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clave: "consejo_estado:providencia:47001233300020160013401-61792-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: delimitación de la causa petendi Excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-02-19"
radicado: "47001233300020160013401"
numero: "61792"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: delimitación de la causa petendi Excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-02-19
- **Radicado:** 47001233300020160013401
- **Número interno:** 61792
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE EL BANCO MAGDALENA
- **Demandado:** KAGUA SUR S.A.S.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233300020160013401-61792-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/47001233300020160013401/F75E22AAA271F18D3FAF4998AF6A0AEAF65E0F0B8FEE406A2BC186DFEB1EC9DC/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=470012333000201600134011100103

## Regla de decisión

Delimitación de la causa petendi Excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi, ni de las pretensiones de la demanda y la acción -hoy medio de control- a la que se adecua no haya caducado.

## Problema jurídico

¿En este caso el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para señalar la delimitación de la causapetendi, referida a la nulidad del contrato sin necesidad de estudiar los actos precontractuales y contractuales frente a los que no se formuló cargo alguno?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿El régimen de los contratos de las empresa prestadora de servicios públicos que fue constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal en el municipio de El Banco…
- ¿La sala debe resolver el asunto teniendo en cuenta el principio de congruencia y los reparos expuestos por la recurrente en apelación…
- ¿Para crear una nueva empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, se requería la autorización del Concejo Municipal, aunque…

## Extracto

Delimitación de la causa petendi Excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi, ni de las pretensiones de la demanda y la acción -hoy medio de control- a la que se adecua no haya caducado.

## Síntesis temática

El juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para delimitar la causa petendi, siempre que no se afecte el derecho de defensa, no se varíen la causa ni las pretensiones y la acción no haya caducado, de modo que el litigio puede limitarse a la validez del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en la demanda se pidió la nulidad del contrato y de los actos relacionados, pero los fundamentos de hecho y de derecho se dirigían a cuestionar la validez del contrato. Segunda, la fijación del litigio en la audiencia inicial se centró en esa temática, sin cargos contra los actos precontractuales o contractuales. Tercera, el régimen de contratación de la empresa de servicios públicos constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal es el previsto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por la Ley 689 de 2001, y se rige de modo preferente por el derecho privado. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que el juez puede delimitar el objeto del proceso a la validez del contrato sin ampliarlo a otros actos.

## Descriptores temáticos

FACULTADES DEL JUEZ, ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, VALIDEZ DEL CONTRATO, RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, LEY 142 DE 1994, APLICACIÓN DE LA LEY 142 DE 1994, DERECHO PRIVADO, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, APELANTE ÚNICO, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CONGRUENCIA DEL JUEZ, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO, ACUEDUCTO, EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO, PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO, SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO, CREACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL, APROBACIÓN DEL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL, FUNCIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDE, ALCALDE MUNICIPAL, COMPETENCIA DEL ALCALDE, FACULTADES DEL ALCALDE, AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA CONTRATAR, FACULTAD DEL ALCALDE PARA CONTRATAR, IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, JUNTA DIRECTIVA, DECISIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, GERENTE DE LA EMPRESA, CARGA DE LA PRUEBA, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA, CONTRATO DE PROMESA, CONTRATO DE PROMESA DE SOCIEDAD, REQUISITOS DEL CONTRATO DE PROMESA, REQUISITOS DEL CONTRATO DE PROMESA COMERCIAL, INVITACIÓN A NEGOCIAR, MINUTA DE CONTRATO, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS, INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO, INTENCIÓN DE CONTRATAR, BUENA FE, BUENA FE CONTRACTUAL, REPRESENTANTE LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CERTIFICADO DE LA CÁMARA DE COMERCIO, REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO, INOPONIBILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO, INOPONIBILIDAD POR FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, OPONIBILIDAD FRENTE A TERCEROS, PRINCIPIO DE OPONIBILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO, PARTES DEL CONTRATO, VALOR DEL CONTRATO ESTATAL, ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, REVOCATORIA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, REVOCATORIA DE LA SENTENCIA, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

FACULTADES DEL JUEZ / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / VALIDEZ DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿En este caso el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para señalar la delimitación de la causapetendi, referida a la nulidad del contrato sin necesidad de estudiar los actos precontractuales y contractuales frente a los que no se formuló cargo alguno?
Respuesta al problema jurídico: Si
Delimitación de la causa petendi Excepcionalmente el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda, siempre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi, ni de las pretensiones de la demanda y la acción -hoy medio de control- a la que se adecua no haya caducado. A este respecto, cabe señalar que en la demanda la Empresa E.S.P. solicitó declarar la nulidad del contrato de operación del 28 de marzo de 2014 y de los “actos administrativos relacionados y derivados del mismo”. (...) En este orden de ideas, se estima que aunque en las pretensiones de la demanda la parte actora solicitó la declaratoria de nulidad de los “actos administrativos relacionados y derivados del mismo [se refiere al contrato de operación]”, cierto es que los fundamentos sobre los cuales soportó la causa petendi están dirigidos, en estricto sentido, a cuestionar la validez del contrato de operación del 28 de marzo de 2014, al punto que la fijación del litigio efectuada por el Tribunal a quo en el marco de la audiencia inicial únicamente se centró en el estudio de esta temática, de tal suerte que el examen de la presente controversia girará en torno a la validez del negocio jurídico referido, sin que para tal efecto resulte necesario estudiar cualquier aspecto relacionado con actos precontractuales o contractuales, pues ciertamente frente a este particular en la demanda no se formuló cuestionamiento o cargo alguno.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad del juez de interpretar la demanda, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2014, exp. 26870, C.P. Hernan Andrade Rincón.
RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / LEY 142 DE 1994 / APLICACIÓN DE LA LEY 142 DE 1994 / DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO
Problema jurídico:
¿El régimen de los contratos de las empresa prestadora de servicios públicos que fue constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal en el municipio de El Banco, es el previsto en la ley 142 de 1994, y por ello se rige de modo preferente por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Régimen del contrato y de los actos proferidos por la Empresa E.S.P. La Empresa E.S.P. fue constituida como una Empresa Industrial y Comercial del orden municipal con personería jurídica, encargada de prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, razón por la cual el régimen de sus contratos es el previsto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001 (...) En este orden, los contratos celebrados por las entidades estatales que prestan servicios públicos de los que trata la Ley 142 de 1994, por regla general, no están sujetos a las disposiciones previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo que la misma ley disponga lo contrario39, así como también en aquellos casos en los cuales los entes territoriales celebren contratos con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas asuman la prestación de uno o varios servicios públicos o para que sustituyan la prestación de otra empresa que entró en causal de disolución o liquidación. Igualmente, los actos que expiden estas empresas, inclusive aquellos relacionados con la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean sus socias, se rigen, por regla general y con excepción de las previsiones contenidas en la Constitución y la Ley, por el derecho privado. Bajo el anterior contexto, la Sala estima que el contrato de operación del 28 de marzo de 2014 suscrito por la Empresa E.S.P., al igual que los actos expedidos por esta, se rigen de modo preferente por el derecho privado, pues en la Constitución y la Ley no se estipula lo contrario y tampoco se trata de una relación jurídica entre el ente territorial y la empresa de servicios públicos, y al amparo de lo anterior se analizará el presente caso.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 689 DE 2001 - ARTÍCULO 3
APELACIÓN DE LA SENTENCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
Problema jurídico:
¿La sala debe resolver el asunto teniendo en cuenta el principio de congruencia y los reparos expuestos por la recurrente en apelación, por lo cual se revisaran las facultades del Alcalde y el Gerente de la Empresa E.S.P. Para reestructurar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo??
Respuesta al problema jurídico: Si
En el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, la recurrente centró su reproche en afirmar que el Alcalde del Municipio y el Gerente de la Empresa E.S.P. no extralimitaron las facultades conferidas para restructurar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, porque la modernización de la operación conllevaba la creación de una nueva empresa de servicios públicos por acciones. Además, y con el propósito de hacer frente a los demás cargos de la demanda, indicó: que la Junta Directiva de la Empresa E.S.P. en sesión efectuada el 31 de octubre de 2013 autorizó la creación de la nueva sociedad encargada de prestar los servicios públicos, que la promesa de sociedad futura se allegó en el formato establecido por la entidad demandante y que en sesión del 21 de marzo de 2014 la Junta Directiva de KAGUA SUR E.S.P. autorizó la suscripción del contrato de operación. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del C.G.P., se resolverá el asunto sub-lite en relación con los reparos expuestos por la recurrente, sin perjuicio de los pronunciamientos a que haya lugar en procura de respetar el principio de congruencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia del juez ad quem ver: Sala Plena de la sección tercera, sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, exp. 05001-23-26-000-1994-02321-01(20104). Sobre la aplicación del Código General del Proceso, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 25 de junio de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(49299, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO / ACUEDUCTO / EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO / CREACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / APROBACIÓN DEL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / FUNCIÓN DE AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL / ALCALDE / ALCALDE MUNICIPAL / COMPETENCIA DEL ALCALDE / FACULTADES DEL ALCALDE / AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA CONTRATAR / FACULTAD DEL ALCALDE PARA CONTRATAR / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Para crear una nueva empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, se requería la autorización del Concejo Municipal, aunque, el Alcalde contaba con dicha autorización, fue la Empresa ESP, la que participó en la nueva sociedad por acciones simplificada, y el fundamento de la constitución de la nueva sociedad por acciones estaba en un convenio interadministrativo, por ello había nulidad absoluta del contrato de operación, como lo indicó el Tribunal de primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala analizará si el negocio jurídico cuestionado adolece de nulidad, porque, según afirmó el Tribunal, en el Acuerdo n.º 002 del 8 de marzo de 2013 y en el Convenio Interadministrativo n.º 002 de 2003 no se autorizó al Alcalde ni al Gerente para que constituyeran una nueva sociedad encargada de prestar servicios públicos y mucho menos para que la Empresa E.S.P. fungiera como su socia, y si, en efecto, el proyecto de restructuración de los servicios públicos tan solo consistió en la selección de un operador especializado o si, por el contrario, giró en torno a la constitución de una nueva sociedad. (...) Bajo el anterior contexto probatorio, para la Sala resulta claro que los esfuerzos adelantados por el Municipio y por la Empresa E.S.P. en torno a la restructuración de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que se vieron reflejados con la expedición del Acuerdo n.º 002 del 8 de marzo de 2013 y con la aprobación del Plan Estratégico 2012-2012, estuvieron orientados a conformar una nueva sociedad por acciones encargada de prestar los servicios públicos, de la cual sería socia la entidad demandante en los términos establecidos en la Ley 142 de 1994, lo que da al traste con lo afirmado por el Tribunal a quo, pues en la restructuración no se planteó simplemente la selección de un operador especializado. De hecho, los antecedentes que llevaron a la estructuración del proceso encaminado a la modernización de la Empresa E.S.P., particularmente los estudios técnico, jurídico y financiero que en su oportunidad fueron presentados al Municipio (...) y que, a su vez, sirvieron de sustento para la expedición del Acuerdo n.º 002 del 8 de marzo de 2013 (hecho probado 7.3.7.), dan cuenta de que la intención de la Empresa E.S.P. -demandante- fue la de definir un nuevo operador o esquema de operación, para lo cual estimó pertinente convocar aliados para asociarse y, en conjunto, encargarse de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. (...) A partir de lo anterior, salta a la vista que el modelo de modernización de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco fue estructurado por la propia entidad demandante sobre la base de buscar aliados para que se asociaran con ella y en conjunto prestaran los servicios públicos, aspecto que fue puesto de presente por la Empresa E.S.P. al ente territorial a través de los estudios referidos y que fue de conocimiento por el Concejo Municipal; no se trató de la simple selección de un operador especializado, sino de establecer una sociedad. En consecuencia, para la Sala no le asiste razón al Tribunal cuando afirma que el proceso de restructuración de los servicios públicos en El Banco se circunscribió a la selección de un operador especializado, dado que las pruebas obrantes en el proceso, particularmente el estudio jurídico puesto de presente al Municipio y que fue de conocimiento del Concejo Municipal, dan cuenta de que la voluntad de la Empresa E.S.P. fue la de asociarse con un aliado estratégico para en conjunto encargarse de la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, premisa sobre la cual, precisamente, terminó estructurándose la Invitación Pública n.º 002-2013, en la que se convocó la búsqueda de aliados para conformar la nueva sociedad prestadora de los servicios públicos. (...) Según quedó acreditado en el proceso, la invitación pública n.º 002-2013, cuyo objeto consistió en la selección de aliados estratégicos para que, a título de socios o accionistas, se conformara una nueva empresa de servicios públicos en el municipio El Banco (...), proceso contractual que a la postre culminó con la celebración del contrato cuestionado y con la constitución de la sociedad por acciones simplificada KAGUA SUR, fue adelantada por la Empresa E.S.P., y no por el municipio de El Banco. En tan sentido, como la Empresa E.S.P. fue la que participó en la constitución de la nueva sociedad, se estima que en el asunto sub judice no era dable exigir la autorización del Concejo Municipal de El Banco en los términos previstos en los numerales 3 y 6 del artículo 313 de la Constitución Política y en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994; la autorización de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

C-836 de 2001; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias del 24 de enero de 2001, exp. 2001-00457- 01 y del 29 de agosto de 2014, exp. 05266-31-03-001-2002-00067-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª, sentencia del 10 de diciembre de 2015, exp. 53165 y Sección 4ª, sentencia del 17 de marzo de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-01573-00(AC), entre muchas otras.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1970 - ARTÍCULO 110, DECRETO 410 DE 1970 - ARTÍCULO 119, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 899, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 900
REPRESENTANTE LEGAL / FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD / JUNTA DIRECTIVA / FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA / DECISIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA / CERTIFICADO DE LA CÁMARA DE COMERCIO / REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO / INOPONIBILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / INOPONIBILIDAD POR FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL / OPONIBILIDAD FRENTE A TERCEROS / PRINCIPIO DE OPONIBILIDAD DEL NEGOCIO JURÍDICO / PARTES DEL CONTRATO / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA / JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REVOCATORIA DE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El contrato de operación de servicios públicos celebrado por el representante legal, es inoponible a la empresa que éste representa, puesto que la autorización de la Junta Directiva para contratar no se inscribió en la Cámara de Comercio?
Respuesta al problema jurídico: No
De la capacidad del Representante Legal de KAGUA SUR E.S.P. para celebrar el contrato (...) La actora indicó que el Representante Legal de KAGUA SUR E.S.P. no estaba facultado para celebrar el contrato de operación del 28 de marzo de 2014, porque la cuantía del negocio jurídico excedió los límites establecido en los estatutos, que era de 1.000 SMLMV, a lo que agregó que en la Cámara de Comercio de Santa Marta no se inscribió ninguna autorización para ello, de tal suerte que el negocio jurídico le es inoponible. (...) En tal sentido, examinado el contrato de operación celebrado el 28 de marzo de 2014 (...), se advierte que en el capítulo V, cláusula 8ª, las partes acordaron que su valor sería indeterminado, (...) Bajo este entendido, resulta claro que, aunque el valor del contrato de operación del 28 de marzo de 2014 fue indeterminado, cierto es que su cuantía, sin lugar a duda, superó los 1.000 SMLMV, toda vez que la sociedad operadora no solamente se obligó a financiar parte de las inversiones por un valor de $5.900.000.000, sino que también acordó constituir una subcuenta en la que debería consignar el dinero, cuenta que para el momento del perfeccionamiento del contrato debería contener la suma de $1.341.000.000 (...) En este sentido, aunque el Representante Legal de KAGUA SUR E.S.P. estuviese facultado para celebrar contratos relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios, para efectos de suscribir el contrato de operación del 28 de marzo de 2014 debía contar con la autorización de la Junta Directiva, pues la cuantía del negocio jurídico sin lugar a duda superaba los 1.000 SMLMV. (...) se advierte que, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el Representante Legal de la sociedad KAGUA SUR E.S.P. sí estaba autorizado para celebrar el contrato de operación del 28 de marzo de 2014, porque en sesión llevada a cabo el 21 de marzo de 2014 el órgano directivo de la sociedad aprobó la suscripción del negocio jurídico, razón por la cual el cargo legado no está llamado a prosperar (...) Ahora bien, en lo que atañe a la inoponibilidad alegada, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 901 del Código de Comercio “[s]erá inoponible a terceros el negocio jurídico celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija”, de ahí que cualquier incumplimiento respecto de requisitos de publicidad impida que el acto jurídico produzca efectos frente a terceros, pero no respecto de las partes del contrato, como es el caso de la entidad demandante, quien suscribió el negocio jurídico cuestionado. (...) En este orden, aunque en el proceso no obra prueba de que el libro de actas de asamblea y juntas de socios de KAGUA SUR E.S.P., particularmente el acta de la junta celebrada el 21 de marzo de 2014, en la que se autorizó la suscripción del contrato de operación, se hubiera inscrito en el registro mercantil, cierto es que dicha circunstancia, además de no afectar la existencia y validez del contrato de operación del 28 de marzo de 2014, tampoco lo hace inoponible a la Empresa E.S.P., pues aquella no tiene la condición de tercero, porque suscribió el negocio jurídico. En suma, quedando evidenciado que la Junta Directiva de KAGUA SUR E.S.P. autorizó la suscripción del contrato de operación del 28 de marzo de 2014, y que el negocio jurídico no le es inoponible a la Empresa E.S.P., el cargo alegado no está llamado a prosperar. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia del 28 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que declaró la nulidad absoluta del contrato de operación del 28 de marzo de 2014 celebrado entre la Empresa E.S.P y KAGUA SUR, sin lugar a restituciones mutuas, y se abstuvo de condenar en costas, al constatar que el negocio jurídico cuestionado no adolece de los vicios alegados en la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la inoponibilidad del negocio jurídico, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 28 de junio de 2017, exp. 11001-31-03-021-2009-00244-01
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 901
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la empresa de servicios públicos municipal demandante, ya que con ocasión de la apelación, la sentencia de primera instancia será revocada al negarse las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas a la parte demandante, comoquiera que, con ocasión del recurso de alzada formulado por la parte demandada, habrá lugar a revocar totalmente la sentencia apelada, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandada no intervino en segunda instancia, de tal manera que aquellas no se entienden causadas .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el no reconocimiento de agencias en derecho en segunda instancia debido a la no intervención de la parte demandada, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 51034, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-02-19. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 47001233300020160013401. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233300020160013401-61792-sentencia).
