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Consejo de Estado
Providencia
No son de recibo los argumentos planteados por la demandante según los cuales la Corporación debe reconocer la suma de $458.900.000
Sentencia — Sentencia
2024-12-10
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 68001233300020170059402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sentencia de primera instancia desconoció la cuota litis pactada entre las partes en el contrato? No
La Sala confirmará la Sentencia de primera instancia, pero por motivos diferentes a los desarrollados por el Tribunal.… El contrato de prestación de servicios suscrito entre la Corporación y la demandante tuvo por objeto (se trascribe): “contestar, tramitar y llevar hasta su culminación demanda de Restitución de inmueble arrendado (en escenarios públicos y/o conciliatorios), ante el Juez 4 Administrativo Oral del Circuito conforme a los memoriales poderes que para tal efecto se otorguen y a partir de la presentación ante la autoridad respectiva”. En el parágrafo 2 de la cláusula 1 se dispuso que el mandato se extendía hasta la terminación del proceso en primera instancia.
También resuelve:
¿Se acreditó el perjuicio moral para que proceda su reconocimiento?
¿La sentencia alegada como desconocida en el fallo de primera instancia es aplicable al presente caso?
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas
Sentencia — Sentencia
2024-10-10
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 17001233300020180000602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas por el contratista? Sí
El contratista puede acreditar el incumplimiento de la entidad estatal por no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas, siempre que demuestre con pruebas detalladas que la obra fue realizada conforme al contrato y que la entidad no ha desvirtuado dichas pruebas. En este caso, el contratista presentó un informe detallado de la interventoría que evidenciaba la existencia de trabajos no remunerados, y la entidad no realizó ningún esfuerzo probatorio para desvirtuarlo. Además, las actas parciales de ejecución eran provisionales y no impedían otros reconocimientos, y la suscripción de documentos modificatorios al contrato no implicaba la renuncia del derecho a formular reclamaciones económicas. La Sala revocó la sentencia apelada y concedió las pretensiones principales de la demanda, lo que implica que las partes deben cumplir con el reconocimiento del valor de las cantidades de obra ejecutadas pero no remuneradas.síntesis automática
También resuelve:
¿Las mayores cantidades de obra son las que no implican modificación del contrato y se presentan en aquellos contratos pactados a precios unitarios…
¿La sentencia SU 214 de 2022, no constituye un precedente obligatorio en el presente caso de estudio, por falta de similitud fáctica y jurídica en relación con los conceptos de mayor cantidad de obra…
¿Las fórmulas de acuerdo propuestas por las partes para fijar los valores del contrato, están sometidas a confidencialidad…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-10-25
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020120058002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La resolución expedida por la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, se fundó en normas vigentes al momento de su expedición, basándose en los informes de su consultor y asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin que se evidencie un desequilibrio económico del contrato a partir de dicha decisión? Sí
El contratista no puede impugnar la resolución de la CNTV que fijó el valor de la prórroga del contrato de concesión de televisión, ya que esta se basó en normas vigentes y en los informes de su consultor, asegurando una rentabilidad razonable para el concesionario mediante la metodología de flujo descontado, sin evidenciar un desequilibrio económico del contrato. La CNTV, como entidad encargada de la inspección, vigilancia, seguimiento y control de la prestación del servicio público de televisión, tiene la facultad de determinar el valor de la prórroga conforme a los criterios establecidos en la Ley 182 de 1995 y el Acuerdo 010 de 2006. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la legalidad de los actos administrativos que fijan el valor de la prórroga en contratos de concesión, protegiendo así la confianza y la estabilidad del mercado de bienes y servicios.síntesis automática
También resuelve:
¿Es deber de los concesionarios del servicio nacional de televisión pagar un valor como contraprestación por el otorgamiento de la concesión…
¿Los actos mediante los cuales la CNTV fijó el valor de la prórroga pertenecen a la clase de los actos administrativos consensuales, toda vez que…
¿La aceptación expresa del valor de la prórroga por parte del concesionario en la etapa contractual, hace improcedente la configuración de un vicio invalidante por tratarse de un acto propio de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El derecho vigente al momento de su expedición es el parámetro con el que se debe evaluar la legalidad del acto administrativo.
Sentencia — Sentencia
2022-06-17
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020110048201
ACCION CONTRACTUAL
¿El derecho vigente al momento de la expedición del acto administrativo es el parámetro con el que se debe evaluar la legalidad, por ello el precedente señalado por el juez a quo, referente a que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como parámetro de concreción del contenido y alcance del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 era el vigente al momento en que la administración resolvió declarar la caducidad del contrato? Sí
El contratista puede cuestionar la legalidad de un acto administrativo que declare la caducidad de un contrato estatal si este se expidió bajo una interpretación del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 que ya había sido superada por la jurisprudencia vigente al momento de su expedición. La Sala establece que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se extiende durante toda la vigencia del contrato, incluida la etapa de liquidación, y no se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como sostuvo un precedente judicial citado por la administración. Este precedente no constituye un parámetro adecuado para evaluar la legalidad del acto administrativo en cuestión, ya que su ratio decidendi no abordó el límite temporal de la competencia para declarar la caducidad. La regla reitera la jurisprudencia pacífica de la Sala, garantizando el derecho de igualdad y los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima.síntesis automática
También resuelve:
¿En garantía del derecho de igualdad ante la ley, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima…
¿El límite temporal para hacer uso de la facultad de declarar la caducidad del contrato, viene dado por los supuestos materiales que la ley ha dispuesto para su ejercicio, en tanto…