Titulación de la relatoría 15.603 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / DOCUMENTO / PRUEBA DOCUMENTAL / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO AUTÉNTICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALIDEZ DEL DOCUMENTO / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / APTITUD DEL DOCUMENTO / CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO AUTÉNTICO / CONCEPTO DE DOCUMENTO AUTÉNTICO / DOCUMENTO AUTÉNTICO / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO / CERTIFICACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL / DESCONOCIMIENTO DE LA PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / PRUEBA CON MEDIO MAGNÉTICO / PRUEBA EN MEDIO ELECTRÓNICO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es posible otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético por el demandante, considerando que, pese a que la entidad demandada refutó de manera general su contenido, para atacar a través de la figura del desconocimiento la presunción de autenticidad que opera sobre el documento, no bastaba con que la parte en contra de la cual se aduce manifieste de manera general e injustificada que no le consta que el documento corresponda a quien la otra lo haya atribuido, sino que debe expresar los motivos que la llevan a hacer esa afirmación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 244 del CGP, un documento se refuta auténtico cuando existe certeza acerca de la persona que “lo ha elaborado, manuscrito o firmado” o “de la persona a quien se atribuya el documento”. Esta regla se aplica respecto de toda clase de documentos, sean públicos o privados, provengan de las partes o de terceros, se aporten en copia o en original, en tanto el legislador no hizo ninguna distinción al respecto; al contrario, con ese alcance, en el inciso segundo de ese mismo artículo indicó que respecto de todos esos documentos opera la presunción de autenticidad. (...) Ahora, es preciso mencionar que –en aplicación del principio de buena fe– a partir de la expedición y entrada en vigencia del CGP, el legislador introdujo una importante modificación respecto de la determinación en juicio de la autoría de los documentos, en tanto, la presunción de autenticidad que en la anterior codificación procesal civil se predicaba de manera general respecto de los públicos, se extendió a los privados, frente a los cuales en la legislación anterior aquélla sólo operaba en excepcionales casos. (...) En consecuencia, en el marco de la legislación actual y en aplicación del principio de buena fe, salvo que la parte contra la cual se aducen los respectivos documentos los tache de falsos o los desconozca –según las reglas que para ello prevé el CGP– se debe asumir que provienen del sujeto al que se atribuye su autoría –sea o no parte del proceso–, aun cuando no estén suscritos por él. (...) Descendiendo al caso concreto, se tiene que con la demanda la parte actora adjuntó una base de datos que, afirmó, correspondía a la “Base de datos única de Afiliados (BDUA) suministrada por la EPS’S CONVIDA, depurada por el Ministerio de Salud y Protección Social y avalada por el Municipio de Girardot”. Este documento no fue tachado de falso por la contraparte que en su contestación se limitó a afirmar que no le constaba que se tratara de la BDUA depurada por el Ministerio “porque no existe un documento y certificación de autenticidad de que esa afirmación sea cierta, igual no existe un certificado de autenticidad en el documento electrónico aportado” y que tampoco le constaba que fuera la base de datos avalada por el Municipio. (...) De cualquier manera, anota la Sala que tampoco encuentra que a lo expresado en la contestación de la demanda debiera dársele el tratamiento de un desconocimiento, en la medida que, según dispone el artículo 272 del CGP, la parte que lo propone tiene la carga de expresar los motivos en los que lo sustenta, esto es, una justificación de la razón por la que, sin tachar la existencia legal del documento (tacha de falsedad), no puede afirmar o desmentir que el autor sea, efectivamente, el sujeto al que se imputa, son pena de que aquel desconocimiento no sea tenido en cuenta. (...) Entonces, para atacar la presunción de autenticidad del documento a través de la figura del desconocimiento, no basta con que la parte en contra de la cual se aduce manifieste de manera general e injustificada que no le consta que el documento corresponda a quien la otra lo haya atribuido, sino que debe expresar los motivos que la llevan a hacer esa afirmación. Tampoco esa manifestación puede sustentarse en la falta de una certificación o constancia de autenticidad, en la medida que, como ya se vio, ante la presunción que en esta materia establece la ley, no se requiere que el documento se aporte acompañado de una certificación o constancia de esa naturaleza. (...) Así las cosas, como el Municipio en su contestación no presentó tacha de falsedad ni desconocimiento en contra de la base de datos que aportó CONVIDA como soporte de sus pretensiones, en aplicación de la presunción de autenticidad a la que se refiere el inciso segundo del artículo 244 del CGP previamente analizado, se debe asumir que la autoría de este documento no solo correspondía a la demandante –como concluyó el Tribunal–, sino también al Ministerio de Salud y Protección Social por haberlo depurado y al Municipio por haberlo finalmente aprobado; de manera que, al operar dicha presunción en la forma establecida en el referido artículo 244 del CGP, para otorgar eficacia probatoria al documento no se requería que dicho Ministerio lo hubiere refrendado de alguna forma. (...) No obstante, (...) una cosa es la presunción de autenticidad y otra el mérito probatorio del documento para los efectos del asunto que con él se pretende acreditar. (...) [L]a autenticidad es un presupuesto que debe establecerse para que el documento pueda ser apreciado en su contenido por el juez, no así para dar por cierto lo que se hubiere consignado en él o para determinar la prosperidad de las pretensiones, o, en su lugar, las excepciones que se propongan con fundamento en aquél, en la medida que una cosa es establecer quién lo creó o aceptó y otra muy diferente que analizado de manera sistemática con las demás pruebas obrantes en el proceso y bajo las reglas de sana crítica, esté llamado a acreditar lo que a través suyo se pretende demostrar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el alcance del desconocimiento de un medio de prueba, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 17 de diciembre de 2020, Exp. SC4419, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Acerca de la finalidad de la tacha o el desconocimiento del documento, consultar providencia 11 de octubre de 2021, Exp. 11001-03-15-000-2019-01599-00(PI), C.P. Nicolas Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 211, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE PRUEBA / RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / CONTRATO DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD / BASE DE DATOS / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRUEBA CON MEDIO MAGNÉTICO / PRUEBA EN MEDIO ELECTRÓNICO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / ALCANCE DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿La base de datos aportada en medio magnético por el demandante, acredita que la liquidación unilateral del contrato de aseguramiento realizada por el Municipio es nula por falsa motivación, al no ajustarse a la realidad de la ejecución del contrato, por lo que, la presentada con la demanda, es la que debe acogerse como finiquito de cuentas del mentado contrato?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]un cuando se tenga por establecido que la BDUA que se adjuntó a la demanda fue depurada por el Ministerio, lo cierto es que la Sala no tiene elementos de juicio para corroborar que ese documento corresponde a la versión a la que se hizo alusión en la Circular Externa No. 28 de 2011, ni a la base de datos de los afiliados del municipio de Girardot, puesto que ninguna prueba se encaminó a acreditar tales aspectos. (...) Adicionalmente, según se desprende de las pruebas que obran en el plenario, encuentra la Sala que para proceder a la liquidación del contrato (...) que el Municipio celebró con CONVIDA (...), el demandado siguió el procedimiento establecido en la mencionada Circular Externa No. 28 del 17 de mayo de 2011, de ello da cuenta el acta de reunión del 23 de junio de 2011 (...). En consonancia con ello, en el acto que adoptó la liquidación unilateral del contrato (...), se indicó expresamente que para realizar tal balance de cuentas se siguió el procedimiento establecido en la Circular Externa No. 28 y se verificaron las bases de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, las de la EPSS y las del Municipio y se indicó que para la aclaración y pago de los saldos resultantes se adoptó la matriz levantada con la EPSS, esto es, la de la reunión del 23 de junio de 2011, lo cual se corrobora porque la liquidación unilateral arrojó el mismo saldo que el determinado en aquella oportunidad (...). Con base en la anterior información, es posible establecer que para la
liquidación del referido contrato se tomó como base la BDUA que fue suministrada
por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Circular Externa No. 28
de 2011, lo cual no se puede desacreditar, en la medida que, como ya se analizó, no
es posible establecer que la BDUA que se aportó con la demanda –y que, al parecer,
contiene datos diferentes a la que se tuvo en cuenta para la liquidación–
correspondiera a ese mismo documento. (...) Se agrega a lo anterior que en la demanda se hizo una afirmación genérica
en cuanto a que en la liquidación unilateral no se tuvieron en cuenta a los afiliados activos de la BDUA que había sido depurada por el Ministerio de Salud y Protección
Social; sin embargo, no se identificó cuáles habrían sido tales afiliados, ni se indicó
que se tratara de algunos diferentes a los que fueron glosados, aspecto que tampoco
se puede esclarecer a través de las pruebas que obran en el plenario. (...) En relación con este preciso aspecto, advierte la Sala que, si bien el recurso
de reposición que presentó CONVIDA en contra de la Resolución 472 del 10 de
octubre de 2011 –de liquidación unilateral del contrato– manifestó que después de
la reunión del 23 de junio de 2011 revisó nuevamente la base de datos y encontró
que existían algunas diferencias en cuanto a la población afiliada que afectaba la
liquidación en la forma que se había propuesto en esa reunión y que, por ello, el 8
de agosto envió comunicación al interventor informándole acerca de tales diferencias
y, luego, el día 25 de esos mismos mes y año se reunió con aquél para entregarle la
base de datos, y que éste se habría comprometido a verificarlas “para realizar la
liquidación final el 13 de septiembre de 2011”, lo cierto es que ni la referida
comunicación, ni el acta de la mencionada reunión obran en el expediente. (...) Se añade que ni en la demanda ni en el escrito de impugnación, ni en ningún
otro documento que obre en el proceso, se precisaron cuáles habrían sido las
diferencias que encontró CONVIDA en esa revisión posterior de la base de datos,
por lo cual no es posible determinar con certeza que comprendieran o no a los
afiliados que fueron glosados. (...) En estas condiciones y teniendo en cuenta que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 164 del CGP “[t]oda decisión judicial debe fundarse en las
pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”, fuerza concluir que la parte
actora no logró demostrar, como era de su cargo, el fundamento de sus aspiraciones
y, por lo mismo, no logró desvirtuar la presunción de legalidad que cobija la
liquidación unilateral del contrato cuya nulidad se pretendió. En consecuencia, la
Sala confirmará en su integridad la sentencia apelada.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1965 DE 2010 - ARTÍCULO 4, DECRETO 1965 DE 2010 - ARTÍCULO 6, DECRETO 415 DE 2011 - ARTÍCULO 3, DECRETO 415 DE 2011 - ARTÍCULO 4, LEY 1127 DE 2007, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164, LEY 715 DE 2001, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, CIRCULAR EXTERNA 28 DE 2011
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas al demandante en la medida en que será confirmada la sentencia de primera instancia en la cual fue condenado al pago de costas. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. (...) En lo que concierne a la fijación de las agencias en derecho de esta instancia, se recuerda que, bajo las reglas del Código General del proceso la condena en costas —lo que envuelve las agencias en derecho— no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen —régimen subjetivo en el que estaba inscrito el Código Contencioso Administrativo—, toda vez que en el régimen actual, dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. (...) En relación con las agencias en derecho, puesto que este es un proceso declarativo en segunda instancia, de conformidad con el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura se fijarán en la suma (...) que corresponde al 1% del valor de las pretensiones económicas de la demanda (...).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 74.299 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 25000233600020140043701 (57404)
Actor: CONVIDA E.P.S
Demandada: Municipio de Girardot
Acción: Controversia contractual
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: PRUEBA DOCUMENTAL - PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD. Opera
respecto de toda clase de documentos, sean públicos o privados, provengan de las
partes o de terceros, salvo que se tachen de falsos o se desconozcan, según el caso.
DESCONOCIMIENTO – debe sustentarse – AUTENTICIDAD VS. MÉRITO
DEMOSTRATIVO. La primera debe establecerse para que el documento pueda ser
valorado en su contenido por el juez, pero no supone, per se, dar por cierto lo que
se hubiere consignado en él, ni la prosperidad de las pretensiones o de las
excepciones, según el caso / CARGA DE LA PRUEBA corresponde a quien afirma
los hechos en favor de sus pretensiones o defensas, respectivamente.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
La parte actora discute la legalidad de la liquidación unilateral del contrato de
aseguramiento No. 253072010001, con fundamento en que no se tuvieron en cuenta
todos los afiliados que estuvieron activos durante su vigencia.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 31 de marzo de 20161, en
la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso (se transcr ibe
literalmente, incluso, con eventuales errores):
“PRIMERO. – NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO.– Condenar en costas a la parte demandante Convida EPS. Por
Secretaría de la Sección liquídense los gastos procesales y devuélvase el monto
remanente a la parte actora. Fíjese por concepto de agencias en derecho a favor
de la parte demandada, Municipio de Girardot, la suma de DOS MILLONES
CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($2.112.760).
TERCERO. – La presente decisión se notifica en estrados de conformidad con lo
establecido en el artículo 202 del CPACA y contra la misma procede el recurso de
apelación que pueden interponer las partes dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su emisión (…)”.
1 Folio 105 a 108 del cuaderno Consejo de Estado.
Radicación: 25000233600020140043701 (57404)
Actor: CONVIDA E.P.S
Demandado: Municipio de Girardot
Acción: Controversia Contractual
2
2. El anterior proveído resolvió la demanda presentada el 1º de abril de 2014 por
CONVIDA E.P.S (en adelante CONVIDA, la E.P.S o la demandante), en contra del
municipio de Girardot (en adelante el Municipio, el contratante, la entidad territorial o
el demandado) 2, cuyas pretensiones y principales fundamentos de hecho y de
derecho son los siguientes:
Pretensiones
3. La demandante solicitó que se hagan las siguientes declaraciones y condenas
(se transcribe literalmente, incluso, con errores):
“PRIMERA: Que son NULOS los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones Nos. 472 de octubre 10 de 2011 y Resolución No. 082 del 02
de mayo de 2012, emitidos por el Alcalde Municipal de Girardot –
Cundinamarca, en donde la primera ordena a la Secretar ía de Salud del
Municipio de Girardot adelantar la liquidación unilateral del contrato
253072010001 con vigencia comprendida entre el 01/06/2010 y el 31/03/2011
suscrito entre el municipio de Girardot y la EPS CONVIDA y la segunda
resuelve un recurso de nulidad.
SEGUNDA: Que se ordene la LIQUIDACIÓN JUDICIAL del contrato de
aseguramiento No. 253072010001 con vigencia comprendida entre el
01/06/2010 y el 31/03/2011 suscrito entre el municipio de Girardot y la EPS
CONVIDA y se conmine al Municipio de Girardo t a pagar a favor de la EPS
CONVIDA la suma de CUATROCIENTOS VEINTID ÓS MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTID ÓS PESOS CON
OCHENTA CENTAVOS ($422.552.122,80)
TERCERO: Que se condene al Municipio de Girardot - Cundinamarca a pagar a
mi repre sentada intereses moratorios a la tasa señalada en el artículo 4 del
Decreto 1281 de 2002, artÍculo 13 de la Ley 1122 de 2007 y artÍculo 56 de la Ley
1438 de 2011, desde la fecha en que se hicieron exigibles cada una de las
obligaciones y hasta que se verifique el pago por los saldos no reconocidos por
el Municipio de Girardot que corresponden a la suma de CUATROCIENTOS
VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO
VEINTIDÓS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($422.552.122,80)”.
Hechos
4. La parte demandante enunció, en síntesis, los siguientes hechos:
4.1. Relató que entre CONVIDA y el Municipio se celebró el contrato No.
253072010001, que tenía por objeto el aseguramiento de los beneficiarios del
régimen subsidiado en salud del municipio de Girardot r egistrados en la Base de
Datos Única de Afiliados (en adelante, BDUA) suministrada por la E.P.S, depurada
por el Ministerio de Salud y Protección Social, y avalada por el contratante, de
acuerdo con las directrices dispuestas por el Decreto 1964 de 20103, para lo cual se
pactó una vigencia entre el 01/06/2010 y el 31/03/2011.
2 Folio 2 a 9 del cuaderno 1.
3 Decreto 1964 de 2010 Por el cual se reglamenta el contrato electrónico para el aseguramiento del régimen
subsidiado y se dictan otras disposiciones.
Radicación: 25000233600020140043701 (57404)
Actor: CONVIDA E.P.S
Demandado: Municipio de Girardot
Acción: Controversia Contractual
3
4.2. Refirió que, con el fin de dar cumplimiento a lo definido en el parágrafo
transitorio del artículo 31 de la Ley 1438 de 2011 –“TÉRMINO PARA LA
LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS”–, las partes llevaron a cabo reuniones en las
que cruzaron bases de datos para proceder a la liquidación del contrato No.
253072010001 de manera bilateral. Señaló que de ello daba cuenta el oficio No.
200.09.02.257 del 22 de julio de 2011, por medio del cual la E.P.S remitió al Municipio
un acta de pre - liquidación para definir los saldos, documento que el demandado no
atendió y, en su lugar, emitió la Resolución No. 472 del 10 de octubre de 2011 en la
que ordenó a la Secretaría de Salud adelantar la liquidación del contrato No.
253072010001, por lo que suscribió el acta de liquidación unilateral en la que declaró
que la E.P.S debía pagarle la suma de $8’265.528.
4.3. Afirmó que la liquidación realizada por el Municipio presenta diferencias en las
cifras relacionadas con la ejecución del contrato y con los saldos a favor y en contra
de las partes, ya que dicha información no es congruente con el análisis realizado
por la E.P.S con fundamento en la base de datos de afiliados no reconocidos por el
ente territorial que estuvieron asegurados durante la ejecución del contrato y que se
encontraban activos en la BDUA.
4.4. Aseveró que lo anterior se acredita con el balance económico, jurídico y
técnico de la ejecución del contrato, así como con las diferencias resultantes entre la
liquidación unilateral realizada por el municipio y los proyectos de liquidación que
presentó la E.P.S por los periodos de junio a julio de 2010 y agosto de 2010 a marzo
de 2011, que sumados arrojan un valor de $422´522.122,80 a su favor.
4.5. Igualmente, indicó que la liquidación unilateral se realizó por fuera del término
legal, en tanto el artículo 17 de la Ley 1122 estableció un plazo de 6 meses siguientes
a la terminación del contrato para hacerlo; no obstante, el contrato culminó el 31 de
marzo de 2011 y la liquidación se adoptó el 10 de octubre de ese mismo año, sin que
se surtiera su notificación en los términos de los artículos 66 a 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-.
4.6. Finalmente, expresó que el 2 de noviembre de 2011 presentó recurso de
reposición y, a la vez, solicitud de nulidad en contra de la Resolución No. 472 del 10
de octubre de 2011, los cuales fueron decididos a través de Resolución No. 082 del
2 de mayo de 2012, por medio de la cual se declaró la nulidad de lo actuado a partir
del 22 de noviembre de 20114.
Normas violadas y concepto de violación
5. Afirmó que con la expedición de las resoluciones demandadas se infringieron
los artículos 6, 11, 44, 45, 46, 48, 49, 277 constitucionales, así como las leyes 100
de 1993 (no identificó qué artículos), 1122 de 2007 –artículos 14 y 17–, 1437 de 2011
–artículos 66, 67, 68 y 69– y 1438 de 2011 –artículos 29, 44, 130–.
4 La nulidad se fundó en que no se intentó la notificación personal del auto del 22 noviembre de 2011.
Radicación: 25000233600020140043701 (57404)
Actor: CONVIDA E.P.S
Demandado: Municipio de Girardot
Acción: Controversia Contractual
4
6. En el concepto de la violación, mencionó que en este caso se presentó una
aplicación indebida de la norma superior porque ello tiene lugar “ cuando el acto
acusado se funda en una norma impertinente que no regula las situaciones jurídicas
como la que constituye el caso fáctico de la demanda”.
Contestación de la demanda
7. El 7 de julio de 2014 5 el Municipio contestó la demanda para oponerse a la
prosperidad de las pretensiones. Como fundamento propuso las excepciones que
denominó “LEGALIDAD DE LOS ACTOS DEMANDADOS”, “DE LA RENUENCIA DE
CONVIDA EPS A REALIZAR LA LIQUDACIÓN DEL CONTRATO” y “PROHIBICIÓN
DE IR EN CONTRA DE SUS ACTOS PROPIOS (VENIRE CONTRA FACTUM
PROPRIUM)”; para soportarlas expuso los argumentos que la Sala se permite
resumir a continuación:
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.