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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020160036301-64518-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la decisión no estará justificada si no se deriva lógicamente de las premisas expresadas en el razonamiento"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-12-01"
radicado: "25000233600020160036301"
numero: "64518"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: la decisión no estará justificada si no se deriva lógicamente de las premisas expresadas en el razonamiento

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-12-01
- **Radicado:** 25000233600020160036301
- **Número interno:** 64518
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CONSORCIO ACR. - HERRAN CONSTRUCTORA S.A.S.
- **Demandado:** ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACION
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020160036301-64518-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020160036301/69275FE853CF2A178E65A329CE509F87857A219762156F7EB806E16DFD3BB46E/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201600363011100103

## Problema jurídico

¿El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado, y conforme al contenido de los reproches del recurrente?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda por costos administrativos por improductividad…
- ¿Debe condenarse a Bogotá D.C. - Secretaría de Educación Distrital al pago de las actas parciales de obra nº. 12 y 13 que corresponden a las facturas de venta nº. 17 y 19…
- ¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista los intereses moratorios solicitados en la demanda, por los días de retardo en el pago de las facturas n°. 2, 3, 5-7 y 11-17, 19?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1564 de 2012, arts. 280, 281 y 287

## Extracto

La parte recurrente alegó que la decisión del Tribunal omitió resolver la mayoría de las pretensiones de la demanda.… De conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código General del Proceso, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda y, asimismo, con las razones de defensa de la parte demandada; de manera que estos elementos delimitan el objeto alrededor del cual debe girar el debate del proceso y, por tanto, los aspectos sobre los cuales ha de recaer el pronunciamiento judicial final, es decir, constituyen pilares fundamentales que garantizan el ejercicio, entre otros, del derecho de acción y, correlativamente, del de contradicción y, a su vez…

## Síntesis temática

El juez de segunda instancia debe complementar la sentencia del inferior cuando la parte perjudicada por la omisión de pronunciamiento haya apelado, pero su estudio queda limitado a los reproches del recurrente, conforme a los artículos 287 y 328 del Código General del Proceso. Esta regla se apoya en que la sentencia debe ser congruente con los hechos, las pretensiones y las razones de defensa, según el artículo 281 del mismo código, de modo que las pretensiones omitidas hacen parte del debate. Además, el deber de motivación exige que cada decisión se derive lógicamente de sus premisas fácticas y jurídicas, y la omisión de un punto apelado impide ese control. En el caso, el apelante alegó que el tribunal dejó de resolver la mayoría de las pretensiones, pero la Sala excluyó del análisis las pretensiones sobre incumplimientos que el tribunal sí halló probados, así como las de pago de obras ejecutadas que no fueron objeto de reproche. La providencia modifica la sentencia apelada en lo necesario. Su consecuencia práctica es que la parte debe precisar sus reproches sobre cada pretensión omitida, porque el juez de segunda instancia no decide lo que no fue apelado.

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ, DEBERES DEL JUEZ, MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, MOTIVACIÓN DEL FALLO, CONTENIDO DE LA SENTENCIA, ALCANCE DE LA SENTENCIA, CONGRUENCIA DEL JUEZ, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN, OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, COSTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL, FALTA DE PRUEBA, NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS, IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO DEL PAGO, INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, FACTURA, CONCEPTO DE FACTURA, PAGO DE LA FACTURA, MORA EN EL PAGO DE LA FACTURA, MORA EN EL PAGO, EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA, PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PAGO DE LA OBRA PÚBLICA, INEXISTENCIA DEL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, COMPENSACIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN, PAGO AL CONTRATISTA, PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FACTURA DE VENTA, COBRO DE FACTURA DE VENTA, INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS, MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA, OBLIGACIÓN DINERARIA, INTERÉS MORATORIO, COBRO DEL INTERÉS MORATORIO, CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO, EXIGIBILIDAD DEL INTERÉS MORATORIO, INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO, RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO, TASA DE INTERÉS MORATORIO, DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO, PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO, LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PERJUICIOS POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INDEMNIZACIÓN POR UTILIDAD ESPERADA, UTILIDAD PROYECTADA PARA EL CONTRATISTA, UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO, APELANTE ÚNICO, REFORMATIO IN PEJUS, PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS, PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE LA OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS, CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES, IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES, OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA / MOTIVACIÓN DEL FALLO / CONTENIDO DE LA SENTENCIA / ALCANCE DE LA SENTENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado, y conforme al contenido de los reproches del recurrente?
Respuesta al problema jurídico: Si
La parte recurrente alegó que la decisión del Tribunal omitió resolver la mayoría de las pretensiones de la demanda. (...) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código General del Proceso, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda y, asimismo, con las razones de defensa de la parte demandada; de manera que estos elementos delimitan el objeto alrededor del cual debe girar el debate del proceso y, por tanto, los aspectos sobre los cuales ha de recaer el pronunciamiento judicial final, es decir, constituyen pilares fundamentales que garantizan el ejercicio, entre otros, del derecho de acción y, correlativamente, del de contradicción y, a su vez, imponen al juez el deber de fallar de manera congruente con lo pretendido en la demanda y su fundamento. (...) La motivación de las decisiones judiciales constituye un deber de los jueces y un elemento constitutivo de la garantía al debido proceso que involucra el examen crítico de las pruebas sobre los hechos y la formulación de los razonamientos legales necesarios para fundamentar la decisión, como se deduce del artículo 280 del CGP. No basta tener razones para adoptar la decisión, sino que hace falta expresarlas analíticamente. Las razones que justifican la decisión corresponden a las premisas fácticas (los hechos probados) y a las premisas jurídicas (las normas aplicables al caso). En este orden de ideas, la decisión no estará justificada si no se deriva lógicamente de las premisas expresadas en el razonamiento; así lo ha determinado la jurisprudencia de esta corporación. (...) En consonancia con lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 287 del CGP, el juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado. En la misma línea, según el artículo 328 del CGP, el objeto de la apelación debe circunscribirse al estudio de los reproches del recurrente. (...) Por lo tanto, de cara a la resolución del caso concreto, se excluirá del análisis del objeto de la apelación las pretensiones declarativas relacionadas con el incumplimiento que generó la imposibilidad de ejecutar el contrato (violación a la planeación, falta de diseños, no entrega de definiciones técnicas) pues así lo halló probado el tribunal, aunque no se refirió a cada uno de los aspectos puntuales de la primera pretensión. Asimismo, tampoco será objeto de estudio en segunda instancia la pretensión de condena referente al pago de obras ejecutadas (pretensiones cuarta, quinta, sexta, séptima y octava principales), porque la totalidad de las obras ejecutadas conforme al dictamen de la SCI fueron tenidas en cuenta por el a quo al liquidar el contrato, con exclusión de las defectuosas y las no aprobadas por la interventoría, decisión frente a la que el apelante no realizó objeción. Los demás asuntos observados en la apelación serán decididos por la Sala, ante la falta de pronunciamiento del juez de primera instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del deber de motivación de la sentencia, consultar providencia de 26 de febrero de 2014, Exp. 27345, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 280, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 287, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / COSTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer a favor del contratista la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda por costos administrativos por improductividad, derivados del incumplimiento del contrato estatal por la administración?
Respuesta al problema jurídico: No
El reparo del demandante radica en que a pesar de que se halló probado el incumplimiento del contrato, el a quo no resolvió sobre los perjuicios que se derivaron por costos administrativos por improductividad. En la demanda explicó que a pesar de que no fue posible el cumplimiento del objeto contractual incurrió en una serie de gastos que no pudo recuperar, como personal que mantuvo durante el plazo de ejecución, el pago de impuestos, servicios públicos y pólizas. En la demanda alegó que los pagos recibidos fueron parciales y que no pudo recuperar la totalidad de esos costos administrativos. Indicó que esos costos estaban acreditados con dos pruebas técnicas: (i) el dictamen de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que prueba la existencia del daño y (ii) el dictamen pericial contable mediante el cual se cuantificaron los perjuicios. (...) La Sala empieza por señalar que los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de una parte del contrato deben ser ciertos, personales y directos, no puramente eventuales, indirectos o hipotéticos; por tanto, para emitir una condena no basta con que se encuentre probado el incumplimiento, sino que el daño, con las características mencionadas, debe estar plenamente probado. (...) Para probar el daño es imprescindible acreditar los costos administrativos por improductividad. Sin su demostración resulta imposible acceder a las pretensiones indemnizatorias de la demanda, como tampoco es posible emitir una condena en abstracto, en la medida que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 del CPACA y 283 del CGP, tal incidente está dispuesto para determinar la cuantía del perjuicio, lo que supone que previamente en la sentencia se ha establecido la existencia de un daño cierto, personal y directo –por ser un elemento de la responsabilidad–, que, se reitera, en este caso sólo podía acreditarse demostrando las erogaciones en las que afirman los demandantes haber incurrido. (...) Los daños que se reclaman en la demanda corresponden a los costos administrativos en los que incurrió el consorcio y que no se recuperaron por la no ejecución del contrato por culpa de la entidad. La jurisprudencia ha delimitado este concepto al señalar que la administración corresponde a aquellos costos para la operación del contrato, tales como gastos de disponibilidad de la organización del contratista. No se trata de erogaciones mayores a las previstas inicialmente, sino de las que estaban planeadas, pero que dado el incumplimiento de la entidad y la inejecución del contrato, no fueron pagadas. Por tanto, deben distinguirse los gastos que surgen o deben sufragarse como consecuencia directa de la mayor permanencia de obra, de aquellos que, como lo reclama la demanda, son propios de la ejecución del contrato y que en principio están cubiertos por la remuneración pactada y, por lo mismo, no pueden catalogarse como mayores costos. (...) En línea con lo anterior y de cara al reconocimiento de los perjuicios derivados por costos administrativos se debe acreditar: (i) el incumplimiento, (ii) las erogaciones en las que debió incurrir el contratista en razón o con ocasión de los costos administrativos que fueron planeados para la ejecución del contrato; (iii) que los costos administrativos en los que incurrió el consorcio son superiores a lo pagado durante la ejecución del contrato o que no pudo recuperarlos con ocasión del incumplimiento, por ejemplo, porque la obra no se ejecutó en el plazo contractual; (iv) la necesidad de incurrir en esos costos, a pesar de que el contratista tiene claro que no es posible la ejecución del contrato dadas las circunstancias que afectan el cumplimiento de sus obligaciones. (...) [L]a Sala concluye que no es posible dar por sentado que los daños que alega la parte actora le fueron causados, estén demostrados y asciendan a la suma indicada por el perito, en la medida que (...) el dictamen no es sólido, claro y exhaustivo, pues no da cuenta, con esas características, del fundamento de sus conclusiones (artículo 232 del CGP). (...) La documentación anexa con la demanda tampoco permite concluir que los eventuales costos en los que incurrió el contratista no fueron los indispensables para la ejecución de los trabajos que sí pudieron realizarse. De ella no se desprende un ejercicio comparativo que indique los costos administrativos para ejecutar el contrato en un 28% ni en los que incurrió para ejecutar la variedad de obras constatadas por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y cuantificadas en la liquidación del a quo, frente a la totalidad de los gastos en que incurrió durante la ejecución del contrato. Solo de esta manera podría clarificarse cuánto de ese total correspondió a la ejecución del contrato y que se pagó y cuánto tuvo que costear sin ejecutar las obligaciones pactadas. (...) Ahora bien, frente a ese eventual porcentaje de costos adicionales improductivos por exceder lo necesario para ejecutar las obras que se realizaron y las obras que el tribunal ordenó tener en cuenta al liquidar el contrato, esa documentación tampoco permite inferir la necesidad del contratista de incurrir en esos gastos a pesar de que tenía conocimiento de las circunstancias que afectan la ejecución del contrato. No puede determinarse si para el contratista resultaba indispensable hacerlo en aras de garantizar parte de la ejecución de la obra. (...) Por el contrario, en el proceso se acreditó que el contratista fue requerido en varias oportunidades por la interventoría para que dispusiera del personal necesario para la ejecución de los trabajos. Ello indica que no siempre, mientras estuvo vigente el contrato, incurrió en la totalidad de costos administrativos cuyo pago se debía recuperar con el precio del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de los costos administrativos derivados del incumplimiento del contrato por la administración, consultar providencia de 28 de agosto de 2003, Exp. 17554, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 193, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 232, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 283
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / FACTURA / CONCEPTO DE FACTURA / PAGO DE LA FACTURA / MORA EN EL PAGO DE LA FACTURA / MORA EN EL PAGO / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DE LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DEL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / COMPENSACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN / PAGO AL CONTRATISTA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FACTURA DE VENTA / COBRO DE FACTURA DE VENTA / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DINERARIAS / MORA EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / OBLIGACIÓN DINERARIA
Problema jurídico:
¿Debe condenarse a Bogotá D.C. - Secretaría de Educación Distrital al pago de las actas parciales de obra nº. 12 y 13 que corresponden a las facturas de venta nº. 17 y 19, como contraprestación por la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra por parte del consorcio demandante, al observarse el incumplimiento de la obligación dineraria a cargo de la entidad pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
La parte actora esgrimió, en su recurso de apelación, en relación con las facturas n.° 17 y 19 que (...) el tribunal al realizar la liquidación del contrato se equivocó al tenerlas como pagadas, pues, de conformidad con las pruebas que obran en el proceso, quedó acreditado que estas no fueron desembolsadas (...). Para determinar si surgió en cabeza de la SED la obligación de pago como contraprestación por l

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ad de cumplir con el objeto del contrato por causas imputables a la demandada?
Respuesta al problema jurídico: Si
El consorcio sostiene que, debido a que para ejecutar las obras era necesario adquirir anticipadamente materiales, la imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato por causas imputables a la SED implicó no poder disponer de ellos para ejecutar las obras, lo que, a su juicio, debe dar lugar a que la demandada le reconozca su valor, que en ese momento ascendía a $308.453.565. (...) La Sala estima que el valor de los materiales es un sobrecosto que debe ser asumido por la SED, toda vez que el Tribunal concluyó que el objeto contractual no pudo ejecutarse por causas imputables a la demandada. Así las cosas, la Sala concederá la pretensión décima primera de condena de la demanda relacionada con la indemnización del valor de los materiales no empleados en las obras, pero por el valor que se acreditó con la experticia, es decir, $195.332.399. (...) La anterior suma debe ser actualizada a partir del momento en el que el consorcio habría recibido la retribución por todos los materiales, esto es, al vencimiento del plazo del contrato de obra, o sea el 25 de agosto de 2015 (...).
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Dado que en esta sentencia se harán declaraciones y condenas a favor del consorcio y en contra de la entidad pública demandada, debe revisarse la liquidación judicial del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que en esta providencia se harán declaraciones y condenas a favor del consorcio y en contra de la entidad, le asiste razón al demandante cuando afirmó en la apelación que el ejercicio de finiquito de cuentas del contrato de obra debe ser revisado. En mérito de lo que antecede, la Sala pasa a revisar el balance final de la liquidación judicial del contrato (...). [E]l valor del saldo que reconoció el 
Tribunal en valor de la entidad es de $738.822.224, suma que actualizada a la 
fecha de esta sentencia arroja un valor de $981.523.634. Este valor, que es un saldo 
a favor de la entidad se compensa de igual forma con la suma a que tiene derecho 
el consorcio por concepto de las facturas 17 y 19 actualizadas -$670.509.310- por 
concepto de intereses moratorios $547.915.399, cuyo cálculo implica su previa 
actualización, de utilidad proyectada no percibida por valor de $465.348.348, 
cuya suma ya fue actualizada y por los materiales de obra adquiridos por valor 
de $310.714.686, cuyo valor ya fue actualizado. Así, al compensar la suma que 
reconoció el Tribunal en favor de la entidad con los valores reconocidos en esta 
sentencia se obtiene el resultado final de la liquidación, que es de $1.012.964.109, 
valor al que corresponderá la condena, en favor del Consorcio.
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿En vigencia del CPACA y del Código General del proceso debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a parte demandante, en el recurso de apelación, esgrimió que el a quo debió condenar en costas a la parte demandada en primera instancia, pues le fue desfavorable la sentencia. (...) El artículo 188 del CPACA establece que “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se seguirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. (...) Por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, resulta aplicable al presente asunto el artículo 365 del CGP, el cual, en su numeral 1, ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. En la medida en que la sentencia de primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones y, pese a ello, el Tribunal se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida, la Sala procederá a condenar a la demandada a pagar las costas de ambas instancias, por lo que se condenará así a la Secretaría de Educación Distrital. (...) En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. De conformidad con su artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y demás circunstancias relevantes. (...) Para la primera instancia, se debe tener en cuenta que en los asuntos contencioso administrativos con cuantía, las agencias deben fijarse hasta el 20% del valor de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, conforme dispone el artículo 6 ibídem. Así las cosas, como la labor procesal del mandatario judicial de la parte demandada fue continuada y consistente en el transcurso de la primera instancia, las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán teniendo en cuenta la relación porcentual de 2% del valor de las pretensiones económicas planteadas en la demanda –$3.282.650.349–; por ende, se fijarán en la suma de sesenta y cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil seis pesos ($65.653.006). (...) En lo que concierne a las agencias en derecho en segunda instancia, deben fijarse hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas de la sentencia, según lo dispuso el artículo 6 del aludido Acuerdo. En consideración a que la entidad demandada tuvo apoderado y su actuación fue continuada y consistente en el transcurso de la segunda instancia, se fija las agencias en derecho a cargo de Bogotá D.C.-Secretaría de Educación Distrital y a favor del Consorcio ACR-HERRÁN en treinta millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos veintitrés mil pesos ($30.388.923), teniendo en cuenta la relación porcentual del 3% del valor de las pretensiones económicas reconocidas en esta providencia.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-12-01. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 25000233600020160036301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020160036301-64518-sentencia).
