Titulación de la relatoría 40.837 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / MOTIVACIÓN DEL FALLO / CONTENIDO DE LA SENTENCIA / ALCANCE DE LA SENTENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado, y conforme al contenido de los reproches del recurrente?
Respuesta al problema jurídico: Si
La parte recurrente alegó que la decisión del Tribunal omitió resolver la mayoría de las pretensiones de la demanda. (...) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código General del Proceso, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda y, asimismo, con las razones de defensa de la parte demandada; de manera que estos elementos delimitan el objeto alrededor del cual debe girar el debate del proceso y, por tanto, los aspectos sobre los cuales ha de recaer el pronunciamiento judicial final, es decir, constituyen pilares fundamentales que garantizan el ejercicio, entre otros, del derecho de acción y, correlativamente, del de contradicción y, a su vez, imponen al juez el deber de fallar de manera congruente con lo pretendido en la demanda y su fundamento. (...) La motivación de las decisiones judiciales constituye un deber de los jueces y un elemento constitutivo de la garantía al debido proceso que involucra el examen crítico de las pruebas sobre los hechos y la formulación de los razonamientos legales necesarios para fundamentar la decisión, como se deduce del artículo 280 del CGP. No basta tener razones para adoptar la decisión, sino que hace falta expresarlas analíticamente. Las razones que justifican la decisión corresponden a las premisas fácticas (los hechos probados) y a las premisas jurídicas (las normas aplicables al caso). En este orden de ideas, la decisión no estará justificada si no se deriva lógicamente de las premisas expresadas en el razonamiento; así lo ha determinado la jurisprudencia de esta corporación. (...) En consonancia con lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 287 del CGP, el juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado. En la misma línea, según el artículo 328 del CGP, el objeto de la apelación debe circunscribirse al estudio de los reproches del recurrente. (...) Por lo tanto, de cara a la resolución del caso concreto, se excluirá del análisis del objeto de la apelación las pretensiones declarativas relacionadas con el incumplimiento que generó la imposibilidad de ejecutar el contrato (violación a la planeación, falta de diseños, no entrega de definiciones técnicas) pues así lo halló probado el tribunal, aunque no se refirió a cada uno de los aspectos puntuales de la primera pretensión. Asimismo, tampoco será objeto de estudio en segunda instancia la pretensión de condena referente al pago de obras ejecutadas (pretensiones cuarta, quinta, sexta, séptima y octava principales), porque la totalidad de las obras ejecutadas conforme al dictamen de la SCI fueron tenidas en cuenta por el a quo al liquidar el contrato, con exclusión de las defectuosas y las no aprobadas por la interventoría, decisión frente a la que el apelante no realizó objeción. Los demás asuntos observados en la apelación serán decididos por la Sala, ante la falta de pronunciamiento del juez de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del deber de motivación de la sentencia, consultar providencia de 26 de febrero de 2014, Exp. 27345, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 280, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 287, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / COSTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda por costos administrativos por improductividad, derivados del incumplimiento del contrato estatal por la administración?
Respuesta al problema jurídico: No
El reparo del demandante radica en que a pesar de que se halló probado el incumplimiento del contrato, el a quo no resolvió sobre los perjuicios que se derivaron por costos administrativos por improductividad. En la demanda explicó que a pesar de que no fue posible el cumplimiento del objeto contractual incurrió en una serie de gastos que no pudo recuperar, como personal que mantuvo durante el plazo de ejecución, el pago de impuestos, servicios públicos y pólizas. En la demanda alegó que los pagos recibidos fueron parciales y que no pudo recuperar la totalidad de esos costos administrativos. Indicó que esos costos estaban acreditados con dos pruebas técnicas: (i) el dictamen de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que prueba la existencia del daño y (ii) el dictamen pericial contable mediante el cual se cuantificaron los perjuicios. (...) La Sala empieza por señalar que los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de una parte del contrato deben ser ciertos, personales y directos, no puramente eventuales, indirectos o hipotéticos; por tanto, para emitir una condena no basta con que se encuentre probado el incumplimiento, sino que el daño, con las características mencionadas, debe estar plenamente probado. (...) Para probar el daño es imprescindible acreditar los costos administrativos por improductividad. Sin su demostración resulta imposible acceder a las pretensiones indemnizatorias de la demanda, como tampoco es posible emitir una condena en abstracto, en la medida que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 del CPACA y 283 del CGP, tal incidente está dispuesto para determinar la cuantía del perjuicio, lo que supone que previamente en la sentencia se ha establecido la existencia de un daño cierto, personal y directo –por ser un elemento de la responsabilidad–, que, se reitera, en este caso sólo podía acreditarse demostrando las erogaciones en las que afirman los demandantes haber incurrido. (...) Los daños que se reclaman en la demanda corresponden a los costos administrativos en los que incurrió el consorcio y que no se recuperaron por la no ejecución del contrato por culpa de la entidad. La jurisprudencia ha delimitado este concepto al señalar que la administración corresponde a aquellos costos para la operación del contrato, tales como gastos de disponibilidad de la organización del contratista. No se trata de erogaciones mayores a las previstas inicialmente, sino de las que estaban planeadas, pero que dado el incumplimiento de la entidad y la inejecución del contrato, no fueron pagadas. Por tanto, deben distinguirse los gastos que surgen o deben sufragarse como consecuencia directa de la mayor permanencia de obra, de aquellos que, como lo reclama la demanda, son propios de la ejecución del contrato y que en principio están cubiertos por la remuneración pactada y, por lo mismo, no pueden catalogarse como mayores costos. (...) En línea con lo anterior y de cara al reconocimiento de los perjuicios derivados por costos administrativos se debe acreditar: (i) el incumplimiento, (ii) las erogaciones en las que debió incurrir el contratista en razón o con ocasión de los costos administrativos que fueron planeados para la ejecución del contrato; (iii) que los costos administrativos en los que incurrió el consorcio son superiores a lo pagado durante la ejecución del contrato o que no pudo recuperarlos con ocasión del incumplimiento, por ejemplo, porque la obra no se ejecutó en el plazo contractual; (iv) la necesidad de incurrir en esos costos, a pesar de que el contratista tiene claro que no es posible la ejecución del contrato dadas las circunstancias que afectan el cumplimiento de sus obligaciones. (...) [L]a Sala concluye que no es posible dar por sentado que los daños que alega la parte actora le fueron causados, estén demostrados y asciendan a la suma indicada por el perito, en la medida que (...) el dictamen no es sólido, claro y exhaustivo, pues no da cuenta, con esas características, del fundamento de sus conclusiones (artículo 232 del CGP). (...) La documentación anexa con la demanda tampoco permite concluir que los eventuales costos en los que incurrió el contratista no fueron los indispensables para la ejecución de los trabajos que sí pudieron realizarse. De ella no se desprende un ejercicio comparativo que indique los costos administrativos para ejecutar el contrato en un 28% ni en los que incurrió para ejecutar la variedad de obras constatadas por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y cuantificadas en la liquidación del a quo, frente a la totalidad de los gastos en que incurrió durante la ejecución del contrato. Solo de esta manera podría clarificarse cuánto de ese total correspondió a la ejecución del contrato y que se pagó y cuánto tuvo que costear sin ejecutar las obligaciones pactadas. (...) Ahora bien, frente a ese eventual porcentaje de costos adicionales improductivos por exceder lo necesario para ejecutar las obras que se realizaron y las obras que el tribunal ordenó tener en cuenta al liquidar el contrato, esa documentación tampoco permite inferir la necesidad del contratista de incurrir en esos gastos a pesar de que tenía conocimiento de las circunstancias que afectan la ejecución del contrato. No puede determinarse si para el contratista resultaba indispensable hacerlo en aras de garantizar parte de la ejecución de la obra. (...) Por el contrario, en el proceso se acreditó que el contratista fue requerido en varias oportunidades por la interventoría para que dispusiera del personal necesario para la ejecución de los trabajos. Ello indica que no siempre, mientras estuvo vigente el contrato, incurrió en la totalidad de costos administrativos cuyo pago se debía recuperar con el precio del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de los costos administrativos derivados del incumplimiento del contrato por la administración, consultar providencia de 28 de agosto de 2003, Exp. 17554, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 193, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 283
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / FACTURA / CONCEPTO DE FACTURA / PAGO DE LA FACTURA / MORA EN EL PAGO DE LA FACTURA / MORA EN EL PAGO / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DE LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DEL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / COMPENSACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN / PAGO AL CONTRATISTA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FACTURA DE VENTA / COBRO DE FACTURA DE VENTA / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS / MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / OBLIGACIÓN DINERARIA
Problema jurídico:
¿Debe condenarse a Bogotá D.C. - Secretaría de Educación Distrital al pago de las actas parciales de obra nº. 12 y 13 que corresponden a las facturas de venta nº. 17 y 19, como contraprestación por la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra por parte del consorcio demandante, al observarse el incumplimiento de la obligación dineraria a cargo de la entidad pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
La parte actora esgrimió, en su recurso de apelación, en relación con las facturas n.° 17 y 19 que (...) el tribunal al realizar la liquidación del contrato se equivocó al tenerlas como pagadas, pues, de conformidad con las pruebas que obran en el proceso, quedó acreditado que estas no fueron desembolsadas (...). Para determinar si surgió en cabeza de la SED la obligación de pago como contraprestación por la ejecución de las actividades previstas en el contrato n°. 03610 de 2013 por parte del consorcio y si dicha obligación era o no exigible y, por ende, si la demandada incurrió en mora, es menester analizar el contenido del contrato n°. 03610 de 2013 y el pliego de condiciones de la licitación pública n°. SED-LP-DCCEE-067-2013 que hacía parte integral de este, en los términos de la cláusula vigésima segunda. (...) [L]a Sala no encuentra fundamento para afirmar la exigencia de [algún requisito] (...) adicional o distinto a los que hizo alusión la cláusula octava del contrato para la elaboración y presentación de las actas parciales de obra. En esencia, el consorcio debía aportar las memorias de obra y enlistar los ítems de obra y las cantidades ejecutadas, debidamente avaladas por el interventor del contrato. (...) Ahora bien, reunidos los requisitos para el pago de las respectivas actas de obra, se aprecia que el contrato no estableció un término o plazo para que la SED cumpliera con las obligaciones a su cargo, en particular, con la prevista en la cláusula cuarta: “realizar los pagos en la forma y monto indicados en el presente contrato”. Sin embargo, ello no quiere decir que las obligaciones a cargo de la SED sólo se hayan hecho exigibles a partir de la reconvención judicial, pues (...) el consorcio expidió y presentó a la entidad las respectivas facturas como soporte de las cantidades de obra ejecutadas, como era su deber hacerlo según lo dispuesto en el artículo 615 del Estatuto Tributario. De esta manera, de conformidad con el primer inciso del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y dado que los plazos asociados al cumplimiento de las obligaciones dinerarias no están regulados en las leyes especiales, resultan aplicables en esta materia las disposiciones del Código de Comercio, en particular, lo referente a los términos de aceptación y pago de facturas (arts. 773 y 774 del C.Co.). (...) La factura es el soporte contable de los bienes adquiridos o de los servicios prestados y, en tal virtud, como lo precisa el artículo 18 de la Ley 962 de 2005, las entidades estatales solo pueden pagar las obligaciones contractuales contraídas previo cumplimiento de la obligación de expedir factura. Así las cosas, salvo acuerdo especial, si el consorcio no presentaba la factura correspondiente, la obligación de pago correlativa a la ejecución de las actividades del contrato, aunque existente, no podía exigirse por faltar un requisito legal necesario para hacer el respectivo desembolso. (...) Corolario de lo anterior es que, según el artículo 2º de la Ley 1231 de 2008 modificado por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclama en contra de su contenido, bien sea mediante devolución o mediante reclamo escrito al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Asimismo, el artículo 774.1 del C.Co. modificado por el artículo 3º de la Ley 1231 de 2008 dispone que en ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la emisión. (...) Con base en lo anterior, si el consorcio presentaba correctamente las facturas de pago y sus soportes actas de obra avaladas y aprobadas, aportes al Sistema de Seguridad Social, etc., a partir de la fecha de emisión de la respectiva factura corrían los 30 días calendario dentro de los cuales la SED debía pagar el respectivo valor del acta menos lo que correspondiera por amortización del anticipo conforme con los términos del numeral 2 de la cláusula 9 del contrato y la sección 4.6.5. del pliego de condiciones (...). Si vencidos los 30 días calendario contados a partir de la fecha de emisión de la factura debidamente presentada junto con las actas de obra y con todos sus requisitos y soportes la SED no pagaba la obligación dineraria, incumplía el contrato pues se constituía en mora y comenzaban a correr los intereses correspondientes a favor del consorcio en razón del doble del interés legal civil calculado sobre el valor histórico del acta actualizado de conformidad con el artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993. En otras palabras, la obligación dineraria a cargo de la SED estuvo sujeta a un término de 30 días calendario de conformidad con el artículo 774.1 del C.Co., motivo por el cual, en los términos del numeral 1º del artículo 1608 del Código Civil, si no solucionaba su obligación dineraria se constituía en mora, por lo que, a partir de ese momento comenzaban a correr intereses moratorios. (...) Valoradas en conjunto las pruebas, y teniendo en cuenta los periodos de las actas parciales nº. 12 26 de abril al 15 de mayo de 2015 y 13 26 de mayo al 25 de junio de 2015 , la Sala concluye que las obras recibidas por el interventor fueron ejecutadas por el consorcio antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, lo que ocurrió a partir del 25 de agosto de 2015. Si bien el interventor allegó a la entidad dichas actas parciales de obra apenas el 10 de julio de 2015 y el 3 de septiembre de 2015, respectivamente, no lo es menos que dichas actas, aceptadas y revisadas por el interventor, dan fe de que las cantidades de obra fueron ejecutadas antes de la fecha de terminación del contrato. (...) [L]a Sala estima que el hecho de que el contrato hubiera entrado en etapa de liquidación no es una razón válida para afirmar que el demandado no debía pagarle su valor al consorcio, fundamentalmente porque las actividades fueron ejecutadas antes de la terminación del contrato y porque el interventor, quien era el encargado de certificar que las obras se ejecutaron de conformidad con lo requerido en el contrato, dio su visto bueno respecto de los trabajos realizados. (...) Ahora, para determinar el incumplimiento de la SED respecto del pago de las facturas nº. 17 y 19, no basta con afirmar que las actividades se ejecutaron y fueron aprobadas por el interventor, hace falta también determinar que la obligación de pago se hizo exigible en cabeza de la entidad demandada y, pese a ello, no la cumplió. (...) especto de la factura de venta nº. 17 del 9 de julio de 2015 que se soportó en el acta parcial de obra nº. 12 se entiende aceptada por la entidad después de que transcurrieron 3 días hábiles desde su presentación lo que ocurrió el 16 de julio de 2015 , sin que las devolviera o presentara reclamo escrito al consorcio dentro del término previsto en el artículo 2º de la Ley 1231 de 2008, por lo cual, los 30 días calendario previstos en el artículo 774.1 del C.Co., como plazo para que la entidad pública hiciera el pago, vencieron el 8 de agosto de 2015, esto es, antes de la fecha en que terminó el plazo del contrato 25 de agosto de 2015 . Por ende, se concluye que la obligación de pago respecto de esta factura surgió antes de que se terminara el contrato, lo cual, por tanto, no afectó su exigibilidad. (...) En relación con la factura de venta nº. 19 del 1 de septiembre de 2015, soportada en el acta parcial nº. 13 del periodo del 26 de mayo al 25 de junio de 2015, se evidencia que fue presentada para su pago el 3 de septiembre de 2015, esto es, cuando ya se había terminado el plazo de ejecución del contrato. Así, pese a que la obligación de pagar las cantidades de obra consignadas en el acta parcial nº. 13 surgió, la SED no se constituyó en mora sino solo a partir de la reconvención judicial -numeral tercero del artículo 1608 del Código Civil- lo que ocurrió a partir del 16 de mayo de 2016, fecha en la que se le notificó el auto admisorio de la demanda, tal y como lo establece el inciso segundo del artículo 94 del CGP. Así las cosas, la demandada solo incumplió su obligación en relación con el acta parcial nº. 13 concomitantemente al momento en que se le reconvino judicialmente. (...) Advierte la Sala que las defensas expuestas por la SED en relación con el incumplimiento de estas obligaciones no están llamadas a prosperar. En efecto, es cierto que las obligaciones recíprocas que podrían tener las partes, de un lado, la SED de pagar las actas parciales de obra nº. 12 y 13 y, del otro, la obligación del consorcio de amortizar el anticipo, han de extinguirse mediante la compensación de conformidad con el artículo 1714 del Código Civil. Compensación que debía ordenarse en la sentencia, a través de la liquidación judicial según pretensión formulada por la demandante a la que no se opuso la demandada . Sin embargo, el hecho de que en este momento se haga un cruce de cuentas sobre cuánto se adeudan recíprocamente las partes que atiende al finiquito de cuentas que se realiza en la liquidación no significa, ni es una defensa válida, para eximir a la SED de su responsabilidad por haber incumplido su obligación de pagar, en los términos del contrato, las actas parciales de obra que remuneraban las actividades ejecutadas por el consorcio. De manera que, por el contrario, el reconocimiento de la deuda pendiente de pago afecta el cruce de cuentas entre las partes porque corresponde a un monto que favorece al demandante en virtud del incumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante. (...) De conformidad con los términos del contrato, la SED estaba obligada al pago de las actas parciales de obra que le presentara el consorcio en función del objeto contractual en su integridad, con independencia del hecho de que, al finalizar el contrato, el saldo final que arrojara la liquidación fuera a favor de una u otra parte. (...) Por todo lo anterior, la Sala modificará el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, que contiene el saldo del balance del contrato, en el entendido que la SED no pagó las cantidades de obra y las actividades que fueron instrumentadas a través de las actas parciales de obra nº. 12 y 13 que corresponden a las facturas de venta nº. 17 y 19 y por ende su valor no podía ser compensado en favor de la entidad pública.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 773, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 774, LEY 1231 DE 2008 - ARTÍCULO 2, LEY 1231 DE 2008 - ARTÍCULO 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 94, LEY 1676 DE 2013 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608 NUMERAL 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1714, LEY 962 DE 2005 - ARTÍCULO 18
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FACTURA DE VENTA / COBRO DE FACTURA DE VENTA / INTERÉS MORATORIO / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / TASA DE INTERÉS MORATORIO / DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista los intereses moratorios solicitados en la demanda, por los días de retardo en el pago de las facturas n°. 2, 3, 5-7 y 11-17, 19?
Respuesta al problema jurídico: Si
La recurrente formuló reproches contra la decisión de primera instancia, porque omitió pronunciarse sobre los intereses moratorios por los días de retardo en el pago de las facturas n°. 2, 3, 5-7 y 11-17, [19]. (...) Para abordar este aspecto de la apelación, la Sala debe retomar la distinción entre exigibilidad y mora, pues son nociones diferentes. La primera se predica de las obligaciones que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo, porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se realizaron. La mora, en cambio, supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación y para constituir en ella al deudor se requiere, como regla general, la reconvención del acreedor, salvo las excepciones previstas en la ley. (...) El numeral 3º del artículo 1608 del Código Civil exige una reconvención o requerimiento judicial del acreedor para el cumplimiento de la obligación, que es una interpelación judicial para que el deudor ejecute la prestación exigible que se comprometió a dar o hacer. Los dos primeros numerales de esa disposición establecen excepciones a la reconvención judicial para la constitución en mora: el primero se refiere a la hipótesis de que se haya estipulado plazo para el cumplimiento de la obligación y el segundo a que la obligación no haya podido ser cumplida sino dentro de cierto tiempo que el deudor dejó pasar. El numeral segundo del artículo 1617 ibídem, que regula los perjuicios por la mora en el cumplimiento de obligaciones dinerarias, no contiene una regla diferente, aunque aclara que el acreedor insatisfecho “no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo [mora]”. (...) [E]l plazo de 30 días calendario previsto en el artículo 774.1 del C.Co., es un plazo suspensivo cuyo vencimiento dio lugar a la exigibilidad de la obligación dineraria surgida en cabeza de la SED con ocasión de la presentación de las respectivas facturas soportadas en las actas parciales de obra avaladas por la interventoría. Este plazo corrió contra la presentación de las facturas nº. 2, 3, 5-7 y 11-17 soportadas en las actas parciales de obra nº. 1 a 12, por lo cual la SED se constituyó en mora porque al vencimiento de los 30 días calendario contados a partir de la fecha de emisión de la respectiva factura no había realizado el pago. (...) Por otra parte, (...) en el caso de la obligación surgida con ocasión del acta parcial nº. 13 que se presentó a través de la factura nº. 19 , los 30 días referidos no corrieron para hacer exigible la obligación dineraria a cargo de la SED en tanto se presentó una vez finalizado el plazo contractual. De esta manera, la exigibilidad de la obligación coincide con la constitución en mora de la SED, la cual se hizo efectiva a partir de la reconvención judicial, esto es, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda el 16 de mayo de 2016. Por ende, a partir de esta fecha se liquidarán y calcularán los intereses moratorios que deberá pagarle la SED al consorcio frente a esta acta. (...) Vale resaltar que todas las facturas analizadas cumplen cabalmente con los requisitos establecidos en los artículos 3º de la Ley 1231 de 2008 y 617 del Estatuto Tributario, porque: i) se denominaron expresamente “facturas de venta”; ii) incluyeron la identificación de quien presta el servicio consorcio ACR-Herrán y de quien los adquirió Secretaría de Educación Distrital ; iii) se identificó con un número y se precisó su fecha; iv) se incluyó el valor de la operación, y v) contiene la fecha de recibo de la respectiva factura por parte de la SED. (...) Ahora bien, en relación con la tasa de interés con base en la cual se calcularán los intereses moratorios, se advierte que en el contrato de obra nº. 03610 de 2013 tampoco se estableció nada al respecto. Por tal motivo, al tratarse del interés moratorio, resulta aplicable lo previsto en el numeral octavo del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 conforme al cual “[s]in perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado”. De conformidad con el artículo 1617 del Código Civil, el interés legal anual se fija en el 6%, por lo que la tasa de intereses moratorios aplicable a los incumplimientos derivados del contrato en línea con la Ley 80 de 1993 es del 12% anual calculado sobre el valor actualizado de la obligación. (...) Con base en todo lo anterior, se concluye que la SED incurrió en mora en el pago de las obligaciones dinerarias contenidas en las facturas nº. 2, 3, 5-7 y 11-17 que le presentó el consorcio a través del interventor para su pago, a partir del vencimiento de los 30 días calendario siguientes a la fecha de emisión de la respectiva factura, por lo cual el demandado será condenado a pagar los intereses moratorios sobre sus respectivos valores actualizados a partir de las fechas en que se hicieron exigibles las obligaciones, en los términos que más abajo se detallan. (...) Por último, en el caso de la factura nº. 19, (...) los intereses moratorios serán calculados a partir del 16 de mayo de 2016, esto es, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la distinción entre exigibilidad y mora, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 10 de julio de 1995, Exp. 4540.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 774 NUMERAL 1, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 617, LEY 1231 DE 2008 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1617
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / PERJUICIOS POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA / UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / APELANTE ÚNICO / REFORMATIO IN PEJUS / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer la utilidad proyectada y esperada por el contratista en la propuesta económica, que no pudo obtenerse como consecuencia de la falta de planeación y estructuración del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
El consorcio pretende que la SED le reconozca la utilidad proyectada en la propuesta económica que no pudo obtenerse como consecuencia de la falta de planeación y estructuración del contrato, en razón de $247.721.895 y sobre la cual no se pronunció el tribunal. Concretamente, afirmó que los retrasos ocasionados por los incumplimientos de la demandada impidieron ejecutar el objeto del contrato antes de la terminación del plazo, lo cual significó la imposibilidad de obtener las utilidades originalmente proyectadas. (...) [E]l Tribunal concluyó que las obras no pudieron ejecutarse en su totalidad debido a las falencias durante la etapa de planeación del contrato, lo cual atribuyó a que la entidad demandada no adoptó de manera oportuna las previsiones necesarias para la iniciación de los trabajos y para que su ejecución se desarrollara sin interrupciones. Dado que en el caso sub judice (...) la demandada incumplió con sus obligaciones y como el superior no puede reformar en perjuicio del apelante único [no reformatio in peius] (328 CGP), es evidente que dicha entidad contratante es la que está llamada a soportar los efectos derivados de su incumplimiento. (...) Así las cosas, la Sala estima que se le deben reconocer al consorcio las utilidades dejadas de percibir por la ejecución del contrato, pues la imposibilidad de cumplir con el objeto durante el plazo contractual, según el a quo, estuvo determinada por los retrasos derivados del incumplimiento de la SED y, luego, porque con la terminación del contrato el 25 de agosto de 2015 se frustró completamente la posibilidad de terminar las obras contratadas. (...) [L]a utilidad que deberá pagarle la contratante al consorcio corresponde al 3% del costo directo total de la obra menos los valores que el consorcio ya había recibido a título de utilidad producto del pago del pago de las facturas (...). El resultado de esa operación arroja una utilidad de $292.543.652, como se evidencia en el dictamen pericial contable. (...) La Sala advierte que sobre la anterior suma de dinero no se reconocerán intereses moratorios en tanto la exigibilidad de su pago se deriva de la presente condena.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer a favor del consorcio demandante el costo de los materiales adquiridos de forma anticipada por el contratista para ejecutar la obra pública, ante la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato por causas imputables a la demandada?
Respuesta al problema jurídico: Si
El consorcio sostiene que, debido a que para ejecutar las obras era necesario adquirir anticipadamente materiales, la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato por causas imputables a la SED implicó no poder disponer de ellos para ejecutar las obras, lo que, a su juicio, debe dar lugar a que la demandada le reconozca su valor, que en ese momento ascendía a $308.453.565. (...) La Sala estima que el valor de los materiales es un sobrecosto que debe ser asumido por la SED, toda vez que el Tribunal concluyó que el objeto contractual no pudo ejecutarse por causas imputables a la demandada. Así las cosas, la Sala concederá la pretensión décima primera de condena de la demanda relacionada con la indemnización del valor de los materiales no empleados en las obras, pero por el valor que se acreditó con la experticia, es decir, $195.332.399. (...) La anterior suma debe ser actualizada a partir del momento en el que el consorcio habría recibido la retribución por todos los materiales, esto es, al vencimiento del plazo del contrato de obra, o sea el 25 de agosto de 2015 (...).
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Dado que en esta sentencia se harán declaraciones y condenas a favor del consorcio y en contra de la entidad pública demandada, debe revisarse la liquidación judicial del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que en esta providencia se harán declaraciones y condenas a favor del consorcio y en contra de la entidad, le asiste razón al demandante cuando afirmó en la apelación que el ejercicio de finiquito de cuentas del contrato de obra debe ser revisado. En mérito de lo que antecede, la Sala pasa a revisar el balance final de la liquidación judicial del contrato (...). [E]l valor del saldo que reconoció el
Tribunal en valor de la entidad es de $738.822.224, suma que actualizada a la
fecha de esta sentencia arroja un valor de $981.523.634. Este valor, que es un saldo
a favor de la entidad se compensa de igual forma con la suma a que tiene derecho
el consorcio por concepto de las facturas 17 y 19 actualizadas -$670.509.310- por
concepto de intereses moratorios $547.915.399, cuyo cálculo implica su previa
actualización, de utilidad proyectada no percibida por valor de $465.348.348,
cuya suma ya fue actualizada y por los materiales de obra adquiridos por valor
de $310.714.686, cuyo valor ya fue actualizado. Así, al compensar la suma que
reconoció el Tribunal en favor de la entidad con los valores reconocidos en esta
sentencia se obtiene el resultado final de la liquidación, que es de $1.012.964.109,
valor al que corresponderá la condena, en favor del Consorcio.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿En vigencia del CPACA y del Código General del proceso debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a parte demandante, en el recurso de apelación, esgrimió que el a quo debió condenar en costas a la parte demandada en primera instancia, pues le fue desfavorable la sentencia. (...) El artículo 188 del CPACA establece que “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se seguirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. (...) Por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, resulta aplicable al presente asunto el artículo 365 del CGP, el cual, en su numeral 1, ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. En la medida en que la sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones y, pese a ello, el Tribunal se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida, la Sala procederá a condenar a la demandada a pagar las costas de ambas instancias, por lo que se condenará así a la Secretaría de Educación Distrital. (...) En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. De conformidad con su artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes. (...) Para la primera instancia, se debe tener en cuenta que en los asuntos contencioso administrativos con cuantía, las agencias deben fijarse hasta el 20% del valor de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, conforme dispone el artículo 6 ibídem. Así las cosas, como la labor procesal del mandatario judicial de la parte demandada fue continuada y consistente en el transcurso de la primera instancia, las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán teniendo en cuenta la relación porcentual de 2% del valor de las pretensiones económicas planteadas en la demanda –$3.282.650.349–; por ende, se fijarán en la suma de sesenta y cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil seis pesos ($65.653.006). (...) En lo que concierne a las agencias en derecho en segunda instancia, deben fijarse hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas de la sentencia, según lo dispuso el artículo 6 del aludido Acuerdo. En consideración a que la entidad demandada tuvo apoderado y su actuación fue continuada y consistente en el transcurso de la segunda instancia, se fija las agencias en derecho a cargo de Bogotá D.C.-Secretaría de Educación Distrital y a favor del Consorcio ACR-HERRÁN en treinta millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos veintitrés mil pesos ($30.388.923), teniendo en cuenta la relación porcentual del 3% del valor de las pretensiones económicas reconocidas en esta providencia.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365