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COMPETENCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL

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Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado para conocer sobre la apelación de autos interlocutorios

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2022-02-25 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000232600020020129001 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer sobre la apelación de autos interlocutorios? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación de autos interlocutorios en virtud del artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, que establece que el recurso de reposición procede contra los autos interlocutorios no susceptibles de apelación, siendo decidido por el Despacho conforme al artículo 146A del mismo código. Además, el artículo 311 del Código Contencioso Administrativo determina que la firmeza de las providencias solo se produce una vez ejecutoriado el auto que resuelva la solicitud de aclaración o complementación, lo que permite que el recurso sea interpuesto oportunamente. La interpretación literal del Decreto 212 de 2018, que cambia el reparto de competencias establecido en los Decretos 655 de 2011 y 445 de 2015, confirma que la Secretaría de Hacienda del Distrito es competente para la representación judicial en los procesos iniciados antes del 1 de enero de 2012, mientras que la Secretaría de Movilidad asume esa responsabilidad para los procesos posteriores a dicha fecha. Esta regla implica que las entidades estatales deben ajustarse a las disposiciones legales vigentes para ejercer sus competencias en la representación judicial.síntesis automática
Consejo de Estado Concepto

No pueden suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado para la prestación de los servicios de salud.

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2022-06-15 Sala Consulta y Servicio Civil OSCAR DARIO AMAYA NAVAS Rad. 11001030600020180004300 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Al entrar en vigencia la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, pueden los entes territoriales suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado, para prestar servicios de salud a la población no asegurada y las acciones de salud que se brindan a la colectividad a través del Plan de Intervenciones Colectivas –PIC, teniendo en cuenta que es el legislador quien ha ordenado esa contratación y que por ende la misma no emana de la autonomía de la voluntad de los contratantes? No
Durante la vigencia de la restricción prevista en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, las entidades territoriales no pueden suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado para la prestación de los servicios de salud a la población no asegurada, así como tampoco para el desarrollo y ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, de conformidad por lo expuesto en este concepto. Se exceptúa de la anterior prohibición la prestación de los servicios de salud en aquellos eventos en que ocurran emergencias sanitarias o de salubridad que requieran la atención o prestación inmediata y oportuna de los mismos. Debe precisarse que el artículo 20 de la Ley 1122 de 2007 no habilita a las entidades territoriales para inobservar las prohibiciones que en materia de contratación establece la Ley de Garantías Electorales.
Consejo de Estado Providencia

Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas

Sentencia — Sentencia 2021-12-14 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 08001233300020120020901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado Providencia

No se encuentran acreditados los elementos que activan la facultad-deber del juez de declarar de oficio la nulidad del convenio

Sentencia — Sentencia 2024-04-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 18001233300020170008501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentran acreditados los elementos que activan la facultad-deber del juez de declarar de oficio la nulidad del convenio en este caso, es decir, el vicio aparece de forma palmaria o manifiesta en el negocio jurídico? No
El juez puede declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal solo cuando el vicio aparece de forma palmaria o manifiesta en el proceso, pues esa facultad y ese deber se ejercen bajo los lineamientos estrictos fijados por la ley y desarrollados por la jurisprudencia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, aunque la ley confiere al juez el poder y el deber de declarar oficiosamente la nulidad absoluta de los contratos para proteger el orden jurídico, esa atribución no puede ejercerse a partir de argumentos que no demuestren la causal en el expediente. Segundo, la exigencia de que el vicio sea manifiesto protege la seguridad jurídica y el principio de conservación de los contratos, que impide anular negocios que pueden subsistir. Tercero, cuando los argumentos que sustentan la existencia de la nulidad son insuficientes para afirmar su configuración, no se cumplen los presupuestos de la declaratoria oficiosa. La providencia revoca la decisión en la que el tribunal declaró de oficio la nulidad del convenio; en la práctica, la declaratoria oficiosa de nulidad absoluta exige identificar en el expediente, de manera manifiesta, la causal que la origina.síntesis automática
También resuelve: ¿Tenía competencia la entidad territorial para expedir el acto administrativo de terminación y liquidación unilateral del convenio de asociación en este caso? ¿Acreditó la parte actora la falsa motivación de la resolución del Municipio que declaró terminado y liquidado el convenio de asociación, de forma unilateral? ¿El actor planteó la existencia de elementos fácticos o jurídicos tendientes a indicar que la expedición de la resolución de terminación y liquidación unilateral del convenio de asociación…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Delimitación de la causa petendi Excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi, ni de las pretensiones de la demanda y la acción -hoy medio de control- a la que se adecua no haya caducado.

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020160013401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En este caso el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para señalar la delimitación de la causapetendi, referida a la nulidad del contrato sin necesidad de estudiar los actos precontractuales y contractuales frente a los que no se formuló cargo alguno? Sí
El juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para delimitar la causa petendi, siempre que no se afecte el derecho de defensa, no se varíen la causa ni las pretensiones y la acción no haya caducado, de modo que el litigio puede limitarse a la validez del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en la demanda se pidió la nulidad del contrato y de los actos relacionados, pero los fundamentos de hecho y de derecho se dirigían a cuestionar la validez del contrato. Segunda, la fijación del litigio en la audiencia inicial se centró en esa temática, sin cargos contra los actos precontractuales o contractuales. Tercera, el régimen de contratación de la empresa de servicios públicos constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal es el previsto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por la Ley 689 de 2001, y se rige de modo preferente por el derecho privado. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que el juez puede delimitar el objeto del proceso a la validez del contrato sin ampliarlo a otros actos.síntesis automática
También resuelve: ¿El régimen de los contratos de las empresa prestadora de servicios públicos que fue constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal en el municipio de El Banco… ¿La sala debe resolver el asunto teniendo en cuenta el principio de congruencia y los reparos expuestos por la recurrente en apelación… ¿Para crear una nueva empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, se requería la autorización del Concejo Municipal, aunque…
REVOCA