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clave: "consejo_estado:providencia:19001233300020220028701-73868-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: es menester precisar el régimen jurídico del contrato de obra pública No. LP-OP-01- 2019"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-10-01"
radicado: "19001233300020220028701"
numero: "73868"
ponente: "NICOLÁS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: es menester precisar el régimen jurídico del contrato de obra pública No. LP-OP-01- 2019

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-10-01
- **Radicado:** 19001233300020220028701
- **Número interno:** 73868
- **Ponente:** NICOLÁS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** JOSE FERNANDO ANGULO CORTES, INGENIERIA JEISAT S.A.S, CONSORCIO SAN JEIT.
- **Demandado:** MUNICIPIO DE MERCADERES (CAUCA)
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:19001233300020220028701-73868-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/19001233300020220028701/A772B2A49C241EE2E210E07909FC3FF8A3C8F01C10213872F4A85F8388BA35EA/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=190012333000202200287011100103

## Problema jurídico

¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 suscrito por el municipio de Mercaderes se enmarca en las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y en las normas que regulan los contratos de obra pública?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La demanda relativa al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 fue presentada dentro del término de dos años previsto en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA…
- ¿La valoración probatoria acredita que el municipio de Mercaderes incumplió el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 por vulneración del deber de planeación derivada de la omisión en la entrega…
- ¿La superposición entre el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 y un contrato departamental de consultoría sobre el mismo tramo vial configura una vulneración del deber de planeación que…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, arts. 13, 2 y 32

## Extracto

Es menester precisar el régimen jurídico del contrato de obra pública No. LP-OP-01- 2019, que ocupa la atención de la Sala, comoquiera que aquel tiene particular incidencia en la naturaleza que ostenta dicho negocio jurídico y el marco normativo sobre la base del cual se evaluará la controversia sometida a juicio en esta sede judicial. Así las cosas, la Sala encuentra que los artículos 2 y 13 de la Ley 80 de 1993 estipularon que entidades estatales como los municipios están sometidas a dicho estatuto en cuanto a su gestión contractual, de ahí que, dado que el municipio de Mercaderes ostenta tal naturaleza, el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019, que tuvo por objeto el “mejoramiento de las vías terciarias mediante el uso de placa huella entre la cabecera municipal y la vereda de Curacas en el municipio de Mercaderes – Cauca” y fue suscrito por aquel, se encuentra sujeto a ese régimen.

## Síntesis temática

Los contratos de obra pública que celebran los municipios, como entidades estatales, se rigen por la Ley 80 de 1993 en cuanto a su gestión contractual, en virtud de los artículos 2 y 13 de esa ley. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como el que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago; la naturaleza estatal de la entidad determina el régimen aplicable al negocio; y el marco normativo del contrato delimita la controversia que debe resolverse en sede judicial. Por tanto, el análisis de una obra pública celebrada por un municipio, como el mejoramiento de vías terciarias mediante placa huella, debe partir de la Ley 80 de 1993 y de las normas que regulan el contrato de obra. En cuanto al contenido, esa ley establece que las estipulaciones contractuales se fijan en el negocio, lo que obliga a verificar el clausulado frente a ese estatuto. La providencia de primera instancia se confirma en este punto.

## Descriptores temáticos

CONTRATO DE OBRA, REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO ESTATAL, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, MUNICIPIO, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, PLANOS ARQUITECTÓNICOS, PLANOS DE OBRA PÚBLICA, ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRATO DE CONSULTORÍA, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, COVID 19, OLA INVERNAL, RED DE ALCANTARILLADO, ALCANTARILLA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FALTA DE PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA, APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL, IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INEXISTENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

CONTRATO DE OBRA / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / MUNICIPIO
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 suscrito por el municipio de Mercaderes se enmarca en las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y en las normas que regulan los contratos de obra pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s menester precisar el régimen jurídico del contrato de obra pública No. LP-OP-01- 2019, que ocupa la atención de la Sala, comoquiera que aquel tiene particular incidencia en la naturaleza que ostenta dicho negocio jurídico y el marco normativo sobre la base del cual se evaluará la controversia sometida a juicio en esta sede judicial. Así las cosas, la Sala encuentra que los artículos 2 y 13 de la Ley 80 de 1993 estipularon que entidades estatales como los municipios están sometidas a dicho estatuto en cuanto a su gestión contractual, de ahí que, dado que el municipio de Mercaderes ostenta tal naturaleza, el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019, que tuvo por objeto el “mejoramiento de las vías terciarias mediante el uso de placa huella entre la cabecera municipal y la vereda de Curacas en el municipio de Mercaderes – Cauca” y fue suscrito por aquel, se encuentra sujeto a ese régimen. Cabe añadir que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como aquel que “celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. De igual manera, en cuanto a su contenido, es de resaltar que la Ley 80 de 1993 establece que las estipulaciones contractuales han de ajustarse a las disposiciones legales que correspondan a la naturaleza y la esencia del negocio jurídico de que se trate, pudiendo las partes acordar libremente, en el marco de su autonomía de la voluntad, las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el ordenamiento jurídico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿La demanda relativa al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 fue presentada dentro del término de dos años previsto en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, contabilizado a partir del vencimiento del plazo para la liquidación bilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Oportunidad del medio de control (…) De conformidad con lo previsto en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA en las pretensiones relativas a contratos, cuando el acuerdo de voluntades no es liquidado, el término para demandar será de 2 años, contados una vez cumplido el término de 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para efectuar el corte de cuentas bilateralmente o, en su defecto, del término de 4 meses siguientes a la terminación del contrato. (…) Así las cosas, vale destacar que el contrato de obra pública No. LP-OP-01- 2019, mediante el cual se convino la intervención de varios tramos viales en el municipio de Mercaderes, tuvo un plazo inicial de 120 días que, no obstante, se extendieron sucesivamente mediante múltiples modificaciones hasta el 4 de abril de 2021. En todo caso, el 16 de marzo de 2021 el acuerdo de voluntades se suspendió, cuando restaban 20 días para que feneciera el término de ejecución, y tal pausa fue prorrogada mediante nuevas modificaciones hasta el 23 de agosto de 2021, sin que luego de esa fecha se haya vuelto a reanudar expresamente. Sobre la suspensión de los contratos, esta Corporación ha sostenido que consiste en la paralización por mutuo acuerdo de las obligaciones derivadas de esos acuerdos de voluntades, por razones como dificultades en su ejecución que se busca superar mientras se hace la pausa en comento, período en el cual los deberes negociales quedan en latencia o estado potencial, sin que, naturalmente, puedan ser exigibles hasta tanto se reanude el interregno de su ejecución. Como se observa, la suspensión contractual no es más que una pausa temporal de los actos jurídicos, dirigida a sanear circunstancias que pueden perjudicar su adecuada ejecución, de suerte que tiene una vocación de temporalidad, pues, precisamente, busca maniobrar dificultades derivadas del objeto negocial para que, una vez superadas, este se concrete sin inconvenientes, de ahí que no es admisible sostener que pueda mantenerse de forma indefinida en el tiempo, pues ello implicaría sujetar indeterminadamente a las partes negociales a las obligaciones a su cargo, lo cual está vedado por el ordenamiento jurídico colombiano, en el que, como ha sostenido esta Subsección, aquellas no pueden ser perpetuas, por cuanto han de extinguirse ya sea por su satisfacción, o por el paso del tiempo, así como “su sujeción a interregnos para que cese su imperatividad es afín a mandatos como la libertad, la seguridad jurídica y la buena fe”. A partir de los anteriores derroteros, para la Sala no cabe duda de que, aunque tras la suspensión del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 con vigencia hasta el 23 de agosto de 2021 no se volvió a dictar un acta de reanudación del acuerdo de voluntades, cierto es que, superado ese plazo, aquel se debía entender restablecido, en atención a que, como se expuso, la paralización referenciada no podía ser indeterminada, y precisamente los cocontratantes fijaron un término máximo de la suspensión. Así las cosas, en criterio de la Sala, el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 se reanudó el 24 de agosto de 2021 y, como para el momento en que fue suspendido por última vez restaban 20 días para la culminación del plazo negocial, dicho interregno se extendió hasta el 12 de septiembre de 2021, aspecto frente al cual se destaca que, tras esa fecha, no volvió a ser prorrogado o ampliado, pese a múltiples requerimientos de la interventoría para ese efecto Aclarado lo anterior, vale destacar que la cláusula vigésima séptima del contrato de obra pública No. LP-OP-01-201928 dispuso que sería pasible de ser liquidado en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, es decir, ante la falta de un plazo convenido por los sujetos negociales, bilateralmente dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del contrato y, unilateralmente, en los 2 meses siguientes, de modo que, comoquiera que el contrato de obra pública No. LP-OP- 01-2019 feneció el 12 de septiembre de 2021 -como fue argumentado anteriormente-, los 4 meses para liquidar bilateralmente el acuerdo de voluntades acontecieron entre el 13 de septiembre y 13 de enero de 2022. (…) Sobre la base de las apreciaciones precedentes, y en concordancia con el criterio establecido en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, citado con antelación, el consorcio Sanjeit contaba con 2 años para ejercer el derecho de acción, que acontecieron pasados dos meses desde el fenecimiento del plazo para la liquidación bilateral, esto es, entre el 14 de marzo de 2022 y el 14 de marzo de 2024 y, considerando que la aquí demandante radicó el escrito inicial el 15 de diciembre de 2022, no cabe duda de que fue allegado en tiempo, sin perjuicio del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que se surtió entre el 10 de agosto y el 5 de octubre de 2022
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la suspensión del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de diciembre de 2025, exp. 25000-23-36-000-2019-00788-01(67537), C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 5 de julio de 2016, exp. 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 10 de marzo de 2025, exp. 54001-23-33-000-2018-00197-01(64009).
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
CONTRATO DE OBRA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / PLANOS DE OBRA PÚBLICA / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿La valoración probatoria acredita que el municipio de Mercaderes incumplió el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 por vulneración del deber de planeación derivada de la omisión en la entrega inicial de los estudios y diseños del proyecto?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]os problemas jurídicos por resolver consisten en determinar si el Tribunal Administrativo del Cauca: i) Cometió una indebida valoración probatoria por concluir que el municipio de Mercaderes no incurrió en una falta al deber de planeación y, por tanto, no incumplió el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019, porque se demostró que el negocio objeto de la disputa se traslapó con uno departamental, dicha entidad territorial no contaba con los estudios y diseños del proyecto desde un comienzo, hubo fallas en el alcantarillado, y el Covid-19 le impuso al contratista cargas injustificadas, o si por el contrario le asistió razón al tribunal de primera instancia en su decisión, al no existir pruebas que demostraran los sucesos que según la parte actora representaron un desconocimiento de la planificación contractual. (...) la Sala anticipa que no le asiste razón a la parte apelante en su reparo, pues de las pruebas aportadas por aquella no se deriva alguna falta al principio de planeación que haya devenido en un incumplimiento del municipio de Mercaderes (...) Frente al cargo de apelación según el cual el municipio de Mercaderes desconoció el principio de planeación y, por ende, incumplió el contrato de obra pública No. LPOP- 01-2019, es oportuno comenzar por señalar que el Estado colombiano, con el fin de cumplir sus objetivos constitucionales y legales, se encuentra habilitado para suscribir contratos con los particulares, en virtud de lo previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -EGCAP-, conformado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su normativa modificatoria, para lo cual acuerda con aquellos llevar a cabo obligaciones de dar, hacer o no hacer, que son producto de un análisis de costo-beneficio y que persiguen tanto que los cocontratantes se vean favorecidos por la ejecución del objeto negocial, como que los derechos de los individuos sean efectivos. Por lo tanto, la materialización del contenido obligacional del contrato estatal es trascendental para que las competencias y deberes de las entidades sometidas bajo el EGCAP se concreten y, a la postre, es una expresión de los principios de la función pública, especialmente el de eficacia, que persigue que las actuaciones administrativas surtan efectos prácticos y no se limiten a su consagración jurídica, de ahí que cuando ese objetivo se ve truncado la función pública queda a medio camino y, por ende, los derechos y necesidades ciudadanas quedan insatisfechos. (...) Con todo, las partes de los contratos estatales están investidas para, en virtud de la autonomía de la voluntad, gestionar directamente las vicisitudes que puedan presentarse como resultado de una falta al deber de planeación, mediante figuras (...) Visto lo anterior, para la Sala es claro que el consorcio Sanjeit considera que el municipio de Mercaderes incurrió en una falta al deber de planeación con ocasión del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 por múltiples vicisitudes que le atribuye a la falta de diligencia de la entidad territorial, aspectos que, en virtud del principio de congruencia, y en sintonía con la conceptualización previamente esbozada, corresponde analizar bajo la óptica del incumplimiento, pues así fue planteado por la parte actora y, bajo esa línea, se estructuró la litis - (...) Así las cosas, cabe resaltar que las causas que el consorcio Sanjeit considera como consecuencias del desconocimiento del principio de planeación son la superposición del acuerdo de voluntades objeto del litigio con uno departamental frente al mismo tramo vial, la falta de estudios y diseños por parte del municipio de Mercaderes, falencias en el alcantarillado y el Covid-19. Bajo esa senda argumentativa, la Sala pasará a separar el análisis ent

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

encia de 23 de septiembre de 2024, exp. 41001-23-33-000-2012-00184-02 (65351), C.P. Nicolás Yepes Corrales.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INEXISTENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Procede efectuar la liquidación judicial del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 ante la insuficiencia de pruebas sobre los costes de ejecución y los pagos efectuados?
Respuesta al problema jurídico: No
No existen elementos probatorios idóneos para liquidar el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 Frente al reproche del consorcio Sanjeit en virtud del cual el Tribunal Administrativo del Cauca dejó de resolver la cuestión central del litigio al abstenerse de liquidar el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 y emitir una sentencia inhibitoria ante la falta de pruebas para definir el corte de cuentas, aspecto frente al cual, en lugar de ello, debió proceder a realizar el balance de la relación negocial, la Sala considera, de entrada, que no le asiste razón a la parte apelante en su reparo, debido a que, como se explicará, la decisión del a quo fue denegatoria y no inhibitoria, así como se sustentó en la realidad probatoria. (...) Bajo el anterior supuesto, es importante diferenciar entre las decisiones que niegan las pretensiones de la demanda, de aquellas que se inhiben para conocer un asunto, pues mientras las primeras son producto de un análisis de fondo de la contienda, las segundas simplemente terminan el proceso sin haber tomado postura sobre las pretensiones de la demanda, por lo que, naturalmente, no constituyen un pronunciamiento de fondo. Aclarada la distinción en referencia, no existe duda de que el Tribunal Administrativo del Cauca no dictó una sentencia inhibitoria frente a la pretensión de liquidación judicial presentada por el consorcio Sanjeit, sino que, por el contrario, la negó, pues, de un análisis de fondo, no se encontraron pruebas que permitieran establecer las cuentas producto de la ejecución del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019, sin que, como lo adujo la apelante, le correspondiera desplegar sus poderes para procurar a toda costa la prosperidad de dicha petición, pues ello desconocería el carácter rogado -que no oficioso- del proceso contencioso administrativo e, igualmente, constituiría una afrenta a la imparcialidad judicial, ya que implicaría contribuir a la prosperidad de la litis en favor de una de las partes, cuando la labor judicial consiste en resolver los litigios con apego exclusivo a las pruebas aportadas. Por otro lado, de la revisión acuciosa de las pruebas aportadas no se encuentra certeza sobre los montos ejecutados y pagados como resultado del contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019, dado que, inclusive, y como ya fue expuesto, su terminación se dio el 12 de septiembre de 2021, una vez fenecido el plazo restante de la ejecución tras la última suspensión de que fue objeto (...), sumado a lo cual existe evidencia de que el objeto negocial no culminó correctamente, dado que se encontraron más de 287 fisuras, tramos sin pavimentar, falta de accesos a los predios aledaños, ausencia de recolección de basuras, alcantarillas abiertas, inaccesos para evacuar el agua y tuberías colmatadas, información sin la cual no es posible definir cuáles fueron los costos reales asumidos por el contratista y los efectivamente reconocidos por la contratante para así realizar el balance pedido (...) Sobre ello, se destaca que corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en virtud de lo previsto en el artículo 167 del CGP, lo que no sucedió en el sub-examine, pues el consorcio Sanjeit no solo no demostró incumplimiento alguno del municipio de Mercaderes, sino que no allegó elementos suficientes para poder determinar un corte de cuentas producto de la relación negocial en sede judicial (...) de ahí que la Sala esté relevada para efectuarlo cuando no tiene certeza de los costos y pagos realizados. Así las cosas, la Sala desestima el segundo subcargo de apelación, por no existir pruebas que permitan liquidar el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019. En atención a lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia anticipada del 24 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por no haberse demostrado que el municipio de Mercaderes incurrió en una falta al principio de planeación pasible de incumplimiento frente al contrato de obra pública No. LP-OP- 01-2019, así como tampoco se aportaron elementos de prueba suficientes para establecer con claridad un balance de cuentas producto de la relación negocial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las sentencias inhibitorias, ver: Corte Constitucional, sentencia C-666 del 28 de noviembre de 1996, exp. D-1357, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; Corte Constitucional, Sobre las facultades oficiosas del juez, ver: Auto A-009 del 19 de enero de 2022, exp. CJU-359, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas de segunda instancia contra la parte cuyo recurso de apelación obtuvo decisión desfavorable, con exclusión de agencias en derecho cuando la contraparte careció de intervención en esa instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 1 del artículo 365 del CGP dispuso que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la medida de su comprobación96 . Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia al consorcio Sanjeit, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, ya que aquel no prosperó, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que, de todos modos, en esta instancia no se fijarán agencias en derecho, ya que la demandada no intervino en segunda instancia, de modo que aquellas no se causaron.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la improcedencia de las agencias en derecho, ya que la demandada no intervino en segunda instancia, de modo que aquellas no se causaron, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 17001-23-33-000-2012-00176-01 (51034), C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-10-01. C.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 19001233300020220028701. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:19001233300020220028701-73868-sentencia).
