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Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

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Fecha
2023-12-01
Radicado
25000233600020150240902
Número interno
69585
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
Demandado
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Síntesis de la providencia

Contratación estatal: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y, en tanto se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de competencia, procedencia y oportunidad de la demanda, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, enmarcado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues si bien la demanda fue encausada en el de controversias contractuales, el artículo 141 del CPACA dispuso que los actos precontractuales, como los aquí impugnados, cuando además se reclame el reconocimiento de perjuicios, deben demandarse por esa vía procesal.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Los actos precontractuales, cuando además se reclama el reconocimiento de perjuicios, deben demandarse por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no por el de controversias contractuales, conforme al artículo 141 del CPACA. Una razón es que la norma dispone expresamente esa vía procesal para los actos precontractuales con reclamación indemnizatoria, de modo que la demanda que los impugnó por controversias contractuales debe encausarse por la vía correcta. Otra razón es que en el asunto la Sala verificó que no existía causal de nulidad que invalidara lo actuado y que se cumplían los presupuestos de competencia, procedencia y oportunidad, por lo que pudo resolver el recurso de apelación bajo el medio de control adecuado. En el caso, la demanda versaba sobre la adjudicación de un contrato de estabilidad jurídica, figura que la Ley 963 de 2005 definió como garantía de que, si cambian las normas determinantes de la inversión, se seguirán aplicando las anteriores por un plazo acordado. La sentencia de primera instancia se confirmó y las pretensiones se negaron. Su consecuencia práctica es que la demanda contra esos actos debe identificar la vía procesal correcta desde su presentación.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar los actos precontractuales y el reconocimiento de perjuicios?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 141

También resuelve

  • ¿Los contratos de estabilidad jurídica son aquellos negocios en que el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban que…
  • ¿Las inversiones de Conconcreto cumplieron la exigencia de ser nuevas o ampliadas como elemento esencial del contrato de estabilidad jurídica frente a los proyectos de construcción del centro…
  • ¿El proyecto del centro comercial Gran Plaza cumplió la exigencia de rentabilidad económica y social?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DERECHO A LA ESTABILIDAD JURÍDICA INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA AMPLIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA IMPROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA MONTO DE LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA CLASES DE EMPLEO CARGO VACANTE MARGEN DE RENTABILIDAD EN ACTIVIDAD ECONÓMICA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar los actos precontractuales y el reconocimiento de perjuicios? Respuesta al problema jurídico: No Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo actuado y, en tanto se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de competencia, procedencia y oportunidad de la demanda, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, enmarcado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues si bien la demanda fue encausada en el de controversias contractuales, el artículo 141 del CPACA dispuso que los actos precontractuales, como los aquí impugnados, cuando además se reclame el reconocimiento de perjuicios, deben demandarse por esa vía procesal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el medio de control idóneo para demandar los actos precontractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 7 de diciembre de 2015, rad. 54642, C. P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / DERECHO A LA ESTABILIDAD JURÍDICA / INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / AMPLIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA Problema jurídico: ¿Los contratos de estabilidad jurídica son aquellos negocios en que el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban que, si se modifican las normas que hayan sido identificadas como determinantes de la inversión, aquellos tendrán derecho a que esas disposiciones jurídicas se les sigan aplicando en un marco temporal acordado? Respuesta al problema jurídico: Si La Ley 963 de 2005 estableció los contratos de estabilidad jurídica como aquellos negocios en que el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban que, si se modifican las normas que hayan sido identificadas como determinantes de la inversión, aquellos tendrán derecho a que esas disposiciones jurídicas se les sigan aplicando en un marco temporal acordado, figura que buscó promover “inversiones privadas nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional”. En consonancia con lo anterior, el artículo 215 de la Ley 963 de 2005 indicó que serían partes de los contratos de estabilidad jurídica los inversionistas nacionales o extranjeros, así como los consorcios “que realicen inversiones nuevas o amplíen las existentes en el territorio nacional” por un monto igual o superior a 150.000 UVT y, en el artículo 3 de esa norma, se prescribió que al momento de solicitar la estabilidad, debían indicarse de manera expresa y taxativa las normas e interpretaciones vinculantes realizadas por vía administrativa, que sean consideradas determinantes para la inversión. (…) El Decreto 2950 de 2005 reglamentó la normativa legal sobre la estabilidad jurídica, y dispuso, entre otros aspectos, que la solicitud del contrato tendría: i) la identificación plena del inversionista y su capacidad, ii) la descripción detallada del proyecto de inversión, iii) la cuantía de la inversión y su plazo, iv) los artículos objeto de estabilización, v) las razones que tornaran en determinante esas normas para la inversión y del plazo de la estabilidad, vi) la forma de pago de la prima, vii) el número de empleos que se habrían de generar y los demás efectos económicos y sociales del proyecto y viii) la manifestación de no tener condenas o sanciones por actos de corrupción. (…) Finalmente, el Decreto 2950 de 2005 dispuso en su artículo 8 que el contrato de estabilidad jurídica se regiría por la Ley 80 de 1993, lo que para esta Corporación ha comportado la obligatoriedad de que se encuentren sujetos a las solemnidades aplicables a los acuerdos de voluntades regidos por ese estatuto. El documento CONPES 3366 de 2005, en el cual se adoptaron las “consideraciones técnicas para la evaluación de solicitudes de celebración de contratos de estabilidad jurídica” mencionó que el objetivo de esos negocios jurídicos era estimular el crecimiento económico y el bienestar social “promoviendo nuevas inversiones y la ampliación de las existentes”, a cambio de otorgar a los inversionistas que los suscribieran el derecho a que se les continuaran aplicando las normas o interpretaciones determinantes en la inversión y amparadas por el contrato, en caso de ser modificadas desfavorablemente para aquellos. (…) La Ley 963 de 2005 fue derogada mediante el artículo 166 de la Ley 1607 de 2012, sin perjuicio de lo cual se precisó que las solicitudes presentadas anteriormente se concluirían en virtud de esa norma. (…) [L]a jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido, de conformidad con la normativa de los contratos de estabilidad, que tales acuerdos de voluntades deben ser producto del cumplimiento de las exigencias de ley, por lo que la simple presentación de una solicitud en tal sentido no constituye un derecho a suscribir el negocio jurídico, sino apenas una mera expectativa. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el contrato de estabilidad jurídica y el régimen aplicable, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 3 de agosto de 2015, rad. 2246, C. P. Álvaro Namén Vargas [e]. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de marzo de 2023, rad. 67461, C. P. Alberto Montaña Plata. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 16 de febrero de 2017, rad. 51639, C. P. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de julio de 2022, rad. 64863, C. P. Alberto Montaña Plata. Corte Constitucional, sentencia C-242 de 29 de marzo de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, sentencia C-320 de 24 de abril de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Corte Constitucional, sentencia C-785 de 10 de octubre de 2012, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO 2950 DE 2005, DOCUMENTO CONPES 3366 DE 2005, LEY 1607 DE 2012 - ARTÍCULO 166, LEY 80 DE 1993, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 215, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 3 CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / IMPROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / AMPLIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Las inversiones de Conconcreto cumplieron la exigencia de ser nuevas o ampliadas como elemento esencial del contrato de estabilidad jurídica frente a los proyectos de construcción del centro comercial Guatapurí Plaza Comercial, el Hotel Sonesta en Valledupar y la planta de producción IMPAC? Respuesta al problema jurídico: No [E]l 14 de agosto de 2009, Conconcreto presentó ante la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo una solicitud para suscribir un contrato de estabilidad jurídica frente a la inversión que denominó “participación de Conconcreto en el desarrollo regional a través de proyectos de gran impacto económico y social en las ciudades intermedias” -en adelante proyecto 1- consistente en la construcción del centro comercial Guatapurí Plaza Comercial y el Hotel Sonesta en Valledupar, así como el centro comercial Gran Plaza de Florencia – Caquetá. (…) Los (…) hechos revelan que las inversiones de Conconcreto respecto de los proyectos Guatapurí y Hotel Sonesta, que conformaron la primera propuesta, y la planta de producción IMPAC, que hizo parte de la segunda oferta, eran anteriores a las solicitudes de estabilidad, cuestión que dista del supuesto de la Ley 963 de 2005, que dispuso como requisito esencial para la suscripción de los contratos de estabilidad que el solicitante efectuara negocios nuevos o ampliara los existentes. En ese sentido, la Sala precisa que, de acuerdo con el esbozo conceptual efectuado en acápites anteriores, el contrato de estabilidad era un negocio jurídico típico, cuyo contenido fue previsto por el legislador y, además, era bilateral, pues se establecieron obligaciones correlativas para los cocontratantes, así: i) el contratista debía efectuar una inversión nueva o adicionar una anterior, y también realizar un aporte significativo a la economía nacional y pagar la prima por la estabilización normativa y ii) el contratante debía garantizar la aplicación de la normativa objeto de la estabilización aunque perdiera vigencia general. Lo anterior conduce a que, bajo la vigencia de la Ley 963 de 2005 y las disposiciones que las desarrollaron, el Estado debía verse beneficiado del acuerdo negocial, sin que pueda tener cabida el argumento de Conconcreto. (…) Así las cosas, la Ley 963 de 2005 y las demás disposiciones que la desarrollaron previeron como elemento esencial del contrato de estabilidad el hecho de que el solicitante efectuara inversiones nuevas o ampliara las existentes, lo que no se cumplió respecto de los proyectos Guatapurí Plaza Comercial, Hotel Sonesta y la planta de producción IMPAC, en tanto tales asuntos ya habían comenzado a desarrollarse para cuando se radicaron las solicitudes de estabilización. Lo anterior resultaba suficiente para que la parte demandada denegara la solicitud de estabilidad respecto de las inversiones pasadas enunciadas (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre los contratos de estabilidad y la interpretación del artículo 3 de la ley 963 de 2005, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2023, rad. 58899, C. P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia de 23 de noviembre de 2022, rad. 57899, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 26 de enero de 2023, rad. 61136, C. P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia de 29 de noviembre de 2018, rad. 58006, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 3 CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA / AMPLIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / IMPROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / MONTO DE LA INVERSIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / CLASES DE EMPLEO / CARGO VACANTE / MARGEN DE RENTABILIDAD EN ACTIVIDAD ECONÓMICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El proyecto del centro comercial Gran Plaza cumplió la exigencia de rentabilidad económica y social? Respuesta al problema jurídico: No [S]e encuentra que en la inversión del centro comercial Gran Plaza de Florencia se dispusieron solo 9 vacantes laborales de la inversión, sin que puedan tenerse en cuenta aquellos que se promueven por otras personas distintas de la aquí demandante, por no estar fundados en las inversiones que originaron las solicitudes de estabilización. En ese punto, conviene destacar que el artículo 4 de la Ley 963 de 2005 previó que, dentro del estudio de las solicitudes de estabilidad, se verificaría el número de empleos que se espera generar con las inversiones respectivas, lo que el Decreto 2950 y el CONPES 3366 de 2005 enmarcaron en los requisitos económicos y sociales del proyecto. [A]unque respecto del centro comercial Gran Plaza, correspondiente a la propuesta 1 de contrato de estabilidad, se estaba frente a una inversión nueva, aquella no efectuó un aporte significativo de empleos y, además, el período del proyecto era bastante corto en comparación con los 20 años de estabilización pedidos, lo que deriva en que la aquí demandante no cumplió el requisito de rentabilidad económica y social frente a esa inversión, circunstancia que daba pie al rechazo de su propuesta. FUENTE FORMAL: DECRETO 2950 DE 2005, DOCUMENTO CONPES 3366 DE 2005, LEY 963 DE 2005 - ARTÍCULO 4 FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA LA SOLICITUD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ESTATAL DE ESTABILIDAD JURÍDICA / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Las resoluciones impugnadas incurrieron en falsa motivación? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala no estima que las resoluciones impugnadas hubieran incurrido en una falsa motivación, pues se fundaron en el hecho de que Conconcreto no cumplió los requisitos para el otorgamiento de los contratos de estabilidad, de que se efectuara una inversión nueva o se ampliara una anterior y que los proyectos tuvieran una rentabilidad económica y social considerable para el Estado, situación que según se dejó expuesto no fue desvirtuada. CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La condena en costas de primera instancia es procedente? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 365 del CGP dispuso que se condenaría en costas a la parte vencida en el proceso y que solo habrá lugar a imponerlas cuando se demuestre su causación y en la medida de su comprobación, por lo que, en vigencia de esa norma, no se tiene en cuenta la conducta de las partes para su imposición, sino que se asume una postura objetiva, según la cual será condenado a asumirlas quien fue derrotado en el proceso o en la decisión del recurso, independientemente de su actuar y si se demostró su causación. En el caso concreto, los anteriores elementos se acreditaron, en lo que respecta a la primera instancia, debido a que la parte demandante resultó vencida, a la vez que se demostró que las entidades demandadas acudieron al proceso con apoderado, contestaron la demanda y presentaron alegatos de conclusión, lo que evidencia que, contrario a lo sostenido por Conconcreto, sí se causaron agencias en derecho, supuesto que daba lugar a la condena en costas. Como consecuencia, la Sala confirmará la condena en costas efectuada por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos de procedencia de la condena en costas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2022, rad. 53147, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia por haberse resuelto de manera desfavorable el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 365 del CGP dispuso en el numeral 1 que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas en segunda instancia a la parte apelante, a quien se le resuelve de manera desfavorable el recurso de apelación. Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP. Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. (…) [L]a Sala fijará las agencias en derecho con base en lo dispuesto en el Acuerdo 1887 del 26 de junio 2003, según el cual, en los procesos contencioso administrativos, en segunda instancia, cuando el asunto tenga cuantía, las agencias en derecho se establecerán en hasta el 5% del valor de las pretensiones. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201502409021100103