Titulación de la relatoría 24.909 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / RECLAMACIÓN ECONÓMICA / DERECHOS DEL CONTRATISTA / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA / EXAMEN DE FONDO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
Problema jurídico:
¿El silencio o la ausencia de salvedades al momento de suscribirse suspensiones al plazo contractual impide que, en sede judicial, prosperen o al menos se estudien de fondo las pretensiones económicas que se aducen fueron originadas en tales pactos?
Respuesta al problema jurídico: No
En relación con la procedencia de las pretensiones formuladas por alteración de las condiciones económicas del contrato originadas en la suscripción otrosíes, pactos adicionales o suspensiones al plazo inicialmente pactado (...). De acuerdo con la postura consolidada por la Sección, el silencio o la ausencia de salvedades al suscribir contratos adicionales, prórrogas o suspensiones al plazo, no impide que se adelante un estudio de fondo sobre las pretensiones formuladas por cualquiera de las partes de una relación negocial encaminadas a que se le reconozca el derecho al restablecimiento por causa de una alteración económica originada en tales acuerdos y, por el contrario, en esas circunstancias, el juez debe analizar el pacto concreto al que llegaron las partes con miras a determinar su alcance, labor que ha de desplegar de conformidad con las reglas de interpretación de los contratos, con las normas aplicables según el tipo contractual especifico y, por supuesto, con verificación del cumplimiento del principio de buena fe. Esto con el propósito de definir si las partes, mediante esos acuerdos, pretendieron regular los asuntos cuya reclamación ahora se formula y los términos específicos de dicho pacto, entendiéndose que, si no se acordó nada por las partes o se guardó silencio, de igual manera deberá estudiarse si esas pretensiones tienen fundamento en lo pactado en el contrato. (...) En tal virtud, el primer problema jurídico se despachará de manera favorable a los intereses de la parte recurrente, pues aun cuando se encuentra demostrado que durante la ejecución del contrato C4M2052011 celebrado entre Empoduitama y la UT Américas se pactaron varias suspensiones al plazo, sin que la última nombrada hubiere incluido salvedades u objeciones sobre posibles alteraciones económicas derivadas de la mayor permanencia en obra, esta Subsección entrará a estudiar las pretensiones formuladas en la demanda, con base en las obligaciones contraídas por cada una de las parte contratantes en el texto del negocio jurídico y en el pliego de condiciones, documentos que se revelan como un único acuerdo y que deben interpretarse armónicamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el deber de las partes del contrato de consignar salvedades en los acuerdos suscritos de mutuo acuerdo, consultar providencias de 23 de junio de 1992, Exp. 6032; de 30 octubre de 2003, Exp. 17213, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 7 de marzo de 2007, Exp. 15799, C.P. Enrique Gil Botero; de 31 de agosto de 2011, Exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 28 de mayo de 2015, Exp. 36644, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 20 de octubre de 2014, Exp 24809, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 27 de enero de 2016, Exp. 53288, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la segunda postura jurisprudencial sobre la imposibilidad de erigir como exigencia formal la inclusión de salvedades, consultar providencias de 30 de septiembre de 1994, Exp. 8129; de 15 de octubre de 1999, Exp. 2000-10929, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 9 de marzo de 2000, Exp. 10540, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 2 de octubre de 2003, Exp. 14394, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 5 de mayo de 2020, Exp. 42962, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; de 13 de agosto de 2020, Exp. 51833, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 22 de noviembre de 2021, Exp. 52430, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre el tema también se puede consultar la sentencia de unificación del 27 de junio de 2023, Exp. 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA DE HECHO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿A las partes les está vedado modificar o adicionar en el recurso de apelación la causa petendi de la demanda, pues esto implicaría un desconocimiento flagrante del principio al debido proceso y el principio de congruencia que debe operar en las sentencias?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]ebe recordarse que, en atención al principio de congruencia, a las partes les está vedado modificar o adicionar en el recurso de apelación la causa petendi de la demanda, pues esto implicaría un desconocimiento flagrante del principio al debido proceso. Así, entonces, el juez de segunda instancia deberá resolver únicamente sobre los cargos de alzada que guarden real consonancia con las pretensiones formuladas en la demanda, sus fundamentos fácticos y jurídicos, de acuerdo con las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso, como lo dispone el artículo 281 del CGP. Es por ello, que la Sala se abstendrá de analizar lo concerniente a la posible afectación económica surgida como consecuencia de la necesidad de diseñar una estructura que permitiera dar continuidad al colector de aguas residuales sin afectar la red principal de gas, causa que fundamentó la suscripción de la suspensión 04, pues la entidad demandada no tuvo la oportunidad de controvertir esta situación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la imposibilidad de variar la causa petendi de la demanda, consultar providencias de 14 de febrero de 1995, Exp. S-123, C.P. Consuelo Sarria Olmos; de 14 de febrero de 2019, Exp. 58894, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 1 de noviembre de 2023, Exp. 60317, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO PREVISIBLE / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / OLA INVERNAL / PERMISO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Son atribuibles a Empoduitama las causas que llevaron a la suscripción de las actas de suspensión 02, 03 y 04 al contrato C4M2052011 celebrado con la UT Américas, de conformidad con la matriz de riesgos incluida en el pliego de condiciones?
Respuesta al problema jurídico: Si
En esta instancia, la parte actora insistió en afirmar que las causas que motivaron la suscripción de las suspensiones 02, 03 y 04 al contrato C4M2052011, y que condujeron a una mayor permanencia en obra, eran única y exclusivamente atribuibles a la entidad contratante, pues tanto la fuerte temporada invernal, como el retraso en la obtención de permisos de intervención y de servidumbre, eran riesgos que habían sido asumidos por aquella, de conformidad con la matriz de riesgos incluida en el pliego de condiciones. (...) En resumen, tanto la fuerte temporada invernal, como el retraso en la obtención de permisos de intervención y servidumbre, eran riesgos atribuibles a Empoduitama, y su ocurrencia llevó a que se suscribieran las suspensiones 02 y 03, prolongando el plazo de ejecución del contrato por cuatrocientos cinco (405) días —contabilizados entre el veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012) hasta el veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013) y entre el primero (1º) de marzo de dos mil trece (2013) hasta el once (11) de junio de dos mil trece (2013)— tiempo que excedió sobradamente el plazo que se había pactado inicialmente, que era de seis (6) meses. Finalmente, se constata que los efectos negativos que de la prolongación del plazo producto de las suspensiones se hubieran podido derivar y que ahora la parte actora solicita le sea reconocido —los sobrecostos y afectaciones patrimoniales que se pasan a analizar en el siguiente punto— no fueron zanjados durante la ejecución del contrato, pues no se observa del contenido de esas actas, ni de actos posteriores, que el ente demandado hubiera tomado medidas para conjurarlos.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la mayor permanencia en obra, consultar providencia de 20 de noviembre de 2008, Exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Acerca de la vulneración del principio de planeación precontractual, consultar providencia de 17 de junio de 2024, Exp. 58641, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / MAQUINARIA EN STAND BY / PÓLIZA DE SEGURO / MONTO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / MORA EN EL PAGO / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INDEXACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DAÑO PATRIMONIAL / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Demostró la UT Américas los sobrecostos en que dijo haber incurrido y las afectaciones económicas que afirmó haber sufrido producto de las múltiples suspensiones al plazo del contrato C4M2052011 y, en consecuencia, estas le deben ser reparadas?
Respuesta al problema jurídico: No
La parte recurrente insiste que, como consecuencia de la prolongación en el plazo de ejecución producto de la suscripción de las suspensiones 02 y 03, la UT Américas asumió sobrecostos y sufrió afectaciones patrimoniales que no se encontraba en la obligación de soportar. Estas suspensiones, (...) por una parte, en la fuerte temporada de lluvias que se presentó en el lugar de la obra, lo que devela un reclamo por ruptura de la ecuación económica del contrato, habida cuenta de su imprevisibilidad; y, por otra parte, en la demora en la obtención de permisos de intervención y servidumbre por parte de Empoduitama, lo que revela una manifestación de incumplimiento que indefectiblemente se tramita por la vía de responsabilidad contractual. No obstante, aun cuando los motivos que determinaron las suspensiones residieron en los dos factores antedichos, ambos susceptibles de ser cobijados por acuerdos entre los contratantes, el factor de mayor incidencia en el presente asunto consistió en la demora en la consecución de permisos de intervención y servidumbre por parte de Empoduitama, pues sin estos el contratista no podía adelantar las obras encomendadas, con independencia de cuales fuesen las condiciones climáticas, por esta razón, en esta oportunidad, se abrirá el escenario de la responsabilidad contractual que mueve a la reparación integral de perjuicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política. Por supuesto, esa reparación se llevará hasta los confines que permita la prueba, cuya carga, en este escenario de responsabilidad contractual, pesa sobre la parte actora. (...) En otras palabras, la suspensión de los contratos fundada en hechos que no resulten imputables al contratista, genera la obligación, a cargo del ente contratante, de cubrir los sobrecostos ocasionados con la prolongación del plazo, siempre que estos aparezcan probados, con la carga de demostrar, adicionalmente, de que su asunción era necesaria o conveniente para atenuar los efectos negativos producidos por ese tiempo muerto, con miras a que una vez finalizada la suspensión del plazo contractual, se retomaran las labores con el menor traumatismo posible. (...) En cuanto al stand by de la maquinaria por el periodo de suspensión, (...) la Sala encuentra demostrada la necesidad y razonabilidad de contratar tanto los servicios de seguridad a la obra como los de parqueo de la maquinaria durante el periodo de las suspensiones, no así, los de alquiler de oficina bodega. (...) [Sin embargo,] aun cuando las facturas y los certificados traídos a este contencioso permiten comprobar pagos de dinero por los servicios de seguridad a la obra como los de parqueo de la maquinaria durante el periodo de las suspensiones, estos documentos por si solos son insuficientes para demostrar que esos pagos se hubieren realizados con cargo al presupuesto del contrato, y con ello, determinar que tales egresos hubieren tenido incidencia en su economía, pues se echa de menos el arrimo de libros contables de forzosa elaboración y conservación por el contratista, en los que obre el registro de los desembolsos de dinero con cargo a la economía del contrato al tenor de la preceptiva del artículo 68 del CCo. (...) Para redundar, se tendrá en cuenta que en los contratos de obra, el componente de la oferta económica, denominado AIU, para aludir por su letra inicial a la administración, los imprevistos y la utilidad, lleva, en su segundo elemento, el de imprevistos, una estimación anticipada de aquellos costos que pueden presentarse en el desarrollo de la obra objeto del contrato, que no fueron presupuestados inicialmente, y que el oferente cubrirá con cargo a ese concepto y hasta ese monto, factor que resulta, entonces, determinante, para establecer el impacto en la economía del contrato, de los sobrecostos que demanda en sede contenciosa, el contratista. En este sentido, teniendo en consideración que el componente de imprevistos incluido en el AIU del contrato fue del dos por ciento (2%), y que su liquidación en dinero equivale a $122.260.843, forzoso es concluir que los sobrecostos atrás aludidos, fueron absorbidos por dicho componente (...). Como puede apreciarse, los sobrecostos probados por la parte actora ascienden en valor a una suma de nueve millones ciento quince mil quinientos ochenta y cuatro pesos con treinta y seis centavos. Y si, en gracia de discusión, se adicionara el sobrecosto por dirección de obra aducido en la demanda, que no probó la parte demandante, en cuantía de veintinueve millones doscientos cincuenta mil pesos ($29.250.000), la anterior conclusión se mantendría intangible. Por consiguiente, se denegarán estas pretensiones. (...) [Por otra parte, la] accionante manifiesta que se vio compelida a reajustar las pólizas que amparaban el contrato como consecuencia de la prolongación del plazo por la suscripción de las múltiples suspensiones, sin embargo, la Sala observa que en la cláusula decima del contrato se estableció claramente que la UT contratista se comprometía a “prorrogar la vigencia de la garantía de cumplimiento por un término igual al de la suspensión”, y por lo tanto, esta era una obligación contractual sobre la que no hay lugar a reclamar perjuicios en sede judicial. (...) Respecto a la pretensión de reconocimiento de intereses sobre las sumas no indexadas, la Sala considera pertinente recordar que, de acuerdo con el artículo 717 del CC, los intereses son la utilidad, beneficio o renta que se puede obtener de un capital, constituyéndose en frutos civiles, ganancias o utilidades derivadas del dinero. Entre las diversas clases de intereses, se destacan los intereses moratorios, que son los que la parte actora solicita que se le reconozcan. Y que, conforme al artículo 1617 de CC, representan lo que el deudor debe pagar a título de indemnización de perjuicios desde el momento en que se le constituye en mora de pagar ese capital al acreedor. En ese sentido, para la Subsección no resulta procedente la pretensión del accionante de condena al pago de réditos moratorios sobre la suma producto de la indexación de los montos cancelados por concepto de los valores a los que se contrajeron las actas radicadas por la UT contratista con posterioridad al plazo de ejecución normal del contrato, pues la obligación de pago de esas sumas nace con la presente decisión judicial, sin que se pueda predicar mora del deudor hasta tanto esta sentencia quede en firme y se venzan los plazos de ley para su pago sin que este se haya efectuado. Reconocer intereses legales sobre tales montos sería compensar en exceso la pérdida del acreedor en detrimento del deudor. (...) Finalmente, en cuanto a la afectación de la capacidad de contratación, la Sala considera que si bien la parte accionante allegó al plenario un documento donde se plasmaba la capacidad de contratación (K) de la UT Américas para la fecha de presentación de su oferta, que ascendía a 47.314,07 SMLMV, no existe ninguna otra prueba que permita a este juzgador determinar la afectación real por este perjuicio, es decir, cuanto fue la disminución porcentual que alega haber sufrido como consecuencia de la convención de las suspensiones 03 y 04 al contrato. La UT Américas tampoco acreditó que la afectación de la capacidad de contratación le haya impedido presentar ofertas en otro proceso de selección sobreviniente a esas suspensiones, ni que por dicha disminución se hubiere visto imposibilitada de ofertar. En consecuencia, la pretensión económica analizada en precedencia también será negada. (...) En definitiva, esta Colegiatura revocará la sentencia denegatoria proferida por el Tribunal de primer grado, y, en cambio, declarará a Empoduitama responsable por la extensión del plazo originado en las suspensiones 02 y 03 del contrato C4M2052011 de 2011, pues las causas que los motivaron se fundamentaron en riesgos que esta había asumido desde la confección del contrato. Lo anterior, sin perjuicio que la parte actora no hubiera logrado demostrar las diferentes afectaciones y sobrecostos que pretendía le fueran reconocidos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la carga de la prueba de los sobrecostos del contrato estatal, consultar providencias de 27 de julio de 2023, Exp. 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 13 de marzo de 2024, Exp. 60908, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Acerca de la responsabilidad del Estado por suspensión de los contratos fundada en hechos que no resulten imputables al contratista, consultar providencias de 16 de julio de 2008, Exp. 16344, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 12 de mayo de 2011, Exp. 18446, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 12 de abril de 2012, Exp. 17434, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 21 de junio de 2018, Exp. 35099, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. respecto del mérito que prestan las facturas y los comprobantes de pago aportados al plenario como medios para demostrar el pago, consultar providencias de 10 de agosto de 2016, Exp. 49864, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 21 de junio de 2018, Exp. 35099, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. En relación con las clases de intereses, consultar providencia de 14 de abril de 2010, Exp. 17214, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 68, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1617, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 717
PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / INDEXACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN / INFLACIÓN / AJUSTE POR INFLACIÓN / RIESGOS DEL CONTRATO ESTATAL / RIESGO CONTRACTUAL / RIESGO PREVISIBLE / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Convenir la remuneración de un contrato de obra bajo la modalidad de precios unitarios sin reajustes implica para la parte contratista la asunción del riesgo inflacionario, riesgo que ha sido previamente estimado en relación con el cálculo de la depreciación de la moneda en un horizonte razonable de tiempo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n los contratos de obra, como el que se analiza en esta ocasión, la remuneración resulta ser un elemento natural, que admite modalidades, entre otras, la de precios unitarios (...). Entonces, convenir la remuneración de un contrato de obra bajo la modalidad de precios unitarios sin reajustes implica para la parte contratista la asunción del riesgo inflacionario, riesgo que ha sido previamente estimado en relación con el cálculo de la depreciación de la moneda en un horizonte razonable de tiempo. En otras palabras, este tipo de cláusulas, que vienen consecuenciales a una distribución de riesgos en la que el contratista asume el que entraña la depreciación de la moneda, suponen un cálculo del riesgo que naturalmente está determinado por el tiempo que demanda la ejecución ordinaria de la obra. Si éste se extiende más allá del plazo inicial por causa atribuible al ente contratante en condiciones que afectan el valor material de la contraprestación a que tiene derecho el contratista, una elemental consecuencia con la buena fe y con la equidad será la satisfacción, no solo de las obligaciones que expresamente se estipularon en el contrato, sino también aquellas que emanen de la naturaleza del pacto, y en especial, el reconocimiento y pago al contratista de la contraprestación convenida en un valor nominal que corresponda intrínsecamente al valor material inicialmente convenido.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la aplicación del principio pacta sunt servanda, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 17 de marzo de 2022, Exp. SC505-2022. Sobre el contrato pactado a precios unitarios, consultar providencias de 31 de agosto de 2011, Exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 18 de diciembre de 2019, Exp. 2011-00101-01.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas procesales a la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su turno, los artículos 365.1 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la secretaría del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. (…) Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandada, dado que resultó vencida en el proceso. Para tal efecto, el Tribunal de origen deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que, en esta instancia se fijan agencias en derecho por un (1) SMLMV. Lo anterior, con fundamento en las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 10554 de 2016.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 10553 DE 2016 - ARTÍCULO 1, ACUERDO 10553 DE 2016 - ARTÍCULO 2, ACUERDO 10553 DE 2016 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1