Síntesis de la providencia
Salvamento de voto: por virtud de la delegación se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro
Regla de decisión
La autoridad pública no puede trasladar funciones administrativas mediante un contrato estatal, ya que la delegación requiere un acto administrativo expedido por el órgano competente.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El representante legal de una entidad pública ejerce la delegación de funciones exclusivamente hacia otro servidor público mediante acto administrativo y no a través de un contrato. En el asunto examinado, el salvamento de voto advirtió sobre las tensiones conceptuales entre delegación y desconcentración en el marco de la ley 80 de 1993, señalando que la atribución de competencias administrativas no puede desnaturalizarse ni confundirse con la suscripción de contratos estatales, pues la figura de la delegación responde a un traslado interno de funciones entre autoridades públicas conforme a la Constitución Política y las normas orgánicas vigentes.
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Problema jurídico
¿La normatividad vigente autoriza que una autoridad pública traslade funciones administrativas mediante un contrato y no exclusivamente por acto administrativo expedido por el órgano titular de la competencia?
Respuesta: No
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Lo que dijo la Sala
De forma clásica la delegación ha obedecido a un traslado de funciones que realiza el jefe o representante legal de una entidad a otro servidor público en razón del cargo que ostenta. Tal concepto que ha tenido tensiones con aquel atinente a desconcentración, la fue necesario en los orígenes propios de la ley 80 de 1993, para resolver los dilemas en materia de competencia interna para el adelantamiento no sólo de los procesos precontractuales, sino también aquellos referentes a la suscripción de los contratos, la ejecución y liquidación de los mismos. La figura, de suma importancia en la función contractual, ha devenido de manera impropia genérica, a partir de regulaciones posteriores.
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Titulación de la relatoría 9.716 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
DELEGACIÓN DE FUNCIONES / DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA / PROCESO CONTRACTUAL / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
Problema jurídico:
¿La normatividad vigente autoriza que una autoridad pública traslade funciones administrativas mediante un contrato y no exclusivamente por acto administrativo expedido por el órgano titular de la competencia?
Respuesta al problema jurídico: No
[D]e forma clásica la delegación ha obedecido a un traslado de funciones que realiza el jefe o representante legal de una entidad a otro servidor público en razón del cargo que ostenta. Tal concepto que ha tenido tensiones con aquel atinente a desconcentración, la fue necesario en los orígenes propios de la ley 80 de 1993, para resolver los dilemas en materia de competencia interna para el adelantamiento no sólo de los procesos precontractuales, sino también aquellos referentes a la suscripción de los contratos, la ejecución y liquidación de los mismos. La figura, de suma importancia en la función contractual, ha devenido de manera impropia genérica, a partir de regulaciones posteriores. Esta Corporación ha señalado que la delegación es una herramienta diseñada por el legislador con el propósito de facilitar la organización de la estructura institucional para el ejercicio de la función administrativa. Por virtud de la delegación se produce el traslado de competencias de un órgano que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por éste, bajo su responsabilidad, dentro de los términos y condiciones que fije la ley. La jurisprudencia ha definido que los elementos constitutivos de la delegación los siguientes: (i) la transferencia de funciones administrativas de un órgano a otro mediante acto administrativo; (ii) que la transferencia de funciones se realice por el órgano titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con una previa autorización legal; (iv) y que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la competencia. Su ámbito de aplicación corresponde, única y exclusivamente, dentro de las diversas funciones del Estado, a esta función pública.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los elementos de la delegación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de enero de 2016, exp. 11001-03-24-000-2012-00348-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL C, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
SALVAMENTO DE VOTO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CLASES DE DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO DE DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DELEGACIÓN DE FUNCIONES / SERVIDOR PÚBLICO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACUERDO DE VOLUNTADES / TRANSFERENCIA DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Admite el ordenamiento jurídico que una entidad pública transfiera funciones a otra mediante un contrato estatal, cuando las obligaciones pactadas corresponden al objeto institucional de la entidad ejecutora y configuran un acuerdo bilateral de voluntades con prestaciones recíprocas?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l contrato estatal es un acuerdo de voluntades de dos o más partes —una de las cuales debe ser una entidad estatal— dirigido a producir efectos jurídicos, como la creación de obligaciones. Mediante el contrato estatal se persigue la prestación de los servicios públicos y, por consiguiente, la satisfacción de intereses de carácter general.
Por tal motivo, el contrato estatal no es un instrumento para el ejercicio de la función administrativa -aspecto en el que la delegación resulta ser una herramienta fundamental para la organización de la Administración- sino que se constituye como un mecanismo de gestión de los recursos públicos con el fin de cumplir los fines asignados al Estado en el artículo 2 de la Constitución Política. El contrato estatal no es expresión de la función administrativa. Un contratista no ejerce ésta última, colabora con el Estado en la consecución del interés general y el cumplimiento de sus fines, que es distinto. No desconozco que, en ciertos eventos, las entidades contratantes, por habilitación legal, puedan dictar actos administrativos durante la ejecución del contrato. Sin embargo, ello no supone que el contrato mismo y sus finalidades sean expresión de dicha función. Esta posibilidad está asociada a la necesidad de garantizar la adecuada ejecución del contrato y la gestión de los recursos con miras al cumplimiento de los fines referidos.
En tal sentido, si el contrato estatal no es un instrumento de la función administrativa, como sí lo es el acto administrativo, no es el mecanismo jurídico por medio del cual resulta posible la delegación de funciones entre entidades públicas. Igualar el contrato al acto administrativo en tanto herramienta de delegación desnaturaliza la esencia del acuerdo de voluntades. (...) No desconozco que el artículo 14 de la Ley 489 de 1998 previó expresamente que “la delegación de las funciones de los organismos y entidades administrativos del orden nacional efectuada en favor de entidades descentralizadas o entidades territoriales deberá acompañarse de la celebración de convenios”. Sin embargo, sobre esta disposición conviene señalar lo siguiente: En primer lugar, dicha regulación es desacertada al recurrir a la figura del convenio, en tanto que desnaturaliza los fines del acuerdo de voluntades y de la delegación misma como herramienta de transferencia de funciones, cuyo instrumento es el acto administrativo. En segundo lugar, la norma no se refiere al contrato estatal como lo consideró la mayoría ni mucho menos la expresión referida en la ley –“convenio”- permite incluirla aquella como una especie de esta. Esta Corporación3 ha hecho énfasis en la diferencia conceptual entre contrato estatal y convenio, de manera que no podía homologarlos para efectos de admitir la delegación por medio de la figura del contrato. En tercer lugar, la mayoría no tuvo en cuenta que el literal c, numeral 4, del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, vigente para la fecha en que se perfeccionó el contrato, al regular la contratación directa estableció que mediante este mecanismo de selección podrían celebrarse contratos entre entidades públicas siempre que las obligaciones derivadas del mismo tuvieran relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. En tal sentido, se trata propiamente de un contrato en virtud del cual la entidad ejecutora realiza una actividad que correspondía a su objeto a cambio de un precio -expresión de la condición de bilateralidad que caracteriza al contrato, incluido el Estatal-. Lo que descarta que, en esos casos, en realidad, se esté frente a una delegación de funciones. (...) No puede perderse de vista que el juez está en la obligación de interpretar la voluntad de las partes conforme al artículo 1618 del Código Civil y que le corresponde determinar los efectos y alcances de esa voluntad. En el caso que conoció la Sala, si bien las partes se refirieron a la delegación del artículo 14 de la Ley 489 de 1998, lo cierto es que su voluntad fue celebrar un acuerdo de voluntades que generaba obligaciones recíprocas, en las cuales las tareas a ejecutar por la ICFES correspondían a su objeto. En efecto, en el año 2013 la CNSC decidió contratar a la ICFES para adelantar las acciones y operaciones requeridas para el registro, citación, impresión, empaque, distribución, aplicación, procesamiento y publicación de resultados de las pruebas escritas de competencias básicas, específicas y psicotécnicas, así como la atención de las reclamaciones originadas con ocasión de dichas actividades. Se trató de un contrato bilateral, en virtud del cual la CNCS pagó un precio a cambio de una serie de actividades ejecutadas por el ICFES para efectos de llevar a cabo concursos públicos de selección de personal. Ello significa que, en realidad, nada tenía que ver el objeto del contrato con una supuesta delegación de funciones, puesto que, precisamente, las competencias del ICFES se enmarcan en este tipo de actividades. En tal sentido, mal podía interpretarse que lo que hubo allí fue una delegación de funciones. Se trató de un verdadero contrato con los efectos de ley obligatoria entre las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre diferencia conceptual entre contrato estatal y convenio, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, exp. 11001-03-06-000-2015-00102-00, C.P. Álvaro Namén Vargas.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 4 LITERAL C, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 14, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1873