Titulación de la relatoría 45.992 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONTRATO DE OBRA / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / MUNICIPIO
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 suscrito por el municipio de Mercaderes se enmarca en las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y en las normas que regulan los contratos de obra pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s menester precisar el régimen jurídico del contrato de obra pública No. LP-OP-01- 2019, que ocupa la atención de la Sala, comoquiera que aquel tiene particular incidencia en la naturaleza que ostenta dicho negocio jurídico y el marco normativo sobre la base del cual se evaluará la controversia sometida a juicio en esta sede judicial. Así las cosas, la Sala encuentra que los artículos 2 y 13 de la Ley 80 de 1993 estipularon que entidades estatales como los municipios están sometidas a dicho estatuto en cuanto a su gestión contractual, de ahí que, dado que el municipio de Mercaderes ostenta tal naturaleza, el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019, que tuvo por objeto el “mejoramiento de las vías terciarias mediante el uso de placa huella entre la cabecera municipal y la vereda de Curacas en el municipio de Mercaderes – Cauca” y fue suscrito por aquel, se encuentra sujeto a ese régimen. Cabe añadir que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como aquel que “celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. De igual manera, en cuanto a su contenido, es de resaltar que la Ley 80 de 1993 establece que las estipulaciones contractuales han de ajustarse a las disposiciones legales que correspondan a la naturaleza y la esencia del negocio jurídico de que se trate, pudiendo las partes acordar libremente, en el marco de su autonomía de la voluntad, las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el ordenamiento jurídico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿La demanda relativa al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 fue presentada dentro del término de dos años previsto en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, contabilizado a partir del vencimiento del plazo para la liquidación bilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Oportunidad del medio de control (…) De conformidad con lo previsto en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA en las pretensiones relativas a contratos, cuando el acuerdo de voluntades no es liquidado, el término para demandar será de 2 años, contados una vez cumplido el término de 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para efectuar el corte de cuentas bilateralmente o, en su defecto, del término de 4 meses siguientes a la terminación del contrato. (…) Así las cosas, vale destacar que el contrato de obra pública No. LP-OP-01- 2019, mediante el cual se convino la intervención de varios tramos viales en el municipio de Mercaderes, tuvo un plazo inicial de 120 días que, no obstante, se extendieron sucesivamente mediante múltiples modificaciones hasta el 4 de abril de 2021. En todo caso, el 16 de marzo de 2021 el acuerdo de voluntades se suspendió, cuando restaban 20 días para que feneciera el término de ejecución, y tal pausa fue prorrogada mediante nuevas modificaciones hasta el 23 de agosto de 2021, sin que luego de esa fecha se haya vuelto a reanudar expresamente. Sobre la suspensión de los contratos, esta Corporación ha sostenido que consiste en la paralización por mutuo acuerdo de las obligaciones derivadas de esos acuerdos de voluntades, por razones como dificultades en su ejecución que se busca superar mientras se hace la pausa en comento, período en el cual los deberes negociales quedan en latencia o estado potencial, sin que, naturalmente, puedan ser exigibles hasta tanto se reanude el interregno de su ejecución. Como se observa, la suspensión contractual no es más que una pausa temporal de los actos jurídicos, dirigida a sanear circunstancias que pueden perjudicar su adecuada ejecución, de suerte que tiene una vocación de temporalidad, pues, precisamente, busca maniobrar dificultades derivadas del objeto negocial para que, una vez superadas, este se concrete sin inconvenientes, de ahí que no es admisible sostener que pueda mantenerse de forma indefinida en el tiempo, pues ello implicaría sujetar indeterminadamente a las partes negociales a las obligaciones a su cargo, lo cual está vedado por el ordenamiento jurídico colombiano, en el que, como ha sostenido esta Subsección, aquellas no pueden ser perpetuas, por cuanto han de extinguirse ya sea por su satisfacción, o por el paso del tiempo, así como “su sujeción a interregnos para que cese su imperatividad es afín a mandatos como la libertad, la seguridad jurídica y la buena fe”. A partir de los anteriores derroteros, para la Sala no cabe duda de que, aunque tras la suspensión del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 con vigencia hasta el 23 de agosto de 2021 no se volvió a dictar un acta de reanudación del acuerdo de voluntades, cierto es que, superado ese plazo, aquel se debía entender restablecido, en atención a que, como se expuso, la paralización referenciada no podía ser indeterminada, y precisamente los cocontratantes fijaron un término máximo de la suspensión. Así las cosas, en criterio de la Sala, el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 se reanudó el 24 de agosto de 2021 y, como para el momento en que fue suspendido por última vez restaban 20 días para la culminación del plazo negocial, dicho interregno se extendió hasta el 12 de septiembre de 2021, aspecto frente al cual se destaca que, tras esa fecha, no volvió a ser prorrogado o ampliado, pese a múltiples requerimientos de la interventoría para ese efecto Aclarado lo anterior, vale destacar que la cláusula vigésima séptima del contrato de obra pública No. LP-OP-01-201928 dispuso que sería pasible de ser liquidado en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, es decir, ante la falta de un plazo convenido por los sujetos negociales, bilateralmente dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del contrato y, unilateralmente, en los 2 meses siguientes, de modo que, comoquiera que el contrato de obra pública No. LP-OP- 01-2019 feneció el 12 de septiembre de 2021 -como fue argumentado anteriormente-, los 4 meses para liquidar bilateralmente el acuerdo de voluntades acontecieron entre el 13 de septiembre y 13 de enero de 2022. (…) Sobre la base de las apreciaciones precedentes, y en concordancia con el criterio establecido en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, citado con antelación, el consorcio Sanjeit contaba con 2 años para ejercer el derecho de acción, que acontecieron pasados dos meses desde el fenecimiento del plazo para la liquidación bilateral, esto es, entre el 14 de marzo de 2022 y el 14 de marzo de 2024 y, considerando que la aquí demandante radicó el escrito inicial el 15 de diciembre de 2022, no cabe duda de que fue allegado en tiempo, sin perjuicio del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que se surtió entre el 10 de agosto y el 5 de octubre de 2022
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la suspensión del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de diciembre de 2025, exp. 25000-23-36-000-2019-00788-01(67537), C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 5 de julio de 2016, exp. 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 10 de marzo de 2025, exp. 54001-23-33-000-2018-00197-01(64009).
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
CONTRATO DE OBRA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / PLANOS DE OBRA PÚBLICA / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿La valoración probatoria acredita que el municipio de Mercaderes incumplió el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 por vulneración del deber de planeación derivada de la omisión en la entrega inicial de los estudios y diseños del proyecto?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]os problemas jurídicos por resolver consisten en determinar si el Tribunal Administrativo del Cauca: i) Cometió una indebida valoración probatoria por concluir que el municipio de Mercaderes no incurrió en una falta al deber de planeación y, por tanto, no incumplió el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019, porque se demostró que el negocio objeto de la disputa se traslapó con uno departamental, dicha entidad territorial no contaba con los estudios y diseños del proyecto desde un comienzo, hubo fallas en el alcantarillado, y el Covid-19 le impuso al contratista cargas injustificadas, o si por el contrario le asistió razón al tribunal de primera instancia en su decisión, al no existir pruebas que demostraran los sucesos que según la parte actora representaron un desconocimiento de la planificación contractual. (...) la Sala anticipa que no le asiste razón a la parte apelante en su reparo, pues de las pruebas aportadas por aquella no se deriva alguna falta al principio de planeación que haya devenido en un incumplimiento del municipio de Mercaderes (...) Frente al cargo de apelación según el cual el municipio de Mercaderes desconoció el principio de planeación y, por ende, incumplió el contrato de obra pública No. LPOP- 01-2019, es oportuno comenzar por señalar que el Estado colombiano, con el fin de cumplir sus objetivos constitucionales y legales, se encuentra habilitado para suscribir contratos con los particulares, en virtud de lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP-, conformado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su normativa modificatoria, para lo cual acuerda con aquellos llevar a cabo obligaciones de dar, hacer o no hacer, que son producto de un análisis de costo-beneficio y que persiguen tanto que los cocontratantes se vean favorecidos por la ejecución del objeto negocial, como que los derechos de los individuos sean efectivos. Por lo tanto, la materialización del contenido obligacional del contrato estatal es trascendental para que las competencias y deberes de las entidades sometidas bajo el EGCAP se concreten y, a la postre, es una expresión de los principios de la función pública, especialmente el de eficacia, que persigue que las actuaciones administrativas surtan efectos prácticos y no se limiten a su consagración jurídica, de ahí que cuando ese objetivo se ve truncado la función pública queda a medio camino y, por ende, los derechos y necesidades ciudadanas quedan insatisfechos. (...) Con todo, las partes de los contratos estatales están investidas para, en virtud de la autonomía de la voluntad, gestionar directamente las vicisitudes que puedan presentarse como resultado de una falta al deber de planeación, mediante figuras (...) Visto lo anterior, para la Sala es claro que el consorcio Sanjeit considera que el municipio de Mercaderes incurrió en una falta al deber de planeación con ocasión del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 por múltiples vicisitudes que le atribuye a la falta de diligencia de la entidad territorial, aspectos que, en virtud del principio de congruencia, y en sintonía con la conceptualización previamente esbozada, corresponde analizar bajo la óptica del incumplimiento, pues así fue planteado por la parte actora y, bajo esa línea, se estructuró la litis - (...) Así las cosas, cabe resaltar que las causas que el consorcio Sanjeit considera como consecuencias del desconocimiento del principio de planeación son la superposición del acuerdo de voluntades objeto del litigio con uno departamental frente al mismo tramo vial, la falta de estudios y diseños por parte del municipio de Mercaderes, falencias en el alcantarillado y el Covid-19. Bajo esa senda argumentativa, la Sala pasará a separar el análisis entre aquellas situaciones que no se demostraron en esta instancia y las que se acreditaron en el proceso (...) En lo atinente a las dificultades no demostradas en esta instancia se encuentra la supuesta falta de estudios y diseños iniciales por parte del municipio de Mercaderes, respecto de la cual esta Subsección únicamente encontró simples afirmaciones, mas no un hecho fehaciente y diáfano que evidenciara que la entidad territorial se abstuvo de aportar esos documentos al contratista desde los primeros estadios de la ejecución negocial (...) Para la Sala, los anteriores antecedentes no acreditan que el municipio de Mercaderes se hubiera abstenido de remitir al consorcio Sanjeit la versión inicial de los estudios y diseños del proyecto, en especial si se tiene en cuenta que en el propio contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 los cocontratantes expresaron de manera clara que los estudios y documentos previos fueron elaborados por el municipio de Mercaderes. Por el contrario, simplemente se encuentra que el consorcio Interobras, en calidad de interventor del proyecto, requirió a la entidad territorial contratante para que presentara la versión inicial de los documentos en cuestión, sin que haya cumplido esa carga, lo cual no quiere decir que no los haya presentado en los primeros estadios del procedimiento de ejecución. Por lo demás, aunque el consorcio Sanjeit también referenció en su apelación los oficios del 27 de agosto, 16 y 29 de septiembre y 20 de octubre de 2021, de su lectura integral, no evidencian de forma alguna referencia al supuesto hecho de que el municipio de Mercaderes se hubiera abstenido desde un inicio de entregar los estudios y diseños al contratista (...) Expresado en distintos términos, tal y como lo concluyó el Tribunal Administrativo del Cauca, y como se anticipó párrafos atrás, no hay pruebas en el expediente sobre el hecho de que, supuestamente, el municipio de Mercaderes se hubiera abstenido de la carga de remitir los estudios y diseños iniciales del proyecto al consorcio Sanjeit, por lo que, subsiguientemente, no está acreditada una falta al deber de planeación de la demandada frente a ese aspecto, y mucho menos su incumplimiento. En contraposición, lo que sí se demostró es que, en no pocas ocasiones, el consorcio Interobras requirió al consorcio Sanjeit para que subsanara sendos errores de dichos documentos en su proceso de actualización, lo cual no se encuentra justificado en el actuar de la Administración (...) Así las cosas, la Sala advierte que la prueba sobre la abstención atribuida del municipio de Mercaderes sobre la entrega de los estudios y diseños iniciales era fundamental para poderle atribuir responsabilidad a la entidad territorial por un incumplimiento derivado de la referida omisión, sin que la simple afirmación de ello tenga la vocación de dar por sentada la mora obligacional, y sin que mucho menos sea dable trasladar la carga de probar tal circunstancia a la demandada, pues el proceso contencioso administrativo, que en esencia es rogado, exige a quien activa el funcionamiento del aparato judicial demostrar los supuestos de hecho que invoca desde su escrito inicial, so pena de que lo pedido sea negado por el juez de instancia. En tal virtud, contrario a existir prueba de que el municipio de Mercaderes omitió la entrega de estudios y diseños, está demostrado, como se expuso, que el consorcio Sanjeit actuó bajo la premisa de que estos habían sido entregados, ajustándolos para luego remitirlos a la interventoría, sin que en las distintas versiones que de tal escrito técnico se efectuaron se dejara constancia de que, supuestamente, la contratante no entregó su versión inicial, motivo por el cual no es válido que ahora la parte apelante pretenda advertir situaciones frente a las cuales durante la ejecución negocial manifestó su total conformidad, en concordancia con la teoría de los actos propios, en virtud de la cual el sujeto negocial no puede ir contra sus declaraciones de voluntad (...) En ese orden de ideas, la Sala desestima el cuestionamiento del consorcio Sanjeit, según el cual el a quo erró al concluir que no se demostró que el municipio de Mercaderes se hubiera abstenido de entregar los estudios y diseños iniciales al contratista, ya que no existe prueba que demuestre la supuesta omisión y, por tanto, no se acreditó una falta al principio de planeación pasible de un incumplimiento por esa circunstancia. (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad de las partes del contrato para gestionar sus visicitudes, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2021, exp. 25000-23-26-000-2011-00696-01(48427), C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de julio de 2013, exp. 73001-23-31-000-1997-14722-01(25131), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2024, exp. 73001-23-33-000-2018-00169-01(70786), C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 17 de junio de 2024, exp. 20001-23-31-000-2014-00052-01(58641), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de octubre de 2024, exp. 52001-23-33-000-2018-00555-01(67567), C.P. Nicolás Yepes Corrales.
CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / CONTRATO DE CONSULTORÍA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La superposición entre el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 y un contrato departamental de consultoría sobre el mismo tramo vial configura una vulneración del deber de planeación que sustenta el incumplimiento contractual atribuible al municipio de Mercaderes, aun cuando las partes adoptaron medidas para superar la contingencia y no obra prueba de afectación a la ejecución contractual ni de perjuicios derivados de dicha situación?
Respuesta al problema jurídico: No
Superado lo anterior, en lo concerniente a aquellas circunstancias que se acreditaron en el proceso, se encuentran la superposición del acuerdo de voluntades objeto del litigio con uno departamental frente al mismo tramo vial, falencias en el alcantarillado y el Covid-19, respecto de las cuales, de entrada, la Sala evidencia que, en virtud de la autonomía de la voluntad, las partes implementaron múltiples modificaciones al contrato de obra pública No. LP-OP-01- 2019 para enmendar tales dificultades, sumado a lo cual no se acreditó la causación de perjuicios por esas circunstancias, ni se dejó en suspenso su futura discusión, motivo por el cual no puede ahora el contratista pretender justificar la falta de conclusión del objeto contractual con base en ello, o alegar un incumplimiento del municipio de Mercaderes como resultado de esos sucesos, como se explicará a continuación. (...) En esa medida, frente a la superposición de contratos sobre el tramo objeto de la obra, está demostrado que, el 10 de agosto de 2020, el consorcio Interobras le remitió al municipio de Mercaderes una solicitud de adición del plazo del contrato debido a que se encontró que la gobernación del Cauca tenía un contrato de consultoría para elaborar los estudios y diseños para el mejoramiento de la misma vía, aspecto frente al cual se avaló la suspensión del proyecto mediante acta del 5 de marzo de 2020. Con todo, a través del convenio interadministrativo No. 0947 de 2020 el Invías y el municipio de Mercaderes subsanaron los inconvenientes y mantuvieron en cabeza de la entidad municipal la responsabilidad de la carretera, motivo por el cual se reanudó el acuerdo de voluntades a partir del 14 de julio de 2020 (hechos probados Nos. 7.1.2.4. y 7.1.3.8.). Sobre la base de los sucesos precedentes, para esta Subsección es palmario que, aunque en un principio el municipio de Mercaderes no se percató de que existía un contrato de consultoría en el nivel departamental frente al mismo trayecto de la carretera que se iba a remodelar con ocasión del contrato de obra pública No. LPOP- 01-2019, cierto es que, desde el mismo momento en que se identificó la situación, el negocio jurídico se suspendió a la espera de aclarar quién habría de proseguir con la obra, tras lo cual el Invías y la entidad municipal referida mantuvieron en cabeza de esta última la competencia para promover la intervención vial, de suerte que se reanudó el acuerdo de voluntades sin dificultad, con la claridad de que el consorcio Sanjeit podía seguir adelante con el objeto a su cargo. Así las cosas, mediante la suspensión del 5 de marzo de 2020 y la posterior reanudación del contrato el 14 de julio del mismo año, se acreditó que los cocontratantes identificaron la dificultad derivada de la concurrencia de contratos y adoptaron medidas encaminadas a superarla, para lo cual adelantaron gestiones directas ante el Invías. Como resultado de estas, se estableció que la gestión del tramo de carretera objeto de intervención permanecía en cabeza del municipio de Mercaderes, circunstancia a partir de la cual las partes acordaron reanudar la ejecución del contrato (...) En ese contexto, el alcance de lo convenido permite establecer que la suspensión estuvo dirigida a esclarecer la incidencia que la concurrencia de contratos tenía sobre la ejecución de las obras y que, una vez definido que el municipio de Mercaderes conservaba la gestión del tramo por intervenir, las partes entendieron removido el obstáculo que había dado lugar a la suspensión y, en tal virtud acordaron reanudar la ejecución del contrato, de ahí que la sola existencia de aquella concurrencia no permita atribuirle los efectos que ahora se reclaman en sede judicial, pues correspondía a la demandante acreditar que, pese a las medidas adoptadas y a la posterior reanudación del contrato, sus efectos persistieron y produjeron consecuencias que incidieron en la ejecución del negocio, lo cual no se encuentra demostrado en el presente asunto. En ese sentido, se evidencia que por más que la anterior circunstancia sea una falencia acreditada en el expediente, los cocontratantes decidieron gestionarla y superarla directamente, mediante figuras como la suspensión contractual, sin que se encuentre que hubiera quedado en vilo o incertidumbre, pues, tras ello, se dejó toda claridad de que el consorcio Sanjeit podía proseguir con la ejecución negocial, sin que a este último le hubiera merecido algún reparo posterior por cuenta de la aludida vicisitud, que como ya se dijo, fue superada personalmente por los cocontratantes. Adicionalmente, no se puede perder de vista que, de todos modos, el contrato frente al cual hubo una superposición con el intervalo vial a intervenir era de simple consultoría para elaborar unos estudios y diseños, razón por la cual la gobernación del Cauca nunca hizo una intervención efectiva en la carretera, ni perturbó las actividades del consorcio Sanjeit antes, durante o después de la situación presentada, por lo que no es de recibo para esta Sala que aquel considerara que la deficiencia en cuestión le impidió ejecutar el objeto negocial, cuando tuvo todas las garantías para llevarlo a cabo. Bajo esa perspectiva, la Sala concluye que no le asiste razón al consorcio Sanjeit en que la superposición de contratos sobre el mismo tramo fuera una falta al deber de planeación pasible de un incumplimiento del municipio de Mercaderes, pues se trató de una dificultad que fue superada directamente por todos los involucrados y no se acreditó que hubiera imposibilitado la ejecución del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019, ni mucho menos que le hubiera causado algún menoscabo al esquema consorcial apelante.
CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MUNICIPIO / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / COVID 19 / OLA INVERNAL / RED DE ALCANTARILLADO / ALCANTARILLA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿El municipio de Mercaderes incurrió en incumplimiento contractual atribuible al desconocimiento del principio de planeación, a raíz de las deficiencias del alcantarillado, la temporada invernal, la pandemia por Covid-19 y las demás vicisitudes surgidas durante la ejecución del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019, con afectación del objeto contractual y causación de perjuicios al Consorcio Sanjeit?
Respuesta al problema jurídico: No
Ahora bien, frente a las falencias en el alcantarillado, está acreditado que la suspensión No. 2 del contrato de obra pública se originó en la necesidad de superar múltiples dificultades acaecidas con las aguas residuales por la temporada invernal y, por tanto, se mantuvo la pausa negocial mediante distintas actas sucesivas que culminaron con el “acta de prórroga No. 5 de suspensión No. 2”, en la que el contrato se mantuvo pausado hasta el 23 de agosto de 2021, y se volvió a reanudar para finalizar el 12 de septiembre de 2021. Posteriormente, la propia interventoría advirtió que tal circunstancia estaba superada (...) En cuanto a las supuestas vicisitudes presentadas por el Covid-19, está probado que, debido a la pandemia producto de ese virus, el 11 de junio de 2020 el consorcio Sanjeit entregó un protocolo de bioseguridad al consorcio Interobras sobre medidas preventivas en la obra, así como la prórroga No. 1 se justificó, entre otros, en otorgar un mayor plazo al contratista en compensación por las actividades que desplegó debido a la referida circunstancia (...). Sobre la afectación del sistema de alcantarillado de la vía por la temporada invernal y el Covid-19 y la pandemia producto de aquel, la Sala estima que, aunque se alegaron como circunstancias que son producto de “una falta al deber de planeación”, el consorcio Sanjeit no demostró de qué manera habrían podido gestionarse de forma anterior al acuerdo de voluntades y, además, se abstuvo de aportar la matriz de riesgos enunciada en el contrato de obra pública No. LP-OP- 01-2019 (...), aspecto sin el cual no es posible para esta Sala pasar a determinar a quién le habría correspondido gestionarlos y, por tanto, cuál de los dos cocontratantes habría resultado eventualmente responsable por su hipotética indebida gestión. En todo caso, de los hechos referidos anteriormente es claro que, al igual que con las otras vicisitudes presentadas, las partes procuraron tomar medidas como la suspensión y/o el incremento del plazo del acuerdo de voluntades, con el propósito de conjurar cualquier dificultad que se hubiera presentado por cuenta de ello, sin que, entonces, esté demostrado que por las circunstancias en comento se impidió la concreción del objeto negocial y/o se causó algún perjuicio. Efectivamente, está acreditado que la prórroga No. 1 -sin fecha- se justificó en el hecho de que el consorcio Sanjeit tuvo que implementar protocolos de bioseguridad con ocasión del Covid-19 (...); sin embargo, ninguno de los demás acuerdos modificatorios se sustentó en la referida situación, o en alguna otra circunstancia -adversa o no- por cuenta del virus en cuestión, sin que, igualmente, esté acreditado que se hubieran dejado en vilo circunstancias pendientes de resolver sobre ese punto, entre otros, porque las siguientes reformas al contrato se fundamentaron en otras dificultades, lo que revela que, en línea con el material probatorio disponible, los cocontratantes dieron por superada la referida falencia. A lo anterior se agrega que no se evidenció que por cuenta de los protocolos de bioseguridad por el Covid-19, el consorcio Sanjeit hubiera asumido perjuicios o costos adicionales, pues, entre otros, ni se alegó en la demanda o la apelación el menoscabo específico que padeció por ello, ni mucho menos se aportó prueba alguna dirigida a demostrar alguna circunstancia de esa naturaleza. Similar escenario se configura frente a las vicisitudes por la temporada invernal, respecto de las cuales se suscribió la suspensión No. 2 para conjurar tal circunstancia y, a su vez, se celebraron las prórrogas Nos. 1. a 5 de tal acuerdo modificatorio (...), aunque, para el 27 de agosto de 2021, la propia interventoría advirtió que se había superado esa circunstancia, por lo que exhortó a los sujetos negociales para reanudar el acuerdo de voluntades (...). Para la Subsección, los hechos anteriores revelan que las deficiencias por la temporada invernal se gestionaron directamente por el municipio de Mercaderes y el contratista aquí demandante por medio de las reformas al contrato, sin que hubieran alegado en sí la existencia de perjuicios por tal circunstancia, y sin que tampoco aquellos hayan sido demostrados, lo que lleva a concluir que, simplemente, se está ante una vicisitud que, al igual que las otras presentadas, fue maniobrada por los sujetos del negocio jurídico, sin prueba de una consecuencia derivada de ella y mucho menos de menoscabo. Sobre fenómenos como la pandemia por el virus del Covid-19 o las temporadas invernales, es oportuno aclarar que pueden constituir circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, así como de desequilibrio económico, según cada caso,para lo cual debe evaluarse con un alto rigor probatorio si aquellas causaron una afectación al objeto de los contratos de tal magnitud que impidió su ejecución total o la tornó ostensiblemente más onerosa, escenario que exige estudiar aspectos como la distribución de riesgos, las actuaciones que desplegaron los cocontratantes para conjurar tales circunstancias y la magnitud de las eventuales afectaciones que pudieron tener, sin que, por consiguiente, el solo hecho de invocar esos sucesos lleve a que, automáticamente, el juez contencioso administrativo deba acceder a una indemnización o compensación. Es así como, en los anteriores escenarios, le asiste la carga a quien alega una afectación por sucesos de la naturaleza o circunstancias catastróficas de demostrar que de una u otra forma el objeto negocial del contrato estatal se vio afectado y que ello le representó un menoscabo a una o ambas partes, lo cual no sucedió frente al consorcio Sanjeit, ya que se restringió a alegar que el Covid-19 y la crisis invernal le impidieron culminar el objeto negocial del contrato de obra pública No. LP-OP-01- 2019, mas no existe evidencia de que las referidas circunstancias hayan frenado la correcta realización de las obligaciones negociales o hayan causado perjuicios a alguno de los cocontratantes. A partir de todo lo analizado, la Sala encuentra que el consorcio Sanjeit no acreditó que el municipio de Mercaderes se hubiera abstenido de entregar los estudios y diseños iniciales, sumado a lo cual tampoco demostró que circunstancias como la superposición de contratos sobre la misma área de obra, fallas en el alcantarillado por la temporada invernal y el Covid-19 le hubieran impedido ejecutar cabalmente el objeto contractual, pues, además de que no existen evidencias concretas sobre de qué forma ello impidió la satisfacción obligacional del contratista, está suficientemente demostrado que, para evitar y/o conjurar cualquier dificultad que se hubiere podido presentar, los cocontratantes acudieron a suspender y/o ampliar el plazo del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 en distintas ocasiones, sin que el consorcio Sanjeit formulara algún reparo frente a cada ajuste efectuado mediante las diferentes actas suscritas. Tampoco se demostró que por las dificultades que enfrentó el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 el consorcio Sanjeit hubiera tenido que asumir perjuicios, pues aquellos ni siquiera se detallaron en la demanda y/o apelación y, adicionalmente, no existen pruebas que revelen algún menoscabo en cabeza del contratista. En tal virtud, y considerando que la parte apelante atribuyó al municipio de Mercaderes una desatención obligacional como resultado de una falta al principio de planeación, la Subsección pone de presente que, en aquellos eventos en que se alega un incumplimiento contractual, es necesario encontrar demostrado en el proceso que la obligación derivada del negocio jurídico celebrado fue totalmente incumplida o se cumplió de manera defectuosa y/o tardía por la parte demandada, debiendo acreditarse, igualmente, que la mora produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que reclama la responsabilidad y el vínculo de causalidad entre el incumplimiento y el daño (...) De ese modo, es carga del actor demostrar todos los elementos de la responsabilidad y, dentro de ello, no solamente el incumplimiento de la obligación a cargo de la demandada, sino también el menoscabo que ello le produjo, para lo cual se debe tener en cuenta que el deudor debe cumplir su obligación cuando la misma es exigible, circunstancia que se presenta: i) cuando es pura y simple, desde su nacimiento; ii) si está sujeta a plazo, al vencimiento del mismo y iii) si es condicional, al cumplirse la condición. Ahora bien, si una vez la obligación es exigible y la misma no es satisfecha por el deudor, se produce el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía, pero para que tal retardo permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, es necesario además: i) que el incumplimiento sea imputable al deudor; ii) que el acreedor haya sufrido perjuicios como consecuencia de tal desatención obligacional y iii) que si la obligación es positiva, el deudor esté constituido en mora. (...) Descendiendo al caso concreto, el consorcio Sanjeit no demostró la concurrencia de los anteriores elementos para predicar la responsabilidad contractual del municipio de Mercaderes, ante la ausencia de pruebas que demostraran la existencia de dificultades constitutivas de perjuicios en su contra que no hubieran sido gestionadas por los sujetos negociales, tanto así que ni siquiera aportó toda la información sobre varias de las modificaciones y, en general, se restringió a presentar múltiples informes de la interventoría que, simplemente, dan cuenta de algunas vicisitudes y de su correcta gestión, sin que su magnitud o sus perjuicios se puedan determinar con la escasa información disponible. Es así como, del querer del consorcio Sanjeit y el municipio de Mercaderes - estudiado respecto a cada una de las modificaciones al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019, en concordancia con la información disponible en las pruebas aportadas- únicamente se evidencia una intención clara, auténtica y fidedigna de superar las circunstancias presentadas frente a la ejecución negocial, sin haber formulado reparos o haber quedado en vilo para su discusión posterior aspectos derivados de las referidas situaciones, lo que, en concordancia con la jurisprudencia de unificación sobre salvedades, denota que las dieron por superadas para todos los efectos, siendo esa su intención real, sin que, de todos modos, se encuentre que ello les causó perjuicios a alguno de aquellos. Bajo los derroteros precedentes, es claro que la responsabilidad contractual por un incumplimiento derivado del desconocimiento del principio de planeación no fue demostrada por el consorcio Sanjeit, quien, como lo advirtió el a quo, se restringió a hacer simples conjeturas y afirmaciones sobre sucesos cuya acreditación no fue probada, lo que constituye argumento suficiente para concluir que no es posible atribuir responsabilidad contractual alguna al municipio de Mercaderes como producto del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 por no haberse evidenciado que incurriera en alguna falta al deber de planeación que deviniera en un incumplimiento contractual. Como consecuencia de ello, ante la falta de prueba de una responsabilidad patrimonial en cabeza de la entidad demandada, el primer subcargo de apelación no prospera.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre fenómenos como la pandemia por el virus del Covid-19 o las temporadas invernales, pueden constituir circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de junio de 2021, exp. 08001-23-31-000-2013-00188-02 (63344), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la forma de probar el desequilibrio económico, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2019, exp. 25000-23-36-000-2013-02029-01(59309), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 9 de marzo de 2021, exp. 5659; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 11 de agosto de 2025, exp. 05001-23-33-000-2022-01017-01 (72178), C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre el deber del actor de demostrar todos los elementos de la responsabilidad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 18 de noviembre de 2021, exp. 47001-23-33-001-2013-00363-01(61641), C.P. Alberto Montaña Plata. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 4 de julio de 1992, exp. 6461. Sobre el alcance de las salvedades y de los acuerdos modificatorios en materia contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2023, exp. 05001-23-31-000-1999-02151-01 (39121), C.P. Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 23 de septiembre de 2024, exp. 41001-23-33-000-2012-00184-02 (65351), C.P. Nicolás Yepes Corrales.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Procede efectuar la liquidación judicial del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 ante la insuficiencia de pruebas sobre los costes de ejecución y los pagos efectuados?
Respuesta al problema jurídico: No
No existen elementos probatorios idóneos para liquidar el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 Frente al reproche del consorcio Sanjeit en virtud del cual el Tribunal Administrativo del Cauca dejó de resolver la cuestión central del litigio al abstenerse de liquidar el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 y emitir una sentencia inhibitoria ante la falta de pruebas para definir el corte de cuentas, aspecto frente al cual, en lugar de ello, debió proceder a realizar el balance de la relación negocial, la Sala considera, de entrada, que no le asiste razón a la parte apelante en su reparo, debido a que, como se explicará, la decisión del a quo fue denegatoria y no inhibitoria, así como se sustentó en la realidad probatoria. (...) Bajo el anterior supuesto, es importante diferenciar entre las decisiones que niegan las pretensiones de la demanda, de aquellas que se inhiben para conocer un asunto, pues mientras las primeras son producto de un análisis de fondo de la contienda, las segundas simplemente terminan el proceso sin haber tomado postura sobre las pretensiones de la demanda, por lo que, naturalmente, no constituyen un pronunciamiento de fondo. Aclarada la distinción en referencia, no existe duda de que el Tribunal Administrativo del Cauca no dictó una sentencia inhibitoria frente a la pretensión de liquidación judicial presentada por el consorcio Sanjeit, sino que, por el contrario, la negó, pues, de un análisis de fondo, no se encontraron pruebas que permitieran establecer las cuentas producto de la ejecución del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019, sin que, como lo adujo la apelante, le correspondiera desplegar sus poderes para procurar a toda costa la prosperidad de dicha petición, pues ello desconocería el carácter rogado -que no oficioso- del proceso contencioso administrativo e, igualmente, constituiría una afrenta a la imparcialidad judicial, ya que implicaría contribuir a la prosperidad de la litis en favor de una de las partes, cuando la labor judicial consiste en resolver los litigios con apego exclusivo a las pruebas aportadas. Por otro lado, de la revisión acuciosa de las pruebas aportadas no se encuentra certeza sobre los montos ejecutados y pagados como resultado del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019, dado que, inclusive, y como ya fue expuesto, su terminación se dio el 12 de septiembre de 2021, una vez fenecido el plazo restante de la ejecución tras la última suspensión de que fue objeto (...), sumado a lo cual existe evidencia de que el objeto negocial no culminó correctamente, dado que se encontraron más de 287 fisuras, tramos sin pavimentar, falta de accesos a los predios aledaños, ausencia de recolección de basuras, alcantarillas abiertas, inaccesos para evacuar el agua y tuberías colmatadas, información sin la cual no es posible definir cuáles fueron los costos reales asumidos por el contratista y los efectivamente reconocidos por la contratante para así realizar el balance pedido (...) Sobre ello, se destaca que corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en virtud de lo previsto en el artículo 167 del CGP, lo que no sucedió en el sub-examine, pues el consorcio Sanjeit no solo no demostró incumplimiento alguno del municipio de Mercaderes, sino que no allegó elementos suficientes para poder determinar un corte de cuentas producto de la relación negocial en sede judicial (...) de ahí que la Sala esté relevada para efectuarlo cuando no tiene certeza de los costos y pagos realizados. Así las cosas, la Sala desestima el segundo subcargo de apelación, por no existir pruebas que permitan liquidar el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019. En atención a lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia anticipada del 24 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por no haberse demostrado que el municipio de Mercaderes incurrió en una falta al principio de planeación pasible de incumplimiento frente al contrato de obra pública No. LP-OP- 01-2019, así como tampoco se aportaron elementos de prueba suficientes para establecer con claridad un balance de cuentas producto de la relación negocial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las sentencias inhibitorias, ver: Corte Constitucional, sentencia C-666 del 28 de noviembre de 1996, exp. D-1357, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; Corte Constitucional, Sobre las facultades oficiosas del juez, ver: Auto A-009 del 19 de enero de 2022, exp. CJU-359, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas de segunda instancia contra la parte cuyo recurso de apelación obtuvo decisión desfavorable, con exclusión de agencias en derecho cuando la contraparte careció de intervención en esa instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 1 del artículo 365 del CGP dispuso que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la medida de su comprobación96 . Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia al consorcio Sanjeit, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, ya que aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que, de todos modos, en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, ya que la demandada no intervino en segunda instancia, de modo que aquellas no se causaron.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la improcedencia de las agencias en derecho, ya que la demandada no intervino en segunda instancia, de modo que aquellas no se causaron, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 17001-23-33-000-2012-00176-01 (51034), C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366