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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es pues, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal

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Fecha
2022-11-21
Radicado
25000232600020090107601
Número interno
51741
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CICON S.A-KMA II
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es pues, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Regla de decisión

Es pues, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede reducir la pena pecuniaria impuesta por incumplimiento de entrega de documentos si esta se basa en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante, ya que la proporcionalidad de la sanción se mantiene siempre que se ajuste al daño efectivamente causado, como lo establece el Contrato 194 de 2005 y la Ley 80 de 1993. La Sala reitera la jurisprudencia que permite a la entidad estatal liquidar el monto de la cláusula penal pecuniaria en función del daño real, sin necesidad de que este sea inferior al estipulado contractualmente, lo que implica que la proporcionalidad de la pena pecuniaria se mantiene siempre que se ajuste a la cuantificación razonada del perjuicio.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La pena pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante con dicho incumplimiento?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

SIN DECISION

Lo que dijo la Sala

En el Contrato 194 de 2005 se estipuló que el monto de la pena pecuniaria ascendía al 30% de “valor del contrato” y no al precio de las obras programadas. Es pues, el precio estipulado en el contrato, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal… . Por ende, el monto máximo de la pena pecuniaria, como estimación anticipada que es del daño irrogado por el incumplimiento total del contratista-, era de… , sin perjuicio de que, por vía judicial, el ente contratante deprecara indemnización de perjuicios, por el monto que superara la pena-. Al liquidar el monto de la pena pecuniaria en los actos demandados, el IDU sumó las obras ejecutadas en las redes de ETB y la EAAB, que debían ser incluidas en los cruces de cuenta con dichas ESPs.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO SANCIÓN PECUNIARIA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MONTO DE LA SANCIÓN IMPROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO PROPORCIONALIDAD DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DELEGACIÓN DE FUNCIONES DELEGANTE COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO DELEGADO DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL RESPONSABILIDAD DEL DELEGANTE RESPONSABILIDAD DEL DELEGATARIO LÍMITES A LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA IMPOSICIÓN DE LA MULTA COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO DELEGACIÓN DE FUNCIONES GENÉRICAS CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO AFECTACIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA NEGACIÓN DE LA PRÁCTICA DE PRUEBA VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA DESVIACIÓN DE PODER DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO HECHO DEL TERCERO CAUSA EXTRAÑA PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

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Titulación de la relatoría 21.101 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / SANCIÓN PECUNIARIA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / MONTO DE LA SANCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PROPORCIONALIDAD DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿La pena pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante con dicho incumplimiento? Respuesta al problema jurídico: Si En el Contrato 194 de 2005 se estipuló que el monto de la pena pecuniaria ascendía al 30% de “valor del contrato” y no al precio de las obras programadas. Es pues, el precio estipulado en el contrato, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal […]. Por ende, el monto máximo de la pena pecuniaria, como estimación anticipada que es del daño irrogado por el incumplimiento total del contratista-, era de […], sin perjuicio de que, por vía judicial, el ente contratante deprecara indemnización de perjuicios, por el monto que superara la pena-. Al liquidar el monto de la pena pecuniaria en los actos demandados, el IDU sumó las obras ejecutadas en las redes de ETB y la EAAB, que debían ser incluidas en los cruces de cuenta con dichas ESPs. No pasa por alto la Sala que, si bien, el detrimento económico ocasionado al IDU podría ser inferior al cuantificado en los actos demandados, debido a que el IDU, en todo caso, corría con los costos de las obras en redes de servicios que hubieran sido necesarias por las interferencias que se presentaran en la ejecución del Contrato 194 de 2005; la actora no consiguió desvirtuar la presunción de legalidad que cobija los actos demandados, con pruebas que demostraran que las obras incluidas en la cuantificación de la pena pecuniaria debieran ser asumidos por el IDU. […] Resulta válido concluir, por tanto, que la pena pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante con dicho incumplimiento, por lo que, en definitiva, los cargos de la apelante con los que cuestionaba la imposición de la pena y su proporcionalidad no están llamados a prosperar. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de la oportunidad prevista en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme al inciso segundo del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual de las entidades regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) son enjuiciados a través de la acción de controversias contractuales, de manera que el término para formular oportunamente la demanda es el de dos años, tomados a partir del motivo de hecho o de derecho que motiva la reclamación judicial. En este caso, motivaron la demanda las decisiones administrativas plasmadas en las Resoluciones 196 del 2 de febrero de 2009, y 1204 del 24 de abril de 2009, confirmatoria de la inicial. Esta última fue notificada por edicto17, desfijado el 25 de junio de 2009. A partir del día siguiente a esta última fecha, la parte actora tenía hasta el 26 de junio de 2011 para formular su reclamación judicial. Con estas fechas, resulta evidente que la demanda se presentó en tiempo […]. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio las copias simples? Respuesta al problema jurídico: Si En vista de que hay elementos de prueba documentales aportados en copia simple, la Sala las tendrá en cuenta para decidir conforme lo han establecido, de forma unificada, la Sección Tercera en pleno y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 30 de septiembre de 2014, rad. 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV), C. P. Alberto Yepes Barreiro. DELEGACIÓN DE FUNCIONES / DELEGANTE / COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO DELEGADO / DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL DELEGANTE / RESPONSABILIDAD DEL DELEGATARIO / LÍMITES A LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OBITER DICTUM La delegación es reconocida en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, como una figura mediante la cual una autoridad, a través de un acto administrativo, transfiere el ejercicio de determinadas funciones o actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines o complementarias, siempre que esté legalmente facultada para ello, en procura del mejor cumplimiento de las funciones administrativas y el logro de los fines del Estado. De esta forma, como presupuesto lógico y necesario de la delegación de funciones —que en materia contractual fue regulada en la Ley 80 de 1993, el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 489 de 1998— el funcionario delegante debe tener la competencia que delega. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, 211, DECRETO 2150 DE 1995, LEY 489 DE 1998, LEY 80 DE 1993 IMPOSICIÓN DE LA MULTA / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO OBITER DICTUM Sobre la imposición de cláusulas penales de apremio o multas en contratos regidos por Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, han coexistido dos posiciones en la jurisprudencia administrativa colombiana. En el 2005, consideró esta Sección que la competencia para hacer efectivas tales multas y sanciones recaía en la jurisdicción, y no en la autoridad administrativa. Pero, a su vez, en sentencias de 1998, 2000 y 2008, esta Sección manifestó que, de acuerdo con los artículos 64 del CCA y 3º de la Ley 80 de 1993, la Administración tenía la facultad de imponer y cobrar multas contractuales por sí y ante sí, en atención al carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos, y la autotutela declarativa de la administración, que le permití modificar unilateralmente las situaciones jurídicas en las que actúa. Luego, en el año 2014, la Subsección A consideró que antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales no estaban autorizadas “para expedir actos administrativos mediante los cuales impusieran unilateralmente multas o declararan el incumplimiento del contrato, en caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista particular, esto es sin necesidad de acudir al juez del contrato”, pero habían recobrado esa facultad con la expedición de la Ley 1150 de 2007. Finalmente, esta Subsección, en línea con la Corte Suprema de Justicia, ha precisado que el pacto de estas cláusulas en el derecho privado colombiano es válido y eficaz, razón por la que podían ser impuestas en todos los contratos estatales, pero no por los medios del derecho público, es decir, por medio de actos con fuerza ejecutiva y ejecutoria. Si bien, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 reguló el debido proceso para declarar el incumplimiento del contrato estatal con el fin de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal, ni dicha norma ni la Ley 80 de 1993 regularon expresamente la figura de la pena pecuniaria, que ya era prevista y regulada, desde mucho antes, en los artículos 1592 y siguientes del Código Civil. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imposición de cláusulas penales de apremio o multas en contratos regidos por Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de octubre de 2005, rad. 14579, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; auto de 6 de agosto de 1998, rad. 14558, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 29 de junio de 2000, rad. 16756, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 13 de noviembre de 2008, rad. 17009, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 30 de abril de 2014, rad. 27096, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 30 de julio de 2008, rad. 21574, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 5 de agosto de 2020, rad. 45183, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de junio de 2000, rad. C-4823, M. P. José Fernando Ramírez Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 64, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1592, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3 DELEGACIÓN DE FUNCIONES / COMPETENCIA DEL FUNCIONARIO DELEGADO / DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL / LÍMITES A LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DELEGACIÓN DE FUNCIONES GENÉRICAS / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El funcionario que profirió los actos impugnados era competente para imponer multas o penas de apremio en el contrato Estatal? Respuesta al problema jurídico: Si [P]ara el momento en que fueron expedidos los actos demandados, la Administración estaba facultada para su imposición, incluso en los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007, y la Sala entiende que la faculta de imponer multas o penas de apremio quedó comprendida, sin duda, dentro de las facultades generales delegadas al director técnico de Malla Vial mediante la Resolución 1705 de 2006. En consecuencia, este cargo no prospera. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO Problema jurídico: ¿Para que la vulneración al derecho de contradicción probatoria sea relevante en el juicio de nulidad del acto, no basta con la comprobación formal del vicio, el actor debe acreditar la trascendencia de este en la formación o en el sentido de la decisión adoptada, de suerte que el yerro sea sustancial? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, antes citado, reconoce expresamente el derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas contractuales de naturaleza sancionatoria, como un desarrollo del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que fija dicha garantía a nivel superior y fundamental en todas las actuaciones administrativas. Dentro de sus múltiples expresiones, se encuentra el derecho a solicitar, aportar y controvertir pruebas dentro de cualquier procedimiento administrativo, incluyendo, claro está, el destinado a imponer multas y declarar la efectividad de la cláusula penal pecuniaria. […] [P]ara que la vulneración al derecho de contradicción probatoria sea relevante en el juicio de nulidad del acto no basta con la comprobación formal del vicio. El actor debe acreditar la trascendencia de este en la formación o en el sentido de la decisión adoptada, de suerte que el yerro sea sustancial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas contractuales de naturaleza sancionatoria, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, rad. 16367, C. P. Enrique Gil Botero; Sección Segunda, sentencia de 26 de septiembre de 2012, rad. 1087-09, C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sección Tercera, sentencia de 23 de noviembre de 2003, rad. 14431, C. P. María Elena Giraldo Gómez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17 DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN SUSTANCIAL DEL DEBIDO PROCESO / NEGACIÓN DE LA PRÁCTICA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA Problema jurídico: ¿Los actos demandados fueron expedidos con vulneración del debido proceso, al negarse la práctica de pruebas durante el procedimiento administrativo? Respuesta al problema jurídico: No [L]o que esta Colegiatura echa de menos un elemento de convicción que permita dar por probado el hecho en que la actora soportó su oposición al fallo apelado, a saber, que la negación de la práctica de pruebas durante el procedimiento administrativo fuese determinante, a tal grado que su conclusión hubiera sido distinta, es decir, que no se hubiese declarado el incumplimiento contractual ni impuesto la pena pecuniaria. Particularmente, la parte actora no demostró: (i) que las conclusiones del dictamen pericial solicitado por el contratista en el recurso de reposición hubieran determinado que el Consorcio constructor no incumplió el contrato; (ii) que las aseveraciones del Consorcio interventor y las del propio Director Técnico de Malla Vial del IDU fueran inexactas o falsas; (iii) no fue allegado al proceso el “registro fotográfico” anunciado en la impugnación; y (iii) los testimonios de los señores […] no son medios de convicción suficientemente persuasivos como para variar de modo drástico las decisiones administrativas demandadas, ya que provienen de personas que tenían una relación laboral o económica con la demandante, lo que afecta su imparcialidad y credibilidad, por lo que se impone una valoración más rigurosa de sus declaraciones, de acuerdo con las circunstancias del caso, sin que en este se hayan practicado o allegado otras pruebas que soporten sus afirmaciones. DESVIACIÓN DE PODER / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER Problema jurídico: ¿Se acreditó, siquiera de modo indirecto, que el Director Técnico de Malla Vial del IDU hubiera tenido la voluntad de declarar el incumplimiento y hacer eficaz la cláusula penal del contrato atendiendo a fines distintos, contrarios o desconocedores de los que corresponden la potestad legal ejercida? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala descarta el éxito de este cargo, ya que la desviación de poder sindica al funcionario que tomó la decisión de ejercer su competencia soslayando los fines que la informan, y no atiende a los hechos —en este caso, al grado del incumplimiento contractual— que motivaron la decisión, como lo expresó la apelante. En el asunto no fue probado, siquiera de modo indirecto, que el Director Técnico de Malla Vial del IDU hubiera tenido la voluntad de declarar el incumplimiento y hacer eficaz la cláusula penal del contrato atendiendo a fines distintos, contrarios o desconocedores de los que corresponden la potestad legal ejercida. Aunque los testigos […] afirmaron que los actos fueron producto de supuestas molestias ocasionadas en la entidad por reclamaciones contractuales iniciadas por la actora, lo cierto es que estas versiones no encuentran respaldo alguno en los demás medios de prueba que permitan la corroboración de las versiones vertidas que reproducen la postura procesal del Consorcio con el que estos deponentes laboraron. Así las cosas, tal como fue estructurado este cargo no prospera. NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Se acreditó que la entidad demandada incurrió en falsa motivación en la expedición de los actos administrativos demandados? Respuesta al problema jurídico: No [A]l no estar satisfecha la carga probatoria del demandante a través de los medios de convicción que este indicó, el cargo de nulidad de los actos sub judice por falsa motivación, en los términos desarrollados por el promotor del proceso, tampoco es de recibo. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / HECHO DEL TERCERO / CAUSA EXTRAÑA / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El Consorcio demandante incumplió la obligación de entregar los planos récord y las constancias de recibo de las obras ejecutadas para las ESPs, de acuerdo con lo pactado en el Contrato 194 de 2005, del cual forma parte el pliego de condiciones, con sus apéndices? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s claro que el Consorcio CICON – KMA II incumplió la obligación de entregar los planos récord y las constancias de recibo de las obras ejecutadas para las ESPs, de acuerdo con lo pactado en el Contrato 194 de 2005, del cual forma parte el pliego de condiciones, con sus apéndices. Por otra parte, el demandante ha argumentado en esta instancia que el anterior incumplimiento no puede atribuírsele, porque la honra de tal obligación dependía de terceros cuya renuencia le había hecho imposible la entrega de los documentos requeridos. Esta justificación, sin embargo, no puede tener recibo, puesto que el consorcio actor no dio cuenta de las acciones que hubiera realizado para honrar los compromisos pactados, y tampoco acreditó una causa extraña que haya tornado imposible su cumplimiento. Por el contrario, en la Resolución 1204 de 2009 consta, sin que se hubiera acreditado lo contrario, que la interventoría y el IDU fueron las únicas que adelantaron gestiones ante ETB, EAAB y Gas Natural, para obtener las constancias de recibo de las obras ejecutadas. Una cosa es, pues, que estas constancias sean extendidas por las ESPs, y otra muy diferente es que no le correspondiera al actor la observancia de una debida diligencia para obtenerlas. En consecuencia, así planteado el cargo, no puede quebrar la legalidad de las decisiones impugnadas. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / SANCIÓN PECUNIARIA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / MONTO DE LA SANCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA REDUCCIÓN DE LA SANCIÓN / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / PROPORCIONALIDAD DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿La liquidación de la pena pecuniaria resulta válida de acuerdo con un cómputo aproximado del perjuicio irrogado con el incumplimiento, sin que sea necesario acreditar que dichos perjuicios fueron realmente ocasionados? Respuesta al problema jurídico: Si [D]e acuerdo con los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, la Sala ha considerado que, de la misma forma en que el monto de la pena puede ser inferior a los perjuicios irrogados con el incumplimiento, también puede ocurrir que la entidad imponga el monto total de la pena y este resulte ser excesivo, en atención al cumplimiento parcial del contratista; situación ésta en la que puede el juez rebajar la pena en proporción al cumplimiento de la obligación principal y de los perjuicios ocasionados, sin que ello suponga la obligación de probar tales perjuicios, conforme al artículo 1599 del Código Civil. De esta forma, como lo ha considerado esta Subsección, no se desconfigura la finalidad y la naturaleza indemnizatoria de la pena pecuniaria, sino que, por el contrario, se atiende justamente la naturaleza resarcitoria de la responsabilidad patrimonial en el ordenamiento colombiano, por la que esta no puede constituirse como fuente de enriquecimiento de quien sufra un daño. En este orden de ideas, la liquidación de la pena pecuniaria de acuerdo con un cómputo aproximado del perjuicio irrogados con el incumplimiento resulta válida, sin que sea necesario acreditar que dichos perjuicios fueron realmente ocasionados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el monto de la pena por los perjuicios ante el incumplimiento del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2008, rad.17009, C. P. Enrique Gil Botero; sentencias de 26 de noviembre de 2015, rad. 48892, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 8 de octubre de 2021, rad. 53195, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 14 de octubre de 2021, rad. 50623, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1596, 1599
Texto extraído del PDF oficial 156.780 caracteres
Radicado: 25000-23-26-000-2009-01076-01(51741) Actor: CICON S.A. Y OTRO CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Radicación: 25000-23-26-000-2009-01076-01 (51741) Demandante: CICON S.A. Y OTRO Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) Temas: Falta de competencia relativa. Violación del debido proceso. Desviación de poder. Falsa motivación. Cláusula penal pecuniaria. Proporcionalidad de la cláusula penal pecuniaria. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia del 29 de mayo de 2014 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera. Subsección C de Descongestión, que negó las pretensiones de la demanda. I. SÍNTESIS DEL CASO El IDU y el Consorcio CICON – KMA II celebraron el contrato IDU-194 de 2005, cuyo objeto consistía en la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales en el barrio Jerusalén de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. La entidad, mediante Resolución 196 de 2009, confirmada por la Resolución 1204 del 24 de abril de 2009, declaró el incumplimiento contractual de las obligaciones a construir las obras dentro del plazo pactado, y a allegar documentos necesarios para la liquidación del contrato, y en consecuencia hizo efectiva la pena pecuniaria por $428’170.642. El Consorcio demandó los actos administrativos , porque, en su parecer, los actos adolecían de falta de competencia, violación del debido proceso, falsa motivación, desviación de poder y desproporcionalidad respecto a lo ejecutado por el contratista. II. ANTECEDENTES 2.1. La demanda Mediante escrito radicado el 18 de diciembre de 2009, las sociedades CICON S.A. y KMA Construcciones S.A., y el Consorcio que estas conformaron (CICON – KMA II), formularon demanda1 contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en ejercicio de la acción de controversias contractuales para que se declare: (i) la nulidad de la resolución n° 196 del 2 de febrero de 2009 , que declaró el incumplimiento contractual del Consorcio , por no haber terminado las obras en el plazo convenido y, en consecuencia, hacer efectiva la pena pecuniaria, amparada 1 F. 13-31, c. 1. Radicado: 25000-23-26-000-2009-01076-01(51741) Actor: CICON S.A. Y OTRO Página 2 de 49 mediante póliza de cumplimiento; (ii) la nulidad de la resolución n° 1 204 del 24 de abril de 2009 , que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión anterior, confirmándola en su totalidad; y (iii) que, en consecuencia, se ordene restablecer el derecho de las demandantes condenando al pago de la suma de la pena impuesta, el correspondiente a la “pérdida financiera por no recibir los pagos de las actas o facturas presentadas y no canceladas o a las que se les aplicó o descontó el valor de la multa impuesta” ; y a la afectación del buen nombre de las empresas, y en la participación en otros procedimientos de selección con entidades públicas. Como asidero fáctico de sus pretensiones, la demandante relata: 2.1.1. Q ue el 29 de diciembre de 2005, el Consorcio CICON – KMA II y el IDU celebraron el contrato IDU-194 de 2005, cuyo objeto consistía en la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales en el barrio Jerusalén de la localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá. 2.1.2. Previamente, el IDU había contratado a un diseñador y consultor que se encargaría de entregarle a la entidad los estudios y diseños completos de las vías a construir. Pero, la orden de inicio de las obras se produjo el 9 de octubre de 2006, mucho después de la celebración del contrato, porque la contratante no contaba con estudios, planos y diseños para las obras. 2.1.3. El plazo era de 9 meses, 1 para la etapa de preconstrucción, y 8 para la de construcción, que a su vez se subdividía entre 7 para confeccionar la obra, y 1 para la entrega y recibo de la misma. 2.1.4. El 8 de junio, 9 de octubre y 24 de diciembre de 2007, las partes pactaron múltiples prórrogas al contrato. El negocio concluyó el 11 de marzo de 2008. 2.1.5. Sin contar con la participación de l contratista, la interventoría informó circunstancias que no refleja ron el estado real de las obras, por lo que el acta de terminación del contrato , que expresó lo expuesto por la interventoría , no fue suscrita por el Consorcio. Esa fuente de información también fue usada por el IDU, para iniciar el procedimiento declarati vo del siniestro y efectividad de la cláusula penal. 2.1.6. En decisión del 19 de marzo de 2009, ratificada por la entidad al resolver el recurso de reposición, el IDU declaró el incumplimiento parcial del contrato e hizo efectiva la cláusula penal, por $428’170.642, monto que supera ampliamente el porcentaje de obras que supuestamente no se habrían ejecutado ($21’527.208, equivalente al 0,5% del precio del contrato). 2.1.7. La parte demandante acusa que las decisiones del IDU fueron proferidas con falta de competencia, falsa motivación, desviación de poder, violación al debido proceso y al derecho de defensa, y desproporcionalidad de la sanción. 2.2. Trámite procesal relevante 2.2.1. El 18 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda2, y ordenó su notificación al IDU y al agente del Ministerio Público. 2 F. 53-54, c.1, corregido mediante auto del 20 de mayo de 2010: f. 58-59, c. 1. Radicado: 25000-23-26-000-2009-01076-01(51741) Actor: CICON S.A. Y OTRO Página 3 de 49 2.2.2. El IDU contestó la demanda 3, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones del Consorcio. 2.2.3. En la etapa para presentar alegatos de conclusión en primera instancia 4, estos fueron presentados por el IDU5 y la parte actora 6. El Procurador 11 Judicial Administrativo II rindió concepto7 en la oportunidad correspondiente. 2.2.4. El Tribunal, mediante sentencia de primera instancia 8 del 29 de mayo de 2014, desestimó las pretensiones de la demanda. 2.2.5. La demandante interpuso recurso de apelación contra esta decisión9. Esta Corporación lo concedió mediante auto del 13 de agosto de 201410. 2.2.6. El 3 de septiembre de 2014, inició la etapa para presentar los alegatos de conclusión en segunda instancia 11, ocasión en que únicamente se pronunció la parte actora12. 2.2.7. El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para conocer del presente asunto, toda vez que previamente rindió concepto en el asunto, como Procurador 11 Judicial Administrativo II ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El impediment o es fundado por lo que será apartado del conocimiento del asunto. III. CONSIDERACIONES 3.1. Presupuestos de la sentencia de mérito 3.1.1. La Sala es competente para conocer de la presente acción de controversias contractuales, en virtud del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984 - CCA), modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006[13], vigentes para la época en que se presentó la demanda, toda vez que la parte demandada es u n establecimiento público del Distrito Capital de Bogotá . Además, conforme a las normas procesales aplicables al asunto, esta Corporación decide la segunda instancia de las sentencias proferidas por los Tribunales 3 F. 61-80, c. 1. 4 Abierta por el Tribunal mediante auto del 21 de febrero de 2014: f. 209, c.1. 5 F. 210-217, c. 1. 6 F. 218-234, c. 1. 7 F. 236-256, c. 1. 8 F. 258-274, c. ppal. 9 F. 276-300, c. ppal. 10 F. 308, c. ppal. 11 F. 138, c. ppal. 12 F. 309-324, c. ppal. 13 “ARTICULO 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley.” Radicado: 25000-23-26-000-2009-01076-01(51741) Actor: CICON S.A. Y OTRO Página 4 de 49 Administrativos14, y este asunto tiene vocación de doble instancia por el factor cuantía15. 3.1.2. Conforme al inciso segundo del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual de las entidades regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) son enjuiciados a través de la acción de controversias contractuales16, de manera que el término para f ormular oportunamente la demanda es el de dos años, tomados a partir del motivo de hecho o de derecho que motiva la reclamación judicial. 3.1.2.1. En este caso, motivaron la demanda las decisiones administrativas plasmadas en las Resoluciones 196 del 2 de febrero de 2009, y 1204 del 24 de abril de 2009, confirmatoria de la inicial. Esta última fue notificada por edicto17, desfijado18 el 25 de junio de 2009. A partir del día siguiente a esta última fecha, la parte actora tenía hasta el 26 de junio de 2011 para formular su reclamación judicial. 3.1.2.2. Con estas fechas, resulta evidente que la demanda se presentó en tiempo, incluso pasando por alto la suspensión del término de caducidad por el trámite conciliatorio prejudicial, transcurrido entre el 27 de octubre y el 18 de diciembre de 2009, fecha en que fue expedida el acta de no acuerdo19. 3

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200901076011100103