditar la fecha en la que culminó el contrato ni la fecha en que el interventor recibió el objeto del contrato a su entera satisfacción, lo que impide determinar el inicio del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. Ante la insuficiencia probatoria, se aplican los principios pro actione y pro damato para garantizar el acceso a la administración de justicia, revocando la decisión que rechazó la demanda y ordenando la devolución del expediente para continuar el trámite del proceso, sin perjuicio de que en etapas posteriores se declare la caducidad si se encuentran elementos que la demuestren.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos?¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?¿No se cuenta con los elementos suficientes para tener por probada la fecha de terminación del negocio jurídico?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-09-20Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 54001233300020190028401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio? Sí
El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para proteger el derecho objeto del litigio, asegurando que se cumplan los requisitos legales como la acreditación del perjuicio material y la necesidad de la medida cautelar. La Sala revoca la medida cautelar de suspensión provisional dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al no encontrar acreditados los elementos que permitan apreciar la ilegalidad en el proceder de la entidad demandada ni la necesidad de la medida cautelar. La regla reitera la importancia de que la solicitud de medida cautelar esté debidamente sustentada y que el juez evalúe rigurosamente la legalidad del acto administrativo acusado, lo que implica que las partes deben presentar pruebas suficientes para demostrar la necesidad de la medida cautelar y la existencia de un perjuicio material.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación desplegada por la entidad demandada se revela arbitraria o abiertamente contraria al derecho de defensa de la accionante?¿La solicitud de medida cautelar debe estar debidamente sustentada, expresando los motivos por los cuales se debe acceder a dicha medida?¿La medida cautelar de suspensión provisional es una figura excepcional y restrictiva, derivada del principio de legalidad?
¿El incumplimiento contractual se origina en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato? Sí
La parte contratante está obligada a satisfacer estrictamente el débito prestacional y las obligaciones legalmente pactadas en los negocios jurídicos estatales, cuja inejecución, tardanza o defecto genera responsabilidad patrimonial contractual y el deber de indemnizar perjuicios conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En esta providencia de controversias contractuales sobre la instalación de redes de acueducto, la Sala precisa que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son figuras jurídicas autónomas con distinto origen y consecuencias. En el caso examinado se estableció que la entidad demandada atendió las solicitudes de restablecimiento de la ecuación financiera y que las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no lograron demostrarse probatoriamente, confirmando así la decisión de instancia con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que concierne a la pretensión de nulidad relativa del contrato, el término para demandar corrió de manera autónoma frente a cada contrato adicional suscrito entre las partes?¿El contratista no demostró que el desequilibrio económico alegado hubiera ocurrido efectivamente durante la ejecución del contrato y que hubiera generado un daño patrimonial real?¿La parte actora no demostró las circunstancias imprevistas y extraordinarias que hubieren afectado el alea normal de la ecuación contractual?
¿Procede declarar fundado el impedimento, para conocer del presente asunto, manifestado por uno de los magistrados de la subsección C, consistente en tener un vínculo en el segundo grado de afinidad con el apoderado de la parte demandante? Sí
El magistrado de la subsección C declara fundado su impedimento para conocer del asunto, basado en el segundo grado de afinidad con el apoderado de la parte demandante, conforme al numeral 3 del artículo 141 del Código General del Procedimiento Administrativo Contencioso, lo que implica su apartamiento del conocimiento del caso. Además, la Sala determina que el medio de control de controversias contractuales no es adecuado para solicitar la liquidación judicial de un acuerdo conciliatorio aprobado judicialmente, ya que este acuerdo adquiere la naturaleza de una decisión judicial con fuerza vinculante y no puede ser objeto de debate posterior, lo cual contraviene los principios de seguridad jurídica y estabilidad de las decisiones judiciales. Esto implica que cualquier incumplimiento del acuerdo conciliatorio debe ser ventilado mediante el proceso ejecutivo.síntesis automática
También resuelve:¿En el presente caso resulta procedente acudir al medio de control de controversias contractuales a efectos de solicitar la liquidación judicial del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes…¿Procede condenar en costas en segunda instancia a la Unión Temporal demandante, por resultar vencida en esta instancia, al resultar prospero el recurso de apelación interpuesto por la Empresa de…
¿Procede declarar la nulidad de las resoluciones 103 de 20 de agosto de 2013 y 127 de 17 de octubre de 2013, por medio de las cuales EMERSOPÓ ESP declaró que el contrato número 026 de 2011 estaba incurso en causales de nulidad y lo dio por terminado? Sí
El contratista puede obtener la nulidad de las resoluciones administrativas que terminan unilateralmente un contrato de obra pública por causales de nulidad absoluta cuando dichas resoluciones persiguen una finalidad distinta a la del buen servicio y no demuestran la falta de ejecución contractual o la inversión del anticipo, como lo establece la Sala al revocar la decisión que declaró la nulidad del contrato número 026 de 2011 y la liquidación unilateral del mismo, al considerar que la entidad no probó adecuadamente la falta de ejecución y que la liquidación unilateral está viciada de falsa motivación al fundamentarse en la supuesta nulidad del contrato, lo cual solo puede ser declarado por el juez. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la terminación de contratos estatales y la liquidación unilateral, estableciendo que la entidad debe demostrar adecuadamente la falta de ejecución y la inversión del anticipo para justificar la terminación del contrato y la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declarar la nulidad de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato de obra y determinó que no había lugar a pagar ninguna suma al contratista porque…¿Se demostró que sí hubo inversión de los recursos del anticipo, por lo cual hay lugar a decretar la nulidad por falsa motivación de las Resoluciones números 090 y 121 de 2014 en tanto hicieron…¿El contratista probó el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa de servicios públicos contratante?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal sin acreditar un interés directo, siempre y cuando la demanda se presente durante el período comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de 1998, momento en que la titularidad de la acción contractual se amplió a cualquier persona. Esta regla se sostiene en la interpretación de que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la exigencia de interés directo para demandar la nulidad absoluta del contrato, permitiendo que cualquier interesado pueda hacerlo sin necesidad de acreditar un interés jurídico directo. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo que las demandas interpuestas en ese período específico sean consideradas válidas sin la necesidad de demostrar un interés directo, lo que facilita el acceso a la justicia en casos de nulidad absoluta de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La acción procedente para controvertir la validez del contrato de concesión es la acción contractual, aun cuando la demanda se interponga como acción de nulidad simple?¿Las demandas interpuestas para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal podían presentarse sin acreditar un interés directo…¿Las partes del contrato cuya nulidad se pretende se encuentran legitimados en la causa por pasiva?