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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2025-12-01
Radicado
25000233600020180018001
Número interno
70039
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS
Demandado
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIENRO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

Síntesis de la providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

En el caso sub examine las relaciones jurídicas entre los involucrados están reguladas por dos (2) negocios jurídicos autónomos: (i) el contrato estatal de obra en virtud del cual un particular (Consorcio Cilca Ingenieros) y el Fondo de Desarrollo Local de Usme (FDLU) acordaron la ejecución material de unos trabajos y, (ii) el contrato de seguro, en el cual funge como tomador el referido consorcio y como asegurador La Previsora SA Compañía de Seguros. En ese contexto, si bien la aseguradora está legitimada en la causa para discutir la legalidad de los actos que hicieron efectivas las garantías otorgadas por esta, no lo está para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista como el pago del precio (retegarantía, impuestos y costo de la administración del anticipo) y el lucro cesante de las sumas no reconocidas oportunamente (intereses).

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no está legitimado en la causa por activa para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista, ya que la aseguradora no es parte del contrato estatal y su interés se limita a los aspectos que impactan directamente su patrimonio. Aunque la compañía aseguradora puede discutir la legalidad de los actos administrativos que afectan la garantía del contrato, no puede reclamar las prestaciones propias del contratista ni cuestionar la liquidación unilateral del contrato que no vincula formal ni materialmente a la aseguradora. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, limitando la legitimación en la causa por activa de la aseguradora a los aspectos que directamente la afectan, lo que implica que la aseguradora no puede demandar por los derechos del contratista ni por actos que no la vinculan directamente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La aseguradora se encuentra legitimada en la causa por activa para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 141
  • Ley 80 de 1993, art. 77

También resuelve

  • ¿Son válidos los actos administrativos que ordenaron hacer efectivo el amparo de cumplimiento para pagar la cláusula penal, cuando dicho amparo ya había sido afectado por su valor total…
  • ¿Es nulo el acto administrativo que declara el siniestro y ordena hacer efectiva la garantía de anticipo por apropiación indebida de recursos…
  • ¿Tiene derecho la aseguradora al reintegro de las sumas pagadas con cargo a las garantías del contrato, junto con su actualización e intereses…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA ENTIDAD ASEGURADORA IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO AGOTAMIENTO DE LA SUMA ASEGURADA VALOR ASEGURADO PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ANTICIPO DEL CONTRATO ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL GARANTÍAS CONTRACTUALES AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DEBIDO PROCESO VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEVOLUCIÓN DE DINERO INTERÉS MORATORIO RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

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Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Garantía única y efectividad de la póliza Anticipo y pago anticipado Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 18.220 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ENTIDAD ASEGURADORA Problema jurídico: ¿La aseguradora se encuentra legitimada en la causa por activa para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista? Respuesta al problema jurídico: No En el caso sub examine las relaciones jurídicas entre los involucrados están reguladas por dos (2) negocios jurídicos autónomos: (i) el contrato estatal de obra en virtud del cual un particular (Consorcio Cilca Ingenieros) y el Fondo de Desarrollo Local de Usme (FDLU) acordaron la ejecución material de unos trabajos y, (ii) el contrato de seguro, en el cual funge como tomador el referido consorcio y como asegurador La Previsora SA Compañía de Seguros. No obstante el carácter principal de ambos negocios, los actos administrativos contractuales expedidos por la entidad estatal contratante de la obra y, particularmente aquellos relacionados con la efectividad de la garantía del contrato, tienen la virtualidad de impactar la situación jurídica particular de la compañía aseguradora y en esa afectación radica el interés que le asiste para comparecer como extremo activo de la controversia. Según lo dispuesto en el artículo 141 del CPACA, las partes de una convención están habilitadas para cuestionar judicialmente la validez de los actos administrativos contractuales a través del medio de control judicial de controversias contractuales; aunque la compañía aseguradora no funge materialmente como parte del contrato estatal (de obra en este caso), no puede perderse de vista que existe una estrecha vinculación entre el contrato estatal y el de seguro que se ha suscrito con el fin garantizar el cumplimiento de las obligaciones de aquel y, por ende, es perfectamente posible que en el primero se regulen situaciones jurídicas que impacten de manera directa al garante del contrato y, esa medida, “su legitimación surge de los efectos o repercusiones probables que la relación negocial difumina hacia su patrimonio. En esa línea de argumentación, interpretar que la circunstancia consistente en que la aseguradora no sea parte del contrato de obra le impide controvertir la validez de actos administrativos que la afectan resultaría abiertamente contrario a la garantía fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia, por cuanto, en los términos del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 este tipo de actos solo pueden enjuiciarse a través de la acción contractual , razón por la cual la jurisprudencia de la Sección Tercera ha admitido el interés legítimo que le asiste a las compañías de seguros para hacer uso del medio de control judicial de controversias contractuales frente a actos emitidos en ejecución de un contrato estatal que hagan efectiva la garantía correspondiente. Sin embargo, huelga precisar que ese legítimo interés únicamente se configura en relación con aquellos aspectos que crean, modifican y extinguen derechos u obligaciones de la aseguradora o impactan en alguna medida sus intereses jurídicos, pero no se extiende a la reclamación de los derechos y garantías propias del contratista (tomador), quien, en virtud de la relación contractual con la entidad contratante es el legitimado para demandar los aspectos relacionados con el contrato estatal afianzado y reivindicar judicialmente sus propios intereses. Para este efecto, se tiene en cuenta que en el seguro de cumplimiento el asegurador asume el riesgo de incumplimiento del contratista de la administración y se obliga a indemnizar al asegurado por las consecuencias de este, en los términos y con los límites pactados; sin embargo, la aseguradora no ostenta la posición de contratista y, por ende, no tiene interés jurídico para reclamar las prestaciones a que tiene derecho este. En ese contexto, si bien la aseguradora está legitimada en la causa para discutir la legalidad de los actos que hicieron efectivas las garantías otorgadas por esta, no lo está para exigir la reivindicación judicial de derechos del contratista como el pago del precio (retegarantía, impuestos y costo de la administración del anticipo) y el lucro cesante de las sumas no reconocidas oportunamente (intereses). De igual manera, tampoco está legitimada la compañía para discutir la legalidad de la liquidación unilateral del contrato contenida en la Resolución número 211 de 27 de agosto de 2018, de su confirmatoria número 302 de 10 de octubre de 2018 y de la resolución de corrección número 211 de 17 de septiembre de 2019, en tanto estas precisas decisiones se limitaron a determinar el cruce de cuentas entre la administración y el contratista y a determinar las sumas a cargo de este último, sin que la decisión vincule formal ni materialmente a la aseguradora cuya responsabilidad se definió al momento de declarar el siniestro. Téngase en cuenta que existe la posibilidad de que un acto de liquidación de un contrato afecte los intereses del garante, por ejemplo, cuando le impone determinada obligación o determina o modifica el valor de una suma de dinero a su cargo, caso en el cual sí está legitimado para controvertirlo; sin embargo, ello no ocurrió en este caso. Por consiguiente, se modifica el fallo apelado para declarar probada, de oficio, la excepción de ausencia de legitimación en la causa por activa de la aseguradora demandante en relación con la pretensión quinta de la demanda del expediente 25000-23-36-000-2020-00180-00 en tanto se encaminó a obtener que se incluyan en la liquidación, en favor del contratista, las sumas pagas por concepto de IVA, comisión por la administración fiduciaria del anticipo, el valor de los impuestos distritales y el gravamen sobre los movimientos financieros, lo mismo que en relación con las súplicas del mismo expediente dirigidas a cuestionar la validez de los actos de liquidación unilateral del contrato, pues, se insiste, no determinaron ninguna obligación a cargo de la aseguradora sino, únicamente, afectaron al contratista quien no demandó y, por lo tanto, no puede modificarse en esta sentencia su situación jurídica en relación con los actos administrativos objeto de control judicial. NOTA DE RELATORÍA: Referente al interés legítimo que le asiste a las compañías de seguros para hacer uso del medio de control judicial de controversias contractuales, consultar sentencia de 23 de agosto de 2024, Exp. 62082, C.P Jaime Rodríguez Navas y sentencia de 16 de mayo de 2019, Exp. 40102, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / AGOTAMIENTO DE LA SUMA ASEGURADA / VALOR ASEGURADO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Son válidos los actos administrativos que ordenaron hacer efectivo el amparo de cumplimiento para pagar la cláusula penal, cuando dicho amparo ya había sido afectado por su valor total, imponiendo a la aseguradora obligaciones en exceso del valor asegurado? Respuesta al problema jurídico: No Contrario a lo que estimó el tribunal de primera instancia, para la Sala está llamado a prosperar el cargo de nulidad de los actos administrativos demandados que se sustentó en el agotamiento del amparo de cumplimiento. (...) la Sala estima que los actos administrativos están revestidos de presunción de legalidad y de la prerrogativa de ejecutoriedad en los términos del artículo 88 del CPACA y, por consiguiente, pueden ser ejecutados mientras no hayan sido suspendidos o anulados por la jurisdicción; en esa medida, el hecho consistente en la afectación del amparo de cumplimiento por su valor total en las Resoluciones números 265 y 292 de 2016 permite estimar que las mencionadas sumas de dinero son exigibles a la aseguradora demandante; de modo que, no resulta viable mantener la legalidad de otro acto administrativo que, con cargo a un mismo amparo y en exceso de este, le obliga a pagar sumas adiciones por un concepto distinto, pero, con cargo al mismo amparo de cumplimiento. En esas condiciones, las resoluciones demandadas que ordenan hacer efectivo el valor de la cláusula penal con los recursos del amparo de cumplimiento son contrarias al artículo 1079 del Código de Comercio porque imponen, mediante actos revestidos de presunción de legalidad, obligaciones al asegurador en exceso del valor asegurado. En cualquier caso, según se verifica en el sistema de gestión judicial SAMAI, el proceso judicial al que hizo referencia la compañía aseguradora en la Resolución 157 de 2017 culminó con sentencia de segunda instancia de 29 de julio de 2022 que confirmó el fallo de primera instancia adverso a las súplicas de La Previsora SA Compañía de Seguros, motivo por el cual el argumento de la carencia de título para exigir el valor del amparo invocado por la aseguradora pierde sustento. Insiste la Sala en que esta decisión no tiene efectos frente a la liquidación unilateral del contrato en la cual solo se determinaron los derechos y obligaciones de las partes del contrato y, consecuencialmente, que la compañía de seguros no tenía interés legítimo para demandarla. Tampoco tiene incidencia respecto de los actos administrativos que impusieron la multa al contratista con cargo a la garantía de cumplimiento, los cuales pueden ser válidamente exigidos a La Previsora SA Compañía de Seguros mientras no hayan sido suspendidos o anulados por esta jurisdicción. (...) En esas condiciones, con independencia del deber de ajustar el valor de la garantía y de su eventual incumplimiento, está acreditado que el FDLU, a través de los actos administrativos demandados, impuso obligaciones en exceso del valor asegurado a la aseguradora, razón que impone decretar la nulidad parcial del artículo segundo de la parte dispositiva de la Resolución número 133 de 28 de junio de 2017 por la cual se declaró el incumplimiento definitivo del contratista, únicamente en tanto ordenó hacer efectivo el amparo de cumplimiento del contrato con el fin de cubrir el valor de la cláusula penal pecuniaria impuesta a La Previsora SA Compañía de Seguros y, de igual manera, la nulidad parcial de la Resolución número 157 de 2017, ambas proferidas por el alcalde local de Usme, en tanto confirmó la mencionada decisión. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1079, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 88 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍAS CONTRACTUALES / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Es nulo el acto administrativo que declara el siniestro y ordena hacer efectiva la garantía de anticipo por apropiación indebida de recursos, cuando la citación al procedimiento sancionatorio se fundó exclusivamente en la no amortización del anticipo? Respuesta al problema jurídico: Si Al respecto, debe observarse que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 dispone el procedimiento a seguir para la declaración de incumplimiento contractual con miras a la efectividad de las garantías del contrato e impone que la citación correspondiente detalle en forma expresa los hechos que la fundamentan y las pruebas que se harán valer, con la finalidad de que el contratista y la aseguradora puedan ejercer plenamente sus derechos de contradicción y defensa. (...) Como consecuencia de lo anterior, la citación al procedimiento sancionatorio delimita la acusación en unos precisos y determinados hechos y consecuencias, que marcan el camino para el ejercicio de los derechos de contradicción y defensa de los involucrados, quienes, en ese marco, presentan sus argumentos de defensa y dirigen sus esfuerzos demostrativos. En este caso se constata que le asiste razón a la compañía demandante en relación con su alegación según la cual fue citada, en forma expresa e inequívoca, por el hecho de la no amortización del anticipo por parte del contratista. (...) Como se advierte a simple vista, el FDLU, con el fin de superar la objeción de la compañía aseguradora varió en forma contraria al debido proceso los hechos por los cuales declaró ocurrido el siniestro; adviértase cómo la citación a comparecer al procedimiento administrativo sancionatorio es inequívoca en referirse a la no amortización del anticipo como el hecho que daría lugar a la eventual sanción; pero, la administración acude a recursos argumentativos para sostener que no amortizar el anticipo, pese a haberlo invertido en la obra, equivale a apropiárselo. Lo antes expuesto evidencia que la sanción fue impuesta por hechos que nunca se ventilaron en el procedimiento ni pudieron ser controvertidos por La Previsora SA Compañía de Seguros, debido a que nunca se discutió sobre la apropiación de los recursos del anticipo por parte del contratista y, en tal virtud, ninguna oportunidad tuvo de defensa o prueba tuvo la compañía en relación con ese hecho, en tiempo real y válido, por cuanto nunca fue convocada a la actuación administrativa para ese específico aspecto. (...) En esos términos se constata que (i) no se aseguró la no amortización del anticipo y (ii) no se discutió en el procedimiento de declaración de incumplimiento la apropiación de los recursos por parte del contratista; de modo que, la decisión de hacer efectivo el amparo de buen manejo de anticipo por la falta de amortización de este, equiparándola a la apropiación de los recursos por parte del contratista fue desconocedora del debido proceso, del contrato de seguro y de las normas superiores invocadas por la compañía demandante, razón que impone declarar nulo el ordinal tercero de la Resolución 133 de 28 de junio de 2017, en tanto ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo en contra de La Previsora SA Compañía de Seguros y, de igual manera, de la Resolución 157 de 23 de agosto de 2017 que la confirmó. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / DEVOLUCIÓN DE DINERO / INTERÉS MORATORIO / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿Tiene derecho la aseguradora al reintegro de las sumas pagadas con cargo a las garantías del contrato, junto con su actualización e intereses, cuando se declara la nulidad de los actos administrativos que ordenaron su pago? Respuesta al problema jurídico: Si A título de restablecimiento del derecho prosperan las pretensiones segunda y tercera del expediente identificado con el número de radicación 25000-23-36-000- 2018-00180-01 encaminadas a que se declare que La Previsora SA Compañía de Seguros no está obligada a pagar las sumas de $1.138.293.945 con cargo a la garantía de cumplimiento para satisfacer el valor de la cláusula penal pecuniaria del contrato (sin perjuicio de la obligación que le fue impuesta en favor del FDLU mediante las resoluciones que impusieron multa al contratista con cargo a la garantía de cumplimiento) y, tampoco la suma de $3.214.184.652 por concepto de amparo de anticipo del contrato de obra número 023 FDLU 2014. (...) Las súplicas tendientes al reintegro de dichas sumas de dinero prosperan porque la aseguradora probó haberlas pagado efectivamente mediante abono realizado en el Banco de Occidente (archivo 15. Copia comprobante de pago banco de occidente, anexos demanda 2020-00180, índice 111 SAMAI tribunal), documento que no fue tachado ni discutido en el curso del proceso y cuyo contenido da cuenta del valor y concepto del pago recibido en la mencionada entidad financiera en favor del FDLU. (...) Sin embargo, solo hay lugar a reconocer los pretendidos intereses moratorios sobre estos valores a partir de la ejecutoria del presente fallo por cuanto la obligación de reintegrarlos surge a partir de esta; entonces, el FDLU no ha incurrido en mora que justifique imponerlos desde un momento anterior; en ese contexto, estos solo se causarán en los términos del artículo 192 del CPACA. Las sumas de dinero que deben ser reintegradas se actualizan con base en el IPC con el fin de mantener su poder adquisitivo, esto es, para garantizar que se mantenga su valor a pesar del paso del tiempo, con la consideración de que se trata de la misma suma de dinero pagada por la demandante, pero traída a valor actual. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Es improcedente la condena en costas por prosperidad parcial del recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si El tribunal de primera instancia se abstuvo de imponer condena en costas, decisión que no fue recurrida por lo cual se mantiene; por su parte, en los términos de los numerales 1 y 5 del artículo 365 del CGP la Sala se abstiene de imponer costas en segunda instancia toda vez que prosperó parcialmente el recurso de la compañía aseguradora y no se analizó por sustracción de materia el formulado por el FDLU. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201800180011100103