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Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-06-13Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020210013800CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
Considerando la naturaleza del contrato, las partes y las obligaciones pactadas, ¿Cómo solucionar las diferencias entre las partes sobre el cumplimiento de obligaciones o compromisos que dependen de la conducta de un tercero, como lo son las entidades territoriales beneficiarias de los proyectos, tales como la adquisición de predios o gestiones a su cargo ante otras autoridades? Sí
A juicio de la Sala, el mecanismo más idóneo, razonable y eficaz que pueden utilizar las partes para solucionar las controversias surgidas entre ellas, en relación con la ejecución del contrato interadministrativo SGR-053/215050 de 2015, es la liquidación bilateral o de común acuerdo de dicho contrato, dentro del plazo establecido en la ley.
También resuelve:¿De acuerdo con los antecedentes y demás circunstancias fácticas relacionadas en el escrito inicial y con las preguntas que se hacen en este complemento, es posible, bajo las condiciones descritas…¿Le corresponden a ENTerritorio los rendimientos financieros generados por los recursos contractuales no ejecutados?
¿La Sala no valoró la especificación del ítem que creó el Departamento del Atlántico, simplemente presentó una conclusión probatoria que desconoce el contenido de la prueba documental que obra en el proceso? Sí
Comparto que en el presente proceso no podían reconocerse los costos de transporte, porque la entidad contratante estableció una especificación propia del ítem de "terraplén", diferente de las previstas por el Invías que reconocen el transporte como una actividad diferente. Sin embargo, esta especificación de la contratante solo incluía los costos por el "transporte" de material, pero no por la "excavación", los cuales debían ser reconocidos al contratista como un…
¿La Aseguradora es materialmente un litisconsorte, ya que no solo está revestido de interés sustancial, sino que las decisiones adversas tomadas en relación con las pretensiones de la demanda, lo afectarían directamente por ser el garante de las obligaciones de la demandante? Sí
Es cierto que formalmente el Tribunal ordenó la vinculación de la Aseguradora como “tercero interesado” y que ésta señaló en la contestación que coadyuvaba los hechos y pretensiones del demandante, pero es igual de cierto que, materialmente la Aseguradora es un litisconsorte, ya que no solo está revestido de interés sustancial (legitimación) sino que se vería afectado directamente frente a una decisión adversa a las pretensiones de AYCARDI S.A.S. por ser el garante de sus obligaciones. Por lo tanto, dicha condición lo habilitaría a desplegar todos los ejes axiales de defensa y contradicción (incluidos los recursos) en procura de salvaguardar sus intereses y los de su asegurado.
¿Se debió condenar a la contratista a devolver el valor no amortizado del anticipo? No
Considero que no se ha debido condenar a la contratista a devolver el valor no amortizado del anticipo, pues la entidad demandante no allegó pruebas dirigidas a evidenciar su pago y su amortización.… Finalmente, destaco que la sentencia no es coherente por lo siguiente: al estudiar si procedía condenar a pagar los rendimientos financieros del anticipo, la sala reconoce que Metroplús no aportó los extractos bancarios de la cuenta conjunta "donde se consignaba el anticipo". Esta prueba también era necesaria para demostrar el desembolso del anticipo por sí mismo.
¿Se presentó una violación inexcusable de las normas de derecho por parte del Gerente General del Infiboy? Sí
Con mí acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta oportunidad me aparto de la providencia del 1 de noviembre de 2023 que confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. En mi concepto, sí se presentó una violación inexcusable de las normas de derecho por parte del Gerente General, pues, si bien, la junta directiva del Infiboy tenía la potestad para expedir los Acuerdos… que autorizaron al gerente para que ejecutara la reestructuración y determinara la nueva planta de personal de la entidad, no encontré elemento de juicio alguno que indicara que el Gobernador hubiere proferido el voto favorable que exigía el Decreto 1684 de 2001.… Por lo anterior, probado como encontré el supuesto de hecho en que se funda la causal contenida en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, considero que la sentencia debió acceder a las pretensiones de la demanda.
¿El proyecto de liquidación bilateral del contrato es prueba idónea y certera para demostrar el valor de las actividades ejecutadas por el contratista y deducirlas en la liquidación judicial del contrato? No
Salvo parcialmente mi voto porque, aunque comparto la decisión de negar las pretensiones de la demanda, considero que en la liquidación se dedujo el valor de las actividades ejecutadas -equivalente a $261.095.806- sin sustento para ello. En la decisión, con el proyecto de liquidación bilateral aportado por la parte demandada se dio por probado el valor de las actividades ejecutadas por el contratista. Sin embargo, a mi juicio, el proyecto de acto administrativo, en el caso, no puede ser considerada una prueba idónea de este concepto pues no demuestra con certeza que ello ocurrió así. En primer lugar, no fue un acta bilateral, sino un mero proyecto, y en el expediente no obran los soportes de la afirmación que se dio por demostrada.
¿La falta de competencia en la expedición de los actos administrativos es un defecto tan grave que puede ser declarado de oficio por el juez? Sí
La mayoría de la Sala decidió que no analizaría la incompetencia del funcionario que expidió los actos administrativos, ya que se trataba de un punto que no fue expresamente apelado. A pesar de que reconozco la importancia de que el juez de segunda instancia se concentré en los reparos concretos formulados por el recurrente, como se lo ordena el artículo 320 del CGP, no puedo obviar la jurisprudencia de esta Corporación que existe en el sentido de que la falta de competencia en la expedición de los actos administrativos es un defecto tan grave que puede ser declarada de oficio por el juez. A mi juicio, tal declaratoria de nulidad procede también cuando se ha incluido como un cargo de la demanda, pese a que no haya sido un punto expresamente apelado.
¿Los intereses moratorios se reconocen sobre una suma de dinero que era exigible en determinada fecha y no fue pagada? Sí
La obligación de entregar los recursos al Distrito no era exigible, pues el convenio sometía su pago a una condición que no era clara y que solo fue definida en la decisión de la que me aparto parcialmente. La cláusula segunda del convenio 250 de 1997 señalaba que “la CAR transferirá anualmente al fondo” el dinero. No obstante, no era claro la fecha precisa en la que la CAR debía hacer el giro del dinero. En ese sentido, la obligación solo se estructuró cuando fue establecida o declarada en la sentencia y, por ello, solo era procedente actualizar el valor que la CAR no había girado al Distrito. Los intereses moratorios se reconocen sobre una suma de dinero que era exigible en determinada fecha y no fue pagada, lo que en este caso no se presentó, pues si bien había una obligación anual, no se definió la fecha cierta del pago.
También resuelve:¿La regulación de intereses moratorios contemplada en la Ley 80 de 1993 es aplicable al convenio interadministrativo?
¿Hay certeza de la causación de perjuicios causados al demandado con las medidas cautelares decretadas en el trámite del proceso de repetición? No
Si bien acompaño la decisión que niega las pretensiones de la demanda, me aparto de la consideración que encuentra procedente la condena a la entidad demandante respecto de los perjuicios causados al demandado con las medidas cautelares decretadas en el proceso de repetición… … La mayoría de la Sala encontró procedente hacer un reconocimiento anticipado de los posibles perjuicios causados al demandado con las medidas cautelares decretadas en el trámite del proceso, sin embargo, no hay certeza de su causación y tampoco se demuestra en este evento que tales perjuicios hayan superado el monto de la caución fijada con tal propósito, finalmente en la parte resolutiva nada se dispone al respecto.
También resuelve:¿Es posible asimilar el comportamiento doloso con una conducta negligente?
¿La compañía aseguradora tiene condición de litisconsorte cuasinecesario en razón al contrato de seguro de cumplimiento suscrito con el municipio demandado, por lo que, la garante no debió ser desvinculada del pago? Sí
En la providencia aprobada, se resolvió revocar la condena impuesta en primera instancia a la Compañía Aseguradora de Fianza S.A. –Confianza S.A. (punto resolutivo segundo de la sentencia proferida por el Tribunal), bajo el argumento de que su integración al proceso como litisconsorte necesario no era procedente. De otra parte, se dispuso mantener la declaratoria de incumplimiento del municipio de Pedraza y ordenarle el pago de la cláusula penal pecuniaria. Aun cuando se comparte que se haya dejado sin efecto la condena impuesta sobre la aseguradora, pues ello configuraba una doble condena por concepto de un mismo rubro (la penalidad por incumplimiento que se pactó), se estima que en el fallo no se debió separar a esa empresa del pago de la obligación garantizada, dado que ésta fue vinculada al proceso y que se encontró probado en el expediente la suscripción de la póliza, junto con la previsión de dicho evento como riesgo amparable.
¿Se agotó en debida forma el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial respecto de la pretensión de liquidación judicial del contrato? Sí
A juicio de la mayoría de la Sala, sí se agotó en debida forma el requisito de procedibilidad correspondiente a la conciliación extrajudicial respecto de la pretensión de liquidación judicial del contrato. No comparto dicha afirmación, pues en la solicitud de conciliación no se incluyó ninguna pretensión en la que se pidiera la liquidación del contrato. En efecto, debe existir una identidad entre las pretensiones de la solicitud de conciliación extrajudicial y aquellas de la demanda, de lo contrario, como en el caso concreto, no puede entenderse debidamente agotado el requisito de procedibilidad. En virtud de lo anterior, la Sala no debió haber estudiado la pretensión relativa a la liquidación judicial del contrato.
¿La intención de las partes al determinar la cláusula quincuagésima quinta del contrato de suministro de medicamentos, era el apremio al contratista más no la cuantificación anticipada de perjuicios como sucede en las cláusulas penales? Sí
De la lectura de la cláusula quincuagésima quinta del contrato no. 07-8-20132 se extraen dos tipos de metodologías cuya aplicación depende de si se trata de incumplimiento valorable en días o no. En ese sentido, la intención de las partes fue clara en determinar que su objetivo era el apremio al contratista mas no la cuantificación anticipada de perjuicios como sucede en las cláusulas penales, y para ello estimó su aplicación en los eventos de incumplimiento previsiblemente aplicables a la ejecución del contrato, según el tipo de obligación cuyo cumplimiento sea objeto de verificación.
¿Había lugar a declarar probada, de oficio, la excepción de falta de legitimación activa en la causa de la sociedad Constructora de Obras Civiles (...)? No
La sociedad Constructora de Obras Civiles de Ingeniería Coi Ltda cedió a un tercero los “derechos económicos o patrimoniales que lleguen o llegaren a corresponder[le]” del contrato de obra 4600061656 de 2015. Esto es fundamental pues, mientras que en la cesión de contrato uno de los sujetos negociales se “hace sustituir por un tercero en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato”, en la cesión de crédito el acreedor de una obligación simplemente transfiere a un tercero el derecho de crédito derivado de la respectiva relación jurídica. De ahí que, no comparta la declaratoria de falta de legitimación, en la medida en que, de conformidad con el artículo 1964 del Código Civil, “la cesión de un crédito comprende sus fianzas, privilegios e hipotecas” –y no sus acciones–.
¿¿Procede el reconocimiento del interés moratorio causado sobre los dineros a ser reintegrados por Asogras? No
No comparto las siguientes determinaciones adoptadas en la providencia judicial: Reconocer intereses moratorios sobre la suma de dinero que se ordenó reintegrar en favor de la entidad demandante… . Ello, como quiera que la demandada no ha incurrido en mora que haga procedente el reconocimiento de intereses moratorios.… Si bien en el convenio se pactó que la Asociación Agraria de Santander debía devolver el dinero no invertido durante su ejecución, lo cierto es que el ministerio no fundamentó las pretensiones de incumplimiento contractual en la desatención de dicha obligación. De esta manera, no estoy de acuerdo con concluir que la devolución del dinero no invertido era una obligación principal, pues es claro que fue solicitada como un perjuicio derivado del incumplimiento imputado a la demandada.
También resuelve:¿Existía cobertura de la póliza de cumplimiento emitida por Seguros del Estado S.A., en relación con la devolución de los valores recibidos por concepto de desembolsos realizados…
¿Le asistía razón a la aseguradora cuando afirmó que no se agotó la conciliación como requisito de procedibilidad en relación con la pretensión de liquidación del contrato? Sí
Comparto que “las pretensiones formuladas en la demanda no tienen que coincidir [con] o ser idénticas a las pretensiones elevadas en la conciliación”, ello no me impide reconocer –como se desprende de la lectura del inciso primero del artículo 87 y el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA– que la declaratoria de incumplimiento contractual y la efectividad de la cláusula penal, por un lado, y la liquidación judicial de un contrato, por otro lado, son pretensiones diferentes, y que aquellas no son un presupuesto de, ni de ellas se sigue esta. Estimo que le asistía razón a [la aseguradora demandada] cuando afirmó en su recurso de apelación que “no se agotó la conciliación como requisito de procedibilidad en relación con la pretensión de liquidación del contrato”.
También resuelve:¿Tanto en la conciliación como en la demanda se discutió el incumplimiento del contrato y la imposición de la cláusula penal en contra del contratista?
¿Debe ordenarse el reintegro de los recursos públicos desembolsados al contratista cuando se declara la nulidad absoluta de un contrato por objeto ilícito celebrado a sabiendas de su ilegalidad, aun cuando no procedan las restituciones mutuas previstas en beneficio de las partes contratantes? Sí
Toda declaración de nulidad absoluta de un contrato estatal por objeto ilícito celebrado a sabiendas por las partes debe ordenar el reintegro de los recursos públicos desembolsados para proteger el patrimonio del Estado, aun cuando las restituciones mutuas resulten improcedentes entre los contratistas. En este salvamento parcial de voto, el ponente discrepa de la decisión mayoritaria que confirmó la anulación del convenio de asociación del 5 de junio de 2006 sin disponer la devolución de los dineros públicos entregados, sosteniendo que la aplicación del artículo 1525 del Código Civil no puede convertirse en un obstáculo para recuperar los fondos estatales afectados por la ilicitud sustancial del negocio jurídico.síntesis automática
¿Resulta procedente condenar en costas en ambas instancias a la parte vencida en el proceso ejecutivo, cuando la sentencia de segundo grado revoque totalmente la del inferior? No
La posición mayoritaria de la Sala consideró que se debía condenar en costas a la parte ejecutada, municipio de Medellín, en primera y segunda instancia, de conformidad con la remisión normativa del artículo 267 del CCA y lo consagrado en los numerales 1 y 4 del artículo 392 del CPC, en los que se estableció un criterio objetivo para su imposición a la parte vencida en el proceso.
¿La condena en costas procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA? No
He considerado pertinente salvar parcialmente mi voto de cara a la condena en costas, la cual, a mi juicio, no procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA.… De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, cuando el Estado es condenado a la reparación patrimonial por los daños antijurídicos causados por las autoridades, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, deberá repetir contra dichas autoridades. Así, el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición se caracteriza porque es el medio judicial que prevén la Constitución y la ley para que la administración pública pueda obtener de sus funcionarios y exfuncionarios o particulares investidos de funciones públicas, el reintegro del monto de la indemnización que debió reconocer a los particulares.
¿La condena en costas procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA? No
He considerado pertinente salvar parcialmente mi voto de cara a la condena en costas, la cual, a mi juicio, no procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA.… De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, cuando el Estado es condenado a la reparación patrimonial por los daños antijurídicos causados por las autoridades, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, deberá repetir contra dichas autoridades. Así, el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición se caracteriza porque es el medio judicial que prevén la Constitución y la ley para que la administración pública pueda obtener de sus funcionarios y exfuncionarios o particulares investidos de funciones públicas, el reintegro del monto de la indemnización que debió reconocer a los particulares.
¿La condena en costas procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA? No
He considerado pertinente salvar parcialmente mi voto de cara a la condena en costas, la cual, a mi juicio, no procede cuando el medio de control es la acción de repetición y el trámite del proceso se rigió por el CPACA.… La pretensión de repetición es de carácter patrimonial y de interés público, pues está instituida para defender el patrimonio del Estado y para garantizar que las personas que tienen a cargo el funcionamiento del mismo asuman responsablemente el ejercicio de sus funciones. Así lo dispone expresamente la Ley 678 de 2001, al señalar que, mediante esa pretensión, se garantizan los principios de moralidad y eficiencia de la función pública (artículo 3).… Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA y en razón a que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, no había lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.
También resuelve:¿Cuando el Estado es condenado a la reparación patrimonial por los daños antijurídicos causados por las autoridades, como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa…