Titulación de la relatoría 24.830 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OMISIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es procedente el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico, que había sido denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, pese a que la contratista no atacó la legalidad de la decisión denegatoria y de su confirmación en la demanda de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]onforme a la jurisprudencia de la Corporación — CICON S.A. debió impugnar la legalidad del acto administrativo adoptado mediante los oficios IDU-114199 DTM-4000 del 5 de marzo de 2008 […], IDU-005819-STCC6500 del 27 de enero de 2009 […], para lo cual estaba vigente aún la acción pertinente; y como así no lo hizo, no es viable hacer tal reclamación sobre el contrato en sede judicial, en razón a la presunción de legalidad y a la fuerza ejecutoria del citado pronunciamiento del IDU, cuya legalidad, si bien fue impugnada en la vía gubernativa, no lo fue en la judicial por parte de CICON S.A. A pesar de lo anterior, la Sala considera que ello no da pie a que se emita un fallo inhibitorio, sino a la desestimación de las pretensiones. Así lo consideró esta Subsección, en sentencia del 26 de noviembre de 2015, con la cual, además de resolver una controversia entre las mismas partes del presente caso, analizar una problemática similar y revisar el contenido de los mismos actos administrativos que se han estudiado de manera precedente, se fundamentó en las consideraciones expuestas en la sentencia del 12 de agosto de 2014. […] Así las cosas, la Sala concluye que, salvo lo concerniente a la liquidación judicial del Contrato que se abordará a continuación, los otros reparos formulados por la contratista contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso identificado con el radicado 25000232600020080060101 no son procedentes por las consideraciones expuestas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el acto administrativo, las características, su impugnación y presunción de legalidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de junio de 2021, rad. 51734, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 6 de julio de 2020, rad. 49166, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 12 de agosto de 2014, rad. 28237, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 26 de noviembre de 2015, rad. 52968, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Primera, sentencia de 2 de junio de 2011, rad. 66001-23-31-000-2005-00519-01, C. P. María Elizabeth García González; sentencia de 31 de marzo de 2005, rad. 11001-0324-000-1999-02477-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Se presentó un incumplimiento de las obligaciones del IDU por el impago de los costos adicionales del componente global de los costos de manejo de tráfico, señalización y desvíos a favor de la contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
Según el contenido de los pliegos, esta Subsección concluye que la interpretación que plantea la apelante, de acuerdo con la cual el precio del contrato por concepto del componente de manejo de tráfico, señalización y desvíos, debería ser incrementado con ocasión de las prórrogas del contrato, no resulta admisible, toda vez que a Cicon S.A. se le advirtió de manera previa a la suscripción del Contrato 170 de 2005, que: (i) por concepto de manejo de tráfico, señalización y desvíos se pagaría un precio global fijo sin ajustes, de “una parte igual en cada acta mensual de pago de obra ejecutada”, previa valoración de la interventoría sobre el cumplimiento de sus obligaciones; (ii) que los ajustes que se realizaran al Plan de Manejo de Tráfico Señalización y Desvíos (“PMT”) en cada etapa de intervención y según las condiciones prevalecientes para el momento, eran asumidos por la contratista del valor global pactado para el PMT, por ende, no se considerarían como costos adicionales que debiera sufragar el IDU; y (iii) que el fondo de compensaciones se emplearía para cubrir el costo de los imprevistos y mayores cantidades de obra, en caso de ser necesario, y no para sufragar ajustes al precio del componente de tráfico, señalización y desvíos por prórroga del contrato de obra. Adicionalmente, desde los pliegos se determinó que la elaboración, implementación y seguimiento del PMT, por parte de la contratista, era una gestión dinámica que podía sufrir cambios según la etapa de intervención y las condiciones prevalecientes del momento, por ejemplo, podían tener modificaciones por las observaciones que realizara la Secretaría de Tránsito y Transporte, y, en razón a ello, se dejó claro que el valor de tales ajustes no implicarían reconocimientos adicionales al contratista o incremento alguno en el precio global por manejo de tráfico, señalización y desvíos, pues, se había adoptado el sistema de precio global sin ajustes. […] [L]os costos adicionales que surgieron para el referido componente, en virtud de la suspensión del contrato de obra, debieron ser previstos por la contratista en su propuesta o al suscribir las suspensiones […]. Por lo tanto, la entonces contratista no podía posteriormente reclamar tales sobrecostos, máxime cuando en los pliegos se había establecido que su valor se pagaría a precio global fijo sin ajustes. […] En consecuencia, los anteriores cargos de la alzada no están llamados a prosperar […].
MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El funcionario que impuso la multa, era competente para ello, de conformidad con la normatividad vigente en su momento?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]on las multas o cláusulas penales de apremio se busca asegurar el cumplimento de una obligación, por lo que su imposición es, claramente, un acto para la ejecución del contrato, comprendido así dentro de las facultades generales Directora General del IDU no delegó expresamente al Director Técnico de Malla Vial mediante la Resolución 1705 de 2006. Si bien, la facultad de imponer multas o penas de apremio mediante acto administrativo —como la que se produjo con las Resoluciones 1146 de 18 de abril de 2008 y 2726 de 1 de agosto de 2008— no era clara en el momento en que fue expedida la Resolución 1705 del 9 de abril de 2006, esta sí era una variable hermenéutica aceptada en la jurisprudencia administrativa. Además, es claro que en el momento en que fueron expedidos los actos demandados, la Administración estaba facultada para su imposición, incluso en los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007 que, en lo atinente a las multas, se produjo el 16 de julio de 2007, cuando fue promulgada, de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 17 y el parágrafo 2º de la Ley 1150 de 2007. De esta forma, la faculta de imponer multas o penas de apremio quedó comprendida, sin duda, dentro de las facultades generales delegadas al director técnico de Malla Vial mediante la Resolución 1705 de 2006. En consecuencia, este cargo no prospera.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17
MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / COMPETENCIA TEMPORAL / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA / OPORTUNIDAD PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA / TÉRMINO PARA IMPONER MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa contractual, por su carácter apremiante, que la hace procedente únicamente cuando el contrato, y particularmente las obligaciones incumplidas, están siendo ejecutadas?
Respuesta al problema jurídico: No
Las Resoluciones 1146 del 18 de abril de 2008 y 2726 de 1 de agosto de 2008, con las que el IDU impuso multa a Cicon S.A, fueron así proferidas luego de que concluyera el período de ejecución del contrato, cuando —de acuerdo con lo considerado previamente— se había extinguido la competencia para imponer la multa por incumplimiento al cronograma. En consecuencia, será declarada la nulidad de las Resoluciones 1146 del 18 de abril de 2008 y 2726 de 1 de agosto de 2008 por falta de competencia temporal. […] Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala reconocerá a favor de la contratista a título de restablecimiento del derecho la suma de […], la cual fue descontada por el IDU en el pago de las facturas que radicó CICON S.A. por cuenta de la imposición de la multa. Dicho monto se deberá actualizar atendiendo la fecha de pago de cada factura que fue objeto del citado descuento
RESOLUCIÓN SANCIONATORIA AL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / GOOD WILL / DAÑO AL BUEN NOMBRE / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Se probaron los perjuicios que produjo la sanción impuesta al contratista y que fue declarada nula?
Respuesta al problema jurídico: No
En lo concerniente a la reclamación indemnizatoria fundada en la afectación de la empresa en los procesos de selección de contratistas de las entidades públicas, la Sala, al analizar las pruebas allegadas al proceso, no encuentra medio alguno de convicción que demuestre con claridad y certeza la forma en que la sanción impuesta por el IDU, a través de los actos administrativos objeto de control, tuvo repercusiones negativas en los intereses jurídicamente tutelados de CICON S.A. en los procesos de selección organizados por entidades del Estado, en cuanto, por ejemplo, le impidiera participar en ellas, fuera excluida dentro de tales procesos, entre otros supuestos. Por lo tanto, para esta Subsección, la parte interesada no cumplió con la carga probatoria, establecida en el artículo 177 del CPC, de acreditar la afectación que alega y su cuantificación exacta. Frente a la última pretensión indemnizatoria que hizo CICON S.A. por la afectación al buen nombre de la empresa derivada de la inscripción de la multa ante la Procuraduría General de la Nación y el registro de la Cámara de Comercio, la Sala considera que dicho petitum hace referencia a la “pérdida” del good will de la citada compañía, derivada de la imposición de la sanción contractual, la cual sólo será posible su indemnización —según la jurisprudencia de la Corporación — bajo la categoría de lucro cesante, siempre y cuando existan elementos de prueba que no dejen duda al juez sobre su causación. Tal carga probatoria sobre la certeza y convicción de tal afectación debe asumirla quien la reclama, conforme a lo dispuesto por el artículo 177 del CPC. […] En definitiva, no fue practicada ni allegada prueba alguna que lo demostrara, al haber ocasionado, por ejemplo, que se le hubiera negado la celebración de un contrato del que previamente hubiera resultado adjudicatario, se le hubiera restringido la participación en procesos de selección o licitaciones, se le hubiera negado invitaciones en contrataciones directas a ofertar, entre otros eventos que probaran con suficiente certeza y convicción la afectación al buen nombre comercial de la sociedad CICON S.A. En consecuencia, en razón a que la sociedad CICON S.A. no logró acreditar los daños y perjuicios derivados de la afectación del good will, la Sala no reconocerá la pretensión indemnizatoria que reclama por tal concepto.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTADES DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿Procede la liquidación judicial del contrato de obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a liquidación judicial del contrato de obra no podría contemplar la existencia de obligaciones por cumplir para ambas partes y su forma de cumplimiento, en razón a que se acreditó el grado de cumplimiento de las actividades ejecutadas por CICON S.A. y que fueron pagadas por el IDU, a través del acta 33 del 17 de abril de 2009, suscrita por la contratista y la interventoría […]; y porque las actividades contratadas e incumplidas por la contratista, correspondientes al periodo de responsabilidad por defectos, no fueron canceladas por el contratante, pues, la forma de pago del precio pactada en los pliegos, se realizaba “mediante pagos mensuales de obra ejecutada a satisfacción del IDU, previa valoración, por parte de la Interventoría”, por ende, el IDU no podía realizar pagos por actividades pendientes o sin ejecutar. Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener en cuenta lo expuesto en el anterior epígrafe relacionado con la restitución por parte del IDU y a favor de CICON S.A. de la suma equivalente a […] que aquel le descontó de sus pagos a título de multa, en virtud de la declaración de la nulidad de las Resoluciones 1146 de 18 de abril de 2008 […] y 2726 de 1 de agosto de 2008 […] proferidas por el director técnico de la malla vial del IDU. Dentro de esa suma está incluido el valor de la retención en garantía practicada por el IDU, según consta en la factura de venta 264 de 19 de junio de 2009 […] y en la orden de pago 2409 de 25 de junio de 2009 emanada de la Dirección Técnica y Financiera del IDU. […]. Con respecto a las otras retenciones en garantía que el IDU practicó durante la ejecución del contrato de obra, se observa que se dejó registro de las mismas en las cuentas 1380950000-4006 y 1350050000-4006, según consta en las copias impresas del auxiliar, detallado por el centro de costo de CICON S.A., que arrojó el software contable SIIGO, relacionados con el contrato IDU-BM-170 de 2005, correspondientes al año 2007 y del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2008 (972-1118, C. 3). No obstante, tal información no es suficiente para demostrar a plenitud su existencia y valor, toda vez que la parte interesada no aportó los soportes de tales registros, como las facturas de venta, las órdenes de pago del aludido contrato emanados de la Dirección Técnica y Financiera del IDU u otra prueba idónea que indicara la práctica real y efectiva de tal retención y su valor exacto. Esto no pone en tela de juicio la veracidad el contenido de las copias impresas del auxiliar detallado por centro de costo arrojado por el software contable SIIGO, pero sí pone en entredicho la certidumbre sobre las cifras allí plasmadas comoquiera que, valorado el acervo probatorio en su conjunto, la demandante no aportó medio alguno, que compruebe en concreto las citadas retenciones y su valor, a efectos de incluirlos en la liquidación judicial del negocio jurídico. En consecuencia, la Sala concluye que las demás retenciones en garantía no están probadas dentro del proceso, por lo tanto, no se puede incluir dicho valor en la liquidación judicial del contrato con el fin de ordenar su devolución a CICON S.A. Así las cosas, se modificará la decisión de primera instancia en el sentido de incluir dentro de la liquidación judicial del contrato de obra IDU-BM-170 de 2005 la suma de […] por concepto de restablecimiento que deberá restituir el IDU a CICON S.A. por los motivos ya descritos.
EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
De tiempo atrás, la Sección Tercera ha explicado que el principio de equilibrio financiero ha estado presenta de forma constante en el ordenamiento patrio. En un principio, el artículo 11 de la Ley 4 de 1964, preveía el pacto imperativo de revisiones periódicas en contratos de obra pública, así como de los estudios y diseños de tales obras. Luego, el Decreto 150 de 1976, así como en el Decreto de 222 de 1983 abrogaron la obligación de pactar tal revisión, estableciendo la facultad de pactar las revisiones periódicas que, en todo caso, siguió considerándose un elemento de la naturaleza de los contratos de obra pública. El actual Estatuto General de Contratación de la Administración pública, a su vez, estableció que, con el propósito de garantizar los fines de la contratación, los contratistas tienen el derecho recibir el valor intrínseco de la remuneración pactada y solicitar, en consecuencia, el restablecimiento de la ecuación económica del contrato en situaciones imputables, o no, a los contratistas. La ley estableció así, en razón al interés común, un derecho de los contratistas del Estado al restablecimiento del equilibrio contractual, junto con las circunstancias en las que este es procedente. De esta forma, la decisión sobre el reconocimiento o negación de solicitar el restablecimiento de la ecuación económica del contrato es una expresión del Derecho. Adicionalmente, la Ley 80 de 1993 sometió las actuaciones contractuales a los procedimientos generales de las actuaciones administrativas, limitando el recurso administrativo únicamente a la reposición; y determinó la competencia de las entidades y de los funcionarios de estas, para su reconocimiento, como parte de las actuaciones inherentes a la actividad contractual -.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 150 DE 1976, DECRETO 222 DE 1983, LEY 4 DE 1964 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993
DELEGACIÓN DE FUNCIONES / CARACTERÍSTICAS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRESUPUESTOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
OBITER DICTUM
La delegación es reconocida en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, como una figura mediante la cual una autoridad, a través de un acto administrativo, transfiere el ejercicio de determinadas funciones o actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines o complementarias, siempre que esté legalmente facultada para ello, en procura del mejor cumplimiento de las funciones administrativas y el logro de los fines del Estado. De esta forma, como presupuesto lógico y necesario de la delegación de funciones —que en materia contractual fue regulada en la Ley 80 de 1993, el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 489 de 1998 - — el funcionario delegante debe tener la competencia que delega.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la figura de delegación, características y competencia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 30 de enero de 2008, rad. 34143, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 31 de julio de 2008, rad. 25000-23-26-000-2005-00240-01(AP), C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, 2011, DECRETO 2150 DE 1995, LEY 489 DE 1998, LEY 80 DE 1993
MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / MULTA AL CONTRATISTA
OBITER DICTUM
Sobre la imposición de cláusulas penales de apremio o multas en contratos regidos por Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, han coexistido dos posiciones en la jurisprudencia administrativa colombiana. En el 2005, consideró esta Sección que la competencia para hacer efectivas tales multas y sanciones recaía en la jurisdicción, y no en la autoridad administrativa. Pero, a su vez, en sentencias de 1998, 2000 y 2008, la Sección manifestó que, la Administración tenía la facultad de imponer y cobrar multas contractuales por sí y ante sí, en atención al carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos, y la autotutela declarativa de la administración, que le permití modificar unilateralmente las situaciones jurídicas en las que actúa, de acuerdo con los artículo 64 del CCA y 3º de la Ley 80 de 1993. Luego, en el año 2014, la Subsección A consideró que antes de la entrada en vigor de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales no estaban autorizadas “para expedir actos administrativos mediante los cuales impusieran unilateralmente multas o declararan el incumplimiento del contrato, en caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista particular, esto es sin necesidad de acudir al juez del contrato”, pero habían recobrado esa facultad con la expedición de la Ley 1150 de 2007 ; posición que fue seguida en algunas providencias de las Subsecciones. Finalmente, esta Subsección, en línea con la Corte Suprema de Justicia, ha precisado que el pacto de estas cláusulas en el derecho privado colombiano es válido y eficaz, razón por la que podían ser impuestas en todos los contratos estatales, pero no por los medios del derecho público, es decir, a través de actos con fuerza ejecutiva y ejecutoria. Si bien, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 reguló el debido proceso, para declarar el incumplimiento del contrato estatal, con el fin de imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal, ni dicha norma ni la Ley 80 de 1993 regularon expresamente la figura de la cláusula penal pecuniaria, que ya era prevista y regulada, desde mucho antes, en los artículos 1592 y siguientes, del Código Civil. Sí determinó claramente el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en su parágrafo, que las entidades podían hacer efectivas las multas por vía coactiva, elemento distintivo del acto administrativo, por ser ajeno al derecho común.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposición de multas en la relación contractual y la competencia para ello, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de octubre de 2005, rad. 14579, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; auto de 6 de agosto de 1998, rad. 14558, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 29 de junio de 2000, rad. 16756, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 13 de noviembre de 2008, rad. 17009, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 30 de abril de 2014, rad. 27096, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 30 de julio de 2008, rad. 21574, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 5 de agosto de 2020, rad. 45183, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 64, LEY 1150 DE 2007, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1592, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR VÍA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTADES DEL JUEZ
OBITER DICTUM
La liquidación judicial es aquel balance o corte de cuentas que realiza y adopta el juez del contrato, en desarrollo de un proceso judicial o arbitral, según corresponda, en ausencia de liquidación bilateral-conjunta efectuada por las partes o de liquidación unilateral por parte de la Entidad Estatal contratante en los eventos y con las exigencias establecidas por la ley. Sobre la competencia que tiene el juez para realizar tal labor, esta Corporación ha manifestado en su jurisprudencia que esta deriva, entre otras disposiciones legales, del artículo 87 del CCA y del literal d. del numeral 10 del artículo 136 del citado Código. Dicha facultad que ostenta el juez para adelantar la liquidación judicial del contrato estatal no puede desconocer la legalidad de los actos administrativos emanados de la entidad contratante, que habían resuelto de manera previa una situación jurídica concreta del contratista, y que están vigentes, pues la jurisdicción contenciosa no ha declarado su nulidad. Por lo tanto, el juez no puede revisar y contemplar en dicha liquidación aspectos que contraríen lo decidido por la entidad contratante, a través de actos administrativos que se presumen legales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación judicial del contrato, sus límites, presupuestos y exigencias establecidas en la ley, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2016, rad. 39665, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 9 de octubre de 2013, rad. 30680, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87