Titulación de la relatoría 13.353 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las resoluciones Nos. 926 del 31 de agosto y 106 del 18 de noviembre, ambas de 2010, son nulas porque se fundaron indebidamente en la Ley 1150 de 2007, artículo 17 y por no garantizar el derecho al debido proceso en la relación contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as partes convinieron en una cláusula penal como mecanismo anticipado de estimación de perjuicios, en virtud de la cual, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento por parte del contratista, el Departamento podría hacerla efectiva de manera directa a través del descuento de saldos o con cargo a la póliza de cumplimiento constituida para amparar el riesgo de incumplimiento. De los anteriores elementos se deduce con claridad que, a pesar de que el contrato de obra No. 215 de 2006 fue celebrado antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 sí resultaba aplicable a la expedición de los actos administrativos aquí demandados porque se reúnen los supuestos de hecho establecidos en el parágrafo transitorio del artículo 17 ibídem. En efecto: (i) en dicho contrato se estipuló una cláusula penal como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, y (ii) el Departamento expidió las resoluciones demandadas en vigencia de la Ley 1150 de 2007, pues fueron proferidas en agosto y en noviembre del año 2010, respectivamente. Así las cosas, el argumento de la apelante según el cual el Departamento no podía aplicar la Ley 1150 de 2007 como fundamento para declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal no resulta atendible. […] [L]a Sala concluye que el Departamento garantizó cabalmente el derecho al debido proceso de QBE porque adelantó la actuación administrativa que terminó con la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra No. 215 de 2006 y la imposición de la cláusula penal por […] con el pleno respeto de las garantías que se derivan del artículo 29 de la Constitución Política y sus desarrollos normativos y jurisprudenciales. […] Por todo lo anterior, dado que ninguno de los cargos planteados por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia resulta atendible, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia a través de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad contenida en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, imposición de multas o hacer efectiva la cláusula penal del contrato estatal, por incumplimiento, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2010, rad. 16367, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 30 de julio de 2008, rad. 21574, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17
INEXISTENCIA DE LITISCONSORCIO NECESARIO / INEXISTENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿Se presenta nulidad procesal insaneable al no haberse vinculado al proceso judicial al consorcio contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala advierte que entre el Consorcio y la aseguradora no existe un litisconsorcio necesario, de modo que el hecho de no haberse vinculado a aquél al proceso judicial no configura una nulidad insaneable que deba ser declarada de oficio por el juez.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las figuras del litisconsorcio necesario, facultativo y cuasinecesario, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de marzo de 2014, rad. 29857, C. P. Danilo Rojas Bethancourt.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 140, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 145, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 83
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
La demandante solicitó que se adelantara este proceso bajo la óptica de la acción de nulidad y restablecimiento consagrada en el artículo 85 del CCA en atención a que de lo que aquí se trata es de la impugnación de la legalidad de actos administrativos, de contenido particular y concreto, emanados del Departamento. Al respecto, se precisa que el inciso segundo del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 estableció que “[l]os actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo” […]. De esta manera, dado que los actos demandados fueron emanados en el marco de la actividad contractual, en tanto a través de ellos se declaró el incumplimiento de obligaciones cuya fuente es el contrato de obra No. 125 de 2006 —contrato estatal que se rige por la Ley 80 de 1993—, su control, en los términos del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, debe hacerse a través del ejercicio de la acción de controversias contractuales consagrada en el artículo 87 del CCA, como en efecto se hizo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 85, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77
RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
OBITER DICTUM
Del análisis de los cargos planteados en la apelación, observa la Sala que, en relación con la alegación de que los actos administrativos fueron proferidos por fuera de la vigencia del amparo de cumplimiento, este reproche no se dirigió a debatir los argumentos expresados por el Tribunal para no conceder razón en ese punto a la parte demandante, sino que se trató de la mera reiteración de la posición de la demanda. Tal reiteración no se aviene al cumplimiento de los requisitos que establece la ley procesal sobre la sustentación del recurso de apelación y, por ende, debe concluirse que tal aspecto quedó definido en la forma en que lo resolvió el Tribunal, sin que sea posible en esta instancia reformarlo, por no haberse fijado reparos específicos al respecto. […] Asimismo, esta Subsección en varias oportunidades ha reiterado que: “el marco de la competencia del juez en segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual, no basta con la simple interposición del recurso o con la manifestación general de no estar conforme con la decisión apelada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis presentada”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la obligatoriedad de sustentar en debida forma el recurso de apelación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, rad. 44707, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Respecto del marco de competencia del juez de segunda instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de mayo de 2014, rad. 31469, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 31 de enero de 2019, rad. 52663, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 212, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 350, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 352
RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COBRO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL / VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO
OBITER DICTUM
En el caso concreto, se evidencia que, en lo que concierne a si la póliza cubrió o no el siniestro declarado a través de los actos administrativos demandados en razón de su vigencia, en el memorial en el que QBE manifestó que interponía su recurso de apelación, ésta se limitó a reproducir textualmente el mismo argumento que planteó en la demanda en relación con este aspecto, sin debatir explícitamente los argumentos expresados por el a quo para negar la prosperidad de las pretensiones que se basaron en esta alegación. Además, en el memorial de sustentación del recurso que presentó posteriormente, pero dentro del término oportuno, no hizo alusión a este aspecto. En relación con el mencionado aspecto, el Tribunal señaló que, de conformidad con el artículo 1073 del Código de Comercio y con las pruebas allegadas al proceso, el siniestro ocurrió dentro de la vigencia del amparo porque acaeció con ocasión del vencimiento del plazo pactado para la entrega de la obra en noviembre de 2008, por lo que la aseguradora estaba obligada a pagar el seguro, incluso si la pérdida irrogada por el siniestro hubiese ocurrido después. La demandante no ofreció razones de disenso frente a tales razonamientos, no debatió, por ejemplo, la aplicabilidad del referido artículo al caso, no ofreció ningún argumento en contra de la posición según la cual el siniestro ocurrió con ocasión de la finalización del plazo de ejecución del contrato de obra en noviembre de 2008 y no con ocasión de la expedición de las resoluciones demandadas, sino que se limitó a reiterar que las Resoluciones Nos. 926 del 31 de agosto y 106 del 18 de noviembre de 2010 declararon el siniestro e hicieron efectivo el amparo de cumplimiento, pese a que ya no se encontraba vigente, por haber expirado el 12 de julio de 2009. En este orden de ideas, tratándose de una mera reiteración de un argumento ya resuelto por el Tribunal, respecto del cual la parte actora no desarrolló un reproche de disenso, se concluye que, sobre este punto no hubo sustentación del recurso y, por ende, no quedó comprendido dentro del objeto de la apelación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1073
DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL
OBITER DICTUM
Tratándose de la consagración positiva del debido proceso en materia contractual, en un inicio, los artículos 23 y 77 de la Ley 80 de 1993 remitían a las normas generales del ejercicio de la función administrativa, en cuanto fuesen compatibles con la ley de contratación pública sobre la formación de la voluntad de la Administración, las cuales envolvían el deber de hacer partícipe al administrado destinatario de tales decisiones en el trámite previo a la expedición del acto administrativo, garantizándole la posibilidad de ser oído y de ejercer su derecho de defensa y contradicción. Con la expedición del ya citado artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, se recogieron y reafirmaron dichas premisas y garantías sobre las que descansa la garantía del debido proceso. Sin embargo, su importancia se hizo superlativa, toda vez que, a través de dicha norma, se consagró el debido proceso como principio rector en el desarrollo de las actuaciones administrativas contractuales. Dicha norma refrendó que el debido proceso es un elemento central en el ejercicio de las facultades de la Administración en materia contractual. Por ende, cuando la Administración pretenda adoptar una decisión que afecte derechos e intereses de determinados sujetos, sus actuaciones deben garantizar que el afectado pueda intervenir en la etapa previa a la expedición del respectivo acto administrativo con el objeto de habilitar el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, para lo cual debe conocer sobre el inicio de la actuación, las razones en las cuales se funda, le asiste el derecho a tener la oportunidad de aportar y discutir las pruebas que se aduzcan en su contra y, en general, puede presentar los descargos que considere pertinentes. En este punto vale resaltar que el debido proceso es una garantía que no solo resulta predicable de cara a los intereses del contratista sino de todos los interesados que intervengan con legitimación en la actuación administrativa contractual, incluyendo, naturalmente, a la aseguradora que expide la póliza a través de la cual se asegura el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Cabe recordar que esta Subsección ha esgrimido que las garantías del debido proceso aplican a todas las actuaciones administrativas, incluyendo las contractuales, garantía que cobija no solo al contratista sino a todos los interesados que puedan verse afectados como consecuencia de la decisión de la Administración.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las garantías del debido proceso administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de enero de 2013, rad. 24743, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 17 de abril de 2013, rad. 20618, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 29 de abril de 2015, rad. 37607, C. P. Hernán Andrade Rincón (e); sentencia de 8 de junio de 2011, rad. 17858, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 23 de junio de 2010, rad. 16367, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 27 de junio de 2013, rad. 24559, C. P. Hernán Andrade Rincón; sentencia de 23 de septiembre de 2015, rad. 44386, C. P. Hernán Andrade Rincón (e); sentencia de 17 de marzo de 2010, rad. 18394, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 11 de octubre de 2021, rad. 53479, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77
Texto extraído del PDF oficial 125.175 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 730012331000201100362 01 (49.005)
Demandante: QBE Seguros S.A.
Demandado: Departamento del Tolima
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Surtido el trámite de ley, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la demandante QBE Seguros S.A. en contra de la sentencia que
profirió el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
La controversia versa sobre la legalidad de los actos administrativos a través de los
cuales el departamento del Tolima declaró el incumplimiento del contrato de obra
No. 125 del 24 de mayo de 2006 y, como consecuencia, hizo efectiva la cláusula
penal pactada en cuantía de $517’706.955 y ordenó su pago con cargo a los saldos
adeudados al contratista o, alternativamente, a la póliza de cumplimiento No.
61100001407 proferida por QBE Seguros S.A. La demandante discute la legalidad
de dichos actos con fundament o en que fueron expedidos con infracción de su
derecho al debido proceso, con violación de normas superiores y con falta de
competencia.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 29 de agosto de 2013, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima resolvió:
“PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda incoada por la
Aseguradora QBE SEGUROS S.A., contra el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- ABSTENERSE de condenar en costas a la parte demandante por
las razones expuestas con antelación.”1
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 16 de mayo de 20112
por QBE Seguros S.A. (en adelante, QBE, la aseguradora o simplemente, la
demandante)3 cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se
desarrollan a continuación:
1 Folio 466, cuaderno del Consejo de Estado.
2 La fecha de presentación de la demanda consta en una constancia suscrita por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Tolima, que obra a folio 320, cuaderno 1.
3 Folios 289 a 319, cuaderno 1.
Expediente: 730012331000201100362 01 (49.005)
Demandante: QBE Seguros S.A.
Demandada: Departamento del Tolima
Acción: Controversias contractuales
2
Pretensiones
3. La demandante formuló las siguientes pretensiones principales4:
“PRIMERO.- Que se declare [sic] como nulas las resoluciones Números 926 del
31 de agosto de 2010 y 000106 del 18 de noviembre de 2010.
SEGUNDO.- Declarar a título de restablecimiento del derecho [sic], se condene
a la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA a devolver a la sociedad QBE SEGUROS
S.A., la suma cancelada como cláusula penal, es decir la suma de Quinientos
Diecisiete millones setecientos seis mil novecientos cincuenta y cinco
($517.706.955.oo) Pesos Moneda Corriente, determinada en la resolución
Números [sic] 926 del 31 de agosto de 2010, sanción confirmada mediante la
resolución Números [sic] 000106 del 18 de noviembre de 2010; siempre que se
haya tenido que pagar dicho valor y sus intereses a la Gobernación del Tolima.
En general, condenar a título de restablecimiento d el derecho [sic], por todos
los demás valores que se lleguen a probar dentro de la presente acción como
daños derivados de la actuación administrativa en cuestión.
2.2. Las sumas anteriores deberán ser indexadas desde la fecha de su
causación hasta la fec ha del pago y sobre su valor histórico se liquidarán
intereses legales comerciales durante el mismo período.
TERCERO.- Que se condene en costas a la demandada.”
4. Como pretensiones subsidiarias, QBE solicitó que se declare la nulidad de
las referidas resoluciones y que, a título de restablecimiento, se condene a la parte
demandada a:
“SEGUNDO.- [D]evolver a la sociedad QBE SEGUROS S.A., los valores que
se tengan que pagar como caución en los términos del Artículos [sic] 519 del C
de P.C., para efectos de impedir o evitar medidas cautelares, derivadas de la
acción ejecutiva que se pueda generar por el cobro de la cláusula penal de
Quinientos Diecisiete millones setecientos seis mil novecientos cincuenta y
cinco ($517.706.955.oo) Pesos Moneda Corriente [ …] En general, condenar a
título de restablecimiento del derecho [sic], por todos los demás valores que se
lleguen a probar dentro de la presente acción como daños derivados de la
actuación administrativa en cuestión.”5
Hechos6
5. En apoyo de sus peticiones, QBE relató, en síntesis, los siguientes hechos:
5.1. Señaló que el 24 de mayo de 2006, el departamento del Tolima (en adelante,
el Departamento o el demandado) celebró con el Consorcio Ingenieros y Arquitectos
del Tolima —integrado por Jaime Garzón Chica, Sonia Luz Alvarado Calvache y
Víctor Armando Cortés T orres— (en adelante, el Consorcio o el contratista) el
contrato de obra No. 215 cuyo objeto consistió en la restauración, construcción de
obra nueva y realización de las labores de paisajismo del Panóptico ubicado en la
ciudad de Ibagué, departamento del Tolima.
4 Folio 303, cuaderno 1.
5 Folio 30, cuaderno 1.
6 Es menester señalar que el demandante mezcló indistintamente hechos con argumentos jurídicos, por lo cual,
en este acápite se enunciarán solo aquellas afirmaciones que constituyan hechos y, en el siguiente acápite, se
recogerán los planteamientos en que se soporta y desarrolla el concepto de la violación contra los actos
administrativos que dan origen a este proceso.
Expediente: 730012331000201100362 01 (49.005)
Demandante: QBE Seguros S.A.
Demandada: Departamento del Tolima
Acción: Controversias contractuales
3
5.2. Indicó que, con el fin de asegurar el cumplimiento del contrato, QBE expidió
la póliza de seguro de cumplimiento No. 61100001407 en la que figuró como
tomador el Consorcio y como asegurado-beneficiario el Departamento.
5.3. Manifestó que el 23 de octubr e de 2009, el Departamento expidió un auto a
través del cual inició una actuación administrativa cuyo objeto no precisó con
claridad y no vinculó formalmente a la investigación a QBE. Agregó que el 10 de
noviembre de ese año, en respuesta a una solicitud del Consorcio en la que se pedía
el cierre de la actuación, el Departamento ordenó continuar con ella.
5.4. Aseguró que el 18 de noviembre de 2009 el Departamento profirió un auto a
través del cual, por una parte, aclaró y adicionó el decreto de pruebas proferi do
mediante auto del 23 de octubre de dicho año y, por otra, varió el objeto de la
actuación administrativa en tanto persiguió únicamente declarar el incumplimiento
del Consorcio y no liquidar el contrato, como inicialmente lo había dispuesto. Juzgó
que esas decisiones vulneraron su derecho al debido proceso.
5.5. Afirmó que el 31 de marzo de 2010, el Departamento les corrió traslado a “los
interesados” de las cuatro pruebas periciales decretadas en el marco de la actuación
administrativa por el término de 12 días hábiles, término dentro del cual el Consorcio
presentó sendas objeciones por errores graves, las cuales fueron puestas en
conocimiento de los propios peritos el 18 de mayo de 2010 convirtiéndolos
indebidamente en partes procesales. Manifestó que QBE no fue notificada de dichas
actuaciones. Agregó que el 4 de junio de 2010, el Departamento le corrió traslado
al Consorcio de las respuestas de los peritos a las objeciones graves presentadas,
pero no a QBE, que no fue vinculada a dicha actuación.
5.6. Aseveró que el 31 de agosto de 2010, el Departamento profirió la Resolución
No. 926 mediante la cual declaró el incumplimiento del contrato de obra No. 215 de
2006 e hizo efectiva la cláusula penal pactada en cuantía de $517’706.955 y ordenó
su pago de los saldos a deudados al contratista o, en su defecto, con cargo al
amparo de cumplimiento cubierto por la póliza No. 61100001407, pese a que la
vigencia de dicho amparo había terminado el 12 de julio de 2009. Agregó que esa
decisión se opuso al concepto del Departamen to Administrativo de Asuntos
Jurídicos que, antes de iniciar la actuación administrativa, recomendó no sancionar
al Consorcio.
5.7. Expuso que mediante Resolución No. 106 del 18 de noviembre de 2010, el
demandado, a través del Departamento Administrativo de Pl aneación, resolvió los
recursos de reposición presentados por el Consorcio y la aseguradora, en el sentido
de confirmar íntegramente la Resolución No. 926 del 31 de agosto de 2010, con
fundamento en las pruebas periciales irregularmente practicadas. Agregó que el
Departamento ordenó la liquidación unilateral del contrato de obra en el mismo acto
a través del cual resolvió los recursos de reposición.
Los fundamentos de derecho de la demanda
6. En el acápite de fundamentos de derecho, la demandante señaló que las
resoluciones impugnadas violan las siguientes normas jurídicas: el artículo 29 de la
Expediente: 730012331000201100362 01 (49.005)
Demandante: QBE Seguros S.A.
Demandada: Departamento del Tolima
Acción: Controversias contractuales
4
Constitución Política; las leyes 23 de 1991, 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1285 de
2009; los artículos 8 5 y demás normas concordantes del Código Contencioso
Administrativo (CCA) y del Código de Procedimiento Civil (CPC); el Decreto 1061
de 2010 expedido por el Departamento y las disposiciones del contrato de obra No.
215 del 24 de mayo de 2006. El concepto d e violación de estas disposiciones lo
concretó en los siguientes cargos:
6.1. Violación del derecho al debido proceso de QBE
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