Titulación de la relatoría 27.547 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTO CONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / MUNICIPIO / ENTIDAD TERRITORIAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del proceso de controversias contractuales originado en un acto de constitución de una sociedad de economía mixta, por la naturaleza del asunto y la cuantía de las pretensiones?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, al tratarse de una controversia originada en el acto contractual de constitución de la sociedad de económica mixta Procagir S.A.S., suscrito entre el municipio de Girardot - entidad territorial - y los particulares Mariano Ojeda Torregroza y Ojeda Group Ltda. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de julio de 2019, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme lo previsto en los artículos 150 y 152 del CPACA, en atención a la vocación de doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MUNICIPIO / ENTIDAD TERRITORIAL / CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales cuando se pretende la declaratoria de incumplimiento de un ente territorial derivado de la suscripción de un acto constitutivo societario y se solicita la terminación del vínculo contractual junto con la indemnización de perjuicios?
Respuesta al problema jurídico: Si
El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 141 del CPACA, por cuanto en el presente asunto la parte actora pretende la declaratoria de incumplimiento contractual por parte del municipio de Girardot respecto de las obligaciones asumidas con la suscripción del acto de constitución de Procagir S.A.S., y que, consecuencialmente, se ordene la terminación de la relación contractual y se condene a la indemnización de perjuicios.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ENTIDAD TERRITORIAL / MUNICIPIO / SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONTRATO DE SOCIEDAD / PARTES DEL CONTRATO / NEGOCIO JURÍDICO
Problema jurídico:
¿Carece de legitimación en la causa por activa una sociedad de economía mixta cuando la controversia se refiere a un negocio jurídico del cual no fue parte signataria y cuya suscripción dio origen a su existencia como persona jurídica?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e constata que, por una parte, Mariano Ojeda Torregroza y Ojeda Group Ltda., y, por otra parte, el municipio de Girardot, se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, al haber sido las partes que suscribieron la constitución de la sociedad de economía mixta Procagir S.A.S., negocio jurídico que suscitó la controversia objeto de análisis. Ahora bien, es pertinente señalar que Procagir S.A.S. -sociedad que compareció al proceso como integrante de la parte demandante- no ostenta legitimación en la causa por activa, toda vez que la controversia sometida al conocimiento de la Sala versa sobre el posible incumplimiento contractual de las obligaciones asumidas por el municipio de Girardot -en su calidad de socio-, con ocasión de la suscripción del acto de constitución de la referida sociedad de economía mixta, lo que significa que Procagir S.A.S. no fue signataria del negocio jurídico objeto de litigio, pues dicho contrato de sociedad fue precisamente el que dio origen a su existencia como persona jurídica. En consecuencia, se declarará su falta de legitimación en la causa, y así se consignará en la parte resolutiva.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / NORMA DE DERECHO PÚBLICO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL / CAPITAL SOCIAL / EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / DERECHO A LA LIBERTAD ECONÓMICA / PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA / ACTIVIDAD EMPRESARIAL / CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / NATURALEZA DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / CONTRATO DE SOCIEDAD COMERCIAL / ACTO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Es requisito esencial para la constitución válida de una sociedad de economía mixta en Colombia contar con una autorización legal o reglamentaria previa, además de la celebración de un contrato de sociedad comercial o un acto constitutivo conforme a la forma societaria elegida?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el ordenamiento jurídico colombiano, el procedimiento para la constitución de una sociedad de economía mixta exige el agotamiento de dos actos jurídicos esenciales que se detallarán a continuación, cuya conformación implica la aplicación concurrente de disposiciones de derecho público y privado. Bajo esta perspectiva, se observa que los artículos 49, 50 y 98 de la Ley 489 de 1998, en consonancia con el artículo 462 del Código de Comercio, establecen los requisitos esenciales para la constitución de una sociedad de economía mixta, a saber: (i) una autorización legal o reglamentaria que disponga expresamente su creación; por tanto, tratándose de sociedades del orden nacional, dicha autorización debe emanar de una la ley, mientras que para las sociedades de carácter municipal o departamental, el acto habilitante debe adoptarse mediante acuerdo u ordenanza, según corresponda; y (ii) la celebración de un contrato de sociedad comercial, en los términos del artículo 110 del Código de Comercio, o la suscripción de un acto contractual o unilateral de constitución si se opta por conformar una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S.), conforme lo previsto en el artículo 5º de Ley 1258 de 2008. Esta doble dimensión normativa -público y privado- obedece a la naturaleza híbrida de las sociedades de economía mixta (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la constitución de las sociedades de economía mixta, ver: Corte Constitucional, sentencia C 722 del 12 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; sentencia C 953 del 1 de diciembre de 1999, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 110, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 462, LEY 1258 DE 2008 - ARTÍCULO 5, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 49, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 50, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 98
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD / CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / FACULTADES DEL ALCALDE / CREACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / USO DE ANIMALES / CONVOCATORIA PÚBLICA / CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / SOCIOS / ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN / SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Constituye una relación de naturaleza contractual, sujeta al control del juez contencioso-administrativo, el acto de constitución de una sociedad de economía mixta celebrado entre una entidad pública y particulares, en virtud de una autorización conferida por el concejo municipal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala encuentra que en el presente asunto se demostró que el Concejo Municipal de Girardot, mediante Acuerdo 020 de 2005, modificado por el Acuerdo 004 de 2008, confirió facultades al alcalde municipal “para la creación de una entidad jurídica, la cual podrá ser de naturaleza pública o mixta, cuyo objeto ser[ía] la construcción, organización y explotación económica de una planta de beneficio animal regional”. Igualmente está acreditado que, en virtud de la referida autorización, el alcalde de Girardot expidió la Resolución 286 de 2012, mediante la cual dispuso la apertura del proceso de convocatoria pública 001 de 2012, con el propósito de seleccionar al o a los socios que conformarían, junto con el municipio, “la sociedad de economía mixta para la construcción, organización y explotación económica de una planta de beneficio animal regional”; proceso que culminó con la adjudicación al consorcio Ojeda Group -integrado por Mariano Ojeda Torregroza y Ojeda Group Ltda.-, a través de la Resolución 558 de 2012 proferida por el ejecutivo municipal. Finalmente, se halla probado que, el 21 de enero de 2012, el municipio de Girardot y los particulares Mariano Ojeda Torregroza y Ojeda Group Ltda. suscribieron el acto contractual de constitución de Procagir S.A.S., A partir de los hechos expuestos anteriormente, la Sala concluye que, en el presente asunto, el procedimiento que se adelantó para la constitución de Procagir, correspondió al régimen aplicable a las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.), conforme lo dispuesto en el artículo 5 de Ley 1258 de 2008, dado que, si bien el Concejo de Girardot autorizó su creación mediante el respectivo acuerdo municipal, lo cierto es que fue con base en dicha autorización que el alcalde de Girardot suscribió con los particulares, vencedores del proceso de selección adelantado, el acto contractual de constitución de la mencionada sociedad de economía mixta. Así las cosas, esta colegiatura precisa que el acto de constitución de Procagir S.A.S. constituye una relación negocial de carácter contractual, que, por su naturaleza jurídica, se encuentra sujeta al control del juez administrativo, quien -como se expondrá más adelante- puede ejercer oficiosamente la facultad de declarar su nulidad cuando se configuren vicios sustanciales que comprometan su validez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1258 DE 2001 - ARTÍCULO 5
NULIDAD ABSOLUTA / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / INEFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEFICACIA DEL CONTRATO / DEBER DE OBEDIENCIA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO / ILEGALIDAD DEL ACTO JURÍDICO / PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / DEBERES DEL JUEZ / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA
Problema jurídico:
¿Está facultado el juez contencioso-administrativo para declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato cuando esta se encuentra plenamente demostrada en el proceso y concurren los requisitos legales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as causales de nulidad absoluta están concebidas por el ordenamiento jurídico como una sanción que implica privar de eficacia los actos jurídicos y los contratos que se han erigido en contravía de los intereses superiores, por cuya protección propende el orden jurídico, con el fin de proteger al conglomerado social de los efectos adversos que puedan desprenderse de un acto jurídico o un contrato viciado de tales tipos de ilegalidad. (...) Cabe destacar, entonces, que cuando el juez natural del contrato advierte que este adolece de una causal de nulidad absoluta, tiene el deber-facultad de declararla con carácter previo al examen de la eventual responsabilidad contractual sometida a su consideración (...). En este contexto, a partir de una lectura armónica y sistemática del inciso final del artículo 141 del CPACA, en concordancia con los artículos 45 de la Ley 80 de 1993 y 1742 del Código Civil, esta Sala de Subsección ha sostenido de manera pacífica y reiterada que el juez administrativo se encuentra habilitado para declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato, siempre que se cumplan los siguientes presupuestos, a saber: (i) que esté plenamente demostrada en el proceso, sin que sea susceptible de saneamiento por ratificación; (ii) que las partes contratantes o sus causahabientes hayan intervenido en el proceso; y (iii) que no haya operado la prescripción extraordinaria.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad y deber del juez de declarar la nulidad absoluta del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2012, rad. 26140, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; auto del 3 de agosto de 2006, rad. 31354, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 29 de octubre de 2015, rad. 29742, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 15 de octubre de 2020, rad. 48784, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 10 de diciembre de 2021, rad. 55481, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 12 de julio de 2023, rad. 60817, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 1 de noviembre de 2023, rad. 55929, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia del 13 de marzo de 2024, rad. 55596, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Impide la configuración de la caducidad del medio de control la declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta de un contrato por parte del juez contencioso-administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]l margen de que la no operancia de la caducidad no es un requisito para la declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta de un negocio jurídico, sí constituye un presupuesto procesal que debe ser superado para dictar sentencia de fondo. Es así que, en caso de advertirse la configuración del fenómeno procesal de la caducidad, esto es, de evidenciarse que la demanda no se interpuso en tiempo, el juez del contrato no tendría la posibilidad de pronunciarse de fondo en el asunto sometido a su consideración, lo cual, por ende, le impediría examinar y analizar oficiosamente si el acuerdo de voluntades incurrió en un vicio de validez (...). Bajo este contexto, resulta claro que la caducidad es un presupuesto procesal que opera respecto del medio de control ejercido por el extremo activo de la litis, en función de la causa petendi que sustenta su pretensión, la cual en el caso sub judice se relacionó con la solicitud de declaratoria del incumplimiento del municipio de Girardot. (...) Así las cosas, aun cuando el estudio que de oficio adelantó el a quo en punto a la nulidad absoluta del contrato incorporó el análisis de aspectos atinentes a los actos que consideró como previos a su suscripción -acuerdos municipales que autorizaron la creación de la sociedad de economía mixta-, (...) lo cierto es que la facultad oficiosa de declarar la nulidad absoluta de un contrato constituye una potestad autónoma del juez, orientada a salvaguardar el orden jurídico y los intereses generales, cuyo limite está dado por la prescripción extraordinaria (...), sin sujeción al término de caducidad que pueda desprenderse de la nulidad de actos no demandados que hubieren antecedido a la celebración del contrato cuya nulidad absoluta es declarada. En este sentido, dado que el presente asunto versaba, desde un principio, sobre la eventual declaratoria de incumplimiento por parte del ente demandado respecto de las obligaciones derivadas del negocio jurídico celebrado, pretensión que se tramita por el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad aplicable en el sub judice debe computarse -como en efecto se hizo- con base en este último medio de control, y no en aquel que habría resultado procedente atendiendo los fundamentos que sustentaron la nulidad declarada oficiosamente.
DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / VICIOS DEL CONTRATO / ACTO PRECONTRACTUAL / ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / MEDIDAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Puede el juez, al analizar la validez de un contrato, examinar actos y circunstancias anteriores a su celebración que, sin haber sido demandados directamente, puedan comprometer su validez por configurar una causal de nulidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a nulidad del negocio jurídico es una sanción prevista ante la existencia de vicios estructurales presentes al momento de su celebración, es decir, que se trata de un fenómeno que se ubica en la génesis del contrato. Esta circunstancia implica que el estudio en punto a la validez del contrato supone que el juez en su análisis ha de examinar, con visión panorámica y en aras de hacer valer el orden público, las actuaciones anteriores y concomitantes que confluyeron al nacimiento de la relación negocial. Por tanto, el estudio de las causales de nulidad del contrato no excluye el análisis de los antecedentes sobre la base de los cuales se erigió el negocio jurídico, para contraerlo exclusivamente al instante mismo en el que la relación contractual se perfeccionó, sino que, por el contrario, en no pocas ocasiones y dependiendo de las circunstancias del caso concreto, impone al juez la verificación de actos y actuaciones surtidas con antelación y que, no obstante, tienen incidencia determinante en el surgimiento a la vida jurídica del contrato, al punto de comprometer su validez. Así las cosas, aun cuando el juez del contrato no puede adelantar un juicio de legalidad respecto de actos administrativos anteriores al contrato que no hubieren sido demandados oportunamente, ello no es óbice para que, al estudiar la validez del acuerdo de voluntades, esté llamado a examinar todas las circunstancias, actos y actuaciones que pudieren determinar que el contrato haya nacido viciado de nulidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad de declarar la nulidad absoluta del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 25 de mayo de 2023, rad. 67201, C. P. Alberto Montaña Plata.
CONFIRMACIÓN PARCIAL DE LA SENTENCIA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA / OBJETO ILÍCITO / CAUSA ILÍCITA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES
Problema jurídico:
¿Puede el juez declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato estatal por objeto y causa ilícitos, aun cuando los actos administrativos que antecedieron su celebración no hayan sido demandados y haya operado la caducidad para impugnarlos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i el Tribunal advirtió irregularidades en los acuerdos que autorizaron la creación de Procagir S.A.S., los cuales constituían el fundamento del acto contractual objeto de controversia y, a su vez, implicaban concluir de forma evidente y manifiesta que este había nacido viciado de objeto y causa ilícitos, era su deber declarar de oficio su nulidad absoluta, sin que fuera obstáculo para ello el hecho de que tales acuerdos no hubiesen sido demandados y al margen de que hubiere expirado el término de caducidad para controvertirlos en sede judicial. Por todo lo dicho, la Sala concluye que, independientemente de que en este asunto no se hubiese cuestionado ninguno de los actos que precedieron la suscripción del contrato de constitución de Procagir S.A.S. incluido el acto de adjudicación, cuya impugnación no es requisito para la procedencia de la declaratoria de nulidad absoluta del contrato por objeto y causa ilícitos y al margen de que respecto de ellos hubiese operado la caducidad, el a quo conservaba la facultad oficiosa para declarar la nulidad absoluta de dicho acuerdo de voluntades, con fundamento en las irregularidades antecedentes que comprometían su validez desde el origen.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber del juez de estudiar los vicios de legalidad en los negocios jurídicos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de julio de 2025, rad. 71312, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA / PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / SANEAMIENTO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Constituye la prescripción extraordinaria un límite temporal que impide al juez declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato cuando ha transcurrido el término legal sin interrupción?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A] diferencia de la caducidad -que es un presupuesto procesal-, la prescripción extraordinaria sí constituye un requisito para que el juez pueda ejercer su facultad oficiosa de declarar la nulidad absoluta de un contrato. Es así que, tal como lo ha señalado la jurisprudencia, tal prescripción viene constituir ese límite temporal fijado por el legislador que impide el cuestionamiento de la legalidad de los negocios jurídicos. En efecto, el citado artículo 1742 del Código Civil, subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1936, contempla el saneamiento de la nulidad absoluta por la ocurrencia de la prescripción extraordinaria, incluso cuando esta se hubiere originado por objeto o causa ilícitos -como fue declarado por el Tribunal-. Por tanto, una vez transcurrido el término correspondiente, no podrá solicitarse ni decretarse de oficio, porque el legislador, en procura de la seguridad jurídica, fijó un límite temporal. En este contexto, se constata que en el presente caso no ha operado la prescripción extraordinaria, cuyo término es de 10 años, conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 791 de 2002, norma vigente para la fecha en que se suscribió el acto contractual de constitución de Procagir S.A.S. -21 de enero de 2013-. Lo anterior, porque el plazo de prescripción se interrumpió con la presentación de la demanda -15 de junio de 2016-, notificada dentro del término de un año -23 de septiembre de 2016- previsto en el artículo 94 del CGP.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prescripción extintiva, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, rad. 18294, C. P. Enrique Gil Botero.
PARTES DEL CONTRATO / INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / DERECHO DE DEFENSA
Problema jurídico:
¿El juez administrativo se encontraba habilitado para declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato, al concurrir los requisitos de ley, desarrollados jurisprudencialmente, incluida la intervención en el proceso de las partes contratantes?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n cuanto al presupuesto de que las partes contratantes o sus causahabientes hayan intervenido en el proceso, debe observarse que en el sub lite los extremos del contrato acudieron al proceso con ocasión de la demanda de controversias contractuales, de ahí que el Tribunal a quo sí tenía competencia para declarar de oficio su nulidad absoluta, al encontrar acreditadas las causales de objeto y causa ilícitos, sin que puedan ser de recibo los argumentos del recurrente en torno a la vulneración de su derecho de contradicción y defensa, bajo la premisa de no haber podido pronunciarse sobre las causales de nulidad que se decretaron.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el estudio oficioso de validez del negocio jurídico, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2005, rad. 12249, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / MUNICIPIO / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / COMPETENCIA DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte vencida en el proceso y a favor del Municipio, al haberse acreditado su intervención mediante la presentación de alegatos de conclusión?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala condenará en costas a la parte demandante, al habérsele resuelto de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto y constatarse que el municipio de Girardot participó activamente en el trámite de segunda instancia mediante la presentación de alegatos de conclusión. Para tal efecto, corresponderá al Tribunal de origen efectuar la liquidación y tasación de las costas, debiendo considerar que, en esta instancia, se reconocen agencias en derecho por el 0,05% del valor de las pretensiones de la demanda, con fundamento en las tarifas fijadas en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361