Titulación de la relatoría 23.628 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PRELACIÓN DE FALLO / NORMATIVA DE LA PRELACIÓN DE FALLO / REQUISITOS DE LA PRELACIÓN DE FALLO / ASUNTO / REPETICIÓN / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ORDEN / MODIFICACIÓN DEL ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIA / ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIA / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL / CELERIDAD PROCESAL / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL / DESCONGESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES / FACULTAD PARA CONCEDER LA PRELACIÓN DE SENTENCIA / SENTENCIA ANTICIPADA / ALTERACIÓN DEL TURNO PARA FALLO / TURNO PARA FALLO / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO
Problema jurídico:
¿Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado alterar el turno estricto de decisión para proferir fallo anticipado en un proceso de repetición, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y el Acta n.º 15 del 5 de mayo de 2005, en razón de la naturaleza del asunto y de la prelación temática definida por la Sección?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la actualidad, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce de procesos que entraron para fallo con anterioridad, situación que en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998 exigiría su decisión en el turno estricto en el cual pasaron los expediente al despacho, no obstante, el artículo 18 también autoriza la modificación de la cronología de turno según “la naturaleza del asunto”, de igual manera, el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996 permitió que las denominadas altas cortes y los tribunales establecieran un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia. En este asunto sometido a consideración de la Sala, el objeto del litigio corresponde a una repetición en contra de un exfuncionario público, tema que en virtud de su naturaleza la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sesión y en el acta no. 15 del 5 de mayo de 2005 consideró que debía dársele prelación, motivo por el cual, con fundamento en las normas previamente citadas y la referida acta, la Subsección se encuentra habilitada para emitir fallo de manera anticipada.
FUENTE FORMAL:
ACTA 15 DE 2005, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 63A, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 18
ACCIÓN DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE / CONDENA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PAGO EFECTIVO / SERVIDOR PÚBLICO / EXSERVIDOR PÚBLICO / INTERCEPTACIÓN / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA / DAS / CONDUCTA / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE DEL DAS / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL / MEDIO DE CONTROL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO EMERGENTE / PERJUICIO MORAL / JURISPRUDENCIA / CONSEJO DE ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE
Problema jurídico:
¿Al existir una condena judicial firme impuesta al Estado y acreditar que el exservidor público actuó con dolo o culpa grave en la producción del daño, se configura el presupuesto constitucional y legal que habilita la prosperidad de la acción de repetición conforme al artículo 90 de la Constitución y a las Leyes 678 de 2001 y 1437 de 2011?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 superior prevé que en los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este; de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en la Ley 678 de 2001 y la Ley 1437 de 2011. En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad del medio de control judicial de repetición, a saber: i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; ii) el pago efectivo a la víctima del daño, iii) la calidad de agente estatal del demandado, y iv) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena. (...) Para la Sala no hay duda sobre la existencia de una condena judicial impuesta en contra de la parte demandante consistente en el pago de una suma de dinero, pues, obra en el expediente copia de la sentencia del 15 de febrero de 2017 dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de reparación directa con radicación no. 11001-33-31-037-2011- 00211 que, en segunda instancia, modificó el fallo proferido el 27 de julio de 2015 por el Juzgado Veintiuno Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá mediante la cual declaró patrimonial y extracontractualmente responsable al DAPRE y al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por los perjuicios causados al señor Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez y a sus familiares, por haberse demostrado que este, en la condición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, “fue víctima de interceptaciones ilegales, indebido monitoreo a su vida privada, injusta campaña de desprestigio y sabotaje, entre otros actos de indebida persecución” por parte de agentes que pertenecían a las citadas entidades y, como consecuencia fueron condenadas al pago de indemnización por concepto de daño emergente y perjuicios morales, providencia que adquirió firmeza el 10 de marzo de 2017.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1437 DE 2011, LEY 678 DE 2001
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CAPITAL PAGADO / INTERÉS MORATORIO / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / CONDENA JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRUEBA IDÓNEA / MEDIOS DE PRUEBA / ALCANCE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA / JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO
Problema jurídico:
¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial personal del demandado en la acción de repetición, cuando se encuentra acreditado que el DAPRE pagó el capital de la condena impuesta en el proceso de reparación directa n.º 2011‑00211 mediante documentos públicos idóneos y suficientes, y teniendo en cuenta que dicho medio de control solo permite repetir por el valor del capital pagado y no por los intereses moratorios que no le son imputables al accionado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Respecto del pago de la condena, (...) Los elementos (...) reseñados constituyen, en su conjunto, pruebas idóneas y suficientes para demostrar que el DAPRE pagó a los beneficiarios de la sentencia dictada en el proceso de reparación directa no. 2011-00211 el monto de (...) $225.029.796,06, postura que es acorde con lo establecido por esta Subsección que, en oportunidades anteriores ha afirmado que no existe disposición legal que exija como prueba que la constancia del pago deba provenir del acreedor y que otros medios de prueba, tales como documentos públicos con presunción de autenticidad son suficientes para demostrar el mencionado presupuesto. (...) De otra parte, respecto del pago realizado por la demandante se precisa que el medio de control judicial de repetición procede solo por el valor del capital pagado en cumplimiento de las sentencias condenatorias, no por los intereses moratorios los cuales no son imputables al aquí demandado sino al deudor que no satisfizo la obligación en forma oportuna; por consiguiente, desde ya debe precisarse que en caso de encontrarse acreditada la responsabilidad patrimonial personal del accionado no se podrá incluir el valor de (...) $846.206,06, que corresponden a intereses moratorios.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la forma de acreditar el pago de la condena impuesta, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de mayo de 2020, exp. 45522, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 17 de julio de 2025, rad. 51996, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez. Respecto a los intereses moratorios los cuales no son imputables al aquí demandado sino al deudor que no satisfizo la obligación en forma oportuna, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de mayo de 2011, exp. 37419, C.P. Danilo Rojas Betancourt. sentencia del 31 de mayo de 2024, exp. 53480, y sentencia del 28 de abril de 2025, exp. 71907, C.P. Fredy Ibarra Martínez, entre otras.
FUENTE FORMAL:
DAPRE, RESOLUCIÓN 224 DE 2017
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA / SERVIDOR PÚBLICO / AGENTE / AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / DOLO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN LEGAL / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD / INTERCEPTACIÓN / ALCANCE DE LA INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES / INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / MAGISTRADO DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / INFORMACIÓN RESERVADA / CONDENA PENAL / RESPONSABILIDAD PENAL / CONCIERTO PARA DELINQUIR / VIOLACIÓN ILÍCITA DE COMUNICACIONES / VIOLACIÓN ILÍCITA DE COMUNICACIONES PRIVADAS / VIOLACIÓN ILÍCITA DE COMUNICACIONES PÚBLICAS / ABUSO DE FUNCIÓN PÚBLICA / SENTENCIA PENAL / EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PENAL / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA / VALORACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PRUEBA DE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Debe prosperar el medio de control de repetición contra el exdirector del DAPRE, al estar acreditada su calidad de agente estatal para la época de los hechos y configurarse el supuesto de la presunción iuris tantum de dolo del numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 —vigente al momento de los hechos—, dado que existe condena penal ejecutoriada a título de dolo por los mismos hechos que sustentaron la condena extracontractual impuesta al DAPRE, sin que en sede de repetición sea procedente reabrir el juicio de legalidad o la valoración probatoria del fallo de reparación directa?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala encuentra que el demandado (...) fungió como director del DAPRE para la época en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la condena judicial en contra de la aquí actora, aspecto que se verifica con el certificado suscrito por el jefe del área de talento humano de la entidad. (...) Frente a la posibilidad de catalogar la conducta [del demandado] como dolosa conforme a la presunción contenida en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 -sin la modificación introducida por el artículo 39 de la Ley 2195 de 2022-, (...) Para la determinación del régimen legal aplicable en este caso, debe considerarse que los hechos se relacionan con la posible responsabilidad personal del [demanddo] quien, según lo señalado en la demanda, en la condición de Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) habría actuado de manera dolosa por (i) ordenar o permitir interceptaciones y seguimientos ilegales entre los años 2007 y 2008, dirigidos a magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en especial al entonces magistrado (...) y, (ii) divulgar la información obtenida a través de estas actividades irregulares en medios de comunicación. (...) Como para la fecha de la ocurrencia de esos hechos estaba vigente la Ley 678 de 2001 , es posible aplicar las presunciones allí establecidas conforme al principio de legalidad previsto en el artículo 29 constitucional pues, las conductas solo pueden juzgarse con base en la ley vigente para el momento en que fueron cometidas. (...) En ese sentido, el artículo 5 de la Ley 678 de 2001 prevé los eventos en los que es posible presumir una conducta dolosa del agente o exagente estatal, presunciones que corresponden a las denominadas “iuris tantum”, esto es, que pueden ser desvirtuadas probatoriamente. (...) La Sala advierte que hay lugar a declarar la responsabilidad del aquí demandado porque se acreditó el supuesto de hecho para que opere la presunción contemplada en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 (...) Una revisión de la (...) decisión penal condenatoria y de la providencia dictada en el proceso de reparación directa, evidencia que en ellas se hace una relación de las actividades ilegales de las cuales fue víctima el exmagistrado (...) y cuyo autor y determinador fue el [demandado], condenado penalmente a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual del DAPRE. (...) En ese marco fáctico y probatorio, es claro que la entidad demandante demostró el supuesto de hecho para que opere la presunción contemplada en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, la cual no fue desvirtuada por el demandado (...), la Sala pone de presente que para el momento de la presentación de la demanda la sentencia condenatoria se encontraba debidamente ejecutoriada y fue, por virtud de los efectos retroactivos que se otorgaron por vía jurisprudencial que, en el caso (...), se dio paso a un nuevo estudio de la condena impuesta; sin embargo, luego del examen efectuado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de impugnación especial se mantuvo la declaración de responsabilidad penal como i) autor del delito de concierto para delinquir simple, ii) determinador de plurales delitos de violación ilícita de comunicaciones y, iii) autor del delito de abuso de función pública. En ese orden, no es de recibo el argumento planteado por el demandado referido a la ausencia de ejecutoria de la sentencia que lo declaró penalmente responsable. (...) En consecuencia, las conductas que fueron objeto de reproche penal por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ejecutaron por el aquí demandado (...) y, en tal sentido, el argumento de oposición invocado no está llamado a prosperar. (...) De otro lado, en relación con el argumento según el cual la sentencia penal condenatoria no se incorporó como prueba al proceso originario de reparación directa y, por ende, que el DAPRE no debía ser condenado y mucho menos estaba facultado para repetir en contra del señor (...), la Sala encuentra que al aquí demandado no le asiste razón. En efecto, en primer término, debe observarse que la sentencia dictada en el proceso de reparación directa se encuentra en firme y ejecutoriada, y el medio de control judicial de repetición no es el escenario pertinente y adecuado para realizar un control de legalidad de dicha providencia ni mucho menos para discutir las razones por las cuales se declaró la responsabilidad patrimonial y extracontractual del DAPRE, en especial si se considera que la entidad ahora demandante contaba con las herramientas procesales pertinentes para advertir cualquier vicio o irregularidad que afectara el debido proceso o el derecho de defensa. En todo caso, lo cierto es que, en el proceso de reparación directa el contenido de la sentencia penal dictada en contra del señor (...) fue catalogado como un hecho notorio; de modo que, sirvió como fundamento para declarar extracontractualmente responsables al DAPRE y al DAS. (...) [L]a condena por la declaración de responsabilidad patrimonial del DAPRE proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo relación causal directa con la conducta dolosa atribuible al exagente estatal demandado y no estuvo determinada por una supuesta falta de defensa técnica por parte de las demandadas, máxime porque se trató de una decisión de segunda instancia contra la cual no procedía ningún recurso ordinario; insiste la Sala en que el juicio de repetición no es la oportunidad procesal para rebatir la valoración probatoria del juez natural de la responsabilidad del Estado ni, menos aún, para analizar si esta pudo ser objeto de un análisis distinto por un juez constitucional en sede de tutela, argumento especulativo que no puede servir de sustento a la decisión relacionada con la responsabilidad patrimonial del agente demandado. (...) Por consiguiente, la demostración del supuesto de hecho de la presunción de dolo establecida por el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 da lugar a la prosperidad de las pretensiones de la demanda ejercida a través del medio de control judicial de repetición, toda vez que no fue desvirtuada. (...) Sobre esto último, resulta relevante considerar que la presunción invocada por la entidad demandante exige de manera particular haber demostrado que el demandado fue declarado penalmente responsable, a título de dolo, por el mismo daño por el que se declaró la responsabilidad extracontractual y patrimonial del Estado, a saber, la coincidencia fáctica entre la condena penal y el daño que originó la responsabilidad patrimonial atribuida al DAPRE, presupuesto que en este caso se demostró a cabalidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el efecto retroactivo a la posibilidad de impugnación de las sentencias condenatorias dictadas por la Corte Suprema de Justicia en procesos de única instancia contra aforados constitucionales fallados a partir del 30 de enero de 2014, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-146 de 2020, M.P. Diana Fajardo Rivera.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 2195 DE 2022 - ARTÍCULO 39, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 4
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / VALORACIÓN DE LOS PERJUICIOS / COBRO DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Procede imponer al agente estatal la obligación de reembolsar el valor asumido por la entidad en el proceso de reparación directa, con exclusión de los intereses moratorios originados por el incumplimiento en el pago oportuno de la sentencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Liquidación del perjuicio (...) Mediante la Resolución número 224 del 30 de marzo de 2017, la entidad demandante liquidó y ordenó el pago de doscientos veinticinco millones veintinueve mil setecientos noventa y seis pesos con seis centavos ($225.029.796,06) en favor de los beneficiarios de la sentencia dictada en el proceso de reparación directa no. 2011-00211, los cuales fueron consignados el 24 de abril de 2017. (...) Ahora bien, como fue expuesto al inicio de las consideraciones de esta providencia, de la anterior suma de dinero se pagó ochocientos cuarenta y seis mil doscientos seis pesos con seis centavos ($846.206,06) por concepto de intereses causados por la mora en el cumplimiento de la sentencia judicial. (...) Los intereses moratorios derivan exclusivamente del incumplimiento del deber de pago oportuno por parte de la administración, por ende, no resultan imputables al demandado dentro del proceso de repetición, toda vez que, no derivan de la conducta endilgada al agente estatal; en consecuencia, este valor será excluido de la condena en repetición. (...) En relación con el monto de la condena, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 678 de 2001, la Sala encuentra procedente condenar al demandado al reembolso total del valor que asumió el DAPRE por demostrarse que el señor [responsable en repetición] en la condición de director de dicha entidad determinó con su requerimiento las actividades irregulares de inteligencia e incluso se demuestra que fue declarado penalmente responsable en calidad de determinador del delito de violación ilícita de comunicaciones con lo cual se evidencia que asumió un rol decisivo en el hecho dañoso que dio lugar a la declaración de responsabilidad extracontractual de la demandante. (...) Así las cosas, la condena en contra del señor [responsable en repetición] se fija en la suma de doscientos veinticuatro millones ciento ochenta y tres mil quinientos noventa pesos ($224.183.590,00), que corresponde al porcentaje de indemnización que asumió el DAPRE en el proceso de reparación directa, valor que actualizado a la fecha de la presente providencia arroja la suma de trescientos cincuenta y cuatro millones setenta y cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos con treinta y cuatro centavos ($354.074.968,34). En relación con la condena, es pertinente precisar que para satisfacer el cumplimiento de la misma, el demandado constituyó los títulos judiciales (...) por valor de setenta y nueve millones de pesos ($79.000.000) y (...) por valor de ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000), los cuales se encuentran a órdenes del presente proceso y en la cuenta de títulos judiciales de la secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado (...); de manera que, en vista de la prosperidad de las pretensiones se dispondrá que por secretaría aquellos sean entregados a la entidad demandante en la cuantía antes mencionada. (...) Se accederá a las pretensiones de la demanda, pues, se acreditó el supuesto de hecho alegado por la parte actora para que operara la presunción contemplada en el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 14, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 4
REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede imponer condena en costas a la parte demandada conforme a lo previsto en el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP se condenará en costas a la parte demandada, las cuales deberán incluir las agencias en derecho que se hubieren causado. Por lo tanto, las costas procesales deberán ser liquidadas por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según dispone el artículo 366 del Código General del Proceso, con inclusión de las agencias en derecho.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366