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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la acción contractual se ejerció en tiempo

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Fecha
2024-03-13
Radicado
05001233100020120025701
Número interno
60908
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
INGENIERIA CIVIL Y ASESORIAS TECNICAS S.A.S.
Demandado
FUNDACION BUEN GOBIERNO - FUNDACIÓN CUBO, MUNICIPIO DE TURBO ANTIOQUIA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la acción contractual se ejerció en tiempo

Lo que dijo la Sala

En este contencioso está acreditado que el contrato núm. 0069 fue celebrado el once (11) de agosto de dos mil nueve (2009), con un plazo de ejecución de seis (6) meses, que, al haber concluido, daba inicio al plazo de liquidación bilateral y unilateral de cuatro (4) y dos (2) meses, respectivamente, según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, al computar el término de caducidad previsto en el artículo 136.10.d) del CCA desde el doce (12) de agosto de dos mil diez (2010), cuando concluyó la fase de liquidación, con la radicación de la demanda el diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012), el derecho de acción fue ejercido en tiempo.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando el contrato concluye sin liquidación, los términos de liquidación bilateral de cuatro meses y unilateral de dos meses se cuentan desde la finalización del plazo de ejecución, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y la caducidad se computa desde que concluye esa fase. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el plazo de ejecución dio inicio a los términos de liquidación previstos en la ley, lo que fija el punto de partida del término bienal del artículo 136.10 literal d del Código Contencioso Administrativo. Segunda, la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin justa causa tiene un término bienal propio del artículo 136.8, que se cuenta desde que el demandante adquirió certeza de la negativa de reconocimiento. Tercera, incluso tomando la fecha menos favorable al demandante, la demanda se presentó dentro del término. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera la línea de la Subsección C citada en su nota de relatoría. La consecuencia práctica es que el término de caducidad debe fijarse desde la liquidación o la negativa, y no desde la terminación de la ejecución.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La acción contractual se ejerció en tiempo, esto es dentro de los dos años a cuando concluyó la fase de liquidación y la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin justa causa, dentro del termino contado desde que el demandante adquirió certeza del no reconocimiento de las sumas reclamadas?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 01 de 1984, arts. 136 núm. 10 y 136 núm. 8
  • Ley 1150 de 2007, art. 11

También resuelve

  • ¿En el presente asunto, el Municipio está legitimado en la causa por pasiva, cuando hay dos pretensiones diferentes, una contractual y no fue parte del contrato y la otra, subsidiaria…
  • ¿El contrato núm. 0069 de 2009 celebrado entre la Fundación e Ingetec debe, por su naturaleza, constar por escrito?
  • ¿Incumplió la Fundación el contrato núm. 0069 de 2009 por la falta de reconocimiento de mayores cantidades de obras y de obras adicionales?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN CONTRACTUAL CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRETENSIÓN PRINCIPAL PRETENSIÓN SUBSIDIARIA MUNICIPIO ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN CONTRATO ESCRITO SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL SOLEMNIDAD DEL CONTRATO COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ALCANCE DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ENTIDAD DESCENTRALIZADA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS ENTIDAD DESCENTRALIZADA INDIRECTA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL HECHO IMPREVISIBLE INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA OBRA PÚBLICA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

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Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Prestaciones ejecutadas sin contrato

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Titulación de la relatoría 26.863 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN CONTRACTUAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La acción contractual se ejerció en tiempo, esto es dentro de los dos años a cuando concluyó la fase de liquidación y la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin justa causa, dentro del termino contado desde que el demandante adquirió certeza del no reconocimiento de las sumas reclamadas? Respuesta al problema jurídico: Si En este contencioso está acreditado que el contrato núm. 0069 fue celebrado el once (11) de agosto de dos mil nueve (2009), con un plazo de ejecución de seis (6) meses, que, al haber concluido, daba inicio al plazo de liquidación bilateral y unilateral de cuatro (4) y dos (2) meses, respectivamente, según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, al computar el término de caducidad previsto en el artículo 136.10.d) del CCA desde el doce (12) de agosto de dos mil diez (2010), cuando concluyó la fase de liquidación, con la radicación de la demanda el diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012), el derecho de acción fue ejercido en tiempo. El término bienal de caducidad de la pretensión subsidiaria de enriquecimiento sin justa causa, previsto en el artículo 136.8 del CCA, debe contarse a partir de la fecha en que el demandante adquirió certeza del no reconocimiento de las sumas reclamadas por la prestación que, según aduce, generó un enriquecimiento injustificado, en este caso, por el costo de la construcción del jardín social. En ese orden de ideas, incluso de considerar como fecha cierta de esa negativa la menos favorable al extremo actor, esto es, la que coincide con los oficios de veintiséis (26) de noviembre de dos mil diez (2010) y catorce (14) de enero de dos mil once (2011), con los que la firma actora le solicitaba al Municipio el reconocimiento y pago de obras ordinarias y de obras extras, la acción fue incoada dentro del lapso prescrito. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ejercicio oportuno de la acción por enriquecimiento sin justa causa, ver: Consjejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencias del 12 de julio de 2017, exp. 25000-23-26-000-2003-01960-01(35837), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; del 31 de mayo de 2019, exp. 76001-23-31-000-2004-05104-01(44063), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y del 15 de diciembre de 2021, exp 25000-23-36-000- 2014-00617-01(56400), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRETENSIÓN PRINCIPAL / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / MUNICIPIO Problema jurídico: ¿En el presente asunto, el Municipio está legitimado en la causa por pasiva, cuando hay dos pretensiones diferentes, una contractual y no fue parte del contrato y la otra, subsidiaria, por enriquecimiento sin causa por la construcción de unas obras? Respuesta al problema jurídico: Si En la demanda, la parte actora acumuló dos tipos de pretensiones diferenciables. En relación con las principales, se trata de aquellas derivadas de una relación contractual (incumplimiento y desequilibrio económico); las subsidiarias persiguen la compensación derivada del enriquecimiento sin justa causa. (...) Esto, en materia procesal, permite denotar una acumulación objetiva de pretensiones, alternativa válidamente ejercida por la parte actora como quiera que es una facultad derivada del entonces vigente artículo 82 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) , e implica que las pretensiones derivadas del negocio jurídico deben encauzarse a través de la acción de controversias contractuales, y si estas no prosperan, habilitarían el pronunciamiento mediante la actio in rem verso, que en el contexto contencioso administrativo es tramitada mediante la acción de reparación directa. (...) Dicho esto, desde la óptica de las pretensiones principales, es comprensible que el razonamiento del Tribunal haya concluido que el Municipio carece de legitimación en causa por pasiva para comparecer a este juicio porque, a diferencia de la Fundación, la entidad no es parte del contrato, condición que principalmente exige el ordenamiento jurídico para demandar y ser demandado por la vía diseñada para dirimir las controversias contractuales. Empero, si las pretensiones principales no pueden ser estudiadas de fondo respecto del Municipio demandado, esto no impide que sí puedan serlo frente a las súplicas planteadas como subsidiarias, dado el propósito de acudir a dicha técnica en la formulación de la demanda, en tanto son tramitadas por el mismo procedimiento y el juzgador es competente para conocerlas de manera conjunta. (...) En ese orden de ideas, Ingetec y la Fundación están legitimados en causa, por activa y por pasiva, respecto de las pretensiones contractuales formuladas como principales, que siguen el cauce correspondiente a la solución de este tipo de conflictos jurídicos. Por otra parte, en vista de que no puede ser enjuiciada por la vía de la controversia contractual por no ser parte del negocio jurídico, de no prosperar las pretensiones en contra de la Fundación incoadas por la vía principal para ello, sería del caso estudiar si el Municipio se enriqueció injustificadamente por la construcción de las obras. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la acumulación de pretensiones contractuales y de reparación directa, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 08001-23-31-000-1998-00748-01(24020), C.P. Enrique de Jesús Gil Botero; Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, (exp. 24897), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y sobre la legitimación en la causa, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 12 de agosto de 2019, exp. 25000-23-26-000-2002- 01599-01(38603), C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 31 de mayo de 2022, exp. 25000-23-26-000-2012-00108-01(52031), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 82 ASOCIACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO ESCRITO / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / ENTIDAD DESCENTRALIZADA Problema jurídico: ¿El contrato núm. 0069 de 2009 celebrado entre la Fundación e Ingetec debe, por su naturaleza, constar por escrito? Respuesta al problema jurídico: Si A partir del hecho afirmado y no controvertido que se corrobora con lo consignado en el contrato núm. 0069 de 2009, la Fundación fue creada a partir de la asociación entre entidades públicas referida en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998; disposición rectora del régimen jurídico de las asociaciones entre entidades públicas (...) No obstante, ha de tomarse en consideración que, con ocasión del estudio de la constitucionalidad de este precepto, la Corte Constitucional moduló su decisión, y declaró su exequibilidad condicionada, esto es, conservó el precepto legal, pero validó únicamente una determinada interpretación de su contenido, (...) Dados los efectos de cosa juzgada constitucional y erga omnes de este tipo de providencias, esa interpretación tiene fuerza vinculante y ha de ser observada en este proceso. Por lo anterior, sin más lucubraciones, teniendo en cuenta que la Fundación resultante de la voluntad mancomunada de entidades públicas “se encuentra sujeta al régimen de actos y contratos propio de los entes que la conforman”, fluye como conclusión, que no le asiste razón al recurrente cuando sostiene que el contrato núm. 0069 de 2009 se rige por el derecho privado, puesto que las dos entidades que conformaron la Fundación, de acuerdo a lo indicado anteriormente, rigen su contratación por el EGCAP, así como la contratación de esta entidad surgida mediante la asociación entre entidades públicas. Ni el acuerdo de las partes del contrato, ni la unilateral consideración de la aquí apelante, podían pasar por alto que, mediante el control de constitucionalidad, la Corte Constitucional había complementado la disposición, en el sentido de someter la actividad de las entidades sin ánimo de lucro producto del acuerdo entre entidades estatales a la reglamentación que le corresponde en materia contractual, en este caso al EGCAP, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. No huelga recordar que, en virtud del principio de legalidad de las entidades descentralizadas, manifiesto en materia contractual mediante la cláusula general de competencia reconocida al legislador para configurar el régimen contractual de las entidades públicas, no les es permitido a estas escoger las reglas de sus contratos, cuando dicha elección desconozca normas superiores que predeterminen la sumisión del negocio a un marco jurídico preciso. En consecuencia, la respuesta al segundo problema jurídico es afirmativa, puesto que, de acuerdo con los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y, consecuentemente, el contrato núm. 0069 de 2009 estaba sujeto a esta formalidad sustancial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la exequibilidad del parágrafo del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, ver: Corte Constitucional, sentencia C-671 de 1999. Sobre los principios de contratación estatal, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-163 del 4 de junio de 2020. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 39, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / ENTIDAD DESCENTRALIZADA INDIRECTA / SOLEMNIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESCRITO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Incumplió la Fundación el contrato núm. 0069 de 2009 por la falta de reconocimiento de mayores cantidades de obras y de obras adicionales? Respuesta al problema jurídico: No Precisado, como ha sido, que el régimen jurídico del contrato de obra núm. 0069 de 2009 es el correspondiente al EGCAP, se advierte el completo desacierto de la apelante en su protesta, en tanto las reglas que debía seguir la contratación de la Fundación como entidad descentralizada indirecta eran las del mencionado estatuto, entre ellas, las que establecen la solemnidad de los contratos estatales sometidos a este ordenamiento, de acuerdo con lo concluido en precedencia. Esta debida solemnidad, por simple lógica, no solo se predica del contrato principal sino también de sus modificaciones (...) En ese orden de ideas, la pretensión de incumplimiento contractual no está llamada a prosperar porque no se configuran sus presupuestos esenciales, en particular, no está probada la existencia de la obligación contractual que, necesariamente, debía constar en acuerdos modificatorios por escrito cuyo contenido dejara expresamente pactadas la extensión del plazo original del contrato y las obras adicionales y costos extra que la actora reclama. Ahora, al contrastar las actas de avance núm. 3 y 4, que fueron referidas por Ingetec a modo de fundamento de su reclamación, se observa que las “obras extras” cuyo pago por un monto de $138’737.946 deprecó Ingetec corresponden a ítems no previstos inicialmente en el contrato núm. 0069 de 2009, mientras que las “obras ordinarias”, cuya cancelación por un valor de $107’460.362 fue también pedida por Ingetec, corresponden a ítems previstos inicialmente en el contrato núm. 0069 de 2009 que, sin embargo, superaron las cantidades inicialmente previstas. La jurisprudencia ha precisado que en los contratos de obra a precios unitarios el reconocimiento de las obras adicionales, como las referidas anteriormente con la denominación de “obras extras”, requiere la suscripción de un convenio modificatorio, mientras que el reconocimiento de mayores cantidades que superen el valor preliminar, como las aquí llamadas “obras ordinarias”, deben haber sido previamente autorizadas y recibidas a satisfacción por la entidad contratante. (...) No bastaba al actor, entonces, con traer a este contencioso las solicitudes de prórroga del plazo de ejecución ni con plasmar en actas no firmadas por quien represente la voluntad contractual de la Fundación las supuestas obras adicionales o mayores cantidades de obra ejecutadas por Ingetec, sino que era necesario un acuerdo de voluntades que cumpliera con la solemnidad prescrita por la ley para el reconocimiento de las “obras extras”, mientras que para el pago de las “obras ordinarias” se requería la autorización previa del ente contratante, además de la aprobación del interventor, que no se acreditaron en este proceso. Aparte, la Sala observa que en este asunto se estipuló que, mientras la interventoría estaría a cargo del Alcalde, la supervisión estaría a cargo de una persona natural o jurídica designada por la Fundación, que se encargaría de verificar: “el cumplimiento de las actividades que debe realizar el contratista en desarrollo del objeto contratado”, así como el estudio de las reclamaciones, sugerencias y consultas del contratista, y la suscripción de actas de inicio, recibo parcial, recibo final y liquidación del contrato. Sin embargo, en este asunto, la persona jurídica a cargo de la supervisión del contrato únicamente firmó el acta núm. 3, mas no suscribió las actas 1 y 2 de avance de obras, y 3 final, ni el acta de recibo final, ni la de liquidación (que solo fueron firmadas por un funcionario del municipio) ni el acta núm. 4, que solo firmó el contratista. Así que la persona designada por el ente contratante sólo firmo un acta provisional, como lo era el acta núm. 3, pues no suscribió siquiera el acta núm. 3 final. En consecuencia, se impone una respuesta negativa al tercer problema jurídico de esta instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de obras adicionales en los contratos de obra a precios unitarios, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 9 de mayo de 1996, exp. 10151, C.P. Daniel Suarez Hernandez; sentencia de 29 de agosto de 2007, exp. 15469, C.P, Mauricio Fajardo Gomez; sentencia de 20 de noviembre de 2008, exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2012, exp. 16371, C.P. Danilo Rojas Betancourth; Subsección A, sentencia de 13 de noviembre de 2013, exp. 23829, C.P. Hernán Andrade Rincón; Subsección A, sentencia de 14 de septiembre de 2016, exp. 50907, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y Subsección B, sentencia de 9 de noviembre de 2021, exp. 52045, C.P. Alberto Montaña Plata. RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / HECHO IMPREVISIBLE / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Se configuró, por hechos imprevisibles, un desequilibrio económico del contrato núm. 0069 de 2009 que deba ser restablecido? Respuesta al problema jurídico: No Ahora, la súplica de Ingetec tampoco se revela al ser estudiada bajo los parámetros del desequilibrio económico del contrato, el cual, a diferencia del incumplimiento, supone la ruptura de la fórmula económica planteada al inicio por las partes del contrato, capaz de afectar de manera grave a la parte que la alega, y que proviene de una situación especial e imprevisible o de una decisión con fuerza normativa obligatoria surgida de la autoridad contratante (ius variandi) o de otra autoridad (hecho del príncipe). En este caso, no se observa prueba alguna que refleje la existencia de hechos cualificados que hayan incidido de forma notable en la normal ejecución de las obligaciones del contrato, y menos su dimensión irresistible o su imprevisibilidad, más allá de la simple mención al invierno, realizada en las peticiones de modificación del término de ejecución contractual. Esta Subsección ha venido observando un criterio que la lleva a diferenciar entre el juicio de responsabilidad contractual por incumplimiento, y el que antecede a la condena al restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica cuando la ruptura de esta ha sido producto del hecho no imputable a las partes. Ha seguido esa línea de entendimiento de uno y otro instituto por cuanto, pese a que el artículo 5.2 inciso 2º de la Ley 80 de 1993 establece una regla en la que plantea la disyuntiva hipotética de quiebra del equilibrio económico por uno u otro motivo, dicho planteamiento lo ha hecho el legislador para definir, con base en esas dos suposiciones, respuestas diferentes. En esta ocasión la Sala de Subsección mantendrá ese criterio, adicionando, a la consideración ya expuesta, la conveniencia que encuentra en denotar la ratio que subyace en ese trato diferenciado, en cuanto la responsabilidad por causa de incumplimiento abre el escenario de la reparación hasta los confines de la integralidad, y supone, no sólo la verificación de la acreditación del daño antijurídico, sino la subsiguiente imputación jurídica a la demandada bajo título de incumplimiento; mientras que el restablecimiento del equilibrio ha sido limitado por el legislador a un punto de no pérdida, y para prosperidad de tal pretensión basta con demostrar la quiebra de ese equilibrio, sin juicio de imputación jurídica a la demandada, pues para ello señala como suficiente el juicio de causalidad. No huelga señalar que algún sector de la doctrina encuentra cauce suficiente para derivar responsabilidad del incumplimiento del deber de la administración de restablecer ese equilibrio cuando así lo haya requerido en sede administrativa el contratista, bajo la consideración del derecho que a este le reconoce la ley al contratista. Esta interesante alternativa de responsabilidad, como puede apreciarse, no surge de la quiebra del equilibrio, sino del incumplimiento de un deber de la administración, y demanda, como corresponde a la deshonra de las obligaciones de medio, un debate relacionado con la debida diligencia del deudor, y no la prueba del incumplimiento de un determinado resultado. Cuando así se plantee la controversia, la Sala, por supuesto, deberá dar respuesta a esa pretensión que en concreto le sea presentada. No es ese el caso que reclama la atención de la sala en este litigio Por lo tanto, se impone asimismo una respuesta negativa al cuarto problema jurídico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la ruptura del equilibrio económico del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. 76001233100019990052201(24169), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, y Subsección C, Sentencia del 20 de abril de 2020, exp 17001-23-31-000- 2008-00143-01(48291), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de marzo de 2014, rad. 85001-23-31-1996-0025201(14445), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de agosto de 2011, exp. 25000-23- 26-000-1997-04390-01(18080), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sección Tercera [sentencia de 31 de agosto de 2011 exp. 18080], la Subsección C [sentencias 15 de febrero de 2012 exp. 19730, 28 de enero de 2015 exp. 26409, 29 de abril de 2015 exp. 33447, 28 de mayo de 2015 exp. 36644; 1º de julio de 2015 exp. 37613, 3 de diciembre de 2015 exp. 48947, 29 de junio de 2015 exp. 36948, 31 de agosto de 2015 exp. 27881, y del 5 de octubre de 2016, exp. 51018] y la Subsección B [sentencias de 16 de diciembre de 2015 exp. 29908, 31 de mayo de 2016 exp. 30727, 10 de mayo de 2018 exp. 41186] han considerado que el incumplimiento y otros actos imputables al ente contratante dan lugar al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Sin embargo, a partir de antecedentes previos de la Sección Tercera [sentencias de 26 de febrero de 2004 exp. 14043 y de 14 de abril de 2005 exp. 28616], desarrollados por la Subsección A [sentencias del 13 de febrero de 2013 exp. 24996 y 14 de marzo de 2013 exp. 20524, 22 de agosto de 2013 exp. 22947, 16 de septiembre de 2013 exp. 30571, 7 de noviembre de 2013 exp. 31431, 26 de febrero de 2014 exps. 24169, 24997 y 26219, y de 12 de marzo de 2014 exp. 29214]. Esta Subsección diferenció nuevamente el rompimiento del equilibrio financiero del contrato de la responsabilidad por su incumplimiento [sentencia 28 de mayo de 2015 exp. 27270], restableciendo la distinción que, además siguió siendo reiterada por la Subsección A [sentencias de 16 de julio de 2015 exp. 53154, 2 de diciembre de 2015 exp. 36285, 27 de enero de 2016 exp. 38449, 13 de abril de 2016 exp. 46297, 14 de septiembre de 2016 exp. 50907, 21 de septiembre de 2016 exp. 51341; 23 de noviembre de 2016 exp. 52161, 7 de diciembre de 2016 exp. 36430, 23 de noviembre de 2017 exp. 36865, 24 de mayo de 2018 exp. 55851, 13 de noviembre de 2018 exp. 55230, 29 de noviembre de 2018 exp. 38935, 31 de enero de 2019 exp. 37910, 20 de noviembre de 2019 exp. 41934, 8 de mayo de 2019 exp. 58895, 25 de julio de 2019 exp. 51772, 16 de mayo de 2019 exp. 43306, 25 de julio de 2019 exp. 41927, 3 de abril de 2020 exp. 41442, 13 de agosto de 2020 exp. 46057, 3 de abril de 2020 exp. 61500, 5 de febrero de 2021 exps. 49729 y 38238, 7 de mayo de 2021 exp. 43055, 10 de septiembre de 2021 exp. 51219, 4 de febrero de 2022 exp. 45762, 20 de mayo de 2022 exp. 50499, 8 de junio de 2022 exp. 53299, 21 de octubre de 2022 exp. 59773, y de 4 de noviembre de 2022 exp. 57185]. Este es el criterio que han observado en los últimos años las Subsecciones B y C de esta Sección [sentencias de 12 de septiembre de 2019 exp. 44779, 3 de abril de 2020 exps. 48676 y 48446, 6 de julio de 2020 exp. 48438, 15 de julio de 2020 exp. 28794, 13 de agosto de 2020 exp. 51833, 21 de septiembre de 2020 exp. 47106, 12 de julio de 2021 exp. 50879, 11 de octubre de 2021 exp. 63219, 18 de noviembre de 2021 exp. 48815, 22 de noviembre de 2021 exp. 52430, 22 de noviembre de 2021 exp. 35826, 28 de febrero de 2022 exp. 65436, 22 de abril de 2022 exp. 67239, 16 de diciembre de 2022 exps. 37724 y 41653, 31 de mayo de 2022, exp. 52386, 13 de julio de 2022 exp. 56021 y 16 de agosto de 2022 exp. 59439] FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 2 MUNICIPIO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / INEXISTENCIA DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El Municipio debe responder por el eventual incumplimiento del contrato 0069 de 2009, o en subsidio de esto, por enriquecimiento sin justa causa? Respuesta al problema jurídico: No La pretensión subsidiaria contra el Municipio, insistida en el recurso de apelación, sostiene que se reúnen los elementos que configuran el enriquecimiento sin justa causa de la entidad territorial, a saber, el incremento patrimonial de la entidad, el empobrecimiento proporcional de Ingetec, y la ausencia de causa jurídica para dicho traslado patrimonial. (...) Ahora, de acuerdo con la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012 adoptada por la Sala Plena de esta Sección, aplicable a este asunto por los efectos retrospectivos que, por regla general, tienen este tipo de fallos, en principio, el enriquecimiento sin causa y sus diversos componentes “no pueden ser invocados para reclamar el pago de obras, entrega de bienes o servicios ejecutados sin la previa celebración de un contrato estatal que los justifique”, ya que para las entidades regidas por el EGCAP, como es el caso de los municipios, existe norma imperativa que sujeta los contratos que estas celebran a la solemnidad escrita. (...) Con todo, este pronunciamiento estableció hipótesis en las que sería procedente el reconocimiento de la compensación por enriquecimiento sin causa: (i) el constreñimiento de la entidad demandada para imponerle la prestación al particular afectado; (ii) la necesidad imperiosa del bien, obra o servicio prestado; (iii) la omisión en declarar la urgencia manifiesta. (...). En el presente caso, más allá del rol asignado a través del contrato de obra a la entidad territorial para definir el alcance de las cantidades de obra y en el nombramiento del interventor del contrato, no hay prueba de que haya ejercido facultades coactivas para forzar al particular a construir el jardín social. Tampoco está demostrado que haya mediado urgencia o imperiosa necesidad en su construcción, que hubieran concurrido circunstancias que dieran lugar a la declaración de urgencia manifiesta que hubiera sido omitida, ni que se hubiera presentado circunstancia alguna que impidiera la suscripción de convenciones adicionales sin la formalidad preceptiva, conforme al deber de buena fe objetiva que le asiste a las partes contratantes. (...) Por lo tanto, bajo los parámetros del fallo de unificación, la pretensión subsidiaria en contra del Municipio no tiene vocación de prosperidad, respondiendo así negativamente al problema jurídico planteado en relación con este aspecto de la controversia. (...) En vista de lo anteriormente expuesto, la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los efectos retrospectivos de las sentencias de unificación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de tutela del 12 de agosto de 2020, exp. 11001-03-15-000-2020-00619-00(AC). Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 73001-23- 31-000-2000-03075-01(24897)

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000201200257011100103