Síntesis de la providencia
Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio
Regla de decisión
El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El contratista puede solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos cuando se advierta una contradicción o discordancia entre el acto demandado y el ordenamiento jurídico superior, y se cumpla con la carga argumentativa necesaria para justificar la violación de la norma, sin que sea suficiente la mera argumentación de la demanda. La Sala de Decisión del Consejo de Estado modificó su criterio anterior, estableciendo que la entidad estatal pierde competencia para declarar el incumplimiento y liquidar unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, siempre que las pretensiones o hechos sometidos al conocimiento judicial coincidan con los asuntos objeto del procedimiento administrativo correspondiente, lo que garantiza la seguridad jurídica de la comunidad.
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Problema jurídico
¿El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Decreto 01 de 1984, art. 152
- Decreto 2304 de 1989, art. 31
- Ley 1437 de 2011, arts. 162 núm. 4, 229 y 230
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Lo que dijo la Sala
En los procesos que conoce esta jurisdicción se encuentra la posibilidad de solicitar la práctica de medidas cautelares las cuales respecto de su decisión no implican prejuzgamiento; igualmente, dentro de esas precisas medidas de cautela es posible solicitar la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, figura esta de rango constitucional prevista textualmente en el artículo 238 de la Constitución Política… . Adicionalmente, el ordenamiento jurídico contempla otro tipo de medidas cautelares diferentes a la suspensión de los efectos del acto demandado las cuales pueden tener el carácter de preventivas, conservativas o anticipativas dispuestas en el artículo 230 del CPACA… .
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Titulación de la relatoría 9.496 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIDA CAUTELAR / ALCANCE DE LA MEDIDA CAUTELAR / EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / OBJETO DE LA MEDIDA CAUTELAR / CLASES DE MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MEDIDA CAUTELAR PREVENTIVA / MEDIDA CAUTELAR CONSERVATIVA / MEDIDA CAUTELAR ANTICIPATIVA / REQUISITOS DE LA MEDIDA CAUTELAR / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SUSTENTACIÓN DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / SUSTENTACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR / SUSTENTACIÓN DE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA
Problema jurídico:
¿El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n los procesos que conoce esta jurisdicción se encuentra la posibilidad de solicitar la práctica de medidas cautelares las cuales respecto de su decisión no implican prejuzgamiento; igualmente, dentro de esas precisas medidas de cautela es posible solicitar la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, figura esta de rango constitucional prevista textualmente en el artículo 238 de la Constitución Política (…). Adicionalmente, el ordenamiento jurídico contempla otro tipo de medidas cautelares diferentes a la suspensión de los efectos del acto demandado las cuales pueden tener el carácter de preventivas, conservativas o anticipativas dispuestas en el artículo 230 del CPACA (…). En ese contexto normativo, para la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos es preciso que de la confrontación entre el acto demandado y el ordenamiento jurídico superior se advierta una discrepancia, discordancia o contrariedad, sin que la misma tenga que ser palmaria o evidente como lo exigía el artículo 152 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 31 del Decreto 2304 de 1989, que establecía que esa “infracción” tenía que ser “manifiesta”, de otro lado, los demás requisitos previstos en la misma norma son exigibles cuando se pretenda el decreto de alguna otra medida cautelar. (…) De igual manera, es pertinente precisar que de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación no resulta jurídicamente viable suplir, automáticamente, el requisito de la sustentación de las medidas cautelares con la argumentación tendiente a justificar el concepto de la violación contenido en la demanda, toda vez que se trata de actos procesales diferentes en los que se exige satisfacer una mínima carga argumentativa, en atención a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA y en el artículo 229 ibidem; por manera que, si lo deseado por la parte actora es que el concepto de violación expuesto en la demanda sirva de fundamento de la petición de medida cautelar, así debe manifestarlo expresamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 21 de octubre de 2013, exp. 11001-03-24-000-2012-00317-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; auto de 23 de febrero de 2021, exp. 11001-03-24-000-2019-00167-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; auto de 30 de mayo de 2024, exp. 11001-03-24-000-2020-00217-00, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 238, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 152, DECRETO 2304 DE 1989 - ARTÍCULO 31, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 162 NUMERAL 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 229, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 230
DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL DEL CONSEJO DE ESTADO / ADMISIÓN DE LA DEMANDA / AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La entidad estatal pierde competencia para expedir actos administrativos mediante los cuales declara el incumplimiento y liquida unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del auto admisorio de esta, siempre que las pretensiones o hechos sometidos al conocimiento judicial coincidan con los asuntos objeto del procedimiento administrativo correspondiente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Respecto de la aplicación del precedente fijado en la sentencia de 17 de junio de 2024 a través de la cual esta Corporación consideró que a partir de la fecha de presentación de la demanda la administración contratante perdía competencia para declarar el incumplimiento del contrato, es menester precisar que dicho criterio fue modificado por la Sala de Decisión en el auto de 27 de febrero de 2026; en este último pronunciamiento y con el propósito de garantizar la seguridad jurídica de la comunidad la Sala adoptó una línea de interpretación uniforme y armónica con la sostenida por las Subsecciones A y C de la Sección Tercera, en el entendido de que la entidad estatal pierde competencia para expedir actos administrativos que declaran el incumplimiento y liquidan el contrato, una vez se le notifica el auto admisorio de la demanda presentada en contra de la propia entidad, siempre y cuando las pretensiones o los hechos correspondientes se refieran a los puntos específicos que dieron lugar al procedimiento administrativo de declaración de incumplimiento o de liquidación del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la oportunidad para declarar el incumplimiento del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de junio de 2024, exp. 70381, C.P. Fredy Ibarra Martínez; auto de 27 de febrero de 2026, exp. 73035, C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR / AUTO QUE NIEGA MEDIDA CAUTELAR / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REQUISITOS DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / COMPETENCIA PARA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DE INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente decretar la suspensión provisional de los actos administrativos mediante los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano declaró el incumplimiento del contrato, dado que la parte actora no acreditó los requisitos ni los presupuestos jurisprudenciales exigidos para la procedencia de las medidas cautelares?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ara la fecha en la que el Instituto de Desarrollo Urbano profirió las Resoluciones nos. 4605 de 29 de septiembre de 2023 y 5386 de 15 de noviembre de 2023 no se había dictado ni mucho menos notificado el auto admisorio de la demanda a dicha entidad; por consiguiente, la entidad demandada no perdió competencia para declarar el incumplimiento del contrato IDU-1299-2020 por parte de CI Grodco Ingenieros Civiles SAS en reorganización y para este momento procesal no se evidencia una violación al derecho fundamental del debido proceso de la demandante. Adicionalmente, en cuanto a la afectación económica y la causación de perjuicios derivados de la expedición de los actos administrativos demandados se observa que la parte actora no allegó ningún medio probatorio que permita inferir, válidamente, que la cláusula penal impuesta por el IDU fue la causa determinante para no resultar adjudicataria en otros procesos de selección; tampoco acreditó que con ocasión de dicha sanción hubiera adelantado una reforma al acuerdo de reorganización que cursa ante la Superintendencia de Sociedades, pues, ni siquiera aportó evidencia de la radicación o existencia de dicho trámite; en todo caso es menester precisar que aunque la parte actora aportó unos documentos con el escrito del recurso de apelación en esta oportunidad procesal no es posible decretar ni valorar pruebas distintas a las de la solicitud de medida cautelar y la demanda. En ese sentido, no se advierte el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA para que proceda la suspensión provisional de los actos administrativos demandados ni los requisitos previstos para las demás medidas cautelares solicitadas referentes a la apariencia del buen derecho, que resulte más gravoso para el interés público negar las medidas cautelares que concederlas ni la posible causación de un perjuicio irremediable de no acceder a aquellas; en consecuencia, se confirmará el auto de 12 de junio de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B que negó su decreto.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 231