Titulación de la relatoría 29.317 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PERSONA JURÍDICA SIN ANIMO DE LUCRO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA / CONVENIO DE COOPERACIÓN / CONTRATO DE SUMINISTRO / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL SIN FORMALIDADES PLENAS / CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES / SELECCIÓN ABREVIADA DEL CONTRATISTA / LICITACIÓN PÚBLICA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El Convenio 93 de 2010 es un contrato de suministro que, al haber sido celebrado sin agotar un proceso preceptivo de licitación pública o selección abrevia, es absolutamente nulo?
Respuesta al problema jurídico: Si
El 30 de diciembre de 2010, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional Alma Mater suscribieron un convenio interadministrativo, con el que esta se obligaba a proveerle a aquella computadores y equipos de telecomunicación, para el cumplimiento de sus funciones. Considerando que se había presentado un incumplimiento, por la entrega de computadores con licencias de software OEM, en lugar de las OLP utilizadas generalmente En empresas y entidades, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le impuso pena pecuniaria contractual a la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional Alma Mater, la cual pretende la nulidad de los actos con los que la pena pecuniaria se hizo efectiva, así como la subsecuente declaración de no estar obligada a su pago y la liquidación del convenio. (...) . En este asunto, es claro que el Convenio 93 de 2010 fue suscrito con el ánimo de suministrar al ICBF los equipos de cómputo y comunicaciones necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Así lo manifestaron expresamente el director ejecutivo, quien suscribió dicho contrato; el subdirector de recursos tecnológicos, quien definió las, especificaciones técnicas en el procéso de contratación; el supervisor del Convenio 93 de 2010; y la persona a Cargo de su ejecución en la Red Alma Mater. Esto es concordante con lo mencionado por el ICBF en las bases del proceso de contratación directa elaboradas por ese instituto, en las comunicaciones y resoluciones emitidas en dicho trámite, en el propio texto del Convenio 93 de 2010, en el comité operativo núm. 2 que se llevó a cabo durante su ejecución, y en el informe de supervisión posterior a esta-. Si bien, en la fase precontractual, así como en el texto del negocio jurídico, en su ejecución y en la etapa posterior se hizo referencia al suministro e implementación de equipos necesarios para el funcionamiento de la entidad; tal implementación, que consiste en la puesta en funcionamiento o aplicacióp de métodos para llevar algo a cabo, guarda relación al servicio de mantenimiento y soporte técnico necesarios para su funcionamiento de los equipos suministrados, siendo así tal suministro el objeto principal del Convenio 93 de 2010. Por otro lado, las prestaciones derivadas del Convenio 93 de 2010 a cargo de la Red Alma Mater eran autónomas, pero ligadas entre sí, teniendo algunas de ellas un carácter continuado, yotras, periódico. En un primer momento, la Red Alma Mater realizaría un inventario y entrega formal de los equipos que estaban en poder del ICBF, garantizando su funcionamiento con el software requerido. Posteriormente, la Red Alma Mater entregaría unos equipos adicionales de cómputo y telecomunicaciones, de acuerdo con lo requerido por la entidad y los precios fijados inicia1mente, asumiendo los costos de transporte y garantizando su funcionamiento, con constancia de ello en los formatos para el efecto adoptados. A lo largo del plazo anual de ejecución del convenio, la Red Alma Mater prestaría el servicio, continuo de mantenimiento preventivo, reemplazo de productos o partes defectuosas, y el mantenimiento correctivo derivado de las garantías. (...) En definitiva, con el Convenio 193 de 2010, la Red Alma Mater se obligó al cumplimiento de obligaciones continuas y periódicas, autónomas pero ligadas entre sí, para proveer al ICBF equipos de cómputo y telecomunicaciones requeridos para su funcionamiento, con los servicios necesarios para su correcta operación, a cambio de un precio. De esta forma, la Red Alma Mater actuó, por demás, como un verdadero comerciante, lo que no forma parte del objeto de las instituciones de educación superior dentro del cual, como lo advirtió la Corte Constitucional, estas tienen la libertad de arbitrar sus propios recursos, libertad que ejercen a través del régimen especial de contratación para ello concebido. Es pues el Convenio 193 de 2010 un contrato de suministro en toda regla, que no podía ser celebrado por la Red Alma Mater, sin agotar previamente un proceso de selección abreviada o licitación pública, que no fue llevado a cabo. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 1741 del CC, en concordancia con el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, el Convenio de 193 de 2010 es absolutamente nulo, por haber sido celebrado sin el cumplimiento de los requisitos que la ley impone para la celebración del contrato de suministro, y por tener un objeto ilícito, en cuanto contraviene al derecho público de la Nación. Por lo tanto, la Sala, en cumplimiento del deber legal que le asiste, declarará su nulidad absoluta.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44
EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / RESTITUCIONES MUTUAS / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA / CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN SUCESIVA / CONTRATO DE SUMINISTRO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La declaración de la nulidad absoluta del contrato de ejecución sucesiva, como el contrato de suministro, conlleva a la liquidación de las prestaciones mutuas o restituciones mutuas cuando en el proceso administrativo contractual se impuso multa -pena pecuniaria- por incumplimiento y, cuáles son los elementos que se tienen en cuenta para las restituciones mutuas?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con lo pretendido en la demanda, el último cargo de la alzada y lo considerado anteriormente, la Sala procederá a liquidar las prestaciones mutuas M Convenio 93 de 2010. Advierte la Sala que la declaración de nulidad absoluta del Convenio 93 de 2010 impone el reconocimiento y pago de las prestaciones mutuas, por la desaparición que conlleva del fundamento de la pena pecuniaria impuesta, y porque, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 80 de 1993: "La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria. Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del benefidio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público". La jurisprudencia administrativa179, a su vez, ha precisado que la anterior disposición debe interpretarse en consonancia conek'artículo 1747 del CC, de acuerdo con el cual la nulidad declarada judicialmente "da alas partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa Üícita"180 , sobre lo cual el artículo 1525 del CC prevé que "cuando se decreta la nulidad de un contrato por objeto ilícito, no puede repetirse lo que se haya dado o pagado por una causa u objeto ilícito a sabiendas" (énfasis añadido). Eneste orden de ideas, "[ ... ] para que no pueda repetirse lo que se haya dado o pagado por virtud del contrato anulado, se concluye que el término a sabiendas requiere. laconciencia, el real conocimiento y convencimiento de tres hechos fundamentales: i) que existe la disposición legal, u) que la norma que la contiene es aplicable al caso concreto y iii) que con la celebración del contrato se está obrando en 'contra de la ley'". Como, en este asunto, no se acreditó que el ICBF y la Red Alma Mater tuvieran conocimiento de que obraban en contra de la ley al celebrar el Convenio 93 de 2010, hay lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones :ejecutadas —no a que las partes sean restituidas al estado en que se hallarían si el contrato no fuera celebrado— hasta el monto del beneficio obtenido por el ICBF, entendiéndose que ello es así cuando las prestaciones hubieran servido. para satisfacer el interés público. Ahora bien, como sé determinó anteriormente, el Convenio 93 de 2010 fue suscrito para proveer al ICBF de computadores y equipos de telecomunicaciones necesarios para su funcionamiento. (...) En atención a lo anterior,, en el comité operativo núm. 7, las partes contratantes hicieron constar que 36 computadores no habían prestado los servicios contratados durante 160 días, aproximadamente, lo que sería Conciliado en la liquidación del convenio. En ello que coincide el informe de supervisión final del Convenio 93 de 2010. En este orden de ideas, cabe concluir que los computadores, servidores, kits de memoria RAM y módems entregados, así como los servicios de mantenimiento prestados, en cumplimiento del Convenio 93 de 2010 fueron empleados para el funcionamiento del ICBF. (...) . Además, observa la Sala que, al no haber sido pagada la pena pecuniaria impuesta con las resoluciones demandadas200, cuyo sustento despareció con la declaración de nulidad del Convenio 93 de 2019, no es procedente el reconocimiento de su reembolso por el ICBF, como tampoco lo es el de su pago a por la Red Alma Mater. Si bien, la propuesta de liquidación presentada por el ICBF, con fecha del 10 de abril de 2012, no expresa más que su postura inicial en el curso de los acuerdos y transacciones que supone la liquidación de un contrato, para determinar los reconocimientos a que haya lugar, es claro que lo afirmado en esta tiene sustento. Particularmente, en lo atinente al reconocimiento de $36234.480 a favor del ICBF, correspondientes a los 36 computadores que fueron entregados tardíamente, por lo que no prestaron sus servicios durante 160 días, y: que —como se explicó anteriormente en el aptado. 5.5.3.1— de acuerdo con lo manifestado a lo largo de la ejecución del Convenio 93 de 2010 y lo acordado por las partes contratantes, sería compensado en la liquidación del contrato. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la referencia a Jos 31 equipos con menor memoria, el hurto de equipos y los descuentos por gastos en procesos licitatorios de videoconferencia, sin que esto último, por demás, se encontrara comprendido dentro de las prestaciones del Convenio 93 de 2010. Si bien, en la propuesta de liquidación del Convenio 93 de 2010 se mencionó que, por la entrega tardías de 36 equipos, este sería liquidado con un remanente de $36234480 a favor del ICBF, la Sala observa que esta cifra no se acomoda al precio acordado por el alquiler de los equipos más su administración, la cual correspondía a $125.575,20 mensuales201. De acóerdo con ello, el precio diario del alquiler de cada equipo, con su administración, seriá de $4.185,84; cifra que, multiplicada por 160, arroja un total de $669.734,40,. , q ue corresponden al monto que debería ser reintegrado por cada uno de los equipds que no prestó sus servicios durante los 160 días mencionados. En ese orden de ideas, al tratarse de 36 equipos, la cifra total a reintegrar sería de $24.110.438,40. Como en la cláusula del 1 g del Convenio 93 de 2010 se había fijado un plazo para la liquidación bilateral de cuatro (4) meses tras su terminación, lo que ocurrió el 31 de diciembre de 2011, la anterior cifra será actualizada a partir del mes de mayo de 2012 (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de noviembre de 2004, exp. 25560 y sentencia del 6 de julio de 2005, exp. 12249.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1525, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1747
COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PERSONA JURÍDICA SIN ANIMO DE LUCRO / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / CORPORACIÓN / CORPORACIÓN GREMIAL / CORPORACIÓN GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO / AUXILIOS PARLAMENTARIOS / ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SUPERIOR / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR / INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR / ACTOS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para declarar de oficio la nulidad absoluta del convenio celebrado entre personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso ("CGP"), esta Subsección, como juzgador de segunda instancia, debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. (...) Ahora bien, conforme a lo consignado en el certificado de existencia de la Red Alma Mater, en concordancia con las propuestas que esta presentó para la celebración del Convenio 93 de 2010 y lo consignado" en este último documento, esta es una entidad sin ánimo de lucro, constituido como una Corporación conformada por instituciones estatales de educación superior, como lo son la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Quindío, la Universidad de Caldas, la Universidad del Tolima, y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (...) De acuerdo con el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por entidades públicas, como la Red Alma Mater, "se Sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género". La exequibilidad de esta disposición fue condicionada con la sentencia C-671 de 1999, "bajo el entendido de que [ ... ] en todo caso el ejercicio de las prerrogativas y potestades públicas los reqímenes de los actos unilaterales, de la contratación, los controles y la responsabilidad serán los propios de las entidades estatales según lo dispuesto en las leves especiales sobre dichas materias". Como fundamento de esta decisión de exequibilidad condicionada, la Corte Constitucional tomó en consideración, en primer lugar, que, al prohibir las donaciones de los órganos del Estado a sujetos de derecho privado, y permitir, simultáneamente, la celebración de contratos entre aquellos y estos, el artículo 355 de la Constitución buscó poner fin a las anomalías que se venían presentando con los denominados "auxilios parlamentarios", además de procurar garantizar el control fiscal en la asignación del capital público, y su subordinación a los planes y programas de interés público. (...) Por lo tanto, de acuerdo con la declaración de exe4iJbilidad condicionada del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que se produjo con lasentencia C-671 de 2009, la Red Alma Mater se encuentra sujeta al régimen de actos y contratos propio de los entes que la conforman, que lo son las instituciones d,é educación superior.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de octubre de 2020, exp. 48784. De acuerdo con el'articulo 95 de la Ley 489 de 1998, las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por entidades públicas, como la Red Alma Mater, "se Sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género". La exequibilidad de esta disposición fue condicionada con la sentencia C-671 de 1999, "bajo el entendido de que [ ... ] en todo caso el ejercicio de las prerrogativas y potestades públicas los reqímenes de los actos unilaterales, de la contratación, los controles y la responsabilidad serán los propios de las entidades estatales seqún lo dispuesto en las leves especiales sobre dichas materias".
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR / AUTONOMÍA UNIVERSITARIA / CONCEPTO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a las instituciones de educación superior (universidades estatales u oficiales) y cuáles son las excepciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
Pasando ahora al régimen contractual de las instituciones de educación superior, la Ley 30 de 1994 estableció, en su artículo 57, que las universidades estatales u oficiales son entes autónomos con un régimen especial, y agregó que: "El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de contratación y control fiscal, de acuerdo con la presente Ley" A continuación, en el artículo 93 de la Ley 30 de 1992, se estableció que: "Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos. Parágrafo. Se exceptúan de lo anterior los contratos .de empréstito los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demás disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan" (...). Finalmente, el artículo 94 ejusdem sujetó la validez de los anteriores contratos al cumplimiento de los requisitos propios de los negocios jurídicos celebrados entre particulares, salvo en lo concerniente a los requisitos presupuestales, de publicidad y el impuesto de timbre, lo "cual debía ajustarse a lo exigido en el régimen público de contratación. La exequibilidad de las anteriores disposiciones de la Ley 30 de 1992 fue declarada con la sentencia C-547 de 1994. En esta oportunidad, la Corte Constitucional consideró, en primer lugar, que, de acuerdo con las normas referidas en precedencia, el régimen de derecho privado se aplica únicamente a las universidades estatales, pero no ocurre lo mismo con las instituciones estatales u oficiales de educación superior que no tengan el carácter de universidad; disparidad esta con la que se configura una regla general y una excepción. Al punto, dicha Corporación consideró que la autonomía universitaria comprende su libertad económica, por virtud de la cual las universidades pueden "arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional". Sin embargo, dicha autonomía no es absoluta, ya que —como lo prevé la misma Constitución en sus artículos 67, 68 y 69— al legislador le corresponde "dictar las disposiciones generales con arreglo a las cuales las universidades pueden dase sus directivas y regirse por sus estatutos". En este orden de ideas, la Corte Constitucional reiteró que la libertad de acción de los centros educativos, que envuelve la autonomía universitaria, puede estar sometida a limitaciones excepcionales, pero estas deben estar previstas en la ley. En razón a ello, concluyó que era exequible el sometimiento al derecho público, que, por excepción, se aplicó a los contratos de empréstito suscritos por las entidades estatales u oficiales, así como a todos los contratos celebrados por centros educativos con carácter no" universitario. Pues bien, una de estas excepciones fue agregada con la aprobación de la Ley 1150 de 2007, vigente al momento en el que el Convenio 93 de 2009 fue celebrado, en razón a consideraciones similares a aquellas que dieron lugar a la prohibición incorporada con el artículo 355 de, la Constitución, referido anteriormente, como se manifestó en su exposición de motivos: "[...] con el fin de acabar con la práctica de estas entidades que valiéndose de las ventajas que comporta para la selección y entrega dé recursos [sic] tener el carácter de entidad estatal por vía de los llamados convenios' interadministrativos y a pesar de no contar con la idoneidad y experiencia requerida para la ejecución de contratos, se han venido convirtiendo en los grandes contratistas del Estado, en especial a nivel territorial. La entrega de recursos sin ningún tipo de control o auditoría para su manejo a este tipo de entes, se ha convertido en un semillero para la corrupción promovido tanto por la entidad contratante como por la respectiva asociación, lo que ha generado la desviación de importantes recursos con los costos sociales y económicos que ello implica". Con este propósito, en su artículo 20, la Ley 1150 de 2007 previó que, en la celebración de contratos de suministro que sean ejecutados por entidades de educación superior (o por personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas) no se aplica la excepción general que permite su celebración mediante contratación directa cuando las obligaciones derivadas del contrato tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. Tales contratos requieren, para su celebración, proceso de licitación o de selección abreviada en concurrencia con los particulares. De esta forma, el legislador buscó garantizar la transparencia e igualdad, así como la libre competencia, en la celebración de contratos de suministro, que en el ordenamiento colombiano tienen un carácter principalmente mercantil por ser este el ámbito en el que es regulado, atendiendo a la función económica que desempeña en el tráfico jurídico, en un ámbito trascendente para la economía como lo es la compra pública.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 20, LEY 30 DE 1994 - ARTÍCULO 57, LEY 30 DE 1994 - ARTÍCULO 93, LEY 30 DE 1994 - ARTÍCULO 94
MODALIDADES DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / MODALIDADES DEL CONTRATO / ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Los tipos contractuales están configurados en función de sus elementos esenciales?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el ordenamiento jurídico vernáculo, los tipos contractuales están configurados en función de sus elementos esenciales, sin los cuales el acuerdo de voluntades no produce efecto alguno o "degenera en otro contrato diferente", de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil ("CC"), en concordancia con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. En razón a ello, lo que determina el tipo contractual no es la denominación que a este den las partes, "por ignorancia o fines especiales", sino el ajuste de su clausulado al tipo definido en el ordenamiento, como lo ha sostenido la jurisprudencia inveterada de la Corte Suprema de Justicia y, con ella, esta Corporación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de abril de 1927, Gaceta Judicial; Tomo XXXIX, pp. 199; y sentencia del 9 de septiembre de 1929; Gaceta Judicial, Tomo XXXVII, p. 128. y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de febrero de 2011, exp. 17558.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1501
CONTRATO DE SUMINISTRO / CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO / NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La Ley 80 regula lo relacionado con el contrato de suministro y cuáles son sus presupuestos?
Respuesta al problema jurídico: Si
El contrato de suministro no está típicamente previsto en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública ("ECAP"), por lo que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, la remisión al Código de Comercio ("CCo") - que lo regula en sus artículos 968 a 980— es procedente. En esta codificación, el suministro es definido corcio "el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios". El contrato de suministro comprende así lo que en otras legislaciones configura dos tipos contractuales diferentes, por tener como objeto cosas o servicios, en tanto y en cuanto estas se realicen de forma periódica o continuada, diferenciándolo con ello de los contratos de compraventa y de arrendamiento de servicios. (...) Así, al asumir una serie de prestaciones extendidas en el tiempo, de forma ininterrumpida o en fechas concretas, las partes contratantes se involucran en una red de distribución, con el ahorro subsecuente de costo'de colocación del producto o servicio, y una merma en el desgaste administrativd y negocia¡ que supone la celebración continua de contratos para la obtención de bienes y servicios, lo que supone una relación de colaboración y confianza122. La Satisfacción de los intereses correlativos de las partes, como función económica ¡¡amada a cumplir con este tipo contractual, que va más allá de la simple venta de bienés y servicios, presupone así la extensión en el tiempo de las prestaciones 123-124. Es por ello que, ante la pérdida de confianza que se produzca como resultado de un incumplimiento grave, procede su terminación unilateral, conforme al artículo 973 del CCo. No obstante, en la contratación estatal, la función del bontrato de suministro se centra en "proveer a la Administración de los productos, utensilios e incluso servicios relativos a dichos bienes, que precisa para el cumplimiento de sus funciones" 125. La doctrina administrativa, a su vez, ha caracterizado el contrato público de suministro por la existencia de una relación jurídica duradera, de4orma análoga al contrato mercantil, pudiendo presentarse en ella diversas prstaciones instantáneas y aplazadas, o prestaciones duraderas de carácter continuo y uniforme 126. En todo caso, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, "los contratantes, sin desbordar los límites trazados en el ordenamiento jurídico, están habilitados para configurar, en cada caso, según sus expectativas y el fin que persigan con el contrato de suministro, la forma y los términos de la negociación, pudiendo, por ese camino, pactar diversos escenarios, de ahí que al momento de calificar su conducta deban tenerse en cuenta las normas imperativas que regulan esa institución, junto con las prestaciones asumidas por cada parte en el acuerdo respectivo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de mayo de 1981, ID 462186.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El articulo 361 del CGP prevé que 'las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho". A su vez, los artículos 365.1202 y 366203 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera instancia, correspondiéndole al juzgador la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandante, dado que su recurso fue resuelto de manera desfavorable. Para tal efecto, el Tribunal de origen deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, en lo que tomará en consideración que en esta instancia no se fijan agencias en derecho, dado que la única actuación del ente- demandado en esta instancia fue una reiteración de lo expuesto en la instancia precedente, para la cual fueron fijadas las agencias en derecho correspondientes, en la sentencia de primer grado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361