Titulación de la relatoría 19.996 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DE LA NORMA / NORMA VIGENTE / GASTOS DE INVERSIÓN / FACTOR MOTIVACIONAL DEL INVERSIONISTA / INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / PROYECTO DE INVERSIÓN / OLEODUCTO / IMPROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA
Problema jurídico:
¿El a quo violó el debido proceso, por aplicar el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011, de acuerdo con el cual una inversión nueva es aquella que se realice con posterioridad a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, pese a que esa norma entró a regir después de que fuera presentada la solicitud de suscripción del contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
ODL censuró la denegación de la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, por violación de norma superior y del debido proceso, porque con su expedición se habría incurrido en un error de derecho derivado de la aplicación indebida de una ley posterior a la vigente al momento de presentar la solicitud, como lo es el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011 que modificó el parágrafo del artículo 3 de la Ley 963 de 2005 (…). Mientras la regla original comprendía los proyectos que iniciaran sus operaciones después de la entrada en vigencia de esa norma (8 de julio de 2005), la modificación establecía que la inversión nueva es aquella que se desenvuelve con posterioridad a la celebración del contrato de estabilidad jurídica. (…) Así, lo fundamental para la decisión del Comité no era si la inversión se entendía o no como nueva, dado que esa era sólo una de las hipótesis contempladas por la norma del año 2005, que fue precisada por su versión reformada en el año 2011 (consistiendo la otra premisa en la ampliación de la inversión ya existente), sino que esta fuera, de una parte, relevante en términos macroeconómicos para el país y, por otro lado, que la estabilidad jurídica motivara de manera contundente la decisión de realizar el proyecto y efectuar las inversiones de capital formuladas en la solicitud. Por lo tanto, era válido sostener que, al tratarse de una solicitud que tenía como fin la realización de inversiones ya ejecutadas para la fecha en que el Comité adoptó su decisión (...), la estabilidad jurídica deprecada no era determinante para que la sociedad solicitante llevara a cabo el proyecto propuesto incluso bajo la hipótesis del parágrafo original del artículo 3 de la Ley 963 de 2005, por la sencilla razón de que la ejecución consumada -total o parcialmente- de su proyecto, como “nueva inversión”, se materializó pese a estar sometida a posibles cambios normativos. (...) . Así las cosas, el primer problema jurídico se responde de forma negativa y no prospera el cargo de infracción de normas superiores por aplicación indebida de norma posterior, planteado por la actora.
FUENTE FORMAL:
LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 49, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 3
CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FACTOR MOTIVACIONAL DEL INVERSIONISTA / ACTIVIDAD ECONÓMICA / PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA / FOMENTO DE LA ECONOMÍA / INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL FOMENTO DE LA ECONOMÍA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / DERECHO ADQUIRIDO / SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA / VIGENCIA DE LA NORMA / VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / INEXISTENCIA DEL DERECHO ADQUIRIDO / REFORMA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / NORMA MODIFICADA
Problema jurídico:
¿Conforme a la regla general de irretroactividad de la ley, en los contratos de estabilidad jurídica los beneficios para el inversionista surgen a partir de la suscripción del negocio de inversión, no en su etapa de formación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os contratos de estabilidad jurídica, como instrumento de intervención del Estado en la economía, tuvieron la intención expresa de “promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional”, al conceder un ámbito normativo estable que no sólo protegiera los intereses de los inversionistas, sino que repercutiera significativamente en la economía nacional (…). Por otro lado, la estabilidad jurídica pedida por la sociedad vinculaba a la Nación mediante la suscripción de un contrato estatal. De la naturaleza convencional de este instrumento de intervención deviene igualmente la regla general que incorpora a estos acuerdos de voluntades el régimen jurídico vigente a la fecha de su celebración. De antaño, la jurisprudencia ha precisado que la regla general de irretroactividad de las leyes está cimentada en la protección de los derechos adquiridos y en la preservación de las situaciones jurídicas consolidadas mientras la normatividad derogada estuvo en vigor. Esto, en el caso particular de los contratos de estabilidad jurídica, significa que los beneficios para el inversionista surgían únicamente a partir de la suscripción del negocio, no en su etapa de formación, más precisamente, no nacían con la simple solicitud hecha por el inversionista o con la admisión para su estudio, tal como lo recordó el Comité en el acto demandado. (…) ODL conoció y aceptó que las normas aplicables al estudio del negocio de estabilidad jurídica no serían las mismas con las que presentó la solicitud. El Comité le informó a ODL sobre las reformas de normas tributarias que se tramitaban en el Congreso de la República, las cuales podían modificar las normas sobre las cuales operaría la solicitud de estabilidad (…). De suerte que, además de que el trámite administrativo iniciado en un momento determinado no consolida ninguna situación jurídica, ODL tampoco podría alegar en su favor que desconocía el cambio del marco normativo que sufrió, tanto el conjunto de preceptos sobre el cual pedía una estabilidad jurídica, como las nociones aplicables al análisis de su propuesta, entre ellas, la que sustituyó la definición de “inversión nueva”, clave para estudiar las solicitudes de contrato de estabilidad jurídica pendientes de ser resueltas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen jurídico del contrato de estabilidad jurídica, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 3 de agosto de 2015, rad. 1100103-06-000-2015-00041-00(2246), C. P. Álvaro Namén Vargas (e); Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de 12 de diciembre de 1974; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C 549 de 29 de noviembre de 1993; sentencia C 242 de 29 de marzo de 2006.
IMPROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FACULTADES DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FACULTAD DISCRECIONAL DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL / PRINCIPIO ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTORI
Problema jurídico:
¿Los elementos de juicio aportados por el demandante para acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas previstas en la norma, lograron desvirtuar la presunción de legalidad que opera sobre el acto que negó la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad jurídica?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l conjunto de disposiciones cuya violación esgrime no definen una facultad completamente reglada en cabeza del Comité, sino que establecen una competencia discrecional de evaluación de los proyectos de inversión para determinar si las solicitudes eran aprobadas o no; facultad que tiene asidero en razón a las múltiples variables sociales y económicas involucradas en este tipo de decisiones, que logran escapar de cualquier previsión o anticipación del legislador. No obstante, la discrecionalidad no equivale a la arbitrariedad, razón por la cual el ordenamiento fija, como parámetros de control, que las decisiones de este tipo se adecuen a los fines determinados por la norma habilitante, de forma proporcional a los hechos que le sirven de causa. (…) [L]os elementos de juicio a los cuales remite la apelante son las proyecciones económicas presentadas en la misma solicitud (…), que son datos provenientes de la misma sociedad y, por esta razón, no solventan la carga probatoria necesaria para rebatir la presunción de legalidad y acierto que cobija la decisión del Comité, ni para encontrar demostrados los requisitos para acceder al beneficio (…). De esta forma, a partir de los documentos aportados por la actora, no es posible examinar si hubo desproporcionalidad o arbitrariedad en los actos demandados, por contrariar los fines, principios, normas y lineamientos técnicos enunciados anteriormente (...), ni con ellos se logra objetar eficazmente las premisas sostenidas por el Comité: que un proyecto ya ejecutado en su mayoría carecía de influencia actual y relevante para ser beneficiado por la estabilidad jurídica, y que la tarifa contenida en el marco regulatorio del transporte de hidrocarburos no minimizaba los riesgos ni garantizaría la rentabilidad de la inversión. Por lo tanto, el segundo problema jurídico se contesta en sentido negativo y la nulidad pedida por esta razón tampoco se abre paso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la evaluación de las solicitudes del contrato de estabilidad jurídica, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de agosto de 2021, rad. 58927, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Corte Constitucional, sentencia C 031 de 2 de febrero de 1995 M. P. Hernando Barrera Vergara; sentencia C 524 de 1 de Julio de 2003, M. P. Jaime Córdova Triviño.
INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / IGUALDAD DE ACCESO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FACULTADES DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FACULTAD DISCRECIONAL DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / IMPROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿Se dio un trato discriminatorio a ODL por la suscripción de contratos de estabilidad jurídica con empresas en situaciones similares a la suya y la denegación de la solicitud de contrato por aquella presentada?
Respuesta al problema jurídico: No
Esta Subsección reitera su jurisprudencia sobre la supuesta violación al derecho a la igualdad aplicada a casos como el presente, de acuerdo con la cual el juicio de igualdad prohíbe el trato discriminatorio, no el desigual. (…) En el sub judice, la parte actora también se limitó a hacer afirmaciones sin soporte demostrativo, pues no aportó los elementos necesarios para adelantar el juicio concreto de igualdad, esto es, no trajo al proceso las solicitudes de contrato o los contratos suscritos por las empresas que menciona y que, en su entender, merecieron un trato preferente en desmedro suyo. Menos aún dio cuenta de que esas sociedades tuvieran una situación igual o siquiera semejante a la de ODL, de acuerdo con sus proyectos y condiciones económicas. (…). [Q]uien pretende la protección judicial de un derecho debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su pretensión. Como ya se advirtió, la actora ni siquiera aportó o insinuó elementos probatorios que sugirieran un trato discriminatorio e injustificado en esos casos, y menos aún que las compañías beneficiadas estuvieran en una situación idéntica a la de ODL. Pero, ante todo, la aplicación de la carga dinámica de la prueba no es irreflexiva, como pareciera entenderlo la apelante. En la actualidad, el traslado de la carga probatoria está supeditado a una decisión interlocutoria previa al fallo en la que, atendiendo las particularidades del caso concreto, se advierta que una de las partes está en una situación más favorable para demostrar un hecho relevante para la causa. Una decisión en tal sentido debe reflejar las razones por las cuales se justifica, razonablemente, eximir a una de las partes de la regla general de demostrar el supuesto de hecho que la ley consagra para que se produzca la consecuencia jurídica perseguida, e imponer la carga de acreditar esa premisa fáctica a la contraparte. Esa carga de motivación va encaminada a preservar los fines y principios que ordenan el proceso judicial, manteniendo el balance entre las cargas de las partes en un trámite contencioso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de la prueba, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 7 de octubre de 2020. rad. 50160, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
COMPETENCIA TEMPORAL / FACULTADES DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FACULTAD DISCRECIONAL DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El Comité de Estabilidad Jurídica carecía de competencia para negar la suscripción del contrato de estabilidad jurídica solicitado por ODL y adoptó la decisión denegatoria por fuera de término?
Respuesta al problema jurídico: No
La parte actora cuestiona dos aspectos respecto de la competencia del Comité: El primero se relaciona con el alcance de sus facultades (…) que, como ha quedado sentado en este pronunciamiento (…), difieren abruptamente del entendimiento que pretende darle el apelante, porque no consistían simplemente en “negociar” el contrato, sino en decidir si era procedente suscribirlo en función de la relevancia de la inversión para la economía del país. En este contexto, sus argumentos no tienen cabida en el presente juicio. El segundo cuestionamiento de la actora, relacionado con la competencia temporal del Comité, fue presentado en la apelación como si esta fuera parte del cargo de falsa motivación (…), al argumentar que la decisión fue adoptada por fuera del término legal para ello, conforme al artículo 4°, literal f), de la Ley 963 de 2005. Al respecto, la Sala reitera su precedente, de acuerdo con el cual: “[…] la falta de competencia temporal como causal de nulidad de los actos
administrativos se produce cuando la ley expresamente (i) contempla un plazo para
dictar un acto administrativo, y (ii) prevé como consecuencia jurídica de la expedición extemporánea del acto la pérdida de competencia, la invalidez del acto o el traslado de esa competencia a otra autoridad. Sin embargo, el artículo 4 de la Ley 963 de 2005 no prevé, como secuela del vencimiento del término allí fijado, la pérdida de competencia, y así lo ha considerado previamente esta Sección. Por ende, la norma legal en que la actora soporta el cargo no conduce a la incompetencia deprecada (...)”. Por estas razones, el cargo por incompetencia temporal tampoco conduce a la nulidad de los actos impugnados, y el cuarto problema jurídico también es contestado negativamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia temporal del comité de estabilidad jurídica, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de junio de 2000, rad. 12723, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 19 de noviembre de 2018, rad. 58006, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 4 LITERAL F
COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Es competente la Sala para conocer en segunda instancia, del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en razón a la cuantía del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala es competente para conocer del presente asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el marco del medio de control contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido contra un acto anterior a la celebración de un contrato, proferido por un ente compuesto por órganos del sector central de la Nación, como lo es el Comité de Estabilidad Jurídica, que por su cuantía tiene doble instancia.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, empezó a contar desde la notificación del acto administrativo que se acusa?
Respuesta al problema jurídico: Si
El CPACA en su artículo 164, numeral 2, literal c) prevé que la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho opera al trascurrir un plazo de cuatro (4) meses, contados a partir del día de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto demandado. Así, a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución núm. 009 de 2014 (…), la actora tenía hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil catorce (2014) para presentar oportunamente la demanda. Pero, el término de caducidad se suspendió por el trámite conciliatorio extrajudicial que tuvo lugar entre el veintiocho (28) de noviembre de dos mil catorce (2014), fecha en que fue radicada la solicitud, hasta el nueve (9) de febrero de dos mil quince (2015), fecha del acta de no acuerdo. Tomando en cuenta esta información la Sala colige que la demanda fue presentada dentro del término legal, el nueve (9) de febrero de dos mil quince (2015) (...).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL C
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / SOCIEDAD / IMPROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / COMITÉ DE ESTABILIDAD JURÍDICA / MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO / MINISTERIO DE HACIENDA / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Problema jurídico:
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre las entidades que integraron el Comité de Estabilidad Jurídica, que negó la solicitud de suscripción del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as partes están legitimadas en la causa en el sub judice. Por activa, toda vez que la sociedad actora fue la destinataria de la decisión de improbar la solicitud de contrato de estabilidad jurídica (…). Por pasiva, las entidades demandadas también están habilitadas para comparecer en este asunto porque, conforme al literal b) del artículo 4 de la Ley 963 de 2005, el Comité que tomó las decisiones demandadas estaba conformado por el MinCIT, el Minhacienda, el Ministerio del ramo en que se efectúa la inversión (en este caso, el de Minas y Energía) y el DNP.
FUENTE FORMAL:
LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 4 LITERAL B